En defensa de la educación superior pública In defence of public higher education - Razón Pública
Inicio TemasArte y Cultura En defensa de la educación superior pública In defence of public higher education

En defensa de la educación superior pública In defence of public higher education

Escrito por David Jiménez

La página web gubernamental lo presenta como “una reforma radical de la educación superior pública en Inglaterra”.

Reseña y traducciones: David Jiménez *

In Defence of Public Higher Education

El documento oficial que contiene la propuesta de reforma a la educación superior en Inglaterra, Higher Education White Paper, Students at the Heart of the System, fue publicado el 28 de junio de 2011. La página web gubernamental lo presenta como “una reforma radical de la educación superior pública en Inglaterra”. Las respuestas de la comunidad académica van desde una serie de marchas masivas de protesta de los estudiantes hasta un significativo conjunto de documentos críticos, producidos por grupos de profesores en diferentes universidades. In Defence of Public Higher Education, firmado por un amplio grupo de prominentes académicos, aproximadamente cuatrocientos, entre ellos Stefan Collini, de la Universidad de Cambridge, y Howard Hotson, de Oxford, se presenta como un documento alternativo al White Paper oficial. Fue preparado en sesiones de trabajo por colectivos denominados “campañas”: “Campaign for the Public University”, “Oxford University Campaign for Higher Education”, “Sussex University Defends Higher Education”, “Warwick University Campaign for Higher Education”, “Cambridge Academic Campaign for Higher Education” y otras. El texto, en su redacción final, apareció el 27 de septiembre de 2011.

El argumento principal de En defensa de la educación superior pública sostiene que el White Paper del gobierno, al intentar “aplicar su visión del mercado a la educación superior”, ignora los valores públicos de la educación universitaria y se concentra en “los beneficios privados” que los individuos derivan de ella en forma de puestos de trabajo o salarios más altos, con lo cual los estudiantes aparecen tratados en términos de “consumidores” de un servicio. El único valor público que subraya la propuesta oficial se reduce a “la contribución de la educación superior al desarrollo económico”.

El subtítulo del White Paper es “Los estudiantes en el corazón del sistema”. La réplica de profesores y estudiantes propone una formulación alternativa: “el mercado en el corazón del sistema”. La “reforma radical” que propone el gobierno consiste no solo en introducir los valores del libre mercado en el corazón de la educación superior como valores básicos, sino en relegar a un plano secundario los valores públicos que fueron el meollo verdadero del sistema. Extender los principios del mercado a la educación superior en el rango de justificadores y determinadores de sus fines es una superstición ideológica. “No argumentamos en contra del mercado”, dice el documento alternativo, “sino por el reconocimiento de que las relaciones de mercado no abarcan todas la relaciones sociales”. Si se sujeta la educación al mercado se corre el riesgo de debilitar y desestabilizar lo que realmente constituye el fundamento de la sociedad y de la educación. “Es ilógico que una crisis financiera producida por las fallas del mercado sea utilizada por el gobierno como ocasión para poner el mercado en el centro del sistema de educación superior pública”.

La propuesta del gobierno representa al estudiante como un consumidor que concurre al mercado de la educación superior con un préstamo que funciona como un cupón para presentar a una universidad de su escogencia. El Informe Robbins, de 1963, que varias veces aparece citado por vía de contraste con el White Paper de 2011, habla, por el contrario, de “crear un sistema coherente y articular los principios en que debe apoyarse su expansión”, entre los cuales resalta como principal: “la educación universitaria debe ser accesible para todos los que aspiren a ella, con la única condición de su calificación académica”. No hay razones de mejora cualitativa para justificar este cambio de una universidad financiada con fondos públicos a otra en que el estudiante paga por los costos mediante crédito. La única razón que se aduce es la necesidad de recortar el gasto público debido a la crisis financiera.

Con la disminución de los fondos para la financiación pública disminuyen necesariamente los factores de calidad académica, todos dependientes de la abundancia o escasez de los recursos: crecimiento de la planta física, tamaño de las clases, intercambio académico, posgrados, investigación, personal docente de tiempo completo. El gobierno aspira a interesar la inversión privada con ánimo de lucro en las universidades públicas, con lo cual la pretensión académica de aumentar los recursos para incrementar la calidad entraría en conflicto con la pretensión del inversionista privado a privilegiar la expansión cuantitativa a costa de la mejora cualitativa, bajo el criterio prioritario de disminuir los costos e incrementar las ganancias. Y habría que añadir que el inversionista privado tendría, además, acceso a los recursos públicos a través de los préstamos que reciben los estudiantes para pagar sus matrículas.

Es entendible que los estudiantes y sus familias vean en la educación superior un medio para lograr un empleo satisfactorio. Es su derecho y existe plena evidencia de los beneficios que la educación universitaria proporciona a los individuos, no solo en términos económicos, que de todos modos son inciertos, sino también en niveles más elevados de satisfacción personal.

Es entendible que los gobiernos se preocupen por la contribución de las universidades al desarrollo económico a través de la innovación tecnológica y la provisión de fuerza de trabajo calificada para los diversos sectores del mercado. Si estos beneficios privados fueran las únicas ventajas de la educación superior, habría alguna justificación para argumentar que las universidades deben financiarse con fondos privados.

Hasta hace poco, los beneficios públicos de la educación superior eran reconocidos por todos. Todavía en 1997, el Informe Dearing daba cuenta de los fines más amplios que los económicos y privados, y los formulaba así: “sustenta una cultura que exige un pensar disciplinado, estimula la curiosidad, desafía las ideas recibidas y genera nuevas, es parte de la conciencia de la sociedad democrática fundada en el respeto a los derechos del individuo y las responsabilidades del individuo en la sociedad como un todo”.

La importancia de la universidad para una “economía del conocimiento” es indiscutida. En temas como la regulación de las actividades de las grandes empresas y su relación con las políticas públicas es evidente que se requiere un criterio sustentado en el conocimiento y la investigación, por un lado, e independiente de los intereses privados, por el otro. Este criterio lo proveen, ante todo, las instituciones públicas de educación superior. No son las únicas aptas para el debate público, sin duda, pero la confiabilidad de las universidades en estos casos deriva claramente del carácter público de la institución, ajeno a la confidencialidad de los acuerdos de mercado que obstruyen la transparencia pública. Esto es claro en cuestiones como el cuidado ambiental, por ejemplo.

Por naturaleza, el debate académico responde a la necesidad de argumentar de manera persuasiva y resistir la prueba de las posiciones alternativas y la aparición de nueva evidencia. Es lo que Popper llamó “conocimiento crítico”, asociado con los valores de la sociedad abierta.

“El conocimiento crítico al servicio del bien común está garantizado por la naturaleza de la universidad pública como institución. Las universidades no son agregados de individuos con intereses opuestos sino comunidades de docentes e investigadores comprometidos con la verdad y la validez. Es esto lo que queda amenazado por la subordinación de la universidad al mercado”.

Los inversionistas privados que el gobierno desea vincular con el sector público de la educación superior no tienen ningún compromiso con la producción de nuevo conocimiento y menos aun con el servicio al debate público en términos de verdad, persuasión y transparencia.

“La función pública de la educación superior está amenazada cuando se hace aparecer a las universidades como si fueran empresas privadas con un interés meramente privado”.

La educación pública se había considerado, hasta hace poco, uno de los medios primarios para mantener la igualdad de oportunidades y moderar las ventajas, potencialmente injustas, de los privilegiados por nacimiento. Ahora existe una tolerancia generalizada con las desigualdades materiales y sociales como si fueran el resultado natural del desarrollo objetivo. Pero es posible volver a considerar la relación entre inequidad y distribución de los recursos, cuando se mira la situación de la educación pública y la retirada del Estado con respecto a sus obligaciones a este respecto. La educación pública como derecho social es la piedra de toque de la democracia ciudadana. Y es deber del Estado, y tarea posible, impedir que la división entre educación privada y educación pública reproduzca minuciosamente la división entre ricos y pobres. La estratificación del sistema educativo, como política de Estado, desde la primaria hasta la educación superior, refleja un país profundamente estratificado y es una prueba evidente de que la inequidad no es el resultado natural de un desarrollo objetivo. Este patrón de inequidad es producto de una política gubernamental.

No todos los empleos que requieren individuos calificados con educación superior tienen altos ingresos. Aquellos programas universitarios que conducen a los empleos de salarios más altos corresponden también a los costos más elevados en universidades selectas, ligadas íntimamente con los estratos más altos. Se ha creado así un sistema en el que la educación funciona como un “bien posicional” y las instituciones con “efectos posicionales” mayores están disponibles exclusivamente para los más ricos, para los que pueden darse el lujo.

El White Paper distorsiona el sentido de la educación superior cuando la limita a simple adiestramiento para el empleo. No se trata de restar importancia a los conocimientos de aplicación práctica sino de reconocer que la educación superior tiene otras metas distintivas. La universidad es una comunidad formada por profesores, investigadores, alumnos y administradores, dedicados a diversas disciplinas y diferentes actividades de enseñanza, investigación y colaboración externa, no exclusiva o principalmente al entrenamiento para el empleo. Las propuestas de retirar la financiación pública para las artes, las humanidades y las ciencias sociales, de favorecer instituciones de estrechas miras que ofrecen cursos de oportunidad y rédito inmediato, de reforzar la posición de mercado de ciertas universidades con el propósito de convertirlas en selectas no solo en lo académico sino también en lo social están socavando el sentido y la esencia de la educación superior.

 *Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí. 

Artículos Relacionados

Dejar un comentario

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies