Una mirada cercana a las prácticas diarias de la policía colombiana, a los mecanismos para controlarla y a las consecuencias del 9 de septiembre para la policía, para el gobierno nacional y para las ciudades.
Juan Carlos Ruiz Vásquez*
El 9 de septiembre
Este 9 de septiembre ya entró en la historia de Colombia como el 9S, o como la jornada de protesta social más lamentable desde el paro cívico de 1977. En apenas un día hubo diez muertos e innumerables destrozos.
A la indignación que causó el asesinato de Javier Ordóñez a manos de dos policías, se sumaron grupos de jóvenes violentos en muchas ciudades. Estos jóvenes fueron o han sido convocados a través de las redes sociales por diferentes grupos antisistema (anarquistas, milicias y bandas criminales).
El blanco de los revoltosos fueron los Centros de Atención Inmediata (CAI) es decir, las antenas esenciales que ha tenido la Policía en los barrios durante las últimas tres décadas. Casi la mitad de los CAI de Bogotá fueron destruidos, lo cual apunta más a una planeación cuidadosa que a la reacción espontánea de la ciudadanía.
La destrucción de los CAI les sirve a las bandas criminales, pues sin la coordinación operativa del Plan Cuadrantes se dificulta el funcionamiento de las estrategias de vigilancia y la policía se ve limitada.
A lo anterior se sumó el hecho de que la población en general desestima a la policía por las manifestaciones de noviembre de 2019 y por haber sido la punta de lanza de control ciudadano durante la pandemia. La policía limitó la movilidad de la gente y multó, en ocasiones, de manera arbitraria o por cuestiones triviales.
Ni protocolos ni supervisión
En el video que muestra los abusos contra Ordóñez, se pueden ver dos de los vicios más serios de la policía colombiana:
- La falta de una formación rigurosa, es decir, de protocolos interiorizados por parte de sus miembros y aplicados en el trabajo cotidiano, y
- La falta de controles efectivos por parte de los superiores jerárquicos.
1. La policía colombiana es una fuerza poco protocolaria, es decir que sus miembros no interiorizan los procedimientos aprendidos y repetidos; si bien estos existen, no se aplican en el trabajo cotidiano del policía.
Prevalecen en cambio las conductas despreocupadas o descomplicadas; basta ver cómo una patrulla de policía colombiana detiene a un automóvil y compararlo con el procedimiento casi robótico que tiene que adelantar un policía de Estados Unidos para estos efectos.
El propósito de los protocolos en otros países es dejarle poco margen de maniobra al uniformado, de tal manera que su actuación no sea interferida por sus estados de animo. Estos protocolos cubren por ejemplo la forma de detener un automóvil, interpelar, requisar, disparar o capturar.
2. En cuanto a los controles, la policía de Colombia es una de las fuerzas con el mayor número de rangos en el mundo, ya que conjuga una jerarquía de tipo militar —el de oficiales—, con otra de carácter civil —el ejecutivo—. Paradójicamente, esta jerarquía muy vertical no siempre parece tener un control completo de los subordinados.
Aunque la discrecionalidad es una condición esencial para el trabajo policial en cualquier parte del mundo, los controles de los policías en el terreno son fundamentales para evitar excesos, abusos o corrupción —y para preservar la vida misma de los uniformados y de los ciudadanos—.
En muchos casos, los policías colombianos trabajan en grupo y no es claro quién está al mando, quién detiene, encuadra o advierte. Muchas veces el superior jerárquico apenas controla por medio del radio de comunicaciones.
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El taser
El contexto anterior ayuda a explicar el mal uso del arma de electrochoques (taser) por parte de los policías colombianos.
El uso de un táser debe estar sujeto a protocolos estrictos pues, aunque supuestamente no sea letal, puede dar descargas eléctricas de 50.000 voltios.
La mayoría de las 17 mil fuerzas de policía que existen en Estados Unidos tienen protocolos estrictos para el táser. Si algún agente lo utiliza, debe entregar el arma y someterse a un procedimiento de investigación comparable al previsto para quien dispare un arma de fuego.
Si un policía va a usar el táser, debe advertir que lo hará y gritar tres veces la palabra “táser” antes de disparar. Quien recibe los perdigones y la descarga es conducido de inmediato a un hospital y no a una estación de policía.
El táser puede dar hasta 50 descargas con un cartucho lo que permite infligir choques repetidos. Esto es algo que critican las organizaciones de derechos humanos, ya que un policía en estado de ira puede convertir el táser en un arma de tortura.
Por eso los protocolos y el control de los superiores son fundamentales para el uso correcto del táser, que no es un arma inocua ya que causa profundo dolor, incapacita al individuo y ataca su sistema nervioso. Su uso ha dado lugar a paros cardiorespiratorios o causado tal estrés que desencadena crisis cardiacas.
Reformitis
Después de cada escándalo que involucra a la policía, se desata una oleada de peticiones para reformar la institución; algunas voces piden incluso su refundación.
Esto es un déjà vu, pues se han creado comisiones cuyas propuestas nunca ven la luz o no se llevan a cabo: vivimos en un círculo vicioso de corrupción, abusos, comisionitis y reformas inocuas.
Además, siempre aparece la muletilla de que hay que desmilitarizar a la policía o descentralizarla.
Pero la Policía de Colombia se ha resistido siempre a las reformas.
Fallan los mecanismos de control
La policía no quiere ser vigilada por agencias externas ni por individuos que no vistan el uniforme verde. De hecho, la participación de civiles es mínima comparada con otras policías del mundo.
Tanto los mecanismos externos como los mecanismos internos de control son prácticamente inoperantes:
-La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría ejercen un control muy esporádico y no sistemático. Dar curso a las quejas en una institución con 180 000 policías es difícil sin una infraestructura y un presupuesto voluminoso para investigar y sancionar a sus miembros.
-La inspección de la policía ha mostrado ser ineficiente para investigar y sancionar, ya que no es fácil indagar colegas y superiores jerárquicos.
Recordemos, por ejemplo, que el actual director de la Policía no se declaró impedido en la investigación sobre unas casas fiscales en las que intervino cuando era inspector general. Cuando un nuevo inspector intentó investigarlo, hubo roces agrios entre ambos generales a tal punto que el caso casi le valió la salida de la institución al general William Salamanca, quien pretendía investigar a su jefe.
La justicia penal militar para la policía es también poco eficaz en cuanto al procesamiento y el juzgamiento, de modo que para muchos esta jurisdicción es un sinónimo de impunidad.
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Falta la veeduría ciudadana
Todas las policías del mundo deben estar sujetas a una veeduría ciudadana efectiva y ejercida a través de una agencia independiente, con atribuciones de auditoría, investigación y sanción.
Pero en Colombia hasta el momento no ha existido la voluntad política para crear instituciones que fiscalicen exclusivamente las acciones policiales. La oficina del Comisionado de Policía, creada en 1993, fue poco eficaz para investigar las quejas de los ciudadanos y acabó siendo desmantelada por presiones de esta institución.
Desde entonces no ha habido ni un intento de crear lo que en el mundo anglosajón se conoce como civilian oversight o la figura del ombudsman de los países escandinavos. Es decir, instituciones encargadas de representar los intereses de los ciudadanos y que investigan denuncias de degradación policial o violación de derechos.
Las consecuencias
El asesinato de Ordóñez fue la gota que derramó el vaso. Estas son las consecuencias de su asesinato:
- Se rompieron las relaciones entre la alcaldía y la policía. La protesta legítima de la alcaldesa López por disparar contra los manifestantes debería haberse balanceado con alguna expresión de solidaridad ante las escenas casi cercanas al linchamiento de algunos policías en la primera jornada de protesta.
No será fácil restablecer los puentes, y este desencuentro puede poner en entredicho las estrategias mismas de la seguridad para Bogotá. - Una parte de la juventud se está convirtiendo en una bomba de tiempo. Miles de jóvenes sin arraigo social, oportunidades ni parámetros familiares tienden a la movilización vandálica y a la destrucción. El gobierno nacional y el local deben comenzar a hacerse preguntas y despertar ante esta amenaza creciente y cada vez más disruptiva.
- Si bien siempre podemos sancionar a policías individualmente, la reflexión debe centrarse en la responsabilidad del político.
- El Estado ha mostrado una enorme debilidad en el ejercicio de la autoridad, pues el vandalismo se ejerce en completa impunidad.
- Se comienza a percibir un hartazgo hacia la policía. El divorcio hará más frecuentes las agresiones a los policías y los casos de brutalidad policial.
