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El Perú de Ollanta Humala

Escrito por Óscar Murillo
Oscar-Murillo

Oscar MurilloEl nuevo gobierno peruano se estrena enfrentando serias protestas masivas de sus propios votantes. El Perú está viendo los límites del modelo minero-exportador. Sigue creciendo, sin inclusión social y sin generar empleo.

Óscar Murillo Ramírez*

Inicios auspiciosos

Una vez terminada la segunda vuelta presidencial en el Perú, la agenda del nuevo gobierno de Ollanta Humala se concentraba en cuatro retos:

  • Mantener el crecimiento económico y recuperar la confianza de los inversionistas tras el desplome del día siguientes a las elecciones, de 12,5 por ciento en la bolsa de valores;
  • Construir una agenda efectiva de redistribución social del crecimiento económico;
  • Mantener una gobernabilidad estable y basada en los respaldos variados que obtuvo en campaña, y
  • Mantener relaciones internacionales no conflictivas.

La señal de partida para hacer frente a estos nuevos retos se dio el propio el 28 de julio, día de la posesión de Ollanta Humala: en su discurso reafirmó lo dicho en campaña, pero juró ante la Constitución de 1979 y no ante la vigente de 1993, gesto de alto valor simbólico.

Tal como sostuvo en declaraciones para CNN el 23 de septiembre, la razón fundamental de esta acción radica en subrayar que la Constitución de 1979 fue la última constitución de origen democrático, y aunque su mandato se encuentre reglamentado por la constitución de 1993, esta arrastra la sombra oscura del cierre del congreso y la búsqueda ilegítima de mecanismos reeleccionistas.

Fantasmas que se esfuman

A partir del pasado 28 de julio hasta la fecha, varios elementos de análisis resultan significativos:

  • Primero, se ha desmitificado la presunta inclinación “bolivariana” o “chavista” que tanto se usó en campaña para desprestigiar a Humala. Aunque se especuló sobre la orientación internacional que podría tomar el nuevo presidente peruano, lo cierto es que tenemos un gobierno ciertamente conectado con un mundo cada vez más multipolar.

A manera de ejemplo habría que señalar cómo en el discurso pronunciado por Humala en la 66ª Asamblea General de Naciones Unidas reafirmó los valores del multilateralismo, subrayó la labor que su gobierno busca realizar al reducir la pobreza y la exclusión, la necesidad de “democratizar la democracia” y expresó su compromiso con lo que denomina la “gran transformación” del Perú: inyectar desarrollo al crecimiento económico para generar mayor calidad de vida.

Además, el gobierno Humala estuvo en sintonía con gran parte de los países de la región (a excepción de México y Colombia) que expresaron su apoyo al reconocimiento del Estado Palestino. 

  • Un segundo fantasma que se deshizo ante los hechos concretos fue la supuesta intención de reformar o de sustituir la constitución.
  • Igualmente, negar la validez de los acuerdos comerciales internacionales suscritos por el Perú no aparece en el radar, habiendo sido otro elemento sobre el cual se creó tanto temor público durante la campaña presidencial.

De candidato a presidente

Hasta el momento, Humala goza de cierta imagen favorable entre la población. La encuesta realizada por la firma Ipsos Apoyo-Opinión y Mercado registró un respaldo del 56 por ciento para noviembre pasado. Esta cifra debe compararse con la del mes inmediatamente anterior, cuando alcanzó un 62 por ciento de popularidad.

La explicación de este descenso de 6 puntos se encuentra sin duda en el creciente conflicto social y en el manejo político y social que el gobierno le ha dado. Las protestas se han focalizado en general sobre conflictos socio-ambientales, aunque otras causas han desencadenado protestas violentas, como la de Cañete, cuya chispa fue la ampliación del penal La Cantera.

Por su parte, los conflictos socio-ambientales están centrados en la minería y sus efectos sobre los recursos hídricos, lo que ha terminado por agrupar a sectores importantes de la sociedad civil en varias regiones del Perú como Áncash, Cajamarca y Apurímac. En el caso de las protestas en el distrito de Vincho en Ayacucho, el conflicto socio-ambiental gira en torno a la construcción de un gasoducto.

Humala el Out Sider

Muchos políticos de oposición han aprovechado estas protestas para atacar a Humala. La excandidata presidencial Keiko Fujimori, por ejemplo, señaló que las protestas eran un síntoma de falta de autoridad y una consecuencia del tono radical que Humala usó en la campaña presidencial [1].

Lejos de lo que parece, estas protestas no necesariamente tienen una lectura en clave negativa. Por el contrario, el hecho de que se produzcan de manera espontánea refleja justamente un ambiente político nuevo y la reactivación de acciones colectivas de la sociedad, tras una larga década de los noventa, marcada por el autoritarismo y la violencia política. Aunque se presentaron algunas protestas por aquellos años, se sembró una hostilidad generalizada frente a este tipo de acciones colectivas.

Sin embargo, una característica importante de las recientes protestas masivas se encuentra en la forma como los actores demandan la solución del conflicto. En Cañete o Cajamarca, por ejemplo, las organizaciones sociales demandaban la presencia directa del presidente y los medios especularon todo el tiempo con su presunta asistencia, lo cual exacerbó los ánimos.

Un rasgo que caracterizó la campaña electoral y que ha sido una constante del sistema político peruano durante las dos últimas décadas es la debilidad de los partidos políticos como tramitadores del conflicto social. Sólo en ese contexto de crisis del sistema de partidos puede explicarse que la sociedad peruana esté demandando directamente al propio Humala la solución de los conflictos, en gran parte de los casos.

“Agua o minería” versus “agua y minería”

Desde el pasado 24 de noviembre se inició en Cajamarca, región al noreste del Perú, una huelga indefinida contra la puesta en marcha del proyecto de Minas Conga que realizará Yanacocha, la filial peruana de la transnacional norteamericana Newmont. El proyecto minero fue aprobado bajo el gobierno de Alan García y según lo previsto en el año 2010, implicaría una inversión de por lo menos 3.000 millones de dólares, para extraer 12 millones de onzas de oro y 3.000 millones de libras de cobre [2].

El gobierno defiende el proyecto bajo la premisa del compromiso social de la minería, la concertación necesaria con las comunidades, la generación de desarrollo y empleo para la región, y la protección de los recursos naturales que hacen posible la coexistencia de “agua y oro” [3]. Por su parte, las organizaciones sociales de Cajamarca, entre las cuales se encuentra el Frente de Defensa Ambiental, se oponen al proyecto por el alto costo ambiental que, según Wilfredo Saavedra, “destruye el colchón acuífero y eso es irreversible. ¿De dónde sacaremos agua? Se van a destruir seis lagunas y no se puede decir que se trasvasarán cuatro a reservorios y dos se convertirán en basureros por 19 años”.

Este conflicto ha sido el más importante que ha debido enfrentar el gobierno de Humala. Y es que la encrucijada no es fácil de resolver. Todas las promesas de campaña — cuyo foco era mantener el crecimiento y generar inclusión social— están ahora a prueba. En estos momentos se encuentra un pulso en el que tendrá que tomar partido por alguno de los dos sectores: quienes invierten y se benefician del crecimiento económico o quienes demandan inclusión social.

El crecimiento económico de 5 por ciento está soportado por el modelo minero-exportador. Un 60 por ciento del total de las exportaciones proviene del renglón minero. Perú ocupa el sexto lugar mundial como exportador de oro y se ha beneficiado del alza sostenida de los precios del metal. De ese 60 por ciento de oro que se exporta, un 37,5 por ciento proviene de Cajamarca, lo que convierte a la región en uno de los principales polos mineros del país, junto con Moquegua [4]. Adicionalmente, un 80 por ciento de la inversión que se realiza en el país corresponde a capital privado extranjero.

Pero la fuente de poder político Humala se encuentra precisamente en las regiones más conflictivas: en la Sierra y en la Amazonia fue ganador indiscutible en las pasadas elecciones. Es decir, la población a la cual prometió el cambio se encuentra inquieta. Perú tiene al 30 por ciento de su población por debajo de la línea de pobreza y un 70 por ciento de ésta corresponde a población rural ubicada en las zonas de conflicto social.

Además de la presión que ejercen sus propios electores, Humala enfrenta una oposición que se envalentona ante cualquier conflicto social, apelando a la mano dura, junto con un empresariado que aunque respalda en un 63 por ciento la gestión del gobernante, cuestiona el tratamiento dado a los conflictos sociales. En el seno de la coalición oficial existe pues un equilibrio inestable, que puede romperse en cualquier momento.

Además, se han presentado críticas desde el propio Ministerio de Ambiente, en cabeza de Ricardo Giesecke, para quien el daño ambiental será irreversible y resultarán insuficientes los 80 millones de dólares de reposición que entregará Newmont [5]. La renuncia del Viceministro de Gestión Ambiental, José Echave, ilustra las grietas en el equipo de gobierno, quien al dimitir sostuvo que no existía una estrategia real para enfrentar los conflictos sociales [6].

Perspectivas de un gobierno frágil

A pesar de que el primer día de diciembre el gobierno Humala anunció la suspensión del proyecto de Minas Conga, no se lograron acuerdos entre las comunidades y el gobierno. La respuesta oficial fue declarar el Estado de Emergencia a partir del 6 de diciembre, que regirá por un plazo de 60 días. Con ello se reafirmó el “principio de autoridad”, pero se perdió la capacidad de construir consenso.

El manejo de las protestas ha incluido fuerte represión oficial contra los manifestantes, lo cual ha puesto en duda el respaldo de la bancada de Perú Posible, el partido del expresidente Alejandro Toledo, un aliado importante del gobierno. Adicionalmente, el pasado 10 de diciembre Salomón Lerner Ghitis renunció a la presidencia del consejo de ministros, algo que se ha interpretado como una primera crisis del gobierno.

Más allá del gobierno, sin embargo, los hechos recientes muestran los límites del modelo minero-exportador. La queja de las organizaciones de Cajamarca se centraba en que no se crearían los empleos previstos. En ello tienen razón estos sectores puesto que los renglones de la economía que son intensivos en capital, simplemente no son generadores de empleo. Otro factor que hace vulnerable al modelo es su extrema dependencia de condiciones internacionales fluctuantes y el hecho de tratarse de recursos finitos cuyas secuelas ambientales en muchas ocasiones son efectivamente irreversibles.

Es claro, entonces, que la meta de inclusión social del gobierno debe aumentar la posibilidad de construir consensos, pero que ahora se requiere un modelo económico diversificado, que permita generar empleo urbano y rural, con sostenibilidad ambiental.

* Historiador de la Universidad Nacional, Estudiante de Maestría en Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO – Quito. expres-artelibre-mente.blogspot.com/

twitter@oscarmur

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