El perdón, el derecho de opinión y el trino de la senadora Cabal - Razón Pública
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El perdón, el derecho de opinión y el trino de la senadora Cabal

Escrito por William Duica

El derecho de opinar, la responsabilidad penal por daños que puede ocasionar una opinión, la decisión personal de perdonar, el uso proselitista del perdón o el no- perdón y el perdón del Estado, son asuntos que no deben confundirse en el debate.

William Duica*

Trinos peligrosos

Una vez más se ha abierto el debate acerca de las responsabilidades penales que puedan ser imputadas por cuenta de las “opiniones” expresadas en las redes sociales.

A propósito de una foto donde la señora Ángela María Giraldo, víctima de las FARC en calidad de hermana del diputado asesinado Francisco Giraldo, saluda a miembros de la mesa de negociación de La Habana, la senadora María Fernanda Cabal publicó en su cuenta de twitter: “Esta ‘víctima’ saluda a las Farc muy contenta… ¿Síndrome de Estocolmo?”.

La senadora Cabal aduce que ella tiene el derecho de opinar y que la Fiscalía la persigue   por sus opiniones sobre la falta de representatividad de las víctimas en La Habana.

Según denuncia la señora Giraldo, ese comentario dio pié a una serie de mensajes amenazantes, ante lo cual la Fiscalía General abrió una investigación para establecer la responsabilidad de la senadora Cabal en los delitos de injuria, calumnia, actos de discriminación y hostigamiento agravado.

La senadora Cabal aduce que ella tiene el derecho de opinar y que la Fiscalía la persigue   por sus opiniones sobre la falta de representatividad de las víctimas en La Habana. Y su reclamo ha encontrado eco en algunos sectores de opinión para quienes, sin importar la afinidad o repulsión que nos cause, la senadora tiene derecho a expresar sus opiniones.

Pero la controversia se mantiene porque, según parece entender la Fiscalía, si las “opiniones” constituyen u ocasionan la re-victimización del afectado, deben ser investigadas y sancionadas de conformidad con el Código Penal.

¿Puede juzgarse un perdón?

Mi desconocimiento de temas médicos me impide pronunciarme acerca de qué tan cabal es la senadora cuando escribe en su twitter, o habla, o piensa. Pero más allá de ese misterio, parece que lo que interesa aclarar es qué tan facultados estamos como sociedad para desautorizar las declaraciones de perdón de las víctimas del conflicto armado.

La pregunta viene al caso porque el trino de la senadora Cabal tiene la intención de deslegitimar a la señora Giraldo, no ya solo como representante de las víctimas, sino como víctima. Esto lo hace evidente al poner entre comillas la palabra víctima

Pero, aparentemente, hay una razón para ello y es que la señora Giraldo “saluda a las Farc muy contenta”. Así, la falta de resentimiento es interpretada por la senadora como el tipo de empatía enfermiza propia del síndrome de Estocolmo.

Este precario razonamiento no es, sin embargo, el objeto de mi crítica. Creo que no se necesita un análisis sesudo de las virtudes morales para advertir que la ausencia de resentimiento puede ser entendida como una disposición al perdón (y no necesariamente como una deformación psicológica).

Por eso, lo que me interesa es la pregunta acerca de si nosotros como sociedad civil podemos exigir o desautorizar la disposición al perdón de las víctimas.


Sede de la Fiscalía General en Bogotá.
Foto: Antena Mutante

El uso proselitista del perdón

Una de las dificultades que enfrenta el proceso de paz es el uso proselitista del perdón de las víctimas. El perdón es algo que esperamos todos los que deseamos el fin del conflicto y el inicio de un proceso de paz.

Pero en tanto la búsqueda de la paz negociada constituye o ha sido una bandera o un proyecto del actual gobierno, el perdón puede o tiende a ser visto o usado de modo proselitista, al acabar asociado con una gestión de gobierno.

Resulta entonces igualmente inapropiada la reacción de promover el no-perdón o de desautorizar las manifestaciones de perdón por parte de las víctimas. Esta reacción está lejos de cultivar un interés por las víctimas y más bien expresa un interés – también  puramente proselitista- de oposición al actual gobierno.

Así las cosas, en el afán por obtener los réditos del perdón, el gobierno puede caer en la tentación de desconocer la singularidad de las víctimas en la problemática figura de los “representantes de las víctimas”.

Y, del otro lado, en el afán de minar el avance de las transformaciones que supone el proceso de paz, la oposición puede caer en la tentación de constreñir la autodeterminación de las víctimas, arrogándose el “derecho” a descalificar su disposición de perdonar.

Las víctimas pueden ser representadas para ciertos efectos, pero en el caso del acto de perdonar, cada víctima es una singularidad irremplazable. Nadie puede perdonar por otros. Y precisamente del reconocimiento de la inalienabilidad del perdón de cada víctima se sigue que no podamos desautorizar la decisión personal de perdonar o no perdonar.

¿Derecho a opinar?

La idea de inalienabilidad tiene el efecto de remitir la acción de perdonar a un ámbito privado. Cada persona acudiendo a su formación, a su educación, a sus condiciones culturales, a lo que aprende de otros, a lo que lee, etc., encuentra en esa experiencia de vida los elementos para perdonar, es decir, para comprender lo ocurrido y comprenderse a sí misma en un contexto más amplio que el de los acontecimientos que la han victimizado.

Por eso, el perdón es una singularidad que tiene lugar en cada víctima. Es esto lo que explica que entre víctimas de un mismo hecho haya unas dispuestas a perdonar y otras no, porque las experiencias de vida son distintas y en consecuencia las condiciones para darle un determinado sentido a las circunstancias son personales.

Una de las dificultades que enfrenta el proceso de paz es el uso proselitista del perdón de las víctimas.​

Entendido de esa manera, como parte de un ámbito privado, el perdón o la disposición al perdón expresada en la ausencia de resentimiento, no puede ser objeto de opiniones públicamente ventiladas. Pero no se trata de decretar una prohibición.

No se trata de establecer por medio de una norma jurídica la prohibición de una cierta conducta. Se trata, más bien, de entender que el perdón está situado en una dimensión moral que genera un compromiso de respeto tal como el que tenemos ante la decisión de las personas de adoptar un credo.

La falta cometida por la senadora Cabal es sobre todo una falta moral. Pero en la medida en que esa falta ha dado pie a situaciones de hostigamiento que re-victimizan a la señora Giraldo, es legítimo que la Fiscalía actúe para establecer el grado de responsabilidad que le cabe a la senadora.

Pero lo importante es aclarar que no existe un derecho a la opinión en abstracto. Es decir, que la opinión no puede ser pública cuando se trata de asuntos del ámbito privado de las personas. Y el perdón que cada víctima esté dispuesta o no a conceder es un asunto privado.

Es cierto que también hay una dimensión pública del perdón que se expresa como alternatividad penal, indulto, rebaja de penas, etc., pero ese es otro asunto; y en ese ámbito es claro que existe el derecho a opinar públicamente. Pero en el caso de la senadora Cabal podemos decir, sin lugar a dudas, que no tiene derecho a opinar públicamente sobre la actitud de la señora Giraldo.

 

*Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de Filosofía. Investigador en el grupo Relativismo y Racionalidad.

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