Ya empiezan los enfrentamientos políticos y jurídicos que traerá la implementación del Acuerdo Final. Las condiciones de castigo al narcotráfico que se pactaron en La Habana son el primer motivo de discordia entre dos entidades del Estado.
Angélica Durán Martínez*
El debate
El enfrentamiento reciente entre el Ministerio de Justicia y el fiscal general de la Nación puso en evidencia los debates que pueden surgir durante la implementación del Acuerdo con las FARC. Este debate también mostró los obstáculos que existen para reformular la política antidrogas.
La controversia se dio a raíz de las medidas propuestas por el Ministerio para despenalizar a los cultivadores de coca y crear penas alternativas para mujeres en prisión por delitos relacionados con las drogas.
Como los cultivadores que no hacen parte de grupos armados necesitarían vías legales alternativas para acceder al cese de la acción penal, el Ministerio propuso un Acto Legislativo que les permitiría acogerse al plan de sustitución de cultivos ilícitos para beneficiarse de la justicia transicional.
Además, el proyecto de ley de “fortalecimiento de la política penitenciaria y carcelaria” propuso que las mujeres cabezas de familia o en embarazo condenadas por delitos de drogas tengan derecho a la detención domiciliaria. Igualmente sugirió decretar la suspensión de ejecución de pena para otros delitos de drogas, según su gravedad.
La oposición del fiscal a estas iniciativas se basa en tres razones:
- Que los beneficios para cultivadores podrán acabar siendo extendidos a otros delitos (“trata de personas, extorsión, contrabando, lavado de activos, minería criminal…”), o legalizando el narcotráfico.
- Que la pena alternativa para las mujeres puede ser aprovechada por los narcotraficantes para explotarlas.
- Que las medidas exceden lo pactado en La Habana.
Las críticas del fiscal reflejan los temores de una sociedad que ve las penas alternativas como una especie de tolerancia al crimen. Y para el fiscal hay un “sector de académicos que cree que el delito se combate sin cárcel”.
Es cierto que las penas de cárcel son necesarias. Pero en Colombia ha prevalecido una política crecientemente punitiva que no diferencia entre los varios grados de asociación con el narcotráfico y que ha tenido consecuencias nefastas para la situación carcelaria sin ayudar mucho en la lucha contra el crimen.
¿Una puerta para descriminalizar otros delitos?
 Activismo social por apoyo a menores. Foto: Secretaria Distrital de Integración Social |
La propuesta del Ministerio establece que “quienes sean autores de delitos referidos en el Acuerdo Final” puedan acceder a un tratamiento penal diferenciado, pero solo si se acogen al programa de sustitución de cultivos. No es claro por qué el fiscal argumenta que delitos como la trata de personas o la minería criminal podrían colarse bajo este beneficio.
Todo lo contrario: la fórmula del Ministerio es necesaria para poder dar cumplimiento a la despenalización para cultivadores, un grupo que se estima en alrededor de 250.000 personas. Este tratamiento alternativo es clave para reconocer la posición subordinada de este grupo en el delito de las drogas.
Se sabe que la presión de las FARC ha sido un factor importante para que los campesinos se involucren en el cultivo de coca. Sin embargo, la mayoría de ellos no tienen un vínculo organizacional con las FARC.
La presión de las FARC ha sido un factor importante para que los campesinos se involucren en el cultivo de coca.
Además el informe más reciente sobre cultivos ilícitos de la oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (ONUDD) muestra que los cultivadores están lejos de acceder a las ganancias más grandes del narcotráfico. Se calcula que el 64 por ciento de los cultivadores vende la hoja de coca a personas externas, es decir, no la procesan en finca. Del 36 por ciento restante, la mayoría la procesa hasta llegar a la pasta base, y solo un 1 por ciento la transforma en cocaína.
Según la Comisión de Política Criminal una alternativa para despenalizar a los cultivadores sería usar el principio de oportunidad. Pero dado que muchas personas deben empezar un proceso penal para acceder a este beneficio, esto podría colapsar el sistema judicial. Otra alternativa sería descriminalizar los cultivos pequeños de coca, pero esta opción es aun más compleja políticamente.
Así pues, la opción planteada por el Ministerio sería la más adecuada y la más viable.
Penas alternativas para mujeres
El fiscal criticó esta iniciativa citando el caso de los menores infractores como un ejemplo de cómo los narcotraficantes toman ventaja de ciertas normas (como la inimputabilidad penal del menor de 14 años y las sanciones pedagógicas para los adolescentes) para promover el delito. Esta teoría es muy popular en los medios de comunicación, que todos los años presentan grandes titulares sobre el aumento de la utilización de menores por parte de organizaciones criminales que aprovechan la laxitud de las penas para ellos.
Pero la recurrencia del uso de menores en el crimen organizado más bien demuestra que aumentar las penas no reduce el delito y sí crea otros problemas. Es indudable que se usan niños para diversas actividades dentro del narcotráfico, como llevar droga (“carritos”), cobrar extorsiones o transportar armas. Además, los adolescentes infractores participan en el porte y tráfico de estupefacientes, hurto agravado y, en algunas regiones, homicidio. Pero no tenemos datos que permitan saber con claridad si estas acciones han aumentado o no. Lo que sabemos es que son conductas complejas donde inciden otros varios factores, como el abandono familiar, la marginalidad o el vivir en barrios controlados por grupos criminales.
El Código de Infancia y Adolescencia, de 2006, creó un sistema de protección integral para los menores y eliminó el concepto de inimputabilidad penal del menor. Desde su expedición, cada año han entrado más adolescentes infractores al sistema. Esto puede ser el resultado de un aumento de las acciones policiales contra los menores delincuentes. Pero también puede reflejar un aumento de las infracciones, lo cual sugeriría que la imputabilidad penal de los adolescentes no ha reducido su participación en el crimen.
Aun si las condenas se hicieran más largas o más severas, la sobrepoblación de los centros de reclusión para menores seguiría siendo un problema que impide la reintegración de los adolescentes convictos.
Al igual que los menores, las mujeres se involucran en el narcotráfico por diversas razones: algunas son engañadas, muchas lo hacen por necesidad económica y otras tienen carreras criminales. La mayoría vienen de la marginalidad y cumplen papeles fácilmente reemplazables en el negocio de las drogas. Esto las pone en una situación de vulnerabilidad que el sistema carcelario profundiza. Por eso, decir que las penas alternativas pueden hacer a las mujeres aun más vulnerables es ignorar el hecho de que ya lo son, y que el tratamiento penal no hace sino empeorar la situación.
Aunque el Ministerio podría aclarar mejor qué tipo de agravantes impedirían el acceso a los beneficios, su propuesta es un paso importante para definir una política criminal que sea proporcional.
¿Más allá de La Habana?
 Actual Fiscal de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Foto: Wikimedia Commons |
Las iniciativas del Ministerio fueron justificadas como instrumentos para implementar los acuerdos de La Habana, aunque el proyecto de política carcelaria tiene el objetivo más amplio de racionalizar el sistema penitenciario.
Es cierto que el gobierno pudo haber sido más claro en la presentación de estas propuestas. Sin embargo la despenalización de mujeres condenadas por delitos de drogas y de cultivadores pequeños son acciones esenciales para conseguir dos objetivos del pacto sobre drogas del Acuerdo Final:
- Solucionar el problema de drogas ilícitas, y
- Tratar diferencialmente los delitos del narcotráfico.
Además, el punto 6.1.9 sobre implementación establece que las mujeres cabeza de familia serán beneficiarias de un tratamiento penal diferencial.
Aunque decir que se van a eliminar los problemas de las drogas no es realista, sí se puede mejorar la política antidrogas y, sobre todo, reducir sus consecuencias negativas. En Colombia, como han mostrado analistas como Rodrigo Uprimny, Diana Guzmán y Jorge Parra, la desproporcionalidad de las penas es enorme. Por ejemplo la máxima pena por delitos de narcotráfico es 30 años, mientras que la pena máxima por acceso carnal violento es 18 años. En solo tres décadas las penas máximas por narcotráfico han aumentado de 12 a 30 años.
El Estado colombiano ha logrado capturas cada vez más rápidas de narcotraficantes y ha desmantelado organizaciones criminales. Pero esto ha sido el resultado de mejores capacidades operativas y de inteligencia, más que de los aumentos en las penas.
Los cultivadores están lejos de acceder a las ganancias más grandes del narcotráfico.
Además, el narcotráfico ha diversificado sus rutas y mercados, los liderazgos dentro del negocio se reemplazan fácilmente y sus consecuencias para la seguridad local siguen siendo enormes. Muchas políticas contra el narcotráfico producen enormes costos para la sociedad, como el hacinamiento carcelario, y minimizan la posibilidad de rehabilitación de quienes cometen un delito.
Hay que debatir abiertamente la política criminal, como dice el fiscal, pero esto implica discutir sin vetar sumariamente los proyectos que proponen nuevas direcciones o que reconocen la evidente limitación de las fórmulas puramente punitivas.
Frente a los reparos del fiscal, el presidente ordenó retirar los proyectos en cuestión. Y según el mismo fiscal, el equipo negociador de La Habana no los conocía. Esto demuestra que el gobierno debe ser más estratégico y asertivo para poner en marcha una legislación que desarrolle los acuerdos y reforme la política de drogas. También debe crear coaliciones más fuertes y discursos más claros antes de presentar nuevas propuestas.
La inercia punitiva ha guiado la política antidrogas y por eso es comprensible que algunas propuestas produzcan temores en la opinión pública. Por este se necesita de una mejor estrategia a la hora de enfrentar esta oposición ideológica.
* Doctora en Ciencia Política de Brown University, Maestra en Estudios Latinoamericanos de New York University y Profesora University of Massachusetts-Lowell.
