El plebiscito de 2016, el de 1957 y la Constituyente de 1991 - Razón Pública
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El plebiscito de 2016, el de 1957 y la Constituyente de 1991

Escrito por Juan Cristóbal Restrepo

Comparación inquietante entre tres grandes momentos de ruptura en la historia reciente de Colombia. Los parecidos en el contexto político, los métodos adoptados y las implicaciones de estas tres rupturas no serían saludables para nuestra democracia.    

Juan Cristóbal Restrepo*

 

El Presidente Juan Manuel Santos.

Dos plebiscitos

En una historiografía como la nuestra, donde suelen destacarse los héroes, los hechos puntuales y las anécdotas, las referencias al plebiscito de 1957 suelen nombrar a Alberto Lleras y Laureano Gómez; recordar la votación del 1 de diciembre de 1957 (el primer ejercicio del derecho al sufragio por parte de las mujeres) y el hecho de que esta fue la fórmula política que permitió la superación de La Violencia y la instauración del Frente Nacional.

Pero evocar lo acontecido hace 59 años puede ayudar a acercarnos al posible desarrollo del plebiscito de 2016, el de la refrendación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

En esta ocasión, el plebiscito tendrá lugar en medio de un ambiente político caldeado, que se refleja en el tipo de titulares sobre el último debate del Acto Legislativo para la Paz: “En gresca de Mininterior y uribismo terminó aprobación de blindaje jurídico de Acuerdo de Paz” (El Espectador); “Duro choque entre Gobierno y uribismo en el Senado” (El Tiempo); “El último ‘round’ del acto legislativo por la paz” (Semana); o “A gritos terminó la aprobación del acto legislativo para la paz” (RCN).

Del plebiscito del 57 a la Constitución del 91

Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez.
Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez.
Foto: Biblioteca Luis Ángel Arango

En 1987 la Corte Suprema de Justicia, ante una demanda de los Decretos Legislativos 247 y 251 de 1957 y del plebiscito de ese año, señaló su incompetencia para juzgar los actos del constituyente primario.

En 1990 este mismo tribunal expidió la sentencia de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1926 de aquel año, decreto que hizo posible “la Constituyente como camino” en medio de la violencia guerrillera y narcoterrorista y de una legislación marcial bajo el estado de sitio. Sobre la base de la paz y de la expresión constituyente primaria como máxima voluntad política, la Corte recordó las rupturas en el constitucionalismo colombiano, su regeneración continua y los creativos remedios coyunturales a las permanentes crisis institucionales:

El plebiscito de este año también rehúye los métodos precisos que establece la Constitución vigente para aprobar reformas constitucionales.

“Como la nación colombiana es el constituyente primario, puede en cualquier tiempo darse una constitución distinta a la vigente hasta entonces sin sujetarse a los requisitos que ésta consagraba. De lo contrario, se llegaría a muchos absurdos: el primero de ellos que la reforma Constitucional de 1957 no vale por haber sido fruto de un plebiscito; que también fue nugatoria la de 1886 por no haberse sujetado a los dificilísimos procedimientos previstos por la Constitución de Rionegro (1863) para modificarla”.

Este absurdo “no vale/sí vale” muestra que la existencia de una ruptura institucional sabida, sentida y consentida otorga legitimidad a las reformas e incluso a una nueva Constitución. De este modo el plebiscito de 1957 y la Constitución de 1991 tuvieron varios denominadores comunes:

  • Violencia política con trasfondo social,
  • Un acuerdo excluyente de élites mutuamente reconocidas,
  • Referencias a la opinión pública,
  • Sujeción de las Fuerzas Militares,
  • Expedición de normas jurídicas que abren el paso de la ruptura y le dan apariencia de legalidad,
  • Blindaje jurídico de lo pactado y su incorporación a la Constitución.

El plebiscito de 2016

El plebiscito de este año también rehúye los métodos precisos que establece la Constitución vigente para aprobar reformas constitucionales: se presentó como un Acto Legislativo y se bautizó como un “plebiscito”.

¿Pero se trata otra vez de una es ruptura institucional? o, en otras palabras, ¿de un nuevo “absurdo “no vale/sí vale”?

Para apreciar las características de este nuevo proceso es útil señalar lo mucho que él tiene en común con el plebiscito de 1957 y la Constitución de 1991:

  • La persistencia de un contexto de violencia social y política en torno a la propiedad de la tierra, el desarrollo rural, la defensa de los derechos humanos y la presencia de nuevos actores políticos más allá de un multipartidismo marcadamente “bipartidista”.
  • La suscripción de un pacto entre élites y guerrillas, que se percibe como excluyente y en el cual se define lo relativo al desarrollo agrario integral, la participación política, las drogas ilícitas, las víctimas del conflicto y la dejación de armas.
  • Una opinión pública polarizada entre la paz santista y la paradójica resistencia civil del uribismo.
  • La aceptación por parte de las Fuerzas Militares de la vía civilista.
  • El trámite de reformas legales y constitucionales que reviven viejas experiencias de anormalidad, como decir:  
  • El “congresito constituyente” del 91;
  • El “procedimiento constituyente y legislativo especial”, que restringe la iniciativa al gobierno, consagra trámites preferenciales, limita la autonomía del Congreso para modificar los proyectos de ley y sujetos esos cambios al aval del gobierno, recurre a sesiones extraordinarias para desarrollar funciones constituyentes, constriñe la votación a la totalidad de los proyectos y restringe el control de constitucionalidad;
  • Las facultades presidenciales legislativas especiales para expedir decretos con fuerza de ley;
  • La adopción de un blindaje jurídico que le otorga al Acuerdo Final el rango de “acuerdo especial” según los Convenios de Ginebra de 1949, y contempla que “ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y Desarrollo del Acuerdo Final”.
  • La consagración de un blindaje político que se concreta en una participación ciudadana circunscrita a la refrendación electoral del Acuerdo Final a través del plebiscito por la paz, con amenazas por parte del presidente Santos sobre una  ion guerra en las ciudades y un aumento de impuestos si en las urnas fracasa la refrendación.

Un viejo plebiscito y una nueva aventura

Bancada del Centro Democrático en el Congreso.
Bancada del Centro Democrático en el Congreso.
Foto: Congreso de la República de Colombia

Todas las coincidencias señaladas ayudan a entender el panorama actual, uno en el que el presidente tiene muy baja imagen positiva, la coalición partidista-burocrática es débil y la agresiva oposición se muestra fuerte.

De cara a las elecciones de 2018, asusta que el procurador Alejandro Ordoñez aparezca fungiendo como defensor de la Constitución del 91 (al igual que Álvaro Uribe y que Fernando Londoño), mientras se mantiene la apatía urbana hacia lo rural y el campo sigue sometido a múltiples poderes ilegales.

Estamos ante una ruptura institucional sabida, sentida y consentida.

Estas pistas nos llevan a afirmar que estamos ante una ruptura institucional sabida, sentida y consentida. El eje de la misma fue la solución que primero apareció con el ex fiscal Montealegre y su demanda ante la Corte Constitucional, la solución que finalmente adoptaron las partes en La Habana al acordar que “el gobierno impulsará inmediatamente un Acto Legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el Acuerdo Final en un artículo transitorio”. De esta manera La Habana vino a ser al tiempo  la querida, la rechazada y la temida “vía constituyente primaria”.  

Apareció entonces el “blindaje necesario”, gran sapo que debemos tragarnos quienes hemos votado por la paz desde 1991 y la anhelamos para nosotros y para las nuevas generaciones.

Esperamos que esta nueva aventura ofrezca la posibilidad de reconstruir en la realidad y no solo en las normas las relaciones sociales de los colombianos, el desarrollo territorial diferencial y la frágil institucionalidad del país.

 

* Profesor asistente de la facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, director de la maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública y de Especializaciones de la Universidad Javeriana

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