¿Es falsa la paz? - Razón Pública

¿Es falsa la paz?

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Después de dos meses de licencia por asuntos personales, Viviane Morales regresó al Gobierno, esta vez en calidad de consejera comisionada de Paz y encargada de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. El presidente De la Espriella le encomendó una revisión exhaustiva de la implementación de los acuerdos, del cumplimiento de los compromisos y de la destinación de los recursos públicos.

El nombramiento de Viviane Morales es una buena noticia para la política de paz, pues, por fin, tiene una cabeza visible. Morales, además, es una persona con una experiencia importante en el sector público que podría ser aprovechada para fortalecer las políticas públicas que resultaron del Acuerdo. La mala noticia es que, sin haber comenzado la evaluación, el Gobierno parece conocer el resultado. Según se desprende del comunicado en el que se anunció el nombramiento de Viviane Morales, la política de paz es un instrumento de impunidad y privilegios políticos que ha obstaculizado la justicia, la reparación de las víctimas y la seguridad de los colombianos. En pocas palabras, de acuerdo con lo dicho por el presidente en varias oportunidades, se trata de una “falsa paz”.

La valoración del Gobierno parte de una lectura cuando menos parcial del Acuerdo de Paz, centrada en los líderes de la extinta guerrilla de las FARC. Según la perspectiva desde la que se mire, el Acuerdo si entregó algunos privilegios a los antiguos combatientes de la guerrilla. Por dos períodos consecutivos, las FARC tuvieron representación en el Congreso y su partido recibió financiación pública. También es comprensible que, para algunos sectores políticos, la justicia transicional sea equiparada a impunidad. Pero, a pesar de ser concesiones controvertidas, las FARC no se iban a desmovilizar para ir a la cárcel y sin la posibilidad de participar en política.

Hasta ahí, las críticas del Gobierno reflejan el descontento de las personas que votaron por el no en el plebiscito. Sin embargo, como estrategia política no son muy promisorias porque dividen aún más al país e impiden la construcción de consensos para problemas urgentes. Se centran en aspectos del Acuerdo, como la Jurisdicción Especial para la Paz, que están por fuera de la órbita del Ejecutivo, y otros inocuos, como resultó ser la participación política de las FARC. Además, con todas sus imperfecciones, las instituciones que integran el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición han conseguido avances importantes en el esclarecimiento de lo ocurrido durante el conflicto armado, el reconocimiento de las víctimas y la determinación de responsabilidades por graves violaciones de los derechos humanos.

En cualquier caso, cuando la valoración del Gobierno sobre el Acuerdo de Paz se centra en los beneficios jurídicos y políticos que recibieron las FARC, corre el riesgo de ignorar que la mayor parte del Acuerdo se centra en las víctimas y en la reparación de las regiones más afectadas por el conflicto armado. Peor aún, al prejuzgar la institucionalidad de paz, está perdiendo la posibilidad de aprovechar políticas y entidades que pueden aportar al objetivo del Gobierno de recuperar la autoridad y fortalecer la autonomía territorial.

En ese sentido, las evaluaciones de la implementación del Acuerdo de Paz muestran transformaciones positivas en regiones históricamente olvidadas y afectadas de manera desproporcionada por la violencia. Por ejemplo, un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, publicado en junio de 2024, encontró que en los territorios más afectados por el conflicto existe un respaldo importante a la paz negociada y una valoración creciente de la implementación del Acuerdo. En 2024, el 58 % de los encuestados manifestaba algún grado de satisfacción con la implementación del Acuerdo, mientras que el 53 % conservaba la expectativa de que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) transformaran sus regiones. Se encontró ademas, una relación positiva entre el aumento de bienes comunitarios y la probabilidad de percibir una mayor presencia del Estado.

Por su parte, en 2024, la Fundación Ideas para la Paz encontró que el 90 % de los líderes sociales consultados consideraba que los PDET debían convertirse en una política permanente de Estado, a pesar de reconocer las dificultades y limitaciones de su implementación. A ello se suma una transformación social significativa. Según las mediciones de pobreza multidimensional del DANE de julio de 2026, la proporción de habitantes de los municipios PDET que enfrentaban privaciones en educación, salud, trabajo y condiciones de vida pasó del 39,8 % en 2018 al 21,2 % en 2025.

A diez años de su implementación, ya contamos con un cúmulo de evidencia sobre los cambios positivos que se han producido en los territorios donde se ha implementado el Acuerdo. El Gobierno, por supuesto, tiene todo el derecho, incluso la responsabilidad, de realizar nuevas evaluaciones, pero preocupa que parta del supuesto de que se trata de una “falsa paz”. Sin duda, es posible mejorar la eficiencia y la efectividad de sus políticas, y es fundamental fortalecer la seguridad, como se ha propuesto el Gobierno. De hecho, los estudios realizados demuestran que para las personas que habitan los territorios PDET, la seguridad sigue siendo una asigntuatura pendiente.  Sin embargo, la seguridad nunca será sostenible sin las transformaciones sociales y políticas que persigue el Acuerdo de Paz de 2016.

Acerca del autor

Juan Pablo Ossa
Jossa@razonpublica.org.co | + posts

*Politólogo e historiador de la Universidad de los Andes y MPhil en Ciencia Política de The New School. Ha trabajado en análisis político, políticas públicas, comunicación estratégica y evaluación de proyectos. Fue editor de la revista Colombia Internacional.

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Juan Pablo Ossa

*Politólogo e historiador de la Universidad de los Andes y MPhil en Ciencia Política de The New School. Ha trabajado en análisis político, políticas públicas, comunicación estratégica y evaluación de proyectos. Fue editor de la revista Colombia Internacional.

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