Rappi, Uber, Domicilios.com, y otras plataformas que sirven como intermediarias entre usuarios y servicios, se han impuesto con fuerza y han empleado a miles en Colombia. Pero los problemas no se han hecho esperar.
Juan Carlos Guataquí*
Un problema sin nombre
El pasado 19 de octubre se organizó una marcha de protesta de los llamados “rappitenderos” frente a las instalaciones de Rappi.
A juzgar por los reportes de prensa, la protesta fue motivada por el cambio del monto pagado por los servicios a domicilio que realizan esas personas. Según Kevin Ardila, vocero de los rappitenderos, en declaraciones a W Radio, con este cambio dejarían de recibir 3.500 pesos por pedido, y recibirían solo 650. La compañía afirmó en un comunicado, que los cambios se habían hecho por sugerencia de los propios rappitenderos y que los domicilios “mantenían los mismos términos y valores aplicados hasta el momento”.
El cubrimiento mediático de esta marcha osciló entre un análisis simple de las relaciones industriales en esta empresa, los testimonios personales de los rappitenderos sobre sus razones para vincularse o no a la protesta, y referencias a otras situaciones semejantes.
El lector notará que para referirme a estos hechos no he hablado de empleados, ni de salarios o remuneraciones, ni he hecho referencia a conceptos como “el sindicato de rappitenderos” o mencioné las declaraciones del “empleador”. Precisamente, uno de los problemas más grandes de esta y otras situaciones similares es la falta de claridad para definir las relaciones laborales entre las plataformas digitales intermediarias de recursos humanos y las formas de remuneración y protección social de los individuos que trabajan con ellas.
Sé que no soy el único que tiene estos problemas al tratar de describir a estas empresas. Por ejemplo un artículo reciente de Marcela Basch sobre el tema empezó así: “los trabajadores y trabajadoras de / que trabajan con / por medio de / la plataforma Rappi protagonizaron un acto histórico: la primera huelga de trabajadores de plataformas en Argentina…”.
Como se dice en la película V for Vendetta: “las palabras ofrecen los medios para el significado”, y en este caso es necesario empezar a aclarar muchas palabras.
¿Economía colaborativa?
 Rappitendero. Foto: Concejo de Bogotá |
Plataformas como Rappi, Uber, Cabify y otras aplicaciones similares se han convertido en la segunda y tercera oleada de la denominada economía colaborativa (sharing economy). Este concepto fue acuñado por Ray Algar en 2007 y alcanzó su culmen en 2010 con la publicación de Lo que es mío es suyo: El auge del consumo colaborativo, de Rachel Botsman.
Su idea de fondo ha resonado poderosamente en términos sociales: repotenciar la propiedad de bienes de consumo, compartiendo ocasionalmente su uso, ya sea de forma gratuita o por una baja remuneración. La crisis financiera del 2008, la preocupación por el calentamiento global y la sociedad de consumo parecían razones válidas para optar por iniciativas para compartir bienes mediante aplicaciones, plataformas y redes sociales, denominadas P2P (Peer-To-Peer, red-entre-iguales).
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Entre las más destacadas que hubo en Estados Unidos podemos mencionar a Ecomodo (2007), Crowd Rent, Share Some Sugar y NeighborGoods (2009), así como OhSoWe, Thingloop y SnapGoods (2010). Desafortunadamente esta oleada de iniciativas de economía colaborativa no sobrevivió a la lógica individualista del consumo y para 2015 la única sobreviviente era NeighborGoods (después de haber caído de un pico de 42.000 asociados activos a solo 10.000).
Para las plataformas, no hay dependencia laboral, porque no hay empleados.
A estas iniciativas altruistas de bienes compartidos entre consumidores le han seguido otro tipo de propuestas, en las cuales una plataforma realiza la intermediación entre el demandante y el oferente de un servicio. De esta manera la complejidad de los tiempos y motivaciones del consumidor moderno se han trasladado a las interacciones económicas.
Parece que los individuos ahora piensan que las limitaciones de tiempo (Rappi, Domicilios.com), costo, oferta limitada (AirBnB, Uber) o información (EBay, OLX) exigen el uso de un intermediario entre ellos y el servicio o bien que buscan. Sin embargo, estas plataformas no se pueden considerar parte de la economía colaborativa. En términos de política pública, estamos frente a un problema de definición y regulación.
Trabajo sin regulación
Gran parte de estas iniciativas ha llegado como una forma creativa de llenar un espacio de demanda insatisfecha, ya sea por la calidad, disponibilidad o costo de los servicios. Sin embargo, la innovación de estos start-ups no se ha visto acompañada por una reacción de política mediante la cual los gobiernos apoyen los elementos más favorables de estas plataformas al tiempo que controlan los problemas que ellas crean.
La creatividad es como un jabón mojado: si no se agarra, se cae, y si se aprieta muy duro, se escapa. Los gobiernos no han sabido manejar el nuevo escenario, y Colombia es un notorio ejemplo de esto. El gobierno no sabe cómo regular estas plataformas porque no puede definir qué son. Y hay todo tipo de problemas, algunos más notorios que otros, con estas plataformas, incluyendo:
- Padecer el ruido de un arrendatario de AirBnB sin poder quejarse a dicha firma;
- No poder confiar en las puntuaciones o reputaciones de los servicios ofrecidos (y las connotaciones laborales son ejemplos de ello);
- La ausencia de una figura regulatoria de las tarifas variables de Uber;
El núcleo del problema laboral son las formas contractuales que se establecen entre el empleado y el contratista, y que son un desafío para la figura tradicional de dependencia laboral. Para las plataformas, dado que ellas son simples intermediarias entre el consumidor y el oferente del servicio, no hay dependencia laboral, porque no hay empleados.
Establecer con claridad la forma de dependencia laboral que existen en estas relaciones económicas, y definir si esta se traduce en lineamientos, instrucciones y formas de proceder para los trabajadores, es el punto clave para empezar a garantizar los mecanismos de protección laboral (riesgos laborales, salud y pensiones) y el derecho de asociación (un eventual sindicato de repartidores). El panorama es confuso y desafiante para los diseñadores de la política pública.
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Atención inmediata
 Uber. Foto: Alcaldía de Popayán |
Esta situación es una realidad conocida y en expansión en este momento debido a la dinámica de innovación de las propias plataformas, el hecho de que su uso esté asociado con las redes sociales y a sus crecientes niveles de participación en el empleo total (Rappi proyectaba más de 10.000 rappitenderos para 2018 y en Colombia hay más de 80.000 conductores registrados en Uber).
Rappi no puede convertirse en el programa de empleo de emergencia ante la crisis migratoria venezolana.
Por ello, sus potenciales impactos positivos o negativos deberían ser parte de la agenda de prioridades estratégicas y preocupaciones del gobierno. El interés del presidente Duque en la economía naranja, un concepto igualmente difícil de definir, también se enfrenta con las mismas preocupaciones que presentó aquí. Pero hay que encontrar la manera de establecer mecanismos tributarios que no estrangulen los emprendimientos, pero sí graven a las iniciativas consolidas.
El gobierno está en mora de definir las relaciones laborales que se dan a través de estas plataformas y establecer deberes y derechos, tanto para el operador como para quienes derivan sus ingresos de ellas.
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Gran parte del problema de la informalidad laboral es el costo de proveer, con recursos públicos, protección social a individuos que deberían recibirla de su empleador o pagarla con sus ingresos. Una vez se defina claramente este asunto se podrían dedicar estos recursos a las poblaciones más marginadas y optimizar su uso.
Rappi no puede convertirse en el programa de empleo de emergencia ante la crisis migratoria venezolana, y dudo que Uber sea la solución adecuada a la caída del ingreso de la clase media por obra de la reforma tributaria.
Así mismo, si bien es importante que empresas que funcionan mediante instrumentos digitales inicien actividades en el país— como el caso de Amazon—la prioridad del gobierno no deben ser los 300 empleos generados, sino las 27.000 aplicaciones a estos empleos.
Gran parte de los empleos creados por estas plataformas son de ingresos temporales. Esto quiere decir que el trabajo creado por ellas no ayuda a la movilidad social. La dinámica económica y laboral de estas formas de innovación es incontenible, pero debe traducirse en bienestar social.
*Profesor de la Facultad de Economía y miembro del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario (LaboUR).