Un cambio de gobierno puede corregir los silencios de la memoria oficial o simplemente invertirlos. La diferencia no se descubre preguntando si el nuevo relato es de izquierda o de derecha, sino examinando qué voces están disponibles para discutirlo.

Las recientes controversias en torno al Museo Nacional de Colombia forman parte de un fenómeno más amplio. En Argentina, Javier Milei cuestiona las políticas de memoria del kirchnerismo y promueve una “memoria completa”, argumentando que las interpretaciones anteriores privilegiaron los crímenes de la dictadura y relegaron la violencia ejercida por las organizaciones guerrilleras. En Chile, José Antonio Kast decidió no realizar actos oficiales por el aniversario del golpe de Estado de 1973. Aunque las decisiones difieren, todas reflejan la voluntad de los nuevos gobiernos de revisar la relación del Estado con determinados episodios del pasado.

Un gobierno legítimo tiene derecho a modificar sus políticas culturales, revisar exposiciones y establecer prioridades presupuestarias distintas de las de sus predecesores. Además, no toda iniciativa dedicada a la memoria histórica debe depender indefinidamente de las subvenciones públicas. Una causa que conserva arraigo social puede mantenerse viva gracias a asociaciones, investigadores y ciudadanos, incluso sin respaldo gubernamental. De hecho, la ausencia de actos oficiales no impidió que los partidos de oposición y diversas organizaciones sociales conmemoraran el aniversario del golpe de Estado. Sus representantes se reunieron ante el monumento a Salvador Allende para expresar su desacuerdo con la decisión de Kast. Al mismo tiempo, la falta de financiación estatal no siempre refleja la importancia que se otorga a la memoria: preservar archivos y testimonios puede requerir recursos de los que las comunidades afectadas no disponen. Lo fundamental es que las decisiones del Gobierno no impidan que otras interpretaciones sigan siendo investigadas, difundidas y debatidas.

Fuera del museo

Algunas de las piezas retiradas del Museo Nacional reaparecieron como reproducciones frente a su edificio: los manifestantes las llevaron a la calle. La escena permite distinguir dos cuestiones. Por una parte, retirar una obra de una exposición no equivale a borrar su recuerdo de la sociedad. Por otra parte, las organizaciones pueden movilizarse, reconstruir sus propios relatos y cuestionar las decisiones gubernamentales. Pero tampoco basta con comprobar que pueden protestar para concluir que el espacio de discusión permanece intacto.

En dos salas del museo, 47 de 426 piezas analizadas habían sido retiradas. La selección no fue uniforme y el Ministerio de Cultura defendió la intervención como una medida contra la apología del delito y la revictimización, pero no hizo públicos los criterios curatoriales específicos que permitieran comprenderla.

Incorporar testimonios previamente omitidos, incluidos los de víctimas de las guerrillas, podría ampliar la discusión histórica. Retirar, en cambio, piezas sobre procesos de democratización y movimientos sociales exige explicar qué criterio profesional justifica su exclusión. No porque todo objeto deba permanecer para siempre en la misma vitrina, sino porque una institución pública debe poder explicar qué perspectivas incorpora, cuáles retira y por qué.

Los límites de una revisión

En Argentina, las decisiones del gobierno de Milei muestran por qué conviene examinar más allá del discurso oficial. En marzo de 2025, el Ejecutivo anunció la desclasificación de documentos sobre la dictadura que permanecían en manos de los servicios de inteligencia. Dos meses después, reorganizó el Archivo Nacional de la Memoria y eliminó la disposición que facultaba a su dirección para acceder directamente a los archivos de organismos estatales, incluidas las Fuerzas Armadas, y solicitarles documentación. El propio decreto, sin embargo, mantiene el compromiso de conservar los fondos existentes y garantizar su accesibilidad. Por tanto, no se puede afirmar que los archivos hayan quedado cerrados. La pregunta es cómo la reforma afectó la capacidad efectiva para investigarlos.

En Chile, el debate se desplaza hacia los recursos. El proyecto presupuestario de 2027 contempla una reducción del 25,3% para el Programa Sitios de Memoria, en el marco de un recorte general del 10,1% en el Ministerio de las Culturas. La asignación al Museo de la Memoria se mantiene sin aumento nominal. Ninguna de estas cifras demuestra por sí sola un intento de censura. Pero tampoco basta con invocar la austeridad: conservar documentos, edificios y testimonios supone costos concretos.

Los dos casos obligan a distinguir entre la legitimidad de revisar las prioridades y los efectos de esa revisión sobre las posibilidades reales de conocer y discutir el pasado.

El desacuerdo no es un fracaso

Las disputas sobre el pasado difícilmente pueden resolverse mediante una interpretación definitiva: la memoria colectiva se reconstruye dentro de marcos sociales que cambian con el tiempo. Al transformarse las identidades políticas, también cambia la importancia que se atribuye a los acontecimientos. Pretender que una interpretación permanezca al margen de toda controversia resulta tan poco realista como esperar que desaparezcan las diferencias ideológicas.

Importa distinguir entre las formas de confrontación: una disputa entre enemigos que buscan eliminarse y otra entre adversarios que reconocen mutuamente su derecho a participar en la política. Esa diferencia se aplica también al pasado: las sociedades pueden conservar recuerdos discrepantes sin que ello conduzca necesariamente a la violencia.

Pero reconocer la legitimidad del desacuerdo no implica equiparar todas las afirmaciones. Una cosa es discutir las causas políticas de una dictadura o de un conflicto armado, y otra, negar crímenes establecidos mediante documentos, testimonios e investigaciones rigurosas. Las interpretaciones pueden competir, pero sus afirmaciones fácticas deben someterse a las mismas exigencias de prueba.

La prueba de la alternancia

Existe una manera de evaluar las políticas de memoria que no depende de la orientación ideológica del Gobierno: preguntarse qué medios de revisión de sus decisiones conservarán los ciudadanos y sus sucesores políticos. Una exposición puede modificarse nuevamente, un documento destruido o un archivo deteriorado representa una pérdida irreversible.

Esta diferencia permite distinguir entre las prioridades culturales de un gobierno y las condiciones necesarias para continuar investigando el pasado. Ninguna exposición tiene que permanecer intacta indefinidamente, ni todo proyecto memorial merece financiación a priori. Pero las decisiones deben dejar abiertas las posibilidades de revisar lo conservado, cuestionar lo expuesto y recuperar perspectivas temporalmente relegadas.

La evaluación requiere examinar aspectos concretos: si las decisiones curatoriales están suficientemente justificadas, si los documentos siguen siendo accesibles y si investigadores y organizaciones pueden cuestionar públicamente la interpretación institucional. No se trata de exigencias arbitrarias. La preservación y el acceso a los archivos forman parte de los principios internacionales de transparencia y responsabilidad pública, mientras que la ética profesional de los museos exige proteger las colecciones y facilitar su estudio.

El precedente colombiano es revelador. Bajo la dirección de Darío Acevedo, durante el gobierno de Iván Duque, el Centro Nacional de Memoria Histórica modificó el guion de Voces para transformar a Colombia, una exposición creada con la participación de víctimas. La JEP ordenó preservar la colección y, en 2022, declaró un desacato. No era el mismo museo, pero sí una disputa sobre quién puede alterar un relato institucional y hasta qué punto.

En la controversia actual, un juzgado de Bogotá ordenó conservar las piezas retiradas y no desmontar otras por su contenido sin una decisión administrativa justificada. La Defensoría del Pueblo exigió explicaciones técnicas y jurídicas, mientras que seis museos cuestionaron públicamente el retiro. Ninguna de estas actuaciones resuelve todavía el fondo del asunto, pero preservan la posibilidad de examinarlo y revertir decisiones.

Esa es la diferencia entre modificar una política cultural y cerrar las posibilidades de revisarla. Las prioridades cambian; los documentos, las colecciones y los mecanismos de control deben permitir que esas decisiones sean examinadas posteriormente.

La verdadera prueba de una revisión llegará cuando sus propios autores abandonen el poder. Si entonces resulta posible discutir y corregir sus decisiones, la disputa sobre el pasado seguirá abierta.

El pasado no pertenece al vencedor

Los gobiernos reciben un mandato temporal, mientras que las consecuencias de sus decisiones sobre la memoria pueden extenderse durante generaciones. Una medida puede ser legal y contar con respaldo electoral y, aun así, restringir las posibilidades de investigar el pasado.

Esto no obliga a conservar intacta cada exposición ni a financiar indefinidamente todas las iniciativas de memoria. Exige distinguir entre el derecho de un gobierno a establecer prioridades y la posibilidad de convertir esas prioridades en límites al conocimiento histórico. El criterio no debería ser cuántos ciudadanos adoptan la interpretación promovida por el Estado, sino qué oportunidades conservan quienes discrepan de ella para aportar pruebas, investigar y hacerse escuchar.

La reconciliación puede ser una consecuencia deseable de estas condiciones, pero no una obligación que el Estado deba imponer a la sociedad ni el criterio principal para evaluar sus políticas de memoria. La ciudadanía no tiene por qué compartir una misma interpretación de la historia. Lo que sí se puede garantizar es que ninguna victoria electoral determine definitivamente qué será posible conocer y discutir sobre ella.

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