Especial: "El 2012". La puesta en marcha del TLC con Estados Unidos - Razón Pública
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Especial: «El 2012». La puesta en marcha del TLC con Estados Unidos

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis
Mauricio Cabrera Galvis

Mauricio Cabrera GalvisEn la agenda colombiana para este año figura la “implementación” del TLC con Estados Unidos, proceso riesgoso como un campo minado. Análisis brillante y desapasionado que arroja luz sobre las consecuencias reales del tratado, especialmente en materia laboral y de salud para los colombianos.

Mauricio Cabrera Galvis*

Para bien o para mal

0218La ratificación del TLC por parte del Congreso de los Estados Unidos, tras una vergonzosa espera de cinco años, constituyó una de las principales noticias económicas del año pasado y uno de los hechos que va a definir el rumbo del país en el futuro próximo, para bien o para mal.

No se trata de una exageración: ni este TLC es un simple tratado, sino un contrato de adhesión en toda regla a las exigencias del gobierno norteamericano, ni se refiere únicamente al comercio. Por el contrario: se trata de un convenio bilateral de segunda generación, que ya no se limita a la reducción de los aranceles en las importaciones de bienes, como hizo Colombia de manera precipitada y unilateral en la apertura de principios de los noventa, sino que incluye muchos otros temas como el desmonte de barreras no arancelarias, la protección a la inversión extranjera, los mecanismos de resolución de conflictos, los derechos de propiedad o la liberación del comercio de servicios, incluyendo los financieros, y la eliminación de los controles a los flujos de capitales.

Euforia aquí, realismo allá

Como era de esperarse, el gobierno recibió la noticia con bombos y platillos. El presidente Santos la calificó como un hecho histórico con enormes beneficios económicos, tales como un aumento permanente del 1 por ciento en la tasa de crecimiento de la economía, la generación de 250.000 nuevos puestos de trabajo y un crecimiento mínimo del 6 por ciento en las exportaciones.

El entusiasmo del ministro de Comercio Exterior fue aún mayor, pues anunció que –gracias al TLC– en cinco años se van a triplicar las exportaciones a Estados Unidos y se van a crear más de 300.000 nuevos empleos.

Si bien el TLC traerá algunos beneficios y no faltarán ganadores que sepan aprovecharlos, no hay justificación teórica ni empírica para tanto optimismo. Ni siquiera el gobierno norteamericano espera resultados tan asombrosos, aun si se reconoce como ganador neto en este TLC.

La meta global de la administración Obama es “duplicar las exportaciones de aquí a finales del 2014 mediante la apertura de mercados por todo el mundo.” Pero el papel reservado a Colombia en esta estrategia es marginal.

Según los estimativos oficiales del responsable de la política de comercio exterior norteamericana (USTR), el TLC deberá aumentar las exportaciones hacia Colombia en 1.100 millones de dólares anuales, mientras que las importaciones provenientes de Colombia tan solo crecerán en 487 millones de dólares por año.

No están lejos estas cifras del aumento estimado de las exportaciones en un estudio del Banco de la República de 2007, antes de que la revaluación del peso debilitara la competitividad de los productores colombianos: 600 millones de dólares anuales.

Más significativo puede llegar a ser el impacto en el comercio de servicios. El mismo estudio del Banco de la República concluía que con el TLC va a aumentar el déficit en la balanza de servicios, toda vez que las exportaciones de servicios aumentarán en 322 millones de dólares y las importaciones en 1.146 millones de dólares.

No es un resultado accidental, sino uno de las victorias más importantes de Estados Unidos en la negociación, al obligar a Colombia a aceptar condiciones que van más allá de los acuerdos mundiales de comercio.

En su informe al Congreso para motivar la aprobación del Tratado, el USTR decía: “Colombia garantizará un acceso sustancial a la totalidad de su mercado de servicios, con muy pocas excepciones. Colombia adquirió compromisos que van más allá de los requeridos en la OMC, y aceptó desmontar barreras significativos en servicios y en el régimen de inversión, como por ejemplo la exigencia de que las firmas estadounidenses empleen colombianos para prestar servicios profesionales.”

A pesar de estas ganancias significativas para su país y de que – como lo dijo el propio presidente Obama – este TLC servirá para “estimular el crecimiento económico, aumentar las exportaciones y crear empleos en los Estados Unidos”, las expectativas de su gobierno son mucho más modestas en materia de empleo.

Para el USTR, un aumento de 1.100 millones de dólares en sus exportaciones debe crear en Estados Unidos 7.000 nuevos empleos (hay que escribirlo en letras para que no se crea que fue un error tipográfico: solo siete mil).

Mientras que un aumento menor en nuestras exportaciones — y sin haber siquiera comenzado a cerrar la gigantesca brecha de productividad — lleva al eufórico ministro a anunciar la creación de más de 300.000 empleos en Colombia. Este tipo de milagros no existen en la economía global.

¿Qué va a pasar de veras? 

Lo que los estudios y los modelos econométricos pronostican que va a suceder con el comercio exterior colombiano, ya ha sucedido en otros países que firmaron TLC con Estados Unidos: antes de la crisis financiera del 2008, el crecimiento de las exportaciones norteamericanas a estos países fue el doble de las exportaciones al resto del mundo, siendo Jordania y Chile los casos más exitosos, países que efectivamente aumentaron sus importaciones de Estados Unidos en un 90 por ciento desde la firma del TLC. Como consecuencia, el déficit comercial de Estados Unidos con este conjunto de países se transformó en un superávit, que alcanzó la no despreciable suma de 12.000 millones de dólares. 

Más reciente y más cercano a Colombia – como otro anticipo de lo que nos va a pasar – es el resultado del TLC firmado con los países centroamericanos (CAFTA). En el primer año de vigencia de este Tratado, las exportaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua hacia Estados Unidos apenas crecieron 1,4 por ciento, mientras que las importaciones provenientes de ese país aumentaron 18 por ciento. Como consecuencia desapareció el superávit comercial de 1.500 millones de dólares que tenían los centroamericanos. 

Para iniciar este debate se pueden mencionar dos de las áreas a las que se debe prestar mayor atención: el mercado laboral y la adaptación de la legislación colombiana.   

Impacto sobre el mercado laboral 

En materia laboral, es preciso recordar que el TLC acusa una profunda asimetría, porque solo garantiza el libre intercambio de bienes y el libre flujo de capitales, pero no dice nada sobre liberar el flujo de trabajadores. Es una globalización asimétrica que va en contravía de toda la teoría de las ventajas del libre comercio, que produce ganancias si hay libre movilidad de 

todos los factores de producción: capital y trabajo.

Es inconsecuente con la retórica del libre comercio que se exija la apertura total de los flujos de capitales y que se garanticen todos los derechos de propiedad intelectual a la tecnología y la inversión, pero al mismo tiempo se impongan toda clase de restricciones a las migraciones de trabajadores. Si se supone que un país debe exportar aquello que tiene en abundancia, ¿por qué los millones de desempleados que pueden perder sus empleos por la apertura comercial no pueden ir legalmente a buscar trabajo en los países que están sustituyendo los productos nacionales? 

A pesar de esta asimetría, la discusión del TLC en el Congreso norteamericano trajo un inesperado beneficio para los trabajadores colombianos, porque los legisladores demócratas pusieron como condición que el gobierno tomara medidas para proteger a los sindicalistas, mejorar la calidad de los contratos de trabajo, defender el derecho a las negociaciones colectivas y restringir las cooperativas de trabajo asociado. Es un efecto positivo, aunque sea una vergüenza que se nos haya impuesto desde afuera. 

El gobierno colombiano ya ha tomado varias de las medidas exigidas, pero ya se empiezan a oír opiniones según las cuales el TLC puede llegar a destruir empleos, no por el desbalance comercial, sino por efecto de la mejora en la situación de los trabajadores… Por ejemplo, en el Comentario Económico del 12 de octubre de ANIF se dice: “la búsqueda del TLC con Estados Unidos ha terminado encareciendo de facto la mano de obra en Colombia. Así, esto amenazará con una rápida pérdida de competitividad de nuestra industria y, entonces, ¿para qué TLC?”, es decir que “Colombia salió en busca de lana, a través del TLC de Estados Unidos, y estamos quedando “trasquilados”, en materia de competitividad laboral”. 

Por lo tanto, se enfrenta el riesgo de que para poder competir en un escenario de reducción de aranceles con revaluación, los empresarios nacionales acudan a la estrategia de recortar costos laborales, no bajando salarios porque no pueden hacerlo, sino despidiendo trabajadores y aumentando el desempleo.   

 

“Implementación” bajo presión 

Aunque parecería que con la aprobación en el Congreso norteamericano ya quedó cerrada toda discusión sobre el TLC, la verdad es que en su “implementación” todavía pueden aparecer unas cuantas sorpresas que modifiquen el balance entre costos y beneficios o que alteren los grupos de ganadores y perdedores. En el argot tecnocrático se denomina “implementación” a los cambios que Colombia debe introducir en su legislación para que el USTR certifique que se han cumplido todas las exigencias y se pueda poner en marcha la ejecución del tratado. En este proceso pueden llegar a perderse los pocos logros que se obtuvieron en el proceso de negociación o en la aprobación del Congreso de Estados Unidos. 

El caso más preocupante es el de los derechos de propiedad intelectual por todas las implicaciones que tiene sobre el acceso a medicamentos. El texto inicial “negociado” (mejor habría que decir impuesto) del TLC incluía cláusulas de protección a patentes y datos de las multinacionales farmacéuticas que restringían y encarecían el acceso a medicamentos por la limitación al uso de productos genéricos. Estudios sobre el tema estimaban que los sobrecostos a la salud de los colombianos originado en estas cláusulas podían llegar a ser del orden de 1.000 millones de dólares anuales. 

De nuevo, lo que no lograron los negociadores colombianos lo exigieron los congresistas demócratas, quienes acabaron haciéndonos un favor. Sus exigencias se plasmaron en el Protocolo Modificatorio del TLC que se firmó en el año 2007, donde quedaron como optativas algunas de las barreras establecidas en materia de patentes, reduciendo así los costos de acceso a medicamentos. 

El riesgo en este caso, que parece haberse ya materializado, radica en que el gobierno colombiano bajo presión por parte de los representantes del USTR está introduciendo cambios que nos regresan al texto inicial del TLC, es decir, dando más gabelas y protección a las multinacionales a costa del derecho a la salud de los colombianos. Otra exigencia del USTR que el gobierno trató de implementar fue la de las universidades con ánimo de lucro, iniciativa que fue derrotada por la masiva protesta estudiantil.

Los temas de propiedad intelectual son más técnicos y especializados, pero sería conveniente que también se divulgaran ante la opinión pública para evitar que la “implementación” del TLC acabe siendo peor que el tratado ya aprobado.

* Economista y Filósofo.  Director Programático de la campaña del Partido Liberal y consultor independiente, es autor de varios libros y columnista de diarios colombianos.

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