El Tigre y la manada - Razón Pública
Foto: Discurso: “Firmes en lucha contra el narcoterrorismo y la criminalidad”

El Tigre y la manada

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Detrás de la figura del Tigre hay una concepción del poder que convierte al enemigo en una amenaza existencial. El nuevo estatuto antiterrorista es el instrumento para derruir el Estado de derecho y el derecho internacional humanitario.

Más que una estrategia publicitaria

Entre amigos y críticos del gobierno de Abelardo De la Espriella circula la idea de que su triunfo electoral fue producto de una estrategia publicitaria que supo venderlo como una marca que las mayorías electorales compraron.

Pensaban muchos —economistas ortodoxos y más bien liberales y de centro, que votaron por el Tigre por salir de Petro y por evitar la caída en el comunismo — que, pasada la campaña electoral, ADLE habría de abandonar el disfraz publicitario de Tigre para presentarse ante la sociedad como un gobernante serio, con la cara pública de un economista ortodoxo como su vice.

El hecho de que, como presidente en ejercicio, ADLE haya seguido apareciendo aquí y allá con su disfraz de Tigre, exhibiendo su poder y capacidad de producir terror, como esos actores de teatro que se enamoran de su personaje y se quedan viviendo en él, es un fuerte indicio de que estaban equivocados.

La verdad es mucho más preocupante. En las pasadas elecciones las mayorías electorales no votaron por el Tigre de las Zucaritas de Kellogg’s, sino por el tigre de Darwin.

Hoy, por lo menos en lo que atañe a la nueva izquierda y a la nueva derecha, el biologismo darwinista está más vivo que el historicismo marxista. Lo del Tigre y la Manada no es publicidad de temporada, es una teoría del Estado muy similar a la que fuera dominante durante buena parte de la primera mitad del siglo XX, en tiempos del nazismo, del fascismo y del franquismo, y de las dos grandes guerras que asolaron a Europa y al mundo.

El darwinismo social y político de entonces, trasladado a Colombia, jugó un papel fundamental durante el gobierno de Laureano Gómez y se cristalizó en su proyecto de Constitución estamental, al igual que en su campaña de homogeneización ideológica y de exterminio de liberales y comunistas, al grito de “viva la Virgen del Carmen”, “viva el Partido Conservador” y “viva Cristo Rey”, durante los primeros años de la Violencia interpartidista.

Ahora reaparece, repotenciado, en las circunstancias muy críticas y tensas del mundo de hoy.

La teoría del Estado del Tigre

Mi tesis, recogida de forma apretada, es la siguiente:

La nueva derecha tiene una teoría del Estado mucho más autoritaria que la de la vieja derecha, uribista y conservadora. No es casual, reitero, que se sirva, para conceptualizarla, de la analogía del Tigre y la manada.

La violencia del Tigre es reactiva y se dispara para proteger a la manada del peligro existencial que encarnan, para su supervivencia, las alimañas/terroristas. La respuesta del Tigre no tiene que ser proporcional. No hay que tratar de minimizar los daños colaterales. El tigre, siguiendo su instinto retributivista, destripa.

Los frenos y contrapesos del hoy decaído constitucionalismo liberal —incluidos esos viejos muros de contención contra la arbitrariedad de los monarcas absolutistas que son los derechos fundamentales— son percibidos por el gobierno del Tigre como obstáculos para la defensa de la manada.

Para defender eficazmente a la manada hay que compactarla. 

Y para esto nada es mejor que la puesta en escena de liturgias teocráticas y la puesta en práctica de políticas culturales de homogeneización de la población y de borrado del pluralismo.

Lo que es igualmente importante: la respuesta reactiva del Tigre distribuye asimétricamente los papeles de la víctima y el victimario, con lo cual hace imposible la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) como estatuto jurídico que regula, de forma simétrica, el comportamiento militar del Estado y de sus oponentes armados.

De ejércitos rebeldes a terroristas

El darwinismo político abelardista se entiende mejor si se lo mira sobre el trasfondo de la historia reciente del DIH y del terrorismo.

Dentro del arco temporal que se desplegó entre el nacimiento de las FARC (1964), en los albores del Frente Nacional, y las negociaciones de La Habana (2016), todos los gobiernos, incluidos el de Uribe y el de Santos, tienen en común que hicieron la guerra dentro del marco de los imaginarios del delito político y del DIH como criterios de legitimidad comportamental. La Constitución del 91, con su bloque de constitucionalidad para los tratados de derechos humanos, facilitó que el DIH entrara en el país con mucha fuerza.

El tipo penal del “terrorismo” no tuvo mucho desarrollo en Colombia porque las cortes frenaron su despliegue, tanto en tiempos del Estatuto de Seguridad de Turbay como en los de las leyes antiterroristas de Uribe.

Alentado por la furia antiterrorista que desataron los atentados del 11 de septiembre, Uribe decía que no tenía lugar un conflicto armado sino un ataque terrorista contra la democracia, pero introdujo manuales de operaciones en función de la diferencia entre situaciones regulables por el DIH o por los derechos humanos. 

El poder de decidir quién es terrorista

En el seno de la ONU, a pesar de múltiples esfuerzos, no ha sido posible un consenso en torno a una definición sustantiva del delito de terrorismo.

Mientras Estados poderosos del hoy llamado Norte global, como Estados Unidos, Inglaterra y Francia, se oponen a que se tipifique el terrorismo de Estado, los del Sur global, sobre todo la Liga Árabe y la Unión Africana, apoyados por la actitud ambigua de China y de Rusia, se oponen a que las luchas contra el dominio colonial y contra los ejércitos de ocupación sean calificadas como terrorismo.

Sin acuerdo en torno a una definición sustantiva del delito de terrorismo, después del atentado del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, la Resolución 1373 de 2001 del Consejo de Seguridad les ordenó, sin embargo, a los Estados miembros de la organización que ajustaran su legislación para combatirlo.

Se ha dado, con ello, un giro radical desde un derecho penal que criminaliza los actos hacia un derecho penal que criminaliza a los actores y, en último término, hacia el primado de lo político sobre el derecho.

Parafraseando a Carl Schmitt, cabe decir que después del 11 de septiembre, soberano es quien, a su arbitrio, maneja la máquina rotuladora mediante la cual se determina quiénes —individuos o grupos— son terroristas.

Alrededor de 60 Estados han adecuado desde entonces su legislación interna a las exigencias del Consejo de Seguridad. Pero a diferencia de El Salvador, Colombia no siguió ese camino.

Foto: Comandante fuerza pública

La nueva política contra el terrorismo

Hoy las cosas están cambiando.

La servidumbre voluntaria del gobierno del Tigre frente a las políticas de Trump y su Escudo de las Américas, el pedido retórico al Consejo de Seguridad para que defina qué es terrorismo, la sustitución de la Alta Consejería de Paz por la nueva Alta Consejería para el Terrorismo y la presentación de un proyecto de estatuto antiterrorista que, entre otras perlas, le entrega al Consejo de Seguridad Nacional la competencia para elaborar listas domésticas de organizaciones terroristas y adopta como propias las listas de personas y de organizaciones terroristas elaboradas por las máquinas rotuladoras del gobierno estadounidense, de la Unión Europea y del Consejo de Seguridad, son indicadores de que el estatuto jurídico-político del terrorismo va a desplazar al DIH y al derecho penal político.

Bajo el manto regulador del nuevo estatuto antiterrorista habrá, sin duda, menos preocupación por el principio de proporcionalidad, por el principio de distinción y por el tamaño de los daños colaterales.

A través de la figura de la participación en concierto para delinquir —leído por los jueces como una joint criminal enterprise— con fines terroristas, me temo que a quienes apoyen a los manifestantes, en desarrollo de protestas sociales no del todo pacíficas, los van a cazar con un rastrillo amplio.

La participación en terrorismo habrá de diseminar la responsabilidad penal como si fuera gripa.

Así las cosas, el DIH ya no será parte del marco jurídico que regule el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales. O quedará muy subordinado, como dispositivo que autoriza, pero que poco o nada limita la actuación de los organismos de seguridad.

Se va a apelar mucho más a la Convención de Palermo del 2000 contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Por lo demás, se calificará de terrorista a quien no se someta.

La JEP y las Fuerzas Militares

El gobierno del Tigre quiere matar dos pájaros de un solo tiro: la JEP y el DIH.

La JEP es hija de un acuerdo de paz entre partes que se autorrepresentaban como ejércitos regulares, jerarquizados y uniformados, que transgredían, pero que creían en la autoridad moral del DIH, y que a la hora de negociar la paz lo adoptaron como marco principal para el juzgamiento de su actuación.

La JEP se levantó y desplegó durante años como una suerte de clon doméstico de los tribunales ad hoc establecidos al amparo de Naciones Unidas. Por ello, la muerte del DIH y de la JEP están profundamente imbricadas.

Matar o debilitar la JEP, a través, por ejemplo, de crear en la Justicia Penal Militar una instancia que revise sus sentencias, les haría un daño profundo a las Fuerzas Militares y a su imagen pública.

Pasadas por el fuego purificador de los rituales de reconocimiento de la JEP, las Fuerzas Militares de hoy son moralmente más sólidas y gozan de mayor legitimidad que en el pasado.

Ocultar a estas alturas la realidad establecida de los falsos positivos sería como querer tapar el sol con las manos. Pondría a nuestras Fuerzas Militares bajo eterna sospecha.

Y, por su parte, reemplazar el DIH por el terrorismo, además de eliminar el único estatuto jurídico calificado para juzgar adecuadamente la actuación militar del Estado y de sus oponentes armados, le causaría grave daño a la capacidad del Estado para sacar la protesta social del conflicto armado, en detrimento del derecho a protestar pacíficamente.

Le recomendamos: Abelardo de la Espriella: populismo, religión y autoritarismo.

Acerca del autor

Iván Orozco Abad
Ivanor@razonpublica.org.co | + posts

*Especialista en derecho constitucional y teoría jurídica, y doctor en ciencia política por la Universidad de Maguncia.

1 comentarios

Iván Orozco Abad

Escrito por:

Iván Orozco Abad

*Especialista en derecho constitucional y teoría jurídica, y doctor en ciencia política por la Universidad de Maguncia.

Comentarios de “El Tigre y la manada”

  1. Excelente columna. Gracias. Solo una acotación. Los tigres no andan en manada, salvo en familia cuando están criando. Así las cosas…¿qué pasará con esta manada cuando el tigre muestre que de verdad le gusta andar solo?

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