La financiación de las campañas es otra zona oscura en la democracia colombiana. Hay poca transparencia, cooptación y normas que no se aplican en medio del desinterés general de los votantes.
Sombras sobre la democracia
Hace unos días, cuando se estaba debatiendo la reforma a la salud, algunos congresistas declararon su conflicto de interés argumentando que algunas de las campañas habían sido financiadas por empresas del sector. Más allá de la estrategia dilatoria para frenar la reforma, no deja de llamar la atención que los electores se enteren de quiénes financian las campañas políticas (mucho) después de que haya sido elegido el congresista.
La opacidad de la financiación de las campañas es una de las características principales de la democracia colombiana
Esto implica que los votantes no saben quién costea las campañas, una información que sin duda es importante para ellos, y más si se tiene en cuenta que la falta de transparencia refuerza la percepción de ilegitimidad de los procesos electorales y, a la postre, de la propia democracia.
La opacidad de la financiación de las campañas es una de las características principales de la democracia colombiana, y esto beneficia a los protagonistas (candidatos, partidos y movimientos políticos y actores ilegales) mientras deja de lado a quienes deberían ejercer un rol central en toda democracia: los electores.
Ausencia de controles
Facilita evadir la responsabilidad del candidato por el financiamiento ilegal de su campaña. Hace poco se reforzó el régimen con la adopción de la figura de los gerentes de campaña, pero en él no se involucra directamente a los candidatos [2].
Permite que muchos políticos ignoren impunemente los topes fijados por el Consejo Nacional Electoral. Aunque en la mayoría de los casos los topes sean irrisorios, este hecho no es suficiente para que los candidatos puedan burlarse sin más de las autoridades electorales [1].La opacidad beneficia a los candidatos de dos maneras:
Ahora bien, tanto el voto preferente como la financiación de las campañas a través de la reposición –donde se asigna un valor en pesos a cada voto válido que obtengan los candidatos y/o las listas- han sido incentivos poderosos para que partidos y movimientos políticos concedan sus avales de forma descuidada. Esto es así porque cada candidato aporta votos -así sean pocos- que pueden resultar decisivos para superen el umbral electoral o para tener derecho a la reposición de votos, además por supuesto de ayudar a obtener los escaños a través de la cifra repartidora.
En su afán por obtener más recursos, los partidos y movimientos políticos suelen no preocuparse demasiado por la transparencia financiera: ella en realidad no les conviene.
Por otra parte sabemos que la financiación de las campañas es una de las formas como los actores ilegales han pretendido, y logrado, incidir sobre las elecciones. No hay necesidad de extenderse en este punto, pero cabe señalar que de la falta de transparencia no se han beneficiado solo los actores ilegales, sino también personas o empresas legítimas que aspiran a influir sobre los elegidos
Algunos particulares en efecto financian las campañas con la intención de cooptar a los candidatos.Financiación y cooptación
Así, un aporte a la campaña de un aspirante a la alcaldía puede traducirse en un contrato lucrativo para el aportante, sobre todo cuando la opacidad permite hacerle el quite a las prohibiciones legales que se han ido incorporando con la (supuesta) intención de atajar este fenómeno [3].
Lo anterior no implica que las fuerzas o sectores sociales no deban acceder a posiciones de poder político mediante el apoyo y elección de sus representantes en los cargos de elección popular. Es más, puede decirse que los aportes a las campañas electorales son un modo de ejercer la libertad de expresión. El problema radica en que los aportantes, en su mayoría personas de negocios, vean el aporte como una transacción y no como una muestra de su compromiso ciudadano y una manifestación de la libertad de expresión y de asociación.
La financiación de las campañas es una de las formas como los actores ilegales han pretendido, y logrado, incidir sobre las elecciones.
Problemas al aplicar la ley
La financiación de las campañas políticas está regulada mediante Ley 1475 de 2011 y se concreta en las resoluciones del Consejo Nacional Electoral. En términos generales incluye los mismos elementos que en otros países.
· Existen topes de financiación a los aportes de particulares y topes a la financiación general de las campañas.
· Hay un órgano dedicado a analizar las cuentas de campaña.
· Hay sanciones particularmente elevadas por el desconocimiento de los topes[4].
El problema consiste en que la probabilidad de aplicar las sanciones es mínima. Esto se debe especialmente a que el órgano encargado del control – el Consejo Nacional Electoral – no cuenta con la capacidad ni ha demostrado una voluntad política real para cumplir esta función. Y como indica la teoría económica del derecho, el poder disuasivo de las sanciones desaparece cuando es muy baja la probabilidad de que se apliquen.
Desde un punto de vista formal, la legislación colombiana en materia de control financiero de las campañas es inmejorable. Pero en la práctica no funcionan los controles, debido en buena parte a que estos se ejercen solo después de las elecciones, cuando los candidatos presentan sus estados contables a los partidos y movimientos políticos y estos presentan el consolidado ante el Consejo Nacional Electoral para su revisión.
En el momento de votar, los electores ignoran quiénes financiaron las campañas.
Ciudadanos desinteresados
Esa ignorancia no está exenta de culpa. El elector promedio no se preocupa por saber quiénes financian las campañas.
De vez en cuando el elector descubre que el candidato por quien votó no representa solamente sus intereses sino también los de aquellos que lo apoyaron financieramente. Surge una contradicción entre los intereses del elector y los de los aportantes, ¿a quién representará realmente el elegido?
Ante la duda – y en ausencia del control que habría de ejercer la autoridad electoral- los ciudadanos tendrían que asumir esa función. El primer paso para hacerlo es reconocer la importancia y los efectos del dinero en las campañas políticas. De lo contrario, la opacidad va a perdurar y todos, menos el electorado, seguirán beneficiándose.
* Candidato a Doctor en Derecho de la Universidad Paris 1, Panthéon-Sorbonne, abogado y magister en Derecho de la Universidad de los Andes.
