Un año sin aulas

Este 16 de marzo casi el 90 % de los estudiantes de colegios oficiales cumplieron un año sin asistir a clase de manera presencial. El gobierno nacional ha instado a las entidades territoriales a la reapertura gradual, progresiva y segura; pero ha sido un proceso lento o, en algunos municipios, nulo. Varias de las exigencias de FECODE —el sindicato de maestros de educación pública— son razonables; pero no justifican retrasar el regreso a clases presenciales de manera generalizada.

A finales de marzo de 2021 —antes de la amenaza del tercer pico—, menos del 10 % de los estudiantes en ciudades capitales tenían clases presenciales; la excepción fue Medellín, en donde el 52 % estaba en alternancia.

Algo parecido sucedía en las secretarías departamentales: solo Valle del Cauca tenía más del 60 % de sus estudiantes en alternancia, seguido por San Andrés y Providencia (37 %), Quindío (25 %) y Caldas (24 %). Así lo muestran los datos del Ministerio de Educación, publicados por el Observatorio de Gestión Educativa.

Detrás de estas frías cifras se esconden las tragedias silenciosas de más de 7 millones de niños y adolescentes: tras un año de estar encerrados y sin ver a sus maestros y compañeros, no los escuchan ni los tienen en cuenta.

Un año sin aulas

Esta semana tuve la oportunidad de conversar con un grupo de jóvenes en distintos municipios del país —incluyendo municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)—. Los testimonios son desgarradores:

• niños y jóvenes que ya abandonaron sus estudios;
• niñas y niños que están trabajando en el campo o han sido reclutados por grupos armados;
• niñas que deben cuidar a sus hermanos y que no tienen tiempo para estudiar las pocas guías que les mandan;
• otros que apenas tienen un celular, que deben compartir con sus hermanos;
• algunos que reciben guías que no entienden y que no cuentan con la ayuda de un adulto en casa.

Esta es la realidad de millones de niños y adolescentes en zonas rurales y —sí, también— en ciudades y municipios con elevados niveles de pobreza.

La situación anterior es consecuencia de la falta de cooperación y la negativa a reconocer su responsabilidad —en especial, pero no únicamente— del gobierno nacional y del sindicato de maestros.

Las posiciones de FECODE y del gobierno parecen cada día más distantes; cada uno “jala para su lado”. En medio de la discusión, los estudiantes son los más perjudicados. Urge promover un diálogo franco para reconocer las necesidades de los maestros y alcanzar compromisos claros para devolverles a millones de niños el derecho a la educación que se les está negando.

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Condiciones de FECODE

El sindicato exige condiciones básicas para trabajar, y tiene razón. Si la educación es prioridad y los docentes son el motor de la educación, hay que garantizarles condiciones para que trabajen dignamente y no pongan su salud en un riesgo desproporcionado.

Parte del “meollo” radica en lo que se entienda por “condiciones básicas”; para ofrecer educación presencial de manera segura, se necesitan cinco condiciones:

• uso correcto del tapabocas,
• distanciamiento físico,
• ventilación,
• lavado de manos,
• reporte de síntomas.

FECODE, con razón, exige tapabocas de calidad para los maestros, así como que las sedes cuenten con agua y con salones donde se puedan cumplir con los requisitos de distanciamiento físico y ventilación.

Sin embargo, esta razonable petición se ha convertido en una pelea de “todo o nada”. En redes sociales y medios de comunicación, representantes del sindicato afirman que no están dadas las condiciones, aludiendo a casos de sedes educativas en condiciones deplorables: sin agua ni baños, con paredes y techos destruidos.

Sí se puede volver a los colegios

Estas sedes son una realidad y una vergüenza para el país; deberían solucionarse de inmediato. Sin embargo, no es la situación de todas las sedes educativas.

En cuanto al agua, por ejemplo, según un informe publicado por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana en febrero de 2021, 11 % de los colegios públicos están en zonas sin acceso a agua potable; visto de otro modo, 89 % de los colegios cumplen la condición del agua. Además, para lavarse las manos, no se necesita agua potable, sino agua limpia; por lo tanto, el porcentaje de sedes que cumplan esa condición puede ser aún mayor.

Lo mismo ocurre con las demás exigencias. Si bien hay sedes sin espacios abiertos o salones con ventanas que puedan abrirse o quitarse para ventilar, no es el caso de todos los colegios: en Bogotá, Cali o Barranquilla, un número elevado de colegios tiene infraestructura que cumple con las condiciones de ventilación, pero permanecen cerrados.

Asimismo, en algunas zonas rurales del país donde recientemente el gobierno ha adecuado la infraestructura educativa, hay sedes con agua y espacios adecuados; pero siguen sin abrir sus puertas a los estudiantes.

En este punto es importante, por un lado, que el gobierno concentre esfuerzos técnicos y financieros para identificar y adecuar urgentemente las sedes que aún no cuentan con condiciones básicas y, por otro, que FECODE reconozca que las sedes que cuentan con lo básico sí se pueden abrir.

La salud de los docentes

Las exigencias del sindicato aluden a otro punto esencial: la salud de los maestros. A diferencia de la mayoría de los trabajadores formales en Colombia, los maestros tienen un régimen especial de salud. Durante décadas se han quejado de la mala atención que reciben; con razón se preocupan porque no los atiendan oportunamente si se enferman.

Habría dos salidas posibles al respecto: que los docentes puedan pasarse al régimen contributivo y elegir la EPS de su preferencia, o que se fijen exigencias más estrictas para contratar al prestador del servicio de salud para los docentes —en este momento, está en licitación—.

Esta puede ser una gran oportunidad para dar un mensaje a la sociedad sobre la importancia de los maestros, para dignificar la labor docente y, de una vez por todas, para arreglar un problema que existe desde hace décadas.

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Prioridad en la vacunación

El tercer punto sobre la mesa es la prioridad de los maestros en el proceso de vacunación. Pero, si se cumplen los protocolos de bioseguridad, la vacunación no debería ser un requisito para que asistan quienes no tienen comorbilidades ni están en edades de alto riesgo.

Sin embargo, dar prelación a los maestros contribuiría enormemente a la apertura de colegios: habilitaría a toda la planta docente. Uno de los “cuellos de botella” que los rectores encuentran para ofrecer clases presenciales a todos los estudiantes es que una parte importante de los maestros es mayor de sesenta años o tiene comorbilidades.

En suma, son válidos varios de los reclamos de FECODE acerca de las condiciones que los maestros necesitan para trabajar presencialmente, y por eso el gobierno debería prestarles atención.

Ahora bien, se le debe exigir al gobierno que destine recursos financieros, técnicos y humanos para proteger a los docentes por encima de otros funcionarios públicos: prestan un servicio esencial y sustentan el derecho a la educación. Pero los docentes también deben cumplir algunas responsabilidades, como asistir a las instituciones educativas si ya están vacunados o si pertenecen a una sede con condiciones básicas adecuadas.

Por un derecho real a la educación, aunque sea difícil

El gobierno debe ser claro sobre la importancia de la educación presencial y por lo tanto debe respaldar a las secretarías de educación y a los directivos a la hora de tomar medidas para abrir los colegios con condiciones básicas, aunque sean decisiones impopulares:

1. Exigir que las bonificaciones para zonas de difícil acceso se otorguen únicamente a docentes que trabajan de manera presencial;
2. Pagar horas extras solamente a los maestros que trabajen en las aulas;
3. Dar orientaciones claras sobre la alternancia y la jornada laboral de los maestros;
4. Velar porque los docentes que estén trabajando en casa lo hagan desde el municipio para el cual fueron nombrados.

Los maestros son la columna vertebral del sistema educativo. La mayoría han hecho un esfuerzo inconmensurable por sacar adelante la educación en medio de la emergencia; esto debemos reconocerlo como sociedad.

Es hora de decidirnos y apoyar a los docentes para que regresen a las aulas. De esta manera recuperaremos la presencialidad y el derecho a la educación de millones de niños y adolescentes.

Estoy convencida de que así lo quieren la mayoría de los maestros. Esperemos que tanto FECODE como el gobierno nacional pongan de su parte para salir de este atolladero donde los más perjudicados son los estudiantes.