Aunque hay dificultades geológicas, la gestión del riesgo no se ha tomado con la seriedad que debería para prevenir tragedias como la avalancha en Quetame.
Carlos Héctor Cantillo*
Carretera de tragedias
Se ha presentado una nueva tragedia en la carretera Bogotá–Villavicencio. Intensas lluvias se presenciaron el pasado 17 de julio en la vereda Naranjal del municipio de Quetame, Cundinamarca.
La lluvia dio lugar a una avenida torrencial, precedida de deslizamientos y desbordamientos de quebradas, que afectaron gravemente a la población y la infraestructura. Hasta el momento el resultado es de 29 personas fallecidas, varias viviendas destruidas, el cierre de la carretera por la caída de un puente y la anegación de la vía con barro y otros materiales.
Al igual que en otras ocasiones, el cierre causa que los 90 km que separan las dos ciudades se conviertan en cerca de 350 km al tener que tomar vías alternas. El tiempo de viaje se triplica.
El gremio de transportadores calcula un 83 % en el aumento de los gastos de transporte. Además, hay preocupación por la potencial afectación de la industria avícola debido a la escasez de insumos.
El gobierno nacional tomó medidas para enfrentar la emergencia, como la instalación de un puente metálico provisional que permite el paso con tráfico alternado.
Con el cierre de la vía quedan prácticamente aisladas dos grandes regiones de Colombia y se pone en riesgo el abastecimiento de alimentos de la capital colombiana y de parte del país.
Antecedentes
No es la primera vez que ocurren hechos similares. Entre los antecedentes más trágicos cabe mencionar el desastre de Quebradablanca el 28 de junio de 1974, cuando un alud de roca sepultó varios vehículos cerca del municipio de Guayabetal y causó la muerte o desaparición de aproximadamente 500 personas.
Con el cierre de la vía quedan prácticamente aisladas dos grandes regiones de Colombia y se pone en riesgo el abastecimiento de alimentos de la capital colombiana y de parte del país.
También es importante registrar el sismo de Quetame el 24 de mayo de 2008, en el que hubo daños en el 70% de las viviendas de este municipio y la muerte de al menos 20 personas.
Más recientemente se produjo el cierre de la vía por varios meses debido a la inestabilidad de los taludes aledaños en el kilómetro 58 y la caída del puente de Chirajara por deficiencias de diseño.
Cabe resaltar que los cierres de la vía al Llano son frecuentes, por lo menos una vez al año y en general se asocian a problemas de inestabilidad del terreno.
¿Qué hace el gobierno?
Sin embargo, surge la pregunta ¿por qué esta región tiene tantos problemas de inestabilidad?
Si bien los inconvenientes podrían no haber sido muy previsibles cuando se fundaron las ciudades, la experiencia de casi un siglo de construcción y mantenimiento de la carretera debería haber dejado algunas enseñanzas acerca de la inmensa complejidad geológica y geotécnica de este corredor vial en ambientes climático y tectónico intensos.
Muchas generaciones de ingenieros formados en la escuela de los profesores Manuel García López y los ya fallecidos Juan Montero Olarte y Álvaro González, han reconocido estas condiciones de la zona.
El resultado no pudo ser más pobre, pues por lo menos la mitad de los concesionarios no lo hicieron y los demás eran planes sin los estudios mínimos para afrontar contingencias de esta magnitud. Además, el INVÍAS no es la excepción
Hoy, en pleno 2023, no es un secreto que la vía y la región son susceptibles a frecuentes eventos que causan desastres. Algunos muy fuertes como sismos, deslizamientos, inundaciones y avenidas torrenciales, entre otros.
El problema principal no es la naturaleza hostil en una cordillera joven en plena evolución, como lo dijo en estos días el presidente, sino que radica en que no se están cumpliendo las obligaciones legales en materia de gestión del riesgo de desastres que rigen el país.
La ley 1523 de 2012, así como sus antecesoras —la ley 46 de 1988 y el decreto ley 919 de 1989— hacen gran énfasis en que los proyectos de infraestructura, más aún de esta envergadura e importancia estratégica, deben contemplar estudios y medidas de gestión del riesgo de desastres con el fin de proteger la vida y bienes de las comunidades, los ecosistemas y la inversión pública.
Por lo visto esto no se cumple a cabalidad en las carreteras de Colombia. Hace un par de años solicité, mediante derecho de petición a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), los planes de gestión del riesgo de desastres de las concesiones viales, a los que están obligados los concesionarios según el decreto 2157 de 2017 y al INVÍAS.
El resultado no pudo ser más pobre, pues por lo menos la mitad de los concesionarios no lo hicieron y los demás eran planes sin los estudios mínimos para afrontar contingencias de esta magnitud. Además, el INVÍAS no es la excepción y elabora un plan totalmente desvinculado de los proyectos que administra.
Así mismo, los contratos de concesión no cubren de manera categórica la responsabilidad del concesionario porque un evento de esta naturaleza puede ser considerado “Evento Eximente de Responsabilidad”, es decir, que puede ser invocado para no hacer nada al respecto y dejar la gestión en manos del Estado.
Advertencias ignoradas
En el caso particular de esta tragedia, la Sociedad Colombiana de Ingenieros había advertido sobre el estado de la infraestructura y las condiciones de amenaza y riesgo por avenidas torrenciales en el sector, recomendando estudios detallados que no se llevaron a cabo.
Pero, de otra parte, según la ley, los entes territoriales también tienen obligaciones específicas en gestión del riesgo de desastres, en relación con el territorio y las comunidades que lo habitan. Pese a las diversas advertencias, no se actuó con la debida diligencia.
Es urgente, por tanto, hacer un llamado a los responsables del tema en el país para que sean revisados los mecanismos de gestión y control, así como instar a las autoridades a que realicen una investigación profunda de lo que está pasando y que se establezcan las responsabilidades civiles y penales.
Hay que asumir con seriedad la seguridad y bienestar de los colombianos. No podemos perpetuar un modelo de muerte y de atraso en nuestras carreteras y regiones.
2 Comentarios
Muy buen y ciertamente dramático artículo. Los responsables camuflados y felices!
Los contratistas de Colombianos de la construcción de carreteras y talvez de otras obras si aprendieron mucho en estas decadas de derrumbes y trajedias, aprendieron a contratar, a contratar sin perder, aprendieron que los procesos morfodinamicos que ocurren en la superficie terrestre pueden ser insentivados y acelerados cuando se interviene un corredor para construir la vía…y aprendieron a hacerse los de la vista gorda y aprovechar la ocurrencia de esos procesos de desestabilización inducida por las obras para hacer negocios al generar emergencias…aprendieron que prevenir y controlar no es negocio, el negocio es aprovechar que ocurran los derrumbes y avalanchas, ahí está la gallina de los huevos de oro…a recoger derrumbes y muertos. Ese es el lema de los contratistas de las tragedias esperadas a lo largo de los corredores viales intervenidos sin prevención y más bien con mucho desden e iresponsabilidad, a la espera de las catástrofes y emergencias en las que pescan en Río revuelto y desangran al Estado en complicidad casi siempre con funcionarios estatales de turno. Aprendieron que la actividad morfodinamica no se controla .. se aprovecha y se insentiva.