La violencia y los clanes políticos ya definieron las elecciones en muchas zonas del país. Aquí están los nombres de algunos gobernadores y alcaldes que van a ser elegidos.
Esteban Salazar*
Dos riesgos
En Colombia es común que las elecciones se vean afectadas por el riesgo de violencia y por la postulación de candidatos envueltos en escándalos o con antecedentes penales que deberían ser inhabilitados para aspirar a cualquier cargo público.
Estas dos amenazas ponen en entredicho la calidad de nuestra democracia y de nuestro sistema electoral. La una y la otra sirven como caldo cultivo para la corrupción y para que los grupos armados y la politiquería lleguen a las alcaldías, gobernaciones y las corporaciones públicas.
La violencia
En 2018, la violencia tuvo los niveles más bajos en las últimas dos décadas. Pero hoy, a escasas semanas de las elecciones regionales, la violencia aumenta de manera dramática.
De acuerdo con el Tercer Informe de Violencia Electoral de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), entre el 27 de octubre de 2018 y el 9 de septiembre de 2019, se han registrado 173 víctimas de 116 hechos de violencia electoral. Esto se debe a que un mismo hecho victimizante puede incluir varias víctimas. Por ejemplo, un panfleto amenazante, que incluye a varias personas de un mismo partido u organización social, produce varias víctimas al mismo tiempo.
A medida que nos acercamos al “Día D” (27 de octubre), la violencia se recrudece y aumentan los homicidios. De las veinte personas asesinadas y registradas en los últimos tres meses, dieciséis han sido candidatos o precandidatos.
Donde están y quienes son los asesinos
La mayoría de los hechos violentos están contenidos en 24 departamentos. No obstante, según el informe, el 65 por ciento de los casos está concentrado en siete zonas: Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Antioquia, La Guajira y Bogotá.
No todos estos territorios han sido históricamente afectados por el conflicto armado, como Valle del Cauca y la Guajira. Eso muestra que la violencia no está asociada solo con la presencia de grupos armados y economías ilegales. En este caso, también es un mecanismo utilizado por las élites regionales y locales, quienes, ante el aumento de la incertidumbre por la participación de nuevos actores políticos en el mercado electoral, contratan a grupos sicariales para eliminar a sus contrincantes.
Foto: Asamblea de Caquetá
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En el 80 por ciento de los casos, no existe un autor material e intelectual identificado. En unos pocos casos, la Fiscalía ha logrado establecer que el autor de determinados hechos ha sido un grupo armado, como el Clan del Golfo, los Caparrapos, el ELN o las disidencias de las FARC. El grueso de los responsables está presuntamente asociado con mafias políticas.
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Clanes y elecciones
De acuerdo con el Observatorio de la Democracia de Pares, en Colombia existen 47 Clanes políticos, distribuidos en 27 departamentos, que cuentan con un poder político y económico consolidado.
Se trata de verdaderos autoritarismos subregionales, en donde uno o varios clanes lo controlan todo. De hecho, ya se sabe quiénes van a quedarse con las alcaldías y gobernaciones en muchas regiones. Allí nadie les hace control político.
Contrariamente a lo que indican las teorías sobre participación política en regímenes de transición, más candidatos en la competencia electoral no necesariamente significan una democracia más saludable. Aunque los clanes no tengan competencia alguna, en algunos casos, crean artificiosamente competidores, los financian a pérdida o los obligan a adherirse con posterioridad.
Estos Clanes combinan todas las formas de corrupción: desde la compra de avales para conformar sus listas, hasta el respaldo de candidatos envueltos en investigaciones disciplinarias, fiscales, penales, y, en el peor de los casos, con presuntos vínculos con los otrora grupos paramilitares y los actuales grupos armados organizados.
Al respecto, el Primer Informe de Candidatos Cuestionados a Alcaldías y Gobernaciones de Pares identificó 98 aspirantes a ser elegidos el 27 de Octubre, de una muestra de 243 candidatos a gobernaciones y alcaldías en 27 departamentos. Dichos candidatos estarían asociados con estos clanes políticos y tendrían altas probabilidades de quedar elegidos.
Estos candidatos son cuestionados (1) por haber sido condenados o señalados por corrupción; (2) por heredar la maquinaria u organización política de los condenados por parapolítica; o (3) por haber sido señalados de relaciones con grupos ilegales.
Las causales anteriores se distribuyen así:
- La mayoría de esos candidatos están envueltos en investigaciones por corrupción (53);
- Luego están aquellos que heredaron maquinaria electoral indeseable (38). Entre estos se encuentran algunos directamente vinculados a procesos judiciales por este hecho, y otros que encarnarían un “gobierno en cuerpo ajeno”.
- Por último, hay siete casos de candidatos acusados de presuntos vínculos con grupos al margen de la ley, diferentes de los grupos paramilitares.
Fuente: Fundación Paz & Reconciliación (Pares).
Sin duda alguna, muchos de estos candidatos representan un grave riesgo para la democracia, sobre todo aquellos que aspiran a las gobernaciones y las capitales departamentales. Además, muestran el fortalecimiento de los autoritarismos subregionales, que utilizan la violencia como mecanismo de competencia electoral y avalan candidatos que consolidarían su predominio corrupto sobre los aparatos del Estado en las regiones.
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Elecciones cantadas
Todo lo anterior limita aún más la posibilidad de renovación política en algunos departamentos. Los clanes políticos controlan las elecciones desde mucho antes de empezar la campaña, así que sus victorias están cantadas de antemano.
Foto: Registraduría del Estado Civil |
Según el Observatorio de la Democracia de Pares, esto ocurre en por lo menos once departamentos. Aquí, algunos ejemplos:
Atlántico
Este departamento está controlado por el poderoso Clan Char, en cabeza del empresario y fundador del partido Cambio Radical, Fuad Char.
Además de contar con más de diez congresistas auspiciados en 2018, se van a quedar con la gobernación y la alcaldía de Barranquilla. Las encuestas y el poder que han amasado a lo largo de los años no mienten. Elsa Noguera es la favorita para quedarse con el cargo de gobernadora y su fórmula a la alcaldía de Barranquilla, Jaime Pumarejo, también ganará por estrecho margen.
Valle del Cauca
Dilian Francisca Toro, actual gobernadora se ha consolidado como una de las cacicas políticas más importantes del país. Su ficha, Clara Luz Roldán, es la más opcionada para quedarse con la gobernación. Roldán es objeto de investigaciones por parte de la Procuraduría y la Fiscalía por la firma de algunos contratos que serían evidencia de mala administración y corrupción cuando ejerció como directora de Coldeportes.
Sucre
Este es uno de los casos más preocupantes. A la gobernación llegará el excongresista Yahir Acuña, quien se lanza por firmas. Acuña tiene investigaciones por presuntos nexos con grupos paramilitares, y su fórmula a la alcaldía de Sincelejo, Andrés Gómez, es investigado por presuntos hechos de corrupción. Es muy probable que ambos salgan victoriosos.
Cesar
Así como en Sucre, este departamento está totalmente controlado por un solo clan, el de los Gnecco, una familia que consolidó su poder político mediante relaciones mafiosas. A la gobernación, el más opcionado (tal vez, el único) es Luis Alberto Monsalvo Gnecco, el hijo de Cielo Gnecco, prima de “Kiko” Gómez y perteneciente a un clan acusado de relaciones con reconocidos paramilitares y narcotraficantes.
Cundinamarca
El candidato Nicolás García, apoyado por casi todos los partidos, será el próximo gobernador. Además, García cuenta con el apoyo de la actual administración, a pesar de haber sido controvertido por temas de tierras.
Bolívar
Vicentico Blel, hijo del parapolítico del mismo nombre y hermano de la senadora Nadia Blel, también del Partido Conservador, aspira a quedarse con la gobernación. Recientemente aparecieron unas polémicas conversaciones que lo involucrarían en un escándalo de corrupción.
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Estos ejemplos, y otros, como los de La Guajira, Córdoba, Magdalena, Tolima y Putumayo, muestran que en muchas regiones del país las elecciones ya están cantadas. Eso torpedea nuestro sistema democrático y nos hace preguntarnos sobre la crisis de nuestro sistema político.
* Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales y candidato a magíster en Gerencia para el Desarrollo de la Universidad Externado de Colombia, investigador de la Fundación Paz & Reconciliación, con énfasis en anticorrupción, arquitectura de paz e infraestructura institucional.