El Plan Nacional de Desarrollo y el medio ambiente: del dicho al hecho falta trecho - Razón Pública
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El Plan Nacional de Desarrollo y el medio ambiente: del dicho al hecho falta trecho

Escrito por Juan Pablo Ruiz
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Juan Pablo Ruiz SotoEl Plan de Desarrollo para los próximos años contiene avances innegables en articular la dimensión ambiental con el desarrollo económico, pero quedó muy débil en cuanto a los recursos y la capacidad institucional del sector. Mucho depende ahora de cómo se organice el nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Juan Pablo Ruiz Soto

Buenas ideas pero pocos dientes

Como miembro del Consejo Nacional de Planeación (CNP) he seguido de cerca la evolución de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 desde su versión original presentada en noviembre del año pasado y pasando por la versión ajustada de febrero de este año, hasta llegar a la ley 1450 de Junio 16 del 2011 que adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (PND).

Si bien, en materia ambiental, la mayor parte de los comentarios del CNP al documento inicial fueron incorporados a la versión ajustada, quedan vacíos graves en cuanto a la asignación de recursos y el diseño institucional para llevar a cabo esas políticas. Por eso digo de entrada que del dicho al hecho falta un buen trecho.

Un presupuesto irrisorio

Los ambientalistas proponíamos que el PND se organizara alrededor de una política ambiental única y envolvente, inspirada en el uso sostenible del capital natural y la atención al cambio climático (CC) con sus respectivos impactos sobre el bienestar de los colombianos.

Y aunque el Plan no fue tan lejos, en su versión original las Bases incluían una sección sobre “Gestión ambiental para el desarrollo sostenible” y otra sobre “Gestión del riesgo de desastres y buen gobierno para comunidades seguras”. Entre las líneas de acción específicas que menciona el Plan pueden destacarse:

  • El funcionamiento del Sistema Nacional Ambiental.
  • La financiación estatal de proyectos ambientales.
  • La formulación y ejecución de la estrategia nacional de adaptación al cambio climático, y
  • La atención a damnificados y reconstrucción de la infraestructura afectada por el desastre invernal.

Sin embargo a estos propósitos se les asignaba apenas el 0,24 por ciento del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Como punto de referencia, el PND de 1998 asignaba tres veces más recursos a la Política Ambiental -0,71 por ciento del (PGN)-. Solo para igualar lo asignado en el Plan de 1998, la gestión ambiental debería disponer de 2 billones de pesos en el actual PND.

Otros recursos posibles

Los ambientales propusimos que además de aumentar los recursos asignados desde el PGN, se adicionaran a este renglón otras dos fuentes:

  • Los recursos propios de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), 4 billones de pesos en el cuatrienio
  • Las inversiones obligatorias de los entes territoriales, 2 billones de pesos, según el artículo 111 de la ley 99 de 1999.

Sugerencias ignoradas

Hicimos otras recomendaciones importantes sobre el lugar y el alcance de la variable ambiental en un plan general de desarrollo, que en realidad no fueron atendidas:

  • Apoyar con recursos económicos y técnicos adicionales y crecientes el desarrollo institucional del sector para atender a dos fenómenos emergentes: las demandas resultantes del CC, y las de las llamadas “locomotoras” del desarrollo bajo el nuevo gobierno.
  • Al documento le faltaba análisis y una propuesta de desarrollo desde la economía ambiental. No se examinaba la relación entre gestión ambiental y desarrollo. Se consideraba lo ambiental más desde una perspectiva ética de conservación para las generaciones futuras que desde su articulación con el desarrollo económico y el bienestar.
  • Faltaba valorar la riqueza y diversidad en recursos naturales renovables como factor productivo.
  • Los servicios ambientales locales y globales asociados con los ecosistemas naturales no se mencionan como parte de una estrategia de desarrollo.
  • Se hablada de sostenibilidad ambiental, pero faltaba precisar mecanismos, metas e indicadores para lograr este propósito.

Ya en relación con los componentes específicos del PND, resalto algunos de los aspectos mencionados en los comentarios del CNP:

  • En Innovación para la competitividad el análisis no incorporaba al capital natural renovable como factor productivo ni como frente de innovación.
  • En Infraestructura para la competitividad no se planteaba una estrategia de adaptación de la infraestructura al Cambio Climático.
  • En Agricultura y desarrollo rural no se asignaban recursos a la investigación de nuestro medio natural como recurso productivo, a la producción agroecológica certificada y la agricultura orgánica, ni el apoyo al eco y agro turismo, para transformar la diversidad ecosistémica en capital natural y riqueza social.
  • Como una herramienta de gestión ambiental, propusimos el pago por servicios ambientales para solucionar conflictos por uso del espacio, con beneficios en aguas, suelos y conservación de la base natural.
  • Sobre minería y expansión energética proponíamos que los recursos para las instituciones ambientales que hacen seguimiento a estas empresas aumentaran en proporción al volumen de las inversiones en el sector. En efecto: los recursos asignados a la gestión ambiental se han mantenido constantes, mientras que la inversión en minería parece haber crecido exponencialmente; así lo indica el hecho de que en 2002 el área titulada para exploración/explotación minera fuera de 1,1 millones de hectáreas (0,98 por ciento del territorio del país) y que pasó a ser de 8,4 millones en 2009 (7,5 por ciento del territorio). Además, hay 40 millones de hectáreas adicionales solicitadas para titulación (36 por ciento del país) actualmente en estudio por parte del Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS).

Las Bases aludían a la necesidad de definir y ejecutar una política nacional de Cambio Climático, pero no establecían prioridades, metas ni mecanismos financieros precisos.

Sugerencias recogidas

No obstante lo anterior, la versión ajustada de las Bases que hoy forma parte de la Ley 1450, atiende varios de los comentarios del CNP.

  • Dice que el objetivo de la política ambiental es garantizar la recuperación y el mantenimiento del capital natural y de sus servicios ecosistémicos como soportes del bienestar y el crecimiento económico.
  • Admite la importancia de asegurar que el crecimiento de los diversos sectores cumpla con parámetros de sostenibilidad.
  • Propone una atención decidida a la interdependencia ambiente-desarrollo para frenar el deterioro ambiental, los procesos inadecuados de ocupación y uso del territorio y los impactos negativos del CC.
  • Asocia las variables de riesgo por deterioro ambiental con el CC y el ordenamiento territorial.
  • Menciona instrumentos relevantes para la conservación (preservación, protección, restauración y uso sostenible) del capital natural, mediante la incorporación de variables ambientales en cada una de las locomotoras y regiones.
  • La propuesta de regionalización parte de reconocer las características biogeográficas y los servicios ambientales asociados para el desarrollo de las varias regiones.
  • Propone metas de conservación y uso de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y de gestión integral del recurso hídrico.
  • En cambio climático y adaptación se compromete con:
    • una Política Nacional de CC formulada y en ejecución,un Sistema Nacional de CC creado,un Plan Nacional de Adaptación al CC formulado con su respectiva estrategia financiera y una estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono formulada y ejecutada mediante planes sectoriales de mitigación.
  • En Buen gobierno para la gestión ambiental se adoptan metas concretas como:
    • un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible creado,
    • un Plan de acción ambiental para Colombia diseñado,
    • una estrategia financiera del SINA desarrollada e implementada,
    • una Política nacional de información ambiental adoptada y en ejecución,
    • un programa nacional de monitoreo ambiental diseñado e implementado, y
    • una estrategia de participación ciudadana y transparencia diseñada y en ejecución.
  • En Desarrollo minero y expansión energética, la ley del Plan menciona la necesidad de aportar lineamientos ambientales al Plan Nacional de Ordenamiento Minero.
    • Dice que en los ecosistemas de páramos y humedales no podrán adelantarse actividades agropecuarias, ni de exploración o explotación de hidrocarburos y minerales.
    • Propone hacer la evaluación de los pasivos ambientales generados por las actividades minero-energéticas, e identificar nuevas fuentes de recursos para la recuperación y gestión de las zonas afectadas.
  • En Infraestructura de transporte propone incorporar los escenarios de CC y los determinantes ambientales en los proyectos de infraestructura.
  • Habla de cómo el reto que plantean las locomotoras, exige una institucionalidad ágil, moderna, transparente y descentralizada, basada en la mejor información técnica y científica.

Algo más de dinero

Los ajustes conceptuales son sin duda positivos, pero el punto crítico aparece al estudiar la sección presupuestal.

Si bien se crea una nueva sección denominada Respuesta Ola Invernal y se le asignan 17 billones del PGN, las secciones de Gestión ambiental para el desarrollo sostenible y Gestión del riesgo mantienen la misma asignación de PGN que en la versión inicial.

Como cambio relevante en estas secciones, se incorpora presupuesto descentralizado (de la CAR) por 5,3 billones de pesos y presupuesto de los territorios por 1,8 billones de pesos. En la versión actual, el presupuesto total para Ambiente y Desarrollo Sostenible es de 7,8 billones de pesos, de los cuales solo 0,6 billones provienen propiamente del PGN.

Lo que queda y lo que sigue

En conclusión, el PND incluye buenos argumentos conceptuales y abre espacios para mejorar la gestión ambiental, pero hay una enorme deficiencia en la asignación de recursos del Presupuesto Nacional, más todavía frente al doble desafío del CC y el impacto previsible de las llamadas locomotoras del desarrollo.

En el Plan Nacional de Desarrollo casi todo depende del presupuesto descentralizado y territorial. La gestión ambiental quedó débil en financiación y en institucionalidad.

Resulta pues urgente que el nuevo Ministerio del Ambiente cuente con recursos y con soporte político suficientes para entrara a dialogar con los demás actores que determinan si el desarrollo de Colombia será o no será sostenible. La sociedad civil debe presionar para que lo que hasta ahora son avances y pequeñas victorias ambientales en el PND, tomen fuerza en la gestión del Gobierno.

* Economista. Gerente de Desarrollo Organizacional en Epopeya Colombia. Representante Ambiental al Consejo Nacional de Planeación.

Para ver las notas de pie de página, pose el mouse sobre el número.

 

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