Hay una lucha por la memoria del país, y el uribismo tiene a su disposición varias formas de imponer su visión del pasado. Pero no podrá reescribir la historia.
Nicolás Pernett*
Historia y memoria
A pesar de ser muy cercanas y de alimentarse mutuamente, la historia y la memoria son dos cosas distintas. La primera son los sucesos y explicaciones del pasado, narrados por quienes los conocen bien, ya sea por haberlos vivido de primera mano o porque los investigaron a fondo. Durante mucho tiempo este relato del pasado fue hecho por los poderes políticos de cada momento: monarcas, Iglesia, presidentes. De ahí la famosa frase de George Orwell: “la historia la escriben los vencedores”.
Sin embargo, en los últimos cincuenta años la escritura de la historia (historiografía) ha progresado como nunca antes y ahora son los historiadores, formados en múltiples disciplinas académicas, quienes se acercan al pasado con una actitud científica y tratan de desentrañar el qué, el porqué y el cómo de lo sucedido. Por supuesto, esta reconstrucción no es infalible y puede cometer errores y omisiones, pero para eso está la crítica entre pares y la construcción colectiva del conocimiento que caracteriza a las ciencias.
Por eso la imagen de la historia como un discurso sobre batallas y héroes, dictado por un maquiavélico poder único, y escrito en el mármol de los monumentos, no se corresponde con la realidad de lo que hoy es la historia como práctica académica.
Por fortuna, la historia que escriben los historiadores no puede ser cambiada por un decreto gubernamental. Mientras haya archivos que conserven las fuentes del pasado y exista un mínimo de libertad para investigar, la historia la seguirán escribiendo los especialistas, no solo los vencedores.
No obstante, lo que se dice sobre el pasado tiene implicaciones profundas porque determina nuestras creencias, nuestra identidad e incluso nuestro futuro. Ahí es donde entra en juego la memoria, que es la manera como un grupo de no expertos se imagina y se explica los hechos del pasado, asigna responsabilidades y extrae lecciones para el presente.
Es la memoria la que con más facilidad puede ser moldeada, tergiversada o impuesta a voluntad de los poderes del momento, porque se basa en creencias más que en certezas. Y entre los muchos campos de batalla que en Colombia se libran, también el de la memoria es uno hoy muy importante.
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La cátedra uribista
 La historia no es una opinión, es un ejercicio de investigadores. Foto: Archivo General de la Nación |
Todos los gobiernos tienen que asumir una posición con respecto a la memoria, ya sea para dejar que esta sea alimentada por los especialistas y las comunidades directamente implicadas o bien para tratar de orientarla para que las mayorías se fijen en ciertos aspectos de la historia más que en otros. El gobierno de Duque ha optado por la segunda opción.
Sus decisiones recientes parecen mostrar que el presidente tiene entre sus prioridades participar activamente en la construcción de la memoria del país (y, si puede, en su historia). Después de todo, Colombia vive un momento delicado, cuando los investigadores están trabajando para escribir la historia del conflicto armado y los diferentes actores implicados están interesados en que la memoria nacional sea benévola con ellos.
Muy cerca de Duque están el expresidente Uribe, sus aliados y seguidores, quienes siempre han insistido en una visión conservadora de la historia de Colombia, es decir, en que el país se ha dañado por culpa de algunos desadaptados que no han respetado el orden existente y que la única manera de enfrentar estos desórdenes ha sido la mano dura. Y si algún exceso ha cometido el Estado ha sido en nombre de un bien mayor, de modo que sus agentes deben ser respetados a pesar de ello.
La memoria impuesta desde arriba siempre será tendenciosa y amiga del poder.
Uribe y sus aliados tienen un interés evidente en que la memoria colombiana no se aleje demasiado de estos postulados básicos y están trabajando por imponerlos. Cuando Uribe dejó la presidencia en 2010 podía pensar que ese sería su legado, pues muchos le reconocían haber pacificado exitosamente un país que comenzó el siglo con unos de los índices más altos de violencia del mundo. Además, todavía no se sabía lo suficiente sobre los discutibles métodos que su gobierno utilizó para lograr sus objetivos.
Pero al volver el uribismo al poder ocho años después, se ha encontrado un país donde la guerrilla más antigua del continente fue desarmada mediante un diálogo de paz en el que el gobierno la tomó como interlocutora política. En ese mismo lapso, investigadores de entidades oficiales y privadas sacaron a la luz muchos de los delitos en los que incurrieron agentes del Estado y sus aliados en la lucha contra el terrorismo. Y para colmo el presidente Santos, mirado como un traidor por buena parte del uribismo, recibió un Premio Nobel, un reconocimiento internacional que difícilmente podrá ganar Uribe.
Agobiados entonces por la necesidad de no permitir que una visión liberal y políticamente incluyente del pasado se imponga en la memoria nacional, Uribe y los conservadores reunidos en torno a él han enfilado sus esfuerzos para dejarle claro a las próximas generaciones que Colombia no se volvió un mejor país por la firma de un pacto político con una guerrilla revolucionaria, sino por la acción de la mano dura uribista. Para ello:
- Nombraron a un negacionista del conflicto como director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Esta decisión ha sido recibida con comprensible desconfianza por las asociaciones de víctimas que han retirado sus archivos del CNMH por temor de lo que les pueda pasar (es decir, porque pueden ser destruidos). Además, el nuevo director quedará a cargo de la construcción del Museo Nacional de Memoria Histórica, donde muchos nacionales y turistas adquirirán la memoria del conflicto armado colombiano (o de la derrota de la amenaza terrorista, según el uribismo) por muchos años.
- Le han puesto todo tipo de trabas, incluyendo la desfinanciación, a la Comisión de la Verdad, entidad producto del Acuerdo de Paz, encargada de hacer un informe comprehensivo sobre el conflicto colombiano. Mientras tanto, se sigue atacando por todos los flancos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su contraparte judicial.
- No se ha avanzado en la ejecución de la Ley 1874 de 2017, que ordena fortalecer la enseñanza de la historia en los colegios y establece una comisión de expertos para escoger con criterio académico los contenidos de historia que se enseñarán. Mientras tanto, las editoriales privadas siguen presentando en sus textos escolares al gobierno de Uribe como una hazaña, sin prestarle atención a las críticas que la investigación histórica ha demostrado que se le puede hacer, se han bautizado bibliotecas con el nombre del expresidente y el Centro Democrático amenazó con proyectos de ley que restringen la libertad de cátedra.
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Por fuera de la lista he dejado los recientes relevos en la dirección de entidades como la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, porque estos cambios son algo propio de los cargos de libre nombramiento y remoción en el Estado. Sin embargo, hacerlo cuando todavía no ha terminado la polémica por el nombramiento de Darío Acevedo en el CNMH despertó muchas suspicacias, a pesar de que el gobierno al final dejó en la dirección del Museo Nacional y de la Biblioteca Nacional a profesionales idóneos para dichas entidades.
No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nos pregonan una falsa historia.
Más controversial ha sido la designación del filósofo y escritor Enrique Serrano en el Archivo General de la Nación. Serrano no es historiador de profesión y algunos de los libros que ha escrito sobre historia de Colombia han sido criticados por otros académicos por su fuerte carga hispanista y conservadora.
Además, en el Archivo General de la Nación reposan documentos tan importantes como los del antiguo DAS, que serán necesarios para futuras investigaciones y que sin duda muchos quisieran destruir para evitar culpas. Por eso todos estaremos muy vigilantes de las acciones de Serrano al frente de esta entidad. Pero, a pesar de todo esto, el nuevo director todavía no ha dado pie para ser criticado por sus acciones.
Lea en Razón Pública: Darío Acevedo o la verdad de los conversos.
La memoria desde abajo
 Gabriel García Márquez Foto: Facebook Gabriel GArcía Márquez |
La memoria impuesta desde arriba siempre será tendenciosa y amiga del poder. Por eso, lo sorprendente no es que ahora el gobierno quiera usar el CNMH para impulsar cierta memoria de la guerra, sino que durante diez años se haya permitido que esta entidad hiciera un trabajo ponderado por su profesionalismo.
Todavía nos quedan los más de ciento cincuenta libros y documentales que ha producido el CNMH, en los que denuncia la barbarie de guerrilla, paramilitares y Estado, y que pueden ser usados en trabajos pedagógicos en todo el país. También continúan las investigaciones de académicos independientes y de las mismas comunidades sobre lo que ha pasado en décadas de guerra.
No está mal que haya visiones de la memoria que sean contradictorias o que se enfoquen en aspectos distintos del pasado, y que debatan entre ellas. Lo inaceptable es que, por razones ideológicas, el partido ganador de unas elecciones descarte olímpicamente un pasado que la investigación histórica ya ha comprobado.
La memoria puede ser falible y manipulable. Pero la historia no es simplemente una opinión, sino una disciplina científicamente orientada que busca llegar lo más cerca que pueda de la verdad. En tiempos de falsas noticias y falsa ciencia, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nos pregonan una falsa historia.
*Historiador.
