Entre programas taquilleros de televisión y un gobierno que prohíbe la palabra “rescate”, la deuda pública crece vertiginosamente y la deuda de los bancos ya es insostenible. Pero si los dejar quebrar, el tsunami barrería a Europa entera.
Carlos Resa Nestares
El no rescate y la tele-realidad
Uno de los programas de televisión más populares en España es “Sálvame”. Nació como complemento de debate al concurso de tele–realidad “Supervivientes”, un reality donde los participantes, una serie de celebridades menores, combatían el hambre en una isla de los Cayos Cochinos, en Honduras.
En medio de la crisis el extraordinario éxito de “Sálvame” ha ido acompasado por críticas viscerales que lo estigmatizan como el producto más denigrante de la telebasura. Foto: Tomado de Telecinco. |
Desde esos orígenes modestos, el programa ha pasado a ocupar la totalidad de la franja vespertina de Telecinco, propiedad del magnate italiano Silvio Berlusconi. El extraordinario éxito de “Sálvame” ha ido acompasado por críticas viscerales que lo estigmatizan como el producto más depurado o denigrante de la telebasura.
Mientras tanto, la competencia privada, La Sexta, lleva cuatro temporadas consecutivas emitiendo un docu-informativo semanal llamado “Salvados” que presenta Jordi Évole, quien saltó a la fama en su papel socarrón de “El Follonero” (El Alborotador). La Sexta lanzó “Salvados” durante la campaña electoral de 2008, la última que ganó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, haciendo un juego de palabras entre “Salvados por la campaña” y “Salvados por la campana”, una célebre serie juvenil estadounidense de los años noventa. Concluida la campaña, perdió sus apellidos y pasó a ser un programa muy popular entre la izquierda española.
En los últimos días, la dirección de informativos de Telemadrid — el canal de la Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada durante los últimos diecisiete años por el conservador Partido Popular — vetó el uso de la palabra “rescate” para describir el préstamo a bajo tipo de interés por valor de hasta cien mil millones de euros que la Unión Europea (UE) habría puesto a disposición del gobierno español.
En los informativos de Televisión Española (TVE), el “rescate” es ubicuo, aunque con un cubrimiento menor que el de los eventos deportivos, pero eso sí, siempre con apellido: “rescate a la banca”. Con este precepto estarían siguiendo la línea oficialista que- ante la incredulidad de la prensa internacional- niega la existencia de un rescate a España y favorece tecnicismos como “línea de crédito” o “reorganización financiera”.
Entre otros motivos, porque la última referencia a rescate que hizo el conservador presidente español, Mariano Rajoy, había sido una negación rotunda de su necesidad, a solo unos días de que los ministros de Economía de la UE en videoconferencia urgente aprobasen el susodicho préstamo.
Hablando en serio
Fuera del halo surrealista del mundo de la televisión española, son claves una realidad y dos preguntas.
La realidad: el gobierno español es incapaz de recapitalizar a su propio sistema financiero. Las preguntas: ¿quién pagará el mencionado préstamo? y ¿será suficiente?
Hay tres posibles pagadores finales del europréstamo (llamémosle así por mera economía de palabras):
- los bancos españoles a los que está destinado estricta y legalmente;
- el Estado español, su receptor nominal;
- o todos los Estados de la UE, que lo han fondeado mancomunadamente.
Ya ha quedado claro que cuando la UE fije las condiciones específicas, el préstamo será protegido contra la quiebra eventual del Estado español, al hacerlo preferencial frente a los demás acreedores, lo cual reduce la lista de pagadores a dos: los bancos españoles o sus ciudadanos, por la vía de reducciones de gasto público y aumentos de impuestos.
El gobierno español es incapaz de recapitalizar a su propio sistema financiero. Las preguntas: ¿quién pagará el mencionado préstamo? y ¿será suficiente? Foto: La Moncloa. |
El gobierno responde que serán los bancos españoles los pagadores últimos y que únicamente actuará en calidad de intermediario a beneficio de los contribuyentes españoles, prestando ese dinero a los bancos a una tasa de interés real superior a la que lo transferirá a los bancos.
Prevé ganancias del orden de 5.000 millones de euros anuales, derivadas de la diferencia entre el tres por ciento al que recibiría el préstamo y el ocho por ciento al que se lo trasladaría a los bancos. De ser cierto, sería de gran ayuda para el maltratado sector público español.
No es el nivel sino la velocidad del endeudamiento
A finales de 2011, la deuda total del Estado español ascendía a 735.000 millones de euros, el 68,5 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB). El europréstamo en su cuantía máxima llevaría la deuda pública al 77,8 por ciento.
En términos relativos, el nivel de endeudamiento de España es mucho menor que el de los tres países de la eurozona que han recibido rescates: Grecia (165,3 por ciento del PIB), Irlanda (108,2) y Portugal (107,8).
De hecho, el nivel de endeudamiento de España es menor que el de los principales países de la UE, los Estados que avalan en última instancia el europréstamo: Italia (120,1), Francia (85,8), el Reino Unido (85,7), Alemania (81,2). Incluso es menor al de la UE en su conjunto (82,5) y al de la zona euro (87,4).
Visto desde la perspectiva de credibilidad crediticia, el problema del endeudamiento público de España no radica en su cuantía total, sino en la velocidad de crucero de su progresión.
Pese a los esfuerzos de austeridad, más efectistas que reales, puestos en marcha tanto por el gobierno socialista como por el conservador, la deuda pública se ha duplicado (en euros corrientes) desde el inicio de la crisis: entre 2007 y 2011 pasó del 36,3 al 68,5 por ciento del PIB.
Con el actual desequilibrio de las cuentas públicas, el europréstamo cubriría menos de un año y medio de déficit público. Ojo: no del gasto público, de su déficit. Peor: ni siquiera completaría la refinanciación de 160.000 millones de euros a la que se ve abocado en lo que resta de 2012 a tasas de interés que ya alcanzan en los mercados secundarios rangos de suicidio: el 6,4 por ciento al cierre de este artículo, ya sin la colaboración indirecta de la reciente barra libre de liquidez del Banco Central Europeo (BCE) a los bancos privados, que a su vez utilizaban ese dinero para la compra de deuda pública.
Correa de transmisión: de la recesión al desempleo
Existen escasos y problemáticos visos de mejora de la situación económica general en España como para imaginar un descenso vertiginoso de ese deterioro en el sector público.
La suerte de España ya no depende de sí misma. Cumbre del G20, con la participación de Mariano Rajoy. Foto: La Moncloa. |
Es más, las medidas de austeridad tienen un efecto redundante sobre la recesión. Nuevas reducciones del gasto público reducen la demanda agregada en un círculo vicioso del que no se encuentra una salida ni pronta ni duradera, por más promesas de prosperidad que llevaban aparejadas las reformas estructurales, en particular las sucesivas reformas laborales.
No es lo peor del estado catatónico de la economía española. En un contexto de fuerte transmisión de la recesión al empleo fruto de un crecimiento intensivo en factor trabajo, la tasa de desempleo se ha aupado hasta el 24,4 por ciento con efectos sociales devastadores.
Por ahora se ha disimulado mediante el Estado del Bienestar y, como recurso más intenso de última instancia, las redes de apoyo familiar. Y la economía española ya ha demostrado capacidad de sobreponerse a esas tasas de desempleo: alcanzó los mismos niveles a principios de los años noventa para luego visitar el edén del ocho por ciento en 2007, tras un largo periodo de esplendor económico durante el cual dos tercios de los empleos creados en la UE tenían lugar en España.
Los créditos hipotecarios a las familias representan 656.500 millones de euros, más de la mitad del PIB español. Las familias capearán con dificultad el huracán del desempleo bajo una legislación que, a diferencia de Estados Unidos, impide la dación de la vivienda para cancelar la hipoteca y conlleva a la persecución del moroso hasta la tumba. Y no es la parte más grave de los dilemas del sector financiero español.
Que no se quiebren los bancos
Todo el mundo asume que el grueso de la morosidad está en los créditos a las empresas constructoras e inmobiliarias. Con el mercado inmobiliario completamente paralizado, son en gran medida incobrables y sólo han podido sobrevivir hasta la actualidad gracias a refinanciaciones permanentes y un sueño ficticio de recuperación.
Después de haber declarado ya como morosos 80.000 millones de euros, los créditos vivos exclusivamente a empresas de ambos sectores, suman 397.000 millones de euros, más que el PIB de Colombia o de Finlandia, y el 22,3 por ciento de su cartera crediticia total de 1,8 billones de euros.
Ése es, al menos, el tamaño del agujero del sistema financiero español, es decir, cuatro veces más de lo acordado en el europréstamo. El estado derivado de quiebra latente y, a través de la generosidad del préstamo interbancario, casi universal se ha venido tapando en banca minorista con amplísimas y sucesivas rondas de liquidez del BCE: préstamos de 316.000 millones de euros al uno por ciento de interés acumulan los bancos españoles con el banco central. Pero el BCE ya anunció los límites a esta política.
Sólo quedan dos alternativas: quiebra y liquidación de los bancos, con la correspondien-te y costosa compensación pública a través del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta cien mil euros por cuenta, o rescate con dinero público.
Que no se opte por la primera opción tiene dos motivos. Primero, el pánico agudo que los políticos de cualquier lugar del mundo sienten por el pánico financiero anexo a cualquier quiebra. Segundo, y consecuencia de la anterior, desde la quiebra de Lehman Brothers y el tsunami que provocó, la política explícita en todo el mundo es no permitir la quiebra de bancos, al menos de los de mayor tamaño.
Amenaza de tsunami
Si se cierra la posibilidad de la quiebra, el recurso a una intervención exclusivamente española está fuera de la realidad. Aunque es tan sólo el diez por ciento del dinero que los gobiernos europeos han dedicado a rescatar a sus bancos, desde el inicio de la crisis entre avales, préstamos, nacionalizaciones y ayudas directas, el sector financiero ya ha recibido 168.000 millones de euros del sector público español, casi la mitad del aumento de la deuda pública en ese periodo.
Pero el crecimiento disparado de los tipos de interés de la deuda soberana española impide la continuación de un rescate exclusivamente interno del sector financiero. La mencionada enormidad de la deuda de los bancos españoles con el BCE en sus subastas de liquidez es motivo más que suficiente para un apoyo mancomunado en la UE a ese rescate.
Podría alegarse que la independencia del banco central es motivo suficiente para que los Estados no participen de sus preocupaciones. Al menos así hace explícita la inversa el BCE de vez en cuando, resaltando su independencia. Pero los gobiernos europeos, aparte del BCE, tienen sus motivos propios y de enorme tamaño.
El endeudamiento del sistema financiero español con el exterior es de 716.000 millones de euros, a los que hay que sumar los 175.000 millones de deuda con el Banco de España, que actúa como brazo ejecutor parcial de préstamos del BCE. La inmensa mayoría de ese crédito se concentra en los países de la UE. Las familias y empresas españolas suman otros 423.000 millones de euros de endeudamiento externo.
En esas condiciones, cualquier opción cercana a la quiebra y liquidación de los bancos españoles tendría para los bancos europeos efectos devastadores y probablemente cercanos a la quiebra.
Con la amenaza de tsunami, el rescate es materia común en Europa. No lo es ni la generosidad propia de la solidaridad del modelo social europeo ni el admirable aunque inestable y asimétrico entramado institucional creado alrededor de la UE y de su moneda común.
Por ahora se instauró mediante préstamos en la esperanza de que España sea capaz de devolverlos gracias a una recuperación económica que se desconoce cuándo ocurrirá. Y así probablemente la solución del europréstamo no sólo sea temporal, sino también incompleta en sus contenidos.
No hay duda: habrá nuevos episodios de “Sálvame”, porque con la actual política no están “Salvados” ni los bancos españoles ni sus ciudadanos.
* Profesor asociado de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor en Administración de Empresas. Consultor de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delincuencia. Miembro de la International Association for the Study of Organized Crime. Miembro del Observatoire Géopolitique de la Criminalité Internationale. Miembro del proyecto "The economics of civil war, crime and violence" del Banco Mundial.
