Eliminar los estratos socioeconómicos: ¿una verdadera necesidad?
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Eliminar los estratos socioeconómicos: ¿una verdadera necesidad?

Escrito por Libardo Espitia

Foto: DNP

El Registro Universal de Ingresos pretende eliminar la clasificación por estratos socioeconómicos. Pero no son claras las ventajas de este nuevo sistema.

Libardo Espitia*

La propuesta

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) incluyó un artículo denominado Registro Universal de Ingresos (RUI) en el Plan Nacional de Desarrollo ( Ley 2294 de 2023) cuya reglamentación quedó también a cargo del DNP. Ese sistema tiene dos rasgos básicos:

  • Según el proyecto de decreto, el RUI sería utilizado “con el propósito de determinar la focalización de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social.”
  • Las fuentes de información para el RUI serían el Registro Social de Hogares (RSH), y la autodeclaración de ingresos de personas y hogares.

El RUI entonces vendría a reemplazar el sistema de estratos que hoy se utiliza para la política social; pero las bases de datos que hoy se utilizan en Colombia, el Sisbén y el RSH ya contienen suficiente información.

El Sisbén

Aunque el Sisbén fue creado en 1994, la Ley 715 de 2001 definió la focalización como el proceso que garantiza que la inversión social se asigne a la población más pobre y vulnerable.

el problema radica en las metodologías que han venido expidiendo las comisiones de regulación y que las tales rebajas en las tarifas han quedado solamente como promesas en campaña.

Para lograr ese propósito, cada tres años el CONPES social define los criterios e instrumentos para seleccionar a los beneficiarios y los criterios para asignar el gasto social por parte de las entidades territoriales. Igualmente, el DNP define las condiciones de ingreso, suspensión y exclusión de las personas a las bases de datos, los cruces de información necesarios para depurarlos y actualizarlos, y los lineamientos para su ejecución y operación, el diseño de las metodologías, la consolidación de la información y los controles de calidad pertinentes.

De esta manera, el Sisbén es una base de datos administrada por el DNP cuya clasificación se basa en la capacidad de las personas para producir ingresos de acuerdo con sus condiciones de vida. En pocas palabras: el Sisbén identifica de manera adecuada a las personas u hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad —otra cosa es el fraude o información mentirosa que suministran los “colados” al sistema, y que también se daría dentro del RUI—.

El Registro Social de Hogares

El RSH fue creado mediante el Decreto legislativo 812 de junio de 2020, expedido al amparo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológico que se declaró a raíz de la pandemia.

Según ese decreto, el RSH permite validar y actualizar la información socioeconómica de las personas y hogares con el propósito de incluir o excluir a los beneficiarios de los programas sociales. Este sistema debería permitir la asignación eficiente y efectiva de subsidios, pues en él se consolida la información socioeconómica de varios registros administrativos, la información sobre demanda de ayudas del Sisbén y la información de la oferta de las entidades que administran programas sociales o subsidios.

La creación, ejecución y administración del RSH fue asignada al DNP. Para ello, esta institución debía expedir la reglamentación con las variables, el tipo de información y las condiciones relacionadas con la calidad, los estándares, los mecanismos y la periodicidad de intercambio de la información. La Corte declaró la constitucionalidad del Decreto legislativo mediante sentencia C-382 de 2020, es decir el mismo año en que fue expedido por el Gobierno Nacional.

El Decreto legislativo 812 estableció la obligación a cargo del DNP de reglamentar mediante acto administrativo estableciendo las variables que contendría el RSH, el tipo de información y las condiciones relacionadas con la calidad, los estándares, los mecanismos y la periodicidad de intercambio de información que facilitaran su integración al nuevo sistema de información, no obstante apenas el 31 de mayo de 2022, el DNP expidió la reglamentación —Decreto 890, señalando que el RSH “es un sistema de información que integra bases de datos de la oferta social, y de demanda, a partir de la caracterización socioeconómica de la población en distintos niveles territoriales, geográficos y poblacionales, con fundamento en registros administrativos e instrumentos y registros de caracterización socioeconómica de la población. Por tal motivo, el Registro Social de Hogares, como herramienta de focalización, tiene un espectro más amplio que el Sisbén, y representa el sistema hacia el cual transitará la focalización del gasto social.”

Las características socioeconómicas fueron definidas como las variables que permiten conocer las condiciones sociales o económicas de una persona u hogar, en temas que incluyen —pero no están limitados— a la educación, salud, vivienda, mercado laboral, ingresos, composición del hogar y características poblacionales o diferenciales.

Además, el decreto determinó que el diseño, administración, operación, mantenimiento y evaluación del RSH estaría a cargo del DNP, a través de la Subdirección de Focalización y Pobreza. Por último, el decreto señala que las disposiciones adicionales necesarias para la administración, ejecución y operación del RSH serán adoptadas por el DNP mediante un Manual Operativo, el cual podrá ser modificado por dicha entidad de acuerdo con las necesidades que surjan de la operación del Registro.

En síntesis, el DNP ya cuenta con las bases de datos suficientes para corregir las fallas en la asignación del gasto social. Tanto el Sisbén como el RSH tienen la información suficiente y no se necesitaría una nueva base o aplicativo porque esto implicaría mayores costos para el erario público, puesto que si bien la reglamentación fue expedida de manera tardía, esto en mayo de 2022, lo correcto era continuar con lo dispuesto haciendo los ajustes necesarios, además de contar con información privilegiada del Sisbén que el mismo DNP administra.

Los cálculos

El proyecto del RUI está a cargo de la Subdirección General y Prospectiva y Desarrollo Nacional del DNP, dependencia que ha venido exponiendo sus bondades y anunciando pruebas piloto en las grandes ciudades.

Según el DNP, “más del 85 % de los hogares están en los estratos 1, 2, 3 y 4 que son los que reciben subsidios y no contribuyen, mientras que el 15% restante se encuentra en los estratos 5 y 6, que sí contribuyen.” Además, “si se hiciese mejor la identificación de hogares verdaderamente vulnerables, mejorando la focalización de subsidios en servicios públicos domiciliarios como energía y gas, se ahorrarían 5 millones de pesos”.

Respecto de estos datos del DNP, conviene precisar que los estratos 1, 2 y 3 representan el 82 % de los hogares en Colombia y que el más reducido estrato 4 no recibe subsidios y tampoco hace contribuciones. En los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por tubería que menciona el DNP, el estrato 3 no recibe subsidio por el gas pero sí por la energía con un 15 % sobre un consumo de subsistencia cada vez más reducido y no sobre la totalidad del consumo medido. Por eso un usuario de este estrato estaría recibiendo prácticamente el mismo tratamiento que un usuario perteneciente al estrato 4.

Las tarifas de servicios

Conviene recordar que la Constitución dedicó un capítulo especial a los servicios públicos. Los Artículos 367 y 368 establecen los criterios de solidaridad y redistribución al establecer el régimen tarifario y la necesidad de otorgar subsidios a las personas de menores ingresos. El artículo 87.3 de la  Ley 142 de 1994  sobre Servicios Públicos Domiciliarios, reitera estos criterios.

Foto: Alcaldía de Medellín - La estratificación socioeconómica es fundamental para que las personas de menores ingresos reciban subsidios en los servicios públicos.

Tanto el Sisbén como el RSH tienen la información suficiente y no se necesitaría una nueva base o aplicativo porque esto implicaría mayores costos para el erario público.

Los legisladores pensaron en mitigar el efecto que tendría el desmonte de los subsidios para los usuarios de menores recursos, pero no mediante una compensación directa sino a través de una evaluación indirecta de su condición socioeconómica, como en efecto es la evaluación de sus viviendas.

Las quejas y reclamos presentados por los usuarios en relación con las tarifas han aumentado a tal punto que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha aumentado su planta de personal y ha mejorado sus funciones de inspección, control y vigilancia.

Pero el problema radica en las metodologías que han venido expidiendo las comisiones de regulación y que las tales rebajas en las tarifas han quedado solamente como promesas en campaña.

Mantener los subsidios a las tarifas es fundamental para los colombianos más pobres. Deben hacerse los ajustes necesarios —incluida la estratificación— para asegurar que las personas más vulnerables reciban estos subsidios. Además, es clave que los marcos regulatorios sean revisados, que no sigan dando prioridad al criterio de la suficiencia financiera sobre los demás criterios señalados por el Estatuto de los Servicios Públicos Domiciliarios y la Corte Constitucional.

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