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Excarcelar para salvar vidas

Escrito por Libardo Ariza y Juan Pablo Uribe
Contagio de covid19 en las carceles

Libardo José ArizaLa excarcelación de cuatro mil internos no es suficiente para proteger a ciento veinte mil presos del riesgo de contagio por el virus. ¿Qué hacer?

 Libardo José Ariza* y Juan Pablo Uribe**

Temor hecho realidad

Este 1 de mayo, los medios reportaron 421 contagiados de coronavirus en la cárcel de Villavicencio –vale decir, el 88% del total de los casos confirmados en el Meta-.

Las noticias desde otros países ya advertían del peligro: según Legal Aid, la cárcel de Rikers Island en Nueva York en poco tiempo alcanzó una tasa de contagio que duplicaba la de Lombardía —epicentro de la pandemia en Italia—, era siete veces mayor que la del estado de Nueva York, y 75 veces más alta que la de Estados Unidos.

La velocidad del contagio en el mundo penitenciario hacía temer lo peor en todos los países. Y a esto se le añadían las precarias condiciones del sistema colombiano, donde faltan los servicios básicos de salud y reinan malas condiciones de salubridad; la cárcel de Villavicencio, por ejemplo, alberga a 1782 reclusos, aunque tiene solo 899 cupos.

Hoy el temor se ha hecho realidad. El número de contagiados en las cárceles colombianas está aumentando exponencialmente: el 25 de abril se reportaban 128 casos confirmados; el 27 de abril fueron 324; y el 1 de mayo la cifra ya iba en 447.

Contener y mitigar la expansión de la pandemia en las cárceles no es una tarea sencilla, pero exige una postura decidida del gobierno nacional para salvar vidas. Hay que evitar a toda costa que lo que está sucediendo en Villavicencio se repita en los más de 140 establecimientos de reclusión que tenemos en Colombia.

El decreto 546: miope e insuficiente

Las medidas tomadas en virtud del Decreto Legislativo 546 “para combatir el hacinamiento carcelario y con ello prevenir y mitigar el riesgo de propagación” han sido ampliamente señaladas como tardías e insuficientes. ¿Por qué?

Guiado por cálculos políticos, e intentando reafirmar un discurso de seguridad ciudadana, el decreto se concentró en definir perfiles estrictos de excarcelaciones, como si este fuese un programa normal de descongestión penitenciaria –no de atención a una crisis humanitaria en medio de una pandemia-.

En su afán por señalar cuáles internos no debían salir por ningún motivo (bajo dudosos criterios de “riesgo de reincidencia”), el Gobierno olvidó hacerse las preguntas epidemiológicas básicas para una estrategia capaz de contener la propagación del virus en las prisiones:

  1. ¿Cuántos internos deberían salir para garantizar sus vidas y la de aquellos internos que permanecerán recluidos?
  2. ¿Cuántos deberían salir para garantizar un distanciamiento social o físico entre quienes habitan cada cárcel?
  3. ¿Cómo deberían organizarse los movimientos y las actividades propias del sistema penitenciario para aplanar la curva dentro de las prisiones?

Por eso los diversos análisis coinciden en un punto: la cifra de excarcelaciones planteada por el gobierno resulta claramente insuficiente. No basta con la excarcelación gota a gota, uno por uno, de 4.000 internos de baja peligrosidad para contener la expansión del coronavirus en una población de aproximadamente 120.000 personas privadas de la libertad.

Controles de sanidad en las cárceles

Foto: Facebook INPEC
Los controles y esfuerzos de sanidad que se hagan en las cárceles no serán suficientes si no se procede a una excarcelación y a aliviar el hacinamiento.

Puede leer: Las cárceles: el eterno problema de la justicia colombiana

Excarcelaciones y criminalidad

Por supuesto es legítima la preocupación por el impacto de las excarcelaciones sobre la inseguridad ciudadana, pero esta preocupación no debe exagerarse.

Tampoco hay una relación comprobada entre la sustitución de las medidas intramurales y el aumento inmediato de la criminalidad.

La cuarentena ha disminuido la tasa de criminalidad en Colombia: según los datos públicos de la Policía Nacional, en los primeros días de la cuarentena se registró una disminución de 53,3% en los homicidios con respecto a las mismas fechas del año anterior; las extorsiones se redujeron en un 36%; y algunos delitos han bajado hasta en un 90%.

En Bogotá ha ocurrido lo mismo. Según la información pública de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, los homicidios en marzo disminuyeron en un 12,0% en comparación con los del año pasado. Las extorsiones bajaron un 68,4%; el hurto a personas un 49,4%; el hurto a comercios un 63,2%; y el hurto de automotores un 43% -aunque formas de criminalidad como la ciberdelincuencia han registrado alzas-.

En términos de seguridad ciudadana la situación entonces es propicia para realizar excarcelaciones.

Todo depende de cómo se haga el proceso, pero el Gobierno ha fallado también en adoptar medidas para fortalecer el débil sistema de medidas extramurales, incluso para la excarcelación gota a gota que plantea.

Para corregir el rumbo

Como todavía existen los poderes legislativos de excepción, el Gobierno podría adoptar una nueva batería de medidas -y hacerlo antes de que sea demasiado tarde-. Por eso lo invitamos a cambiar el enfoque del Decreto 456 para evitar de veras lo que se ha denominado como un “genocidio carcelario”.

El nuevo decreto debería adoptar la perspectiva epidemiológica —y no la de política criminal convencional—. Eso implica asesoría de expertos que le indiquen cuál es el comportamiento de una pandemia en un entorno institucional cerrado, en condiciones de sobrepoblación e imposibilidad de distanciamiento social.

Es urgente determinar el número de internos que deben salir de cada prisión —con independencia de si es de máxima, alta o mediana seguridad— para que sean posibles el distanciamiento y las demás medidas necesarias.

Cando esto se sepa, habrán de precisarse los perfiles de aquellos internos que necesiten salida prioritaria –no a priori y sin saber el impacto concreto de cada excarcelación, como hace el Decreto 546-.

En cualquier caso, los primeros en salir deben ser los especialmente vulnerables —sea por ser mayores de 60 años o por tener alguna comorbilidad—. A estas alturas sería mejor hablar de evacuación y no de descongestión.

La pregunta clave es ¿quién se encarga de las personas excarceladas? El nuevo decreto debería incluir medidas para robustecer el sistema de penas y medidas extramurales.

excarcelación por covid19

Foto: Facebook INPEC
Es necesario primero calcular cuánta gente debería salir de la cárcel para garantizar el distanciamiento social y luego sí proceder a la excarcelación.

Puede leer: Cárceles colombianas: una situación insostenible

Los recursos y el personal actual del INPEC están destinados casi exclusivamente al régimen cerrado. Si no tiene capacidad para supervisar a las 65.000 personas que ya se encuentran en domiciliarias, mucho menos la tendrá para atender al alto número que posiblemente tendremos que excarcelar.

Las medidas deberían entonces incluir un sistema de alternatividad penal de emergencia, que supervise y atienda a la población que salga de las prisiones.

Ojalá el Gobierno rectifique el rumbo y enfrente decididamente la pandemia carcelaria para desconfinar en aras de salvar muchas vidas.

*Profesor asociado de la Universidad de los Andes.

**Asesor del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes.

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