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Falta poco y persisten las preguntas

Escrito por Felipe Jiménez
Felipe Jimenez

Felipe JimenezLa Misión de Observación Electoral ha elaborado mapas de riesgo, verdaderas radiografías de la fragilidad del proceso electoral en zonas precisas del territorio. El panorama es francamente alarmante. La respuesta estatal resulta insuficiente y agridulce.

Felipe Jiménez Ángel*

Los intereses en juego

0167A poco menos de dos meses de las elecciones de octubre, donde se decidirá la composición del poder local en las regiones, sigue siendo pertinente plantear una serie de preguntas encaminadas a comprender mejor la dinámica política y los intereses en juego:

  • ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo electoral?
  • ¿Cómo podrían interferir los grupos armados ilegales?
  • ¿Por qué la violencia política ha venido en aumento?
  • ¿Cuál es el rol de las expectativas financieras?
  • ¿Las autoridades electorales han actuado de manera eficiente?
  • ¿Por qué la Fiscalía no tiene un papel activo en los procesos electorales?

Las anteriores preguntas dan cuenta de la incertidumbre en la cual se ha venido desarrollando el proceso electoral y ponen de manifiesto la fragilidad en materia de transparencia electoral que todavía persiste en algunas regiones del país.

¿Qué dicen los mapas de riesgo de la MOE?

Desde 2007, la Misión de Observación Electoral (MOE) y un grupo de prestigiosas universidades y organizaciones de la sociedad civil emprendieron un proceso de investigación que consiste en identificar los municipios en riesgo de cara al proceso electoral, en función del comportamiento histórico en materia electoral y su dinámica violenta.

De ahí que, el principal objetivo de estos trabajos sea generar alertas tempranas para que tanto el gobierno nacional, como la rama judicial y la sociedad civil, logren generar mecanismos que permitan mitigar los diferentes riesgos identificados y reducir al máximo el fraude electoral y la injerencia de actores armados ilegales en la dinámica política territorial.

El resultado de los mapas de riesgo para las elecciones de 2011 no es muy alentador:

  • 544 municipios presentan riesgo indicativo de fraude electoral.
  • En 447 municipios existe riesgo asociado a factores de violencia.
  • En comparación con las elecciones de 2007, el número de municipios en riesgo por fraude electoral aumentó 67 por ciento, mientras el número de municipios en riesgo por factores de violencia se redujo en 22 por ciento.
  • Esta situación permite afirmar que ya no son tanto los actores ilegales los principales generadores de riesgo, sino los actores políticos, situación que pone de manifiesto que los logros en materia de seguridad no han venido acompañados de una mejoría en la calidad de la política.
  • La participación está convirtiéndose paradójicamente en el principal factor de riesgo en materia electoral.
  • En contraste con los resultados observados en 2007, existe una nueva situación: los riesgos electorales no se concentran en zonas específicas, sino que por el contrario están distribuidos en la mayoría del territorio nacional.
  • La reducción del número de municipios en riesgo por factores de violencia se explica por el descenso de municipios que registran presencia de actores armados ilegales y por la reducción de la intensidad del conflicto.
  • No obstante, es preocupante constatar hasta qué punto los hechos de violencia política han aumentado en comparación con 2007: cerca de 68 por ciento. Llama especialmente la atención el incremento de 93 por ciento de homicidios en contra de candidatos.
  • Aunque los factores de violencia indirectos como la presencia y la intensidad han presentado alguna mejoría, no lo han hecho los riesgos directos en contra de los candidatos, actores primordiales en el proceso electoral.

Zonas críticas, riesgos combinados

El grupo técnico de mapas de riesgo de la Misión de Observación Electoral logró identificar 7 zonas críticas en donde confluyen riesgo por fraude electoral y riesgo por factores de violencia:

Una de las zonas más riesgosas es la frontera con Venezuela que va desde el piedemonte araucano hasta Uribia en la Guajira. Allí, convergen varias economías ilícitas:

  • En primer lugar, el narcotráfico, el cual tiene como nodo central el Catatumbo y el norte de la Guajira
  • En segundo lugar, el contrabando de gasolina que se expande a lo largo de la frontera.
  • Adicionalmente, hay presencia de actores armados ilegales a lo largo de este territorio, en la Guajira la disputa se centra entre una bacrim regional y una bacrim nacional (los Rastrojos), en el Catatumbo cohabita las FARC, el ELN, el EPL y dos bacrim nacionales y,
  • En Arauca, existe una división pacífica del territorio entre las FARC y el ELN.

Todas estas características se ven mezcladas con la dinámica electoral, en esta zona donde varios informes gubernamentales ya dan cuenta de posibles alianzas de candidatos con actores ilegales.

 Otro caso que llama la atención es el territorio que va desde el sur de Meta, pasando por Caquetá y finalizando en la parte amazónica de Putumayo. Es un área muy extensa y muy intervenida históricamente por el Estado:

  • En primer lugar, el Plan Colombia.
  • Luego el Plan Patriota.
  • Más tarde la Operación Omega.
  • y finalmente la creación de la Zona de Consolidación de la Macarena.

Frente a 2007, el número de municipios en riesgo se ha reducido, como también la intensidad del riesgo. No obstante, ante tal magnitud de intervención por parte del Estado, resulta francamente decepcionante que no se haya logrado la consolidación de las instituciones electorales.

Estas dos zonas son un claro ejemplo de cómo la ilegalidad y la política pueden convivir. Se podría inferir lo mismo en el sur de Bolívar, el norte del Chocó, el Nudo de Paramillo, el occidente vallecaucano, en los Montes de María o en el sur de Nariño.

Estos territorios son esenciales para la recuperación de la transparencia electoral y resulta imperativo que tanto el gobierno nacional como la fuerza pública generen acciones eficientes orientadas a romper los lazos entre ilegalidad y política.

¿Qué más se esconde detrás de las elecciones?

Pero no basta con evaluar los posibles riesgos electorales, en las elecciones de octubre de 2011. Otros factores influirán ciertamente en el proceso electoral, pues si bien no han sido objeto de análisis directo para la elaboración de los mapas de riesgo, sí son estratégicos para el debate político y electoral que se prepara en las diferentes regiones:

  • Los procesos de restitución de tierras.
  • El plan de choque.
  • La minería ilegal.
  • La expectativa de recursos de regalías en nuevos municipios.
  • Los proyectos agroindustriales.
  • Las nuevas licitaciones y concesiones.
  • La continuidad de los programas asistenciales.

Una de las competencias de mayor impacto que tienen las administraciones locales consiste en incluir a los habitantes de los municipios en listados de programas estatales. Esas listas hacen parte integral de las expectativas sociales de los ciudadanos. No contar con una vigilancia especial en materia electoral sobre estos programas sería catastrófico para la transparencia electoral.

Respuesta insuficiente del Estado

Por su parte, el Estado ha venido dando una respuesta agridulce:

  • El Ministerio del Interior y la Fuerza Pública disponen de mapas de riesgo, que les han permitido focalizar sus esfuerzos,
  • Se han fortalecido el Comité de Seguimiento Electoral y la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL).
  • El Consejo Nacional Electoral se encuentra adelantando las impugnaciones de cédulas en donde se considere hubo trashumancia y a su vez adelanta la revisión de las listas de los candidatos inscritos.
  • No obstante, la Fiscalía General de la Nación ha sido uno de los grandes ausentes en la defensa de la transparencia electoral. La investigación adelantada por la MOE concluye que, entre 2002 y 2008, se han presentado ante la Fiscalía un poco más de 6.000 denuncias sobre delitos electorales y solo 64 han terminado en resolución de acusación.

La inoperancia de la Fiscalía demuestra la incapacidad estatal en la generación de una política criminal coordinada que permita luchar contra estos delitos. Son causas directas de la impunidad electoral que el país ha tenido que soportar no contar con fiscales especializados en materia electoral y encargar a jueces que desconocen la normatividad electoral.

El caso de la trashumancia electoral resulta patético: mientras el Consejo Nacional Electoral logra identificar muchos episodios, la Fiscalía no los investiga. Los resultados por la vía administrativa no se compadecen ante la ineficacia en materia penal.

* Investigador de la Misión de Observación Electoral MOE.

 

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