No se trata de legalizar la prostitución, de facilitar la vida de los proxenetas ni de agravar las desigualdades de género, sino de garantizar los derechos sociales básicos y prevenir la violencia contras las mujeres que ejercen este oficio.
Paola Andrea Salazar*
El proyecto
En los últimos meses y en esta misma revista se registraron voces que se oponen al proyecto de ley 79 de 2013, mediante el cual se reglamenta el ejercicio de la prostitución en Colombia. La mayoría de las veces sin embargo estas críticas se basan en el desconocimiento o en la distorsión de lo que dice y lo que busca el proyecto.
El proyecto en cuestión garantiza los derechos individuales y sociales de las personas mayores de 18 años que recurren al ejercicio de la prostitución como una forma de obtener ingresos para ellos mismos y para sus familias. La ponencia aprobada en plenaria del Senado avanza en la definición de reglas claras y de responsabilidades del Estado en materia de seguridad social, salud, oportunidades concretas de trabajo, educación y prevención de la violencia contra las trabajadoras sexuales.
La mayoría de las veces sin embargo estas críticas se basan en el desconocimiento o en la distorsión de lo que dice y lo que busca el proyecto.
Es importante recordar que el texto del proyecto resultó de una serie muy extensa de consultas y consensos entre varios sectores sociales y políticos, y de organizaciones como la Corporación Opción, la Asociación Nacional de Mujeres Buscando Libertad (ASMOBULI), Sueños Sin Límites, la Fundación Fénix y el Proyecto Fondo Mundial VIH, así como de las secretarías de Integración Social y de la Mujer del Distrito Capital, entre otras organizaciones y entidades.
La iniciativa se prepone comenzar a saldar la deuda histórica con las trabajadoras sexuales, contrarrestar las mafias y despejar la “zona gris” donde se mueve esta actividad, en una especie de “excepcionalidad” plagada de riesgos y exclusión social.
Debo aclarar que la propuesta no consiste en legalizar la prostitución, porque la prostitución en Colombia no es ni ha sido ilegal. El proyecto más bien pretende reglamentar ciertas condiciones para su ejercicio, siempre que estén involucrados mayores de edad y medie el libre consentimiento.
Por eso la propuesta reconoce que la prostitución en Colombia es un fenómeno social complejo y multifacético, producto de causas socioeconómicas y psicosociales relacionadas con la violencia y la falta de oportunidades laborales.
Quienes ejercen la prostitución
Los pocos estudios que se han hecho sobre este fenómeno muestran que tiene rostros de “clase” y de “género” concretos, pues la gran mayoría (96 por ciento) de quienes ejercen la prostitución son mujeres, casi siempre de sectores populares.
Las causas para optar por esta actividad se encuentran tanto en la precariedad del mercado laboral para las mujeres, como en situaciones de pobreza, violencia y desigualdad que las empujan a ganarse la vida mediante la venta de servicios sexuales.
Para ilustrar algunos de los problemas de las mujeres en Colombia cabe citar el estudio de la Escuela Nacional Sindical, según el cual la pobreza afecta en un 30 por ciento más a las mujeres entre los 20 y 59 años, pues en este rango de edad se encuentran las mayores tasas de desempleo (11,2 por ciento en 2013). Además, el 42 por ciento de las mujeres pobres trabajan por cuenta propia, y ocupan el grueso de empleos de baja productividad. Como si fuera poco, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres asciende a un 20,9 por ciento. Existen 4,5 millones de trabajadoras que son madres cabeza de familia y deben asumir solas la responsabilidad del cuidado, la crianza y el sostenimiento económico de sus hijos o personas a cargo.
De acuerdo con la Secretaría de Integración Social en su Caracterización de personas en ejercicio de prostitución 2009-2012, hay 2.721 trabajadoras sexuales en Bogotá, y según un estudio del Ministerio de Salud, hay 3.753 en Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga. No obstante, según otros estudios, en la sola ciudad de Medellín habría 25.000 personas que ejercen la prostitución bajo diversas modalidades.
Según la Secretaría de Integración Social de Bogotá (2012), el 85 por ciento de las personas que ejercen la prostitución ingresaron a ella debido a la mala situación socioeconómica y el desempleo. Estas cifras coinciden con las del Ministerio de Salud (2008) para las cuatro ciudades principales, donde la mayoría de las trabajadoras sexuales se encuentra entre 20 y 34 años, es decir, son parte de la población económicamente activa. De ellas, el 80 por ciento son madres cabezas de familia y tienen en promedio 3 personas a cargo; y el 70 por ciento pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Además, el 85,5 por ciento no completan el nivel educativo de cubrimiento universal (básica primaria, básica secundaria o media vocacional). Casi la cuarta parte de las mujeres no están cobijadas por la seguridad social en salud y el 65 por ciento de las trabajadoras sexuales consideran necesario ocultar su trabajo para recibir los servicios médicos.
Así, vista en contexto, la prostitución resulta de la falta de oportunidades y la precarización laboral de las mujeres, y se adopta como último recurso para atender las necesidades propias y las de sus familias.
Sin garantías laborales
Más del 60 por ciento de las trabajadoras sexuales afirma cumplir con un horario laboral, el 80 por ciento recibe pagos directamente, pero solo una proporción ínfima (6 por ciento) afirma tener contrato.
Por otra parte, el 99 por ciento no están afiliadas a un régimen de pensiones y el 100 por ciento carece de cobertura para riesgos laborales. Esto sin contar los riesgos relacionados con la violencia y los abusos que deben asumir de manera solitaria y permanente.
Por lo anterior es evidente que optar por la prostitución no representa “una decisión ni una vida fácil”. Por eso, el proyecto de ley 79 de 2013 reconoce que este no es un trabajo como cualquiera otro y necita de reglamentación especial, así como garantías específicas para satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de quienes lo ejercen.
También por eso es un deber ineludible de los legisladores, los medios de comunicación, la academia y la ciudadanía oír por vez primera la voz y las demandas de las trabajadoras sexuales.
Vista en contexto, la prostitución resulta de la falta de oportunidades y la precarización laboral de las mujeres.
Contrariamente a lo que piensan algunas feministas, no creo que sea posible adoptar los modelos abolicionistas extranjeros de manera acrítica, repitiendo los errores en materia de riesgos en salud y seguridad para las trabajadoras sexuales.
Tampoco cabe aplicar “desde el escritorio” una solución punitiva que criminalice un problema social tan complejo, pues es del todo irreal suponer que de un día para otro pueda decretarse la desaparición total de esta actividad.
Esto también implica, por supuesto, que el proyecto de Ley no va a solucionar mágicamente la compleja realidad, pero sí abre una puerta y es una herramienta para empezar a construir una política pública que tenga en cuenta las dimensiones de la prostitución.
Por eso mismo resultaría incomprensible desperdiciar la oportunidad para atender a la difícil situación de miles de mujeres que también son trabajadoras y merecen la solidaridad de todos para ser sujetos de su propia historia y encontrar otras posibilidades de vida.
* Politóloga y candidata a maestra en Historia de la Universidad Nacional, asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora Gloria Inés Ramírez Ríos, coordinadora ponente del proyecto de ley No. 79 de 2013 (Senado).
