Un análisis sobre lo que dice y lo que no dice el nuevo plan para el sector, más una precisión importante que parece que el gobierno olvidó.
Rubén Sánchez* – Juan Carlos Ruiz**
Lo que no es
El pasado 6 de febrero desde el fuerte militar de Tolemaida, el presidente Duque presentó el plan de su gobierno para la defensa y la seguridad.
Pero la “Política de defensa y seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad” tiene un problema: no es una política pública, como lo anuncia su título.
Una política pública es un conjunto de acciones gubernamentales encaminadas a resolver un cúmulo de problemas de interés público y que involucra un diagnóstico, unos objetivos y los medios para alcanzarlos en un tiempo y con un presupuesto determinados, lo que permitirá evaluar el éxito de la política.
El documento presentado por la administración es más bien un compendio de buenas intenciones expresadas sin rigor técnico ni precisión. El plan propone una serie de objetivos y numerosas tareas, pero el contenido es vago y no pasa de ser una “hoja de ruta”, pues no contiene los demás elementos de una verdadera política pública.
Según el texto, el propósito es “reestablecer el principio de autoridad y defensa de la legalidad” en el territorio nacional. Los objetivos, que fueron recogidos en reuniones con la fuerza pública, autoridades locales y consejos de seguridad del presidente, abarcan desde la participación en misiones de la paz de la ONU hasta asegurar el pago de las pensiones de la fuerza pública.
El documento propone, por ejemplo:
- Una diplomacia para la defensa con alianzas cooperativas con otros países.
- Desarticular los grupos armados organizados.
- Lograr el control del territorio.
- Mejorar la gobernabilidad y la rendición de cuentas del sector defensa.
- Garantizar la calidad de vida de los agentes de seguridad y defensa.
Aunque sin duda hay ideas atractivas y necesarias, el plan olvida temas tan importantes como:
- La integración acelerada y definitiva de la mujer en la fuerza pública.
- El sostenimiento presupuestal del sector.
- El tamaño del pie de fuerza.
- La reforma integral del Ministerio de Defensa.
- El aumento de salarios de soldados y policías.
Controlar el territorio
Foto: Alcaldía de Barranquilla |
Según el plan, la principal amenaza es la falta de presencia del Estado en regiones de narcotráfico y minería ilegal donde actúan grupos armados organizados que depredan los recursos naturales. Por eso su primer eje estratégico es proteger el agua, la biodiversidad y el medio ambiente, que considera como interés nacional “principal y prevalente”. Los otros cuatro ejes son:
- La cooperación internacional en materia de seguridad,
- La disrupción del delito (interrupción brusca del negocio ilícito, fragmentación y disolución de los grupos delincuenciales),
- La innovación científico-tecnológica, y
- El paso del control militar al control institucional del territorio, dado que “el despliegue de la fuerza pública es insuficiente, se necesita el respaldo de los ciudadanos”. Por eso el Plan propone crear una red de participación cívica en regiones consideradas estratégicas.
El documento presentado por la administración es más bien un compendio de buenas intenciones expresadas sin rigor técnico ni precisión.
El documento contempla entonces tres escenarios que pueden darse en el territorio y que serían objeto de intervenciones secuenciales, así:
Fase 1. Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII). Son espacios donde la presencia estatal es precaria, con altos índices de criminalidad y de necesidades básicas insatisfechas.
Fase 2. Zonas de Construcción de Legalidad (ZCL). Territorios donde existen condiciones mínimas de seguridad, que sin embargo deben ser consolidadas y dar paso al control institucional.
Fase 3. Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad (ZLEE), donde las amenazas provienen principalmente de la delincuencia común y donde la seguridad debe estar a cargo de la Policía Nacional.
El documento no precisa cuáles son estas zonas, pues afirma que los espacios geográficos de cada una serán determinados por el Consejo de Seguridad Nacional.
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La dimensión internacional
Foto: Alcaldía de Barranquilla. |
Como toda política pública, la de defensa y seguridad del gobierno Duque busca orientar o modificar la conducta de grupos específicos cuyo comportamiento sería la causa el problema que se busca resolver.
En este caso se establece el crimen organizado transnacional como grupo objetivo y para contrarrestar sus acciones se propone fortalecer el componente civil del sector defensa, reanimar el Consejo de Seguridad Nacional y fortalecer el ministerio de Defensa para doblegar el terrorismo y restablecer la autoridad.
El documento traza una hoja de ruta para mantener la capacidad de disuasión del Estado, estrechar las alianzas con otros Estados y obrar en pro de la paz y la seguridad internacionales, sin perder de vista amenazas externas relacionadas con la intención de afectar la integralidad territorial. Para lograrlo, la política identifica cuatro campos de acción:
- Disuasión y diplomacia para la defensa y la seguridad.
- Control institucional del territorio.
- Desarticulación de grupos organizados.
- Institucionalidad para la defensa y la seguridad.
A partir de allí se contemplan los objetivos estratégicos y se identifican las líneas de política para cumplirlos.
Lo que no dice
En su parte final, el documento dedica varias páginas a la protección, la profesionalización y el bienestar de los miembros de las fuerzas armadas y sus familias, pero deja en la penumbra u omite otros temas de suma importancia.
En primer lugar, el documento no establece prioridades claras. Es evidente que la base física del Estado comprende su población, su territorio, sus recursos naturales y toda la riqueza de la sociedad. Pero dado que los recursos disponibles siempre son escasos y el tiempo es limitado, es necesario establecer cuáles asuntos deben tener prelación sobre los otros.
En segundo lugar, una política de seguridad y defensa no puede limitarse a lo punitivo y reactivo. En el plan del gobierno no hay claridad conceptual sobre la prevención de amenazas de origen interno o externo ni hay un análisis de los medios necesarios para alcanzar las metas previstas.
Otro asunto preocupante es el de la seguridad ciudadana. A pesar de su importancia en los sondeos de opinión, el tema sigue siendo la cenicienta de los planes de seguridad y defensa. Según el documento, el ministerio de Defensa y la Policía “buscarán consolidar un modelo de seguridad ciudadana que tenga como propósito proteger a la población y anticipar las amenazas”.
Semejante vaguedad confirma que las altas esferas del gobierno no tienen en la cabeza una verdadera política nacional de seguridad ciudadana. En otras palabras, el plan es que habrá un plan.
Una política de seguridad y defensa no puede limitarse a lo punitivo y reactivo.
También es alarmante la idea de invitar a la sociedad a conformar una red de informantes. La responsabilidad y protección de la seguridad ciudadana, como sentimiento colectivo causado por la presencia de un peligro relacionado con la delincuencia, recae sobre el Estado. Hacer corresponsable de esta tarea a la sociedad encierra muchos peligros, como se ha visto en el pasado.
Hay que tener en cuenta que las personas no construyen su percepción de inseguridad sobre la base de las cifras oficiales, sino en función del contexto de su vida cotidiana. Por eso, la percepción ciudadana de inseguridad no abarca, por lo general, el conjunto de delitos, ni siquiera los de mayor gravedad, entre los que se encuentran los de cuello blanco ligados a la corrupción que deslegitima las instituciones.
Por último, el documento se concentra en el narcotráfico e ignora otros delitos que afectan particularmente a las zonas urbanas.
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Lo que debería ser
Una política pública no se diseña ni se ejecuta en el vacío. Los recursos con que cuenta cada sector y todos en su conjunto influyen en su concepción, y de manera significativa en sus resultados. Este tema ni siquiera se aborda en el documento.
Otro punto discutible es el de la profesionalización y el bienestar de unos servidores llamados a hacer carrera en inteligencia, a quienes se debe capacitar para que estén a la altura de las circunstancias.
El documento anuncia que se fortalecerá el elemento civil del sector defensa, pero pasa por alto que los civiles que trabajan en la Dirección Nacional de Inteligencia, una de las instituciones que componen el Consejo de Seguridad Nacional, son funcionarios de libre nombramiento y remoción, lo cual no asegura una administración suficientemente confiable.
Una cosa es asegurar la presencia de la población civil en el sector defensa y seguridad y otra la militarización de las agencias civiles del Estado. En suma, además de la sensación de estar en presencia de una política inacabada, se tiene la impresión de que se confunde la seguridad del Estado con la del régimen. Por algo se omite un capítulo que trate el tema de rendición de cuentas.
Quizás lo primero sería definir lo que se entiende por “política pública”, “plan”, “estrategia”, “programa”, “hoja de ruta” o “iniciativa”. Esta sola precisión permitiría evaluar los alcances y posibilidades de éxito de la administración Duque en los temas de seguridad y defensa a la luz de esta reciente propuesta.
* Profesor de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario.
** Profesor titular de la Universidad del Rosario, Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Oxford, máster en Administración Pública (ENA, Francia), Administración de Empresas (Universidad Laval, Canadá) y en Ciencia Política (Universidad de los Andes).
