Pese al Acuerdo de Paz y a la Paz Total, la violencia homicida se sigue recrudeciendo. El análisis cercano de las cifras confirma la gravedad de la situación —y las variantes según fuentes y regiones de Colombia —.
Óscar Alfonso Roa.*
Leyes que no se cumplen
Según el artículo 22 de la Constitución “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”; y según el artículo 11, “el derecho a la vida es inviolable”.
Pese a los mandatos constitucionales, la violencia homicida es ordenada y ejecutada por individuos que evaden el peligro y aprovechan su superioridad material para acabar con la vida de sus víctimas.
El dolo y la premeditación determinan esa superioridad material. Es decir, las armas, el lugar y el momento en el que se lleva a cabo el crimen. Cuando este ocurre por la imprudencia o negligencia de un agresor, el delito se clasifica como homicidio culposo. Cuando se realiza por un tercero como en la práctica del sicariato y se ejecuta con alevosía, se eleva al grado de asesinato.
Las penas, que van de 208 a 450 meses de prisión, varían de acuerdo con esas categorías y con los agravantes, tal como lo establecen los artículos 103 y 103A del Código Penal.
La capacidad disuasiva de las penas varía según la eficacia de las políticas diseñadas para combatir las anomias sociales que están en la base de la violencia. Así, dos elementos atentan contra la realización y el goce del derecho fundamental a la vida: la inexistencia de dichas políticas y la omisión y el desdén del Estado.
Los datos y sus problemas
Según el Sistema de Información de Política Criminal del Ministerio de Justicia, la tasa de homicidios, “es el indicador básico en materia de política criminal y mide la cantidad de personas por cada 100 mil habitantes que perdieron la vida a causa de un homicidio”; el número de homicidios provine de los informes de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de la Policía Nacional.
Pese a los mandatos constitucionales, la violencia homicida es ordenada y ejecutada por individuos que evaden el peligro y aprovechan su superioridad material para acabar con la vida de sus víctimas.
Para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses “la clasificación de los datos que publica el Instituto es de carácter forense”, es decir, que se basan en dictámenes periciales e investigaciones científicas realizadas por personal médico idóneo.
El Instituto no tipifica los delitos. Esa tarea es propia de los jueces, y “los datos se publican a manera de presunción, por cuanto únicamente mediante las investigaciones realizadas por las autoridades a cargo de las diligencias de los casos se establece con certeza las circunstancias en las que ocurrieron los hechos” (sic passim).
El rector del Sistema Estadístico Nacional es el DANE, donde se diseñó el Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales desde finales del siglo pasado. De este último hace parte el Subsistema de Estadísticas Vitales, al cual contribuyen el Ministerio de Salud y las direcciones territoriales, las Instituciones Prestadoras de Salud, Medicina Legal, las notarías y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
En el certificado de defunción se establece el homicidio como una de las causas probables de la muerte y la forma como fue establecida esta causa: necropsia, historia clínica, pruebas de laboratorio o interrogatorio a familiares y testigos.
A escala mundial, InSight Crime (un centro de pensamiento sobre el crimen que “fusiona el periodismo de investigación con el rigor académico”) reportó para 2022 que la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en Jamaica fue de 53, en Venezuela de 40, en Honduras 36, en Colombia y Ecuador de 26, y en Guatemala de 17, para dar algunos ejemplos.
A escala subnacional, la violencia homicida aumentó en Morichal para el 2021. Morichal es un área no municipalizada del departamento del Guaviare en la región selvática, cuyos residentes no conocieron ningún homicidio durante muchos años. En 2021 hubo 13 homicidios según Medicina Legal y 12 según el DANE. Puesto que Morichal cuenta con 968 habitantes, la tasa según Medicina Legal sería de 1.343 homicidios por cada 100.000 habitantes, y según el DANE de 1.240.
Los ejemplos anteriores muestras cómo se utiliza la tasa de homicidios y cuáles son los problemas de las discrepancias entre distintas fuentes estadísticas.
Como resultado de las metodologías adoptadas en cada entidad, desde tiempo atrás se han presentado discrepancias en los registros sobre los homicidios.
Las implicaciones de las discrepancias son variadas, pues van desde la duda sobre ciertos informes que avalan la gestión de una u otra entidad en defensa de la vida, pasando por la transmutación de las responsabilidades institucionales en materia de demandas de colaboración ciudadana, hasta la confrontación política por la omisión en las garantías estatales durante ciertos períodos de gobierno.
Tendencias inequívocas
Durante los primeros años de este siglo, la tasa de homicidios del país osciló en torno a 41 por 100.000 habitantes y, desde entonces, experimentó una reducción considerable desde el 2010, como muestran las tres fuentes en la Grafica 1.
La discrepancia estadística ha sido la regla, aunque hay algunas coincidencias, como los informes del DANE y la Policía en años como el 2017 o Medicina Legal y la Policía para 2022.
Con la firma del Acuerdo entre el gobierno y las FARC en 2016, se esperaba la intensificación de esa tendencia decreciente de la tasa de homicidios, pero eso no ha ocurrido.
La Gráfica 2 muestra las tendencias de la tasa según las tres fuentes; las tres traen la desalentadora noticia de que la tendencia se ha revertido desde 2018. Esto implica que el país ha entrado en una nueva etapa de aumento de la violencia homicida. La función polinómica de grado dos es la que mejor expresa esas tendencias pues explica, en el peor de los casos, el 93% de los resultados temporales.
Desde el 2018 hay 432 municipios donde el número de homicidios registrados por Estadísticas Vitales del DANE supera a los de FORENSIS Medicina Legal en 8.309 casos. La lista es encabezada por Cali y las capitales departamentales, incluida Bogotá.
Hay 271 municipios donde se da concordancia estadística, y en los restantes 319 la cifra de FORENSIS Medicina Legal supera a la del DANE Estadísticas Vitales en 2.641 casos. Es decir que la discrepancia total asciende a 10.950 homicidios después del Acuerdo con las FARC.
La violencia homicida y la paz
En desarrollo del Acuerdo de la Habana, con el Decreto Ley 893 de mayo de 2017 se crearon los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET– cuya intención es “hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación”.
Entre los criterios de “conexidad estricta” para la identificación de los municipios PDET, se consideró la tasa de homicidio como una de las variables de victimización que explican “el grado de afectación derivado del conflicto”.
En el artículo 3º se identifican los 16 PDET de los que hacen parte 170 municipios. Si se comparan los registros de las dos fuentes desde el 2018 se encuentra, primero, que durante la negociación y el año de creación de los PDET la tasa de homicidios experimentó una reducción notoria y, segundo, que con posterioridad al Acuerdo se ha revertido esa tendencia de manera igualmente notable.
Después del Acuerdo, en los registros de Forensis – Medicina Legal la tasa de homicidios en los PDET aumentó en 7,4%, a pesar de haber disminuido en cinco de ellos. Esto puede verse en la Grafica 3.
Entre los que se agudizó la violencia homicida se destaca el PDET Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, en donde municipios como Tarazá pasaron de una tasa de homicidios durante la negociación de 110 a una de 256, deterioro brutal que también ocurre en Ituango y Valdivia, mientras que en otros como Zaragoza, El Bagre y Nechí la tasa se redujo de manera significativa.
Con los registros del DANE Estadísticas Vitales, la tasa de homicidios en los PDET aumentó en 21,2%, con disminución en apenas tres de ellos. Además del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, el PDET Catatumbo presenta el deterioro más preocupante, especialmente en Tibú, donde la tasa se duplicó alcanzando 133 homicidios por 100.000 habitantes.
Estímulos para la violencia homicida
El delito se ha eternizado en Colombia por muy distintas razones y bajo distintas modalidades.
Con los registros del DANE Estadísticas Vitales, la tasa de homicidios en los PDET aumentó en 21,2%, con disminución en apenas tres de ellos. Además del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, el PDET Catatumbo presenta el deterioro más preocupante, especialmente en Tibú, donde la tasa se duplicó alcanzando 133 homicidios por 100.000 habitantes.
Hay cientos, quizás miles de homicidios por causas pasionales. Las masacres agenciadas por actores poderosos y la sevicia contra los líderes sociales; el feminicidio y la intolerancia frente a la libre elección de la sexualidad; la extorsión, la persecución a los firmantes del Acuerdo de Paz y el resurgimiento de las venganzas entre esmeralderos son algunos de los móviles que se han desatado al calor de la ilegalidad y bajo el encubrimiento de la violencia política.
En ese contexto, el anhelo de vivir tranquilo y morir de viejo luce cada vez más inalcanzable y, por tanto, Colombia necesita más políticas para alcanzar la Paz, pero no más de las mismas.
*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones son responsabilidad de los autores.
