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El sacudón de la reforma a la justicia

Escrito por Medófilo Medina
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medofilo medinaNo fue tan solo un manotazo del Congreso. Fue un proceso concertado entre Santos, Vargas Lleras, la Unidad Nacional y los magistrados para amnistiar a los parapolíticos. Pero la indignación nacional forzó al gobierno a inventar un mamarracho para deshacer aquel otro mamarracho. Esta es la historia.

Medófilo Medina

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La reforma era una especie de Ley de Punto Final  para la parapolítica. Si la reforma se hubiera consolidado, habríamos asistido a una amnistía general de los parapolíticos.
Foto: Presidencia.

¿Viene la calma?

“Y con la resaca a cuestas
Vuelve el pobre a su pobreza 
Vuelve el rico a su riqueza 
Y el señor cura a sus misas”.

Eso dice Joan Manuel Serrat en su canción Fiesta. Y es eso lo que hay que evitar después de la tormenta que produjo la aprobación de la reforma a la justicia, luego de “la noche nefanda” de las conciliaciones.

El sacudón mostró las grietas profundas que cuartean al sistema político colombiano. Se equivocan de tajo quienes se limitan a censurar al Congreso. El proceso de reforma a la justicia comprometió a las tres ramas del Poder Público: ejecutiva, legislativa y judicial, involucró a los partidos políticos y escenificó durante casi dos años una verdadera parada del “personal político” que gobierna o representa en Colombia.

Quienes alientan una posición auténticamente democrática, moderna, deben deslindarse del intento de tranquilizar a la opinión pública echando mano a las tecnologías cinematográficas del happy ending. También deben permanecer alertas frente al designio de quienes invitan, frenéticos, a una fuga hacia delante. Por el contrario: se debe mantener en la controversia ciudadana el proceso del proyecto de acto legislativo y su caída estrepitosa.

El concierto….

El artículo 13 de la Constitución de 1991 muestra un derrotero institucional: “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. Lo que se advierte, sin embargo en el proceso de elaboración y aprobación de la reforma es una especie de sostenido concierto para delinquir protagonizado por la mayoría de la gente que conforma los órganos del Poder Público.

No es aceptable la tesis de quienes se empeñan en presentar la reforma como un cuerpo que se formó y desarrolló de manera saludable y al que le inocularon a última hora, la hora de las conciliaciones, peligrosísimos virus.

Muestras tempranas

Ya en agosto de 2010 el presidente Santos presentó a la Cortes lineamientos básicos de la Reforma a la justicia [1]. Si bien entre ellos figura la obsesión de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura para reemplazarlo por un Consejo Superior Judicial, en aquel documento ya se consignaban concesiones anticipadas para lograr la aprobación del proyecto: Se le quita la función de juzgamiento de los magistrados a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y se establece un procedimiento endogámico en las Cortes para las investigaciones a los magistrados. Se eleva la edad de retiro forzoso de los miembros de las cortes de 65 a 70 años, sin obviar el mal gusto de incluir a los magistrados que ocupaban los cargos en el momento. Se limita la aplicación del uso de la tutela con respecto a los miembros de las cortes, mediante complicaciones para tramitar el recuso. Son elementos difícilmente compatibles con un proyecto que proclamaba buscar la transparencia, la modernización y el fácil acceso de los ciudadanos a la justicia.

La venta del alma al diablo

Pero la pieza maestra para asegurar la aprobación en el Congreso fue el proyecto anterior que presentó el Gobierno, y donde se eliminaba el régimen del conflicto de intereses para los congresistas que participen en debates de reformas constitucionales. El ministro del Interior y Justicia Germán Vargas Lleras participó activamente en la preparación de este texto, lideró el proceso que lo convertiría en el Acto Legislativo No. 1 de 2011.

Medofilo_Medina_Reforma_justicia_polo_democraticoQuienes alientan una posición democrática, moderna, deben deslindarse del intento de tranquilizar a la opinión echando mano del cinematográfico del happy ending.
Foto: Polo Democrático

Con esa jugada quedaron habilitados para participar en las reformas constitucionales los numerosos congresistas que estaban siendo investigados por la Sala Penal de la Corte Suprema o por el Consejo de Estado. En esa condición se encontraba cerca del 35 por ciento de los parlamentarios en ejercicio -proporción que recuerda a aquella tercera parte de los legisladores sobre la cual dijo Mancuso que debía su elección a los paramilitares.

Vargas Lleras, como figura emblemática del clientelismo, no ignoraba –como tampoco lo ignoraba el presidente Santos– que el mencionado acto legislativo era premisa fundamental para que saliera adelante la reforma a la justicia y cualquier reforma constitucional que quisiera presentar el gobierno. Con el paso anterior el gobierno se echó la soga al cuello comprometiendo de antemano el conjunto de su iniciativa legislativa.

Y los magistrados guardan silencio

En el camino de consolidación del concierto, el proyecto de reforma incorporó la ampliación del período de los magistrados de las cortes sin que la mayoría de ellos mostrara alguna incomodidad ética. Al fin y al cabo habían participado alegremente en la fiesta de eliminación del régimen del conflicto de intereses con respecto a los congresistas.

No sigo acá con el recuento y análisis de las diversas medidas que incorporó la reforma a la justicia antes y después de la artera acción de los conciliadores. Estos temas han sido examinados en otros varios artículos de Razón Pública, incluyendo los de María Teresa GarcésArmando NovoaJorge Iván Cuervo, Rodrigo Uprimmy, Hernando Llano Ángel y Hernando Gómez Buendía.

Un proyecto histórico

Para el presidente Santos, para su gobierno y para la Unidad Nacional, el proyecto de reforma a la justicia tenía una significación histórica estratégica. Para apreciar bien este punto es preciso enlazar esta reforma con el citado Acto Legislativo No.1 de 2011.

Durante el último cuarto de siglo, Colombia ha sufrido una fuerte “renovación” del personal político. Antes, los cambios en este terreno transcurrían de manera muy dosificada. Una carrera política era acompasada por mecanismos de cooptación y tendía a presentarse en términos de sucesión de generaciones. Esa tecnología probada de producción de las élites del poder resultó drásticamente rebasada por el impacto del narcotráfico en la economía y la sociedad. Los narcotraficantes, transgrediendo los códigos de la mafia universal, intentaron hacer política directamente y fracasaron ruidosamente. Entonces los narcos volvieron a la política “razonable” de financiar agentes sin necesidad de sustituir a los políticos profesionales. Por su parte los políticos crecidos en los espacios del clientelismo frentenacionalista estuvieron prestos a beneficiarse de recursos frescos y prodigiosamente abundantes. Para entender el fenómeno hay que mirar a otros componentes.

-Por un lado los procesos novedosos de regionalización y municipalización que se iniciaron desde el decenio de 1980 incorporaron nuevos personajes a la escena política.

-Por otro lado la insurgencia encontró en el narcotráfico los recursos para mantener una guerra que se hacía muy costosa. Las guerrillas, que han sido una expresión de los colonos sobre todo, hoy lo son también de colonos como son los pequeños cultivadores de coca y de los raspachines; esta circunstancia atenuaba los conflictos éticos que pudiera causar el nuevo método para financiar la lucha armada.

-Sobre ese telón de fondo el paramilitarismo -nacido en los conflictos por la tierra entre ganaderos, latifundistas, colonos, campesinos y guerrilla- recibió un poderoso impulso del narcotráfico. La narcopolítica nace y florece en ese sistema complejo de relaciones y da lugar a la parapolítica que rompió todos los controles. Hoy no es posible trazar líneas tajantes entre élites políticas tradicionales, salvo ejercicios poco imaginativos sobre oligarquías santafereñas y nuevos promociones paisas. .

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El ministro del Interior y Justicia Germán Vargas Lleras participó activamente en la  preparación de la Reforma a la Justicia.
Foto: Facebook de Germán Vargas.

Pero sí ha madurado la conciencia de que es preciso establecer unas convenciones básicas de la política para no seguir construyendo una narco- democracia. Diversos hechos confirman este malestar y surgen movimientos que ocasionalmente expresan tal estado de ánimo. Recuérdese, por ejemplo, la candidatura de Antanas Mockus en la primera vuelta de la pasada campaña electoral.

Ahora bien: la reforma a la justicia pasó a convertirse en una especie de Ley de Punto Final para la parapolítica. Si la reforma se hubiera consolidado, habríamos asistido a una amnistía general de los parapolíticos. Ese proyecto fracasó por ahora.

La tarea de superar la narcopolítica y de construir un sistema democrático debe ser planteada de manera clara. Cualquier camino indirecto volverá a reeditar trampas mortales.

Las repercusiones

Le dijo el presidente Santos a María Isabel Rueda: “El grave error fue que el ministro apoyó la conciliación sin haberse dado cuenta de sus repercusiones [2]”.

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Los magistrados de las cortes participaron alegremente en la fiesta de eliminación del régimen del conflicto de intereses con respecto a los congresistas.
Foto: Presidencia.

Ya arriba se aludió a la cuota que puso la conciliación en todo el proceso. Llama la atención el término usado por Santos: “repercusiones”. No dice por ejemplo consecuencias, no se refiere a contenidos. ¿Franqueza del presidente? ¿Distracción del político? ¿Cinismo del jugador? ¡Averígüelo Vargas!

Las repercusiones fueron las que alcanzó en la opinión pública la aprobación de la reforma. Repercusión en algunos medios de comunicación, impacto en las redes sociales, eco en corrientes políticas como el Polo, estupor en organizaciones sociales. Todas estas manifestaciones son entonces parte de la situación política que puso en evidencia el sacudón y que a su vez lo configura. Esta reacción democrática de indignación es portadora de una promesa de cambios positivos. Puede que esas “repercusiones” se queden ahí, puede que resulten desvirtuadas por una política furiosa, pero también pueden ser encausadas en relación con un programa de reformas sociales y políticas profundas.

Mamarracho 1, mamarracho 2

En lo inmediato el presidente Santos tuvo éxito y usó con habilidad las “repercusiones”, el sacudón, al acudir a las objeciones y la convocatoria a sesiones extras del Congreso que derogó la reforma a la Justicia.

Pero: ¿cómo olvidarse que un “mamarracho” -expresión que usaba Laureano Gómez para designar paquetes como el de la hundida reforma- se superó mediante otro mamarracho jurídico? Hay que rechazar con fuerza la idea de que las objeciones de Santos y las sesiones extras para considerar una reforma constitucional ya aprobada deban tomarse como precedentes y ser usadas como moneda sana.

Es cierto que juristas respetables se emplearon en legalizar conceptualmente la salida presidencial, acudiendo a construir una retorcida jurisprudencia a base de extraer fragmentos de sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia que no podían extenderse al caso actual: es el peligro de ejercicios eruditos que pueden llevar aguas al molino del estado de opinión.

Por su parte Juan Gabriel Gómez después de un cotejo de las constituciones latinoamericanas y la de Estados Unidos concluye como para tener en cuenta la inconsistencia de la innovación colombiana: “La única constitución en América Latina que le permite al presidente objetar parcial o totalmente una reforma constitucional es la de Chile. Este poder de freno fue una invención del gobierno de Pinochet. Quedó plasmada en la Constitución de 1980, aprobada en un cuestionable plebiscito. Es una de las instituciones más odiosas de la dictadura que todavía siguen incrustadas en el actual régimen.

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