¿Qué está en juego con la Mesa Constituyente Universitaria -MECUN de la Universidad Nacional de Colombia?

La defensa por la autonomía universitaria pasa por la defensa de la democracia y la transparencia en la conformación del gobierno universitario.

Para cualquier espectador desprevenido, las disputas internas desatadas tras la elección del rector de la Universidad Nacional de Colombia en 2024 parecen reducirse a un asunto de intervención política, supuestamente inaugurada con la llegada del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, esa intervención viene gestándose desde hace décadas, aunque ni la comunidad universitaria ni la sociedad en general la hayamos percibido con claridad. Por eso, me propongo discutir aquí una de las aristas de esa disputa y aquello que se ha buscado defender mediante la propuesta de la Mesa Constituyente Universitaria.

En las últimas tres décadas, la transformación de las universidades públicas colombianas —lenta pero profundamente destructiva— ha estado marcada por el deterioro sistemático de la construcción de conocimiento como un bien fundamentalmente público. Lejos de ser accidental, este deterioro responde a la consolidación de una ideología neoliberal de la que la educación superior pública no solo no ha logrado sustraerse, sino que ha sido permeada, cooptada y reorientada por sus lógicas. En este contexto, las distintas rectorías que se han sucedido en la Universidad Nacional de Colombia desde finales de los años noventa han actuado, de manera silenciosa pero articulada, imponiendo políticas educativas y formas de “gerenciamiento” que empujan hacia un modelo privatizador y empresarial. Lo que se presenta como modernización o eficiencia no es otra cosa que la rendición encubierta de la universidad pública a las exigencias del mercado.

¿Cómo han podido imponerse estas políticas mercantilistas, privatizando y erosionando la autonomía universitaria, en contravía de una comunidad universitaria que mayoritariamente defiende la educación pública y de calidad? La respuesta no está en el consenso, sino en la astucia de una burocracia instalada durante décadas en los cargos académico-administrativos. Esos funcionarios y directores de dependencia se han presentado ante la opinión pública con posturas aparentemente diáfanas y pretendidamente apolíticas alegando, en la frase más manida «no desear que se politice la universidad». Sin embargo, esa politización nunca ha estado ausente: se ha ejercido de manera velada, investida de un supuesto halo de neutralidad y cientificidad. Un halo que, paradójicamente, se ha ido desdibujando precisamente por el sentido homogeneizador con el que dichas administraciones han puesto los procesos académicos al servicio de intereses corporativistas y de una cultura empresarial abiertamente mercantilista. Así, lejos de gobernar con el respaldo explícito de la base universitaria, han actuado por desgaste, por inercia y por la despolitización calculada del debate.

Son funcionarios dedicados a construir clientelas de docentes, administrativos y contratistas, atrapados en la ilusión de que cada contrato es un favor de un jefe paternal, cuando en realidad solo se teje una red de lealtades. El cuadro se vuelve más sórdido cuando, al ver amenazados sus privilegios, denuncian falsamente por acoso laboral a quien los enfrenta. No son defensas legítimas: son ataques temerarios. Es el sello de un gerenciamiento elitista cuyo miedo es que llegue al gobierno universitario «la gente que no es la correcta». Así, se desligan sin pudor de su responsabilidad con la sociedad que los financia y del papel de la universidad en materia de igualdad e inclusión.

¿Qué se juega entonces con la Mesa Constituyente Universitaria (MECUN)?

 La respuesta es clara: se juega el lugar desde donde se toman las decisiones que materializan la política mercantilista y privatizadora en la Universidad Nacional. Esas decisiones no se debaten en asambleas ni en consejos académicos abiertos, sino que se fraguan en dependencias estratégicas: 1) las oficinas de planeación (tanto de sedes como del nivel nacional); 2) las oficinas financieras —llámense servicios compartidos, área financiera o Gerencia Nacional Financiera y Administrativa—; 3) las oficinas jurídicas de cada sede y del nivel nacional; y 4) las vicerrectorías, todas bajo la orientación directa de la rectoría. En cada una de estas instancias opera un grupo custodio favorito, aquella «gente correcta» encargada de resguardar las decisiones corporativas y, sobre todo, de obstaculizar cualquier intento de transformación por parte de equipos directivos no alineados con ese orden.

Esto es precisamente lo que está en juego con la propuesta de una constituyente universitaria: la democratización del gobierno universitario y la construcción de políticas claras y transparentes en la toma de decisiones. Se trata de que cada transformación —en materia de gerenciamiento, bienestar, formación académica e investigación— pueda recoger el sentir amplio de la comunidad universitaria. Para ello, se requiere una participación diversificada en los distintos comités y cuerpos colegiados, reconociendo los diferentes roles de quienes integran la universidad. Esta propuesta no surge de la nada: se fundamenta en procesos históricos de deliberación y construcción de alternativas, surgida en condiciones concretas pero que recoge reclamos históricos frente a la educación superior pública.

La universidad pública no es ni puede ser un apéndice del aparato productivo. Es el único espacio donde el conocimiento se construye con memoria crítica y al margen de la ganancia inmediata. No se fabrica «talento humano» para el mercado: se forman ciudadanos capaces de pensar el país. La extensión no es transferencia técnica, sino diálogo con comunidades silenciadas. La investigación no obedece a la rentabilidad, sino que se ocupa de lo que duele y se ignora. No es eficiencia administrativa: es una decisión política contra el conocimiento como privilegio de quien puede comprarlo.

Lo que está en juego a partir de 2024 no es solo resistir el desmonte, sino proponer un modelo donde docencia, investigación y extensión se sostengan al servicio de los intereses colectivos. Dejar el conocimiento en manos privadas o condicionado a la rentabilidad equivale a atender los problemas del país solo cuando sean lucrativos para unos pocos. Casi nunca. Colombia no necesita conocimiento que genere patentes para multinacionales, sino aquel que permita comprender sus problemáticas y ensayar caminos de dignificación colectiva.