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El rotundo fracaso del combate a la pobreza

Escrito por César González

César gonzalezMientras Uribe se dedica a la reelección, la pobreza es objeto de medición pero no de mejorías.

César González Muñoz*

El Plan de Desarrollo 2006 -2010 señalaba que al finalizar este cuatrienio el índice de pobreza se debía reducir al 39.6%, partiendo del 49.2% en 2006 "con la expectativa de alcanzar niveles (sic.) del 35%".  Hablaba, igualmente, de reducir el porcentaje de población en situación de indigencia del 14.7% al 8%. Es más: Hace un año el DNP en su rendición de cuentas declaró que las metas firmes para 2010 eran el 35% y el 8%. No se necesita fungir de profundo analista social o económico para afirmar que éstos deberían ser los propósitos fundamentales de la sociedad y del gobierno de Colombia. Para cualquier observador de las instituciones políticas, que no estuviera marcado por el síndrome de la reelección y del continuo choque de trenes entre el Congreso y el gobierno, por un lado, y las cortes, por el otro, una tarea esencial del poder legislativo es el control político de las estrategias públicas contra la pobreza y su hermana siamesa, la desigualdad.

Pues ya sabemos. La Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (Mesep), cuyos miembros incluyen el Dane y el DNP, entregó un primer informe que es la escritura pública del fracaso.  Los números son: pobreza del 46% e indigencia del 18%. Y Colombia sigue en el podio latinoamericano en desigualdad de ingresos.

El Congreso seguirá mirándose un ombligo que tiene mugre de pura mecánica electoral y re – electoral, de transfuguismo, de inhabilidades, de búsquedas afanosas de favorabilidad penal. En el Congreso, el control político de este fracaso público de la sociedad y del gobierno no va  pasar de las obvias imprecaciones de la oposición parlamentaria, una oposición arrollada por el tren de las mayorías amigas del gobierno.

Ya se oyen voces que culpan a la crisis global de la distancia enorme entre la realidad y la letra muerta de la Ley del Plan, como si esta sola coyuntura, por grave y dañina, fuera capaz de explicar lo que ocurre. Por otra parte, ya el DNP, miembro de la MESEP, ha tratado de hacer  enjundiosas explicaciones sobre las complejidades de la medición de las condiciones sociales. Bizancio, en su máxima expresión.

Es significativo, pero casi nadie le para bolas a eso, que la Ley del Plan 2006 – 2010 concentra sus estrategias contra la pobreza en el lenguaje de los subsidios, de la Red de Protección Social, del "acompañamiento para emprender proyectos de vida y su inserción autónoma en procesos productivos y de emprendimiento y a los demás componentes del sistema de protección social" (Ley 1151 de 2007, 3.1). Y es igualmente interesante que en la misma norma legal se dice que "La reducción de la pobreza dependerá en buena medida del cumplimiento de otras metas, especialmente en el área social, pero también en infraestructura, vivienda, seguridad y justicia, entre otros" (íd.).  La opción estratégica es clara: La base del combate a la pobreza y la desigualdad consiste en una visión asistencialista del progreso social. Esa opción ha fallado rotundamente.  Entre tanto, el desempeño de la economía, el tamaño y la eficiencia de la inversión estatal en la provisión de bienes públicos son vistos como asuntos mencionables sólo de paso como factores claves de la lucha contra los peores males de esta sociedad.

Sin duda, el Estado tiene grandes obligaciones asistencialistas a favor de la gente que sufre las peores agresiones de la pobreza: Millones y millones de colombianos y colombianas. Pero una política de este corte, para ser eficaz, necesita claridad de enfoque y de gestión, y necesita un Estado con los recursos financieros para todo ello. Pero la política tributaria mira en la dirección contraria.

 

 *Miembro fundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí. 

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