En vez del neoliberalismo de las últimas décadas, Petro propone un Estado que impulse el crecimiento empresarial. ¿En qué consiste esta idea y qué tan profundas son sus implicaciones?
Luis Javier Orjuela Escobar*
Del Estado promotor al neoliberalismo
El presidente electo propuso revivir el Instituto de Mercadeo Agropecuario (idema) creado en 1968 y liquidado en 1996.
Cabe recordar que también existió el Instituto de Fomento Industrial (ifi), creado en 1940 y liquidado en 2003. Su función fue promover la creación de empresas en sectores estratégicos en asocio con el capital privado; el Estado asumió la mayor parte de la inversión y la mayor parte del riesgo, debido a la debilidad del empresariado nacional.
Estas y otras instituciones surgieron como expresión del modelo de sustitución de importaciones y fueron eliminadas a partir de los años noventa por las políticas neoliberales de desregulación de la economía, reducción del gasto público y del tamaño del Estado.
Esto ocurrió debido a la creencia de que los gastos estatales eran improductivos y estorbaban a la iniciativa privada. Por eso cambiaron las relaciones entre el sector público y el privado que se habían adoptado desde los años cincuenta. En vez de fomentar activamente las actividades económicas de punta, la prioridad desde entonces ha sido aumentar la eficiencia del gasto del Estado para lograr el equilibrio fiscal y reducir la inflación.
Entre los varios planteamientos de Mazzucato, dos llaman la atención: su afirmación de que la izquierda le ha dado más importancia a la distribución que a la producción de riqueza y su postura frente a la relación que debería existir entre el sector privado y el Estado.
Pero la búsqueda de este propósito fue acompañada por la disminución del gasto público, un sistema tributario regresivo y la reducción del salario real de los trabajadores. Además, la función distributiva del Estado se vio severamente afectada, lo cual afectó su capacidad para conciliar los intereses de los distintos sectores sociales.
Desde entonces, esta situación ha engendrado una pugna distributiva y una creciente polarización de la sociedad.
La asesoría de Mazzucato
A finales de junio en una entrevista para Cambio, Gustavo Petro expresó su deseo de que la economista Mariana Mazzucato, profesora de la University College de Londres y directora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público de dicha universidad, lo asesore en la formulación de su política económica y tributaria.
Entre otras razones, desea su asesoría por el énfasis que ella hace en temas como la innovación, la redistribución y la crítica a las exenciones tributarias y a la actividad empresarial que da prioridad a las ganancias sobre la conservación del medio ambiente.
Por esa razón el periodista Daniel Coronell la entrevistó para la W Radio. Entre los varios planteamientos de Mazzucato, dos llaman la atención: su afirmación de que la izquierda le ha dado más importancia a la distribución que a la producción de riqueza y su postura frente a la relación que debería existir entre el sector privado y el Estado.
El aparato de gobierno y el Estado
Mazzucato entiende las relaciones entre ambos sectores como una “asociación” o “colaboración” que debería hacer parte del futuro del capitalismo. Ella reduce esta asociación la promoción y apoyo, por parte del Estado, de la innovación empresarial.
Esa postura puede ser correcta, pero dicha relación siempre ha caracterizado al Estado moderno y es una visión que reduce el papel del Estado en la economía y la sociedad.
El Estado debe ser entendido tanto en su sentido restringido como en el amplio. En el primer sentido, el Estado se refiere al gobierno y a las organizaciones estatales, que es como lo entiende Mazzucato en la entrevista mencionada y en su libro El estado como emprendedor: Mitos del sector público frente al privado.
Sin embargo, las organizaciones gubernamentales no son la totalidad del Estado. En el sentido amplio, el Estado es un conjunto de relaciones entre elementos materiales e inmateriales que forman el tejido de las relaciones sociales modernas.
El vínculo entre la sociedad y el Estado es estrecho. Si la primera se define no apenas como una red de cooperación, sino también de tensiones y conflictos, entonces necesita ser arbitrada por un poder con instituciones relativamente autónomas: el Estado.
Dichas relaciones se cristalizan en instituciones y organizaciones específicas que, por medio del uso legítimo de la fuerza, de la legislación y de la política fiscal arbitra los conflictos sociales y produce una unidad mínima de la sociedad en medio de su diversidad.
El Estado, así entendido, divide la sociedad en una esfera pública y una privada. Esto produce el espacio necesario para establecer los mencionados mecanismos de integración social.
Quien pone en acción los mecanismos de articulación de las dos esferas es el gobierno. Mediante la política fiscal y el reparto del gasto público se crea la posibilidad de realizar alianzas entre los distintos sujetos sociales, a fin de establecer una dirección al desarrollo social.
Un Estado capitalista que usa su fuerza coercitiva para ayudar a una clase a acumular capital a expensas de otra pierde su legitimidad y mina las bases de su apoyo.
El gasto público resulta de un gran fondo colectivo que se forma mediante una combinación de presión estatal y negociación política. A este, según la noción de justicia social, contribuyen todos los ciudadanos “según su capacidad” y reciben parte de él “según su necesidad”.
Vista de esta manera, se puede decir que la política fiscal es un buen negocio para el sector privado. Mediante los impuestos, el Estado realiza dos tipos de gastos generales: los infraestructurales (provisión de energía y transporte, entre otros) y los sociales, que son, en el fondo, un salario indirecto provisto por el Estado (educación básica, salud y vivienda subsidiada, entre otros).
Sin embargo, en ausencia de dichos gastos provistos social y estatalmente para la formación de capital, los empresarios tendrían que encargarse de la totalidad de dichas inversiones y sus ganancias se verían disminuidas.
Las contradicciones del papel del Estado
En lo anterior se presenta una contradicción entre la legitimidad política y la eficiencia económica, ya que, como dice O’Connor, el Estado debe cumplir simultáneamente las condiciones en la cuales es posible la acumulación de capital y, al mismo tiempo, mantener o crear las condiciones para la armonía social.
Además, un Estado capitalista que usa su fuerza coercitiva para ayudar a una clase a acumular capital a expensas de otra pierde su legitimidad y mina las bases de su apoyo.
Sin embargo, un Estado que ignora la necesidad de asistir el proceso de acumulación de capital, según O’Connor, corre el riesgo de agotar las fuentes de su propio poder. Es decir, la economía pierde la capacidad de producir excedentes y los impuestos que se extraen de estos.
Para realizar este complicado balance entre legitimidad y eficiencia, el Estado debe logar una “autonomía relativa”, como lo señalaron varios analistas de izquierda y derecha.
Dicha autonomía resulta de una combinación entre la fortaleza interna de las instituciones estatales y la capacidad gubernamental para tomar cierta distancia de los intereses parciales de la sociedad civil.
Pero esta autonomía no puede ser absoluta, ya que el Estado siempre necesita del apoyo de determinados sectores sociales, a fin de producir un cambio en la orientación ideológica del desarrollo de la sociedad.
Un giro de 180 grados
Este cambio de la orientación de la relación público-privada es lo que acaba de suceder con la elección del nuevo gobierno.
Esta nueva orientación hizo inoperantes los viejos acuerdos políticos y económicos entre las elites y las clases sociales que hacían posible el funcionamiento del anterior modelo neoliberal de desarrollo que dio prioridad a los intereses de los grandes propietarios rurales.
Además, el cambio de gobierno está imponiendo la necesidad de producir acuerdos que expresen la nueva correlación de fuerzas políticas. Esta contradicción entre la disfuncionalidad de los viejos acuerdos y la dificultad de lograr unos nuevos agudiza los conflictos de la sociedad colombiana.
Todo lo anterior se refleja en una reducción de la autonomía relativa del Estado colombiano, la cual se agrava por la tendencia de la clase política a tomar posesión de los recursos públicos en su propio beneficio, debido al carácter patrimonialista y clientelista del régimen político.
