Expectativas para el nuevo año

En el 2024 la movilización social deberá retomar protagonismo para que como sociedad logremos avanzar hacia escenarios más prósperos, tanto en Colombia como en el mundo.

El reto inmediato más importante de la comunidad internacional se concentración en detener cuanto antes el genocidio que adelanta el estado de Israel en contra del pueblo palestino.

Los resultados de ese conflicto son absolutamente vergonzosos para la humanidad. La respuesta irracional y desproporcionada de las tropas de Netanyahu suman más de 20 mil palestinos asesinados, más de 54 mil heridos, sin discriminar a niños, escuelas, hospitales o ayudas humanitarias.

Aunque Netanyahu prometa que la guerra se prolongará en el mundo entero seguirán las protestas en contra de la guerra, incluso si gobiernos occidentales las intentan reprimir. La comunidad internacional y las organizaciones sociales deberán asumir acciones diplomáticas, económicas y culturales contundentes para reprochar el actuar de Israel.

Este año, además, la presión de los países y pueblos del sur global expondrá aún más la hipocresía de los aliados de la OTAN frente a su rechazo selectivo de la agresión rusa a Ucrania, guerra que en todo caso también debería terminar.

En el plano nacional debemos esperar y exigir resolución del conflicto del ELN contra el Estado y la sociedad en su conjunto. El país y en especial las víctimas merecen un pronto acuerdo que culmine con la desintegración de esa guerrilla.

Aunque el gobierno ha cometido errores inaceptables al no condenar siempre con prontitud y contundencia las acciones del ELN, sólo podemos augurar el mayor éxito a los esfuerzos del presidente por alcanzar un acuerdo. Aunque el camino sea duro, en especial por la intransigencia de la guerrilla, el país se debe unir en buscar soluciones antes que en poner trabas a este proceso.

En materia económica tendremos grandes retos fiscales como resultado de la “peluqueada” que la Corte Constitucional le ha dado a la reforma tributaria de Petro. Más allá de si los fallos puedan ser cuestionables, la Corte pone al gobierno a evaluar la necesidad de una nueva reforma tributaria.

En caso de que esa sea la salida lo coherente con el discurso del gobierno sería insistir en impuestos directos progresivos, especialmente a personas jurídicas. Para ello debería contemplar la prometida pero incumplida promesa de brindar una tarifa diferencial de renta para la MyPiMes. Igualmente, debería el gobierno insistir en la idea de prohibir la deducción de las regalías a la renta de las petroleras, ajustando a los yerros que la Corte identificó pero que no impiden una política semejante.

Sería desafortunado e incoherente que el gobierno insista en recaudo vía impuestos indirectos, que no discriminan la capacidad de ingresos de los contribuyentes. Sin embargo, no sorprenderían esas salidas, más cuando Petro optó por la fórmula del FMI para solventar el hueco del fondo de combustibles en vez de modificar la fórmula que fija el precio de la gasolina y el ACPM. El presidente olvidó que cuando era senador pedía desatar el valor del combustible al precio internacional ya que Colombia es mayoritariamente productor.

Los esfuerzos fiscales que haga el gobierno, además de progresivos, deberían estar encaminados a robustecer la política de reindustrialización que acaba de proyectar. Está política omite reconocer el papel de la apertura y los TLC en la desindistrialización del país, pero podría ser un piloto interesante para el desarrollo productivo del país si su financiación aumentará significativamente. 3,5 billones de inversión en 10 años no serán suficientes para desatrasar la producción nacional.

Fortalecer la política industrial depende de la voluntad del gobierno, mientras que las reformas que se tramitan en el Congreso requieren negociación. Allí la agenda del o gobierno se ahoga o se transforma en lo que las fuerzas tradicionales que dominan el parlamento quieran.

Por lo mismo, difícilmente se aprobará la reforma a la salud, o al menos una reforma semejante a la inicialmente presentada por el gobierno y que guardaba coherencia con la promesa de acabar con el negocio de las EPS fortaleciendo el sistema público.

Si bien las reformas educativa y laboral tienen mejor ambiente, serán los movimientos universitarios, el magisterio y el sindicalismo los encargados de que no se cuelguen micos de corte neoliberal en las mismas. También serán estos los responsables de exigirle al gobierno que no trámite concesiones de derechos a cambio de votos de “aliados” burocráticos y de que fortalezca sus reformas con esfuerzos presupuestales que permitan que estas se implementen.

Por fuera del mundo político, en 2024 el país tiene la oportunidad de unirse en torno a la selección de fútbol de mujeres sub 20, anfitriona del mundial sub 20. Que sea esta la oportunidad para llenar los estadios y consolidar la profesionalización total del fútbol practicado por mujeres en Colombia.

Ojalá el cierre del 2024 permita destacar la resolución de los conflictos armados, el mejoramiento estructural de la economía colombiana y, sobre todo, el rol de la sociedad y los movimientos sociales en que estos avances ocurran.