El perdón de Santos a los indígenas: qué y cómo reparar - Razón Pública
Carlos Lozano

El perdón de Santos a los indígenas: qué y cómo reparar

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Pedir perdón no es tan sencillo: es un acto de Estado que implica el pago de las deudas pendientes, e implica un protocolo para que las comunidades despojadas e ignoradas sepan que sus demandas se han escuchado de veras.

 

Carlos Lozano Acosta*

El gesto 

El presidente Juan Manuel Santos pidió perdón en La María (Cauca) a los indígenas nasa por los daños sufridos debido al conflicto armado.

Más allá de confirmar que Santos es un “animal político” capaz de leer a las audiencias y de sorprender con declaraciones de alto impacto, cabe preguntarse qué implicaciones tiene esto para la reparación histórica a los indígenas colombianos.

Primera deuda: el despojo

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El conflicto armado no es la única violencia
que han padecido los indígenas.

Foto: arcoiris.com.co

El conflicto armado no es la única violencia que han padecido los indígenas. La historiografía abunda en detalles sobre cómo antes de la Colonia el territorio colombiano no era un espacio inhabitado: todo lo contrario, un escenario vibrante de asentamiento y migración de comunidades nativas con culturas desarrolladas, grandes familias lingüísticas y complejos sistemas de organización social y política.

Esas comunidades fueron profundamente afectadas por la colonización española y, posteriormente por la hostilidad y la indiferencia del Estado republicano. A pesar del debate histórico, el genocidio indígena en Colombia no parece una exageración: el propio movimiento que los agrupa usa ese término. Por lo menos, hubo violencia sistemática contra dichos grupos.

Aunque somos mayoritariamente descendientes tanto de conquistadores como de conquistados, como sociedad ahí tenemos una primera deuda pendiente.

Segunda deuda: el racismo

Luego viene la contribución indígena a la construcción de la Nación colombiana. No es cierto que todos ellos fueran realistas y de hecho muchos tomaron parte en el bando patriota. Sus diversas culturas forman parte esencial de esa amalgama que es hoy la identidad colombiana, discutible pero probable. Sin embargo, esa contribución ha sido desconocida de manera sistemática.

Con algunas contadas excepciones, como la Constitución de 1991, los indígenas fueron ignorados en los grandes acuerdos políticos de los siglos XIX y XX. Las estructuras y jerarquías sociales que los excluían — y los siguen excluyendo — no fueron sustancialmente modificadas por la llegada de la República.

Nuestra sociedad sigue siendo tremendamente racista. Es fácil percibir un imaginario ciudadano donde los indígenas son considerados como individuos atrasados, perezosos, incapaces de efectuar racionamientos complejo y culturalmente inferiores. La opinión mayoritaria frente a la coyuntura del Cauca así lo demuestra. Esa es una segunda deuda pendiente.

Tercera deuda: los derechos constitucionales

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Con algunas contadas excepciones, como la
Constitución de 1991, los indígenas fueron
ignorados en los grandes acuerdos políticos
de los siglos XIX y XX.

Foto: banrepcultural.org

Aún tenemos pendiente otra tarea: hacer efectivo el arreglo institucional que reconoce la diversidad cultural del país en la Constitución de 1.991 y el cuerpo de derechos que se desprenden del mismo.

Algunos de ellos son asuntos básicos y ha faltado voluntad estatal para hacerlos realidad. Otros requieren un mayor esfuerzo presupuestal, que en todo caso debe hacerse si saldar esta tercera deuda fuera de veras una prioridad política.

En el debate público nadie pregunta mucho, por ejemplo, si hay recursos para construir un batallón o una carretera — porque en Colombia la seguridad y la movilidad casi siempre son consideradas como las grandes prioridades — sino más bien se discute de dónde puede salir ese dinero y cómo se puede conseguir si no lo hay. Así debería ser con la cuestión indígena.

Y en todo caso queda la tarea de considerar de veras a los resguardos indígenas como entidades territoriales, tales como los municipios.

Cuarta deuda: los daños materiales

Por último están los daños causados por el conflicto armado, que por supuesto ha tocado a los pueblos indígenas en forma diferenciada. Por ejemplo, en términos porcentuales, es más probable que una persona llegue a sufrir desplazamiento si es indígena. Esto sin contar con otro tipo de violaciones asociadas con el conflicto, como el narcotráfico y la explotación ilegal de recursos naturales.

La Corte Constitucional ha dicho que todo esto tiene un impacto acumulado muy negativo sobre la vida de los pueblos indígenas. Su situación es grave y no ha mejorado significativamente ni con la desmovilización paramilitar, ni con el debilitamiento de la guerrilla, ni con el aumento de la presencia de la fuerza pública ni con la llegada de la llamada justicia transicional.

En resumen, los indígenas llevan 50 años padeciendo el conflicto, pero sobre todo tienen una larga historia de 500 años cargados de violencia y de exclusión. Si descontamos la existencia de algunas instituciones que intentaban protegerlos durante la Colonia, solo durante los últimos 20 fueron incluidos en algún grado en el sistema constitucional.

Todos esos fenómenos se superponen y afectan la manera como ellos mismos comprenden la reparación, y por ende, la forma como debe emprenderse.

Pedir perdón no es tan simple

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Queda la tarea de considerar de veras a los
resguardos indígenas como entidades
territoriales, tales como los municipios.

Foto: Presidencia

Repentinamente, sin preparación, Santos pidió perdón solo por lo primero: la guerra. Pero como jefe de Estado también les debe excusas y reparación material por las injusticias colectivas y centenarias contra los pueblos indígenas.

Cuando se trata de atrocidades, pedir perdón exige observar ciertos requisitos y procedimientos. En primer lugar, el Estado debe asegurar algún tipo de participación de la parte ofendida en cuánto a los términos de las excusas. Su aceptación es ante todo una experiencia subjetiva, por lo que el acto no debería ser sorpresivo, y el afectado debe ser invitado a un diálogo que le informe de esa intención y consulte qué mensaje espera que sea transmitido.

Deben descalificarse moralmente las atrocidades, no justificarlas o minimizar su impacto. También debe evitarse la exculpación de ciertos actores que son probada o potencialmente responsables, incluyendo al propio Estado; sobre todo, debe impedir su presencia en el acto, a menos que fuera justificada para pedir explícita y apropiadamente perdón.

Por ejemplo, cuando se inauguró el programa de reparaciones del decreto 1290, en un acto formal en Popayán, presidido por el entonces jefe de Estado Álvaro Uribe y por Eduardo Pizarro, miembros de la fuerza pública, a petición del mandatario, entregaron los cheques a las víctimas. No quedo clara para éstas cuál fue la intención de esa actitud.

En todo caso, es problemático que los pagos de las reparaciones fuesen entregados por uno de los actores del conflicto, cuando su cuota de responsabilidad en el universo de violaciones no ha sido oficialmente reconocida por el Estado, aunque sí documentada por el propio Grupo de Trabajo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) en prácticamente todos sus informes.

La petición de perdón debe afirmar que lo ocurrido fue injusto y que el afectado no tenía por qué soportarlo. Tiene que mencionar los valores que fueron transgredidos por la victimización. Cuando proceda, debe admitir que había obligaciones jurídicas que fueron violadas y que en todo caso, lo ocurrido fue éticamente inaceptable.

Es decir, el acto debe estar basado en un reconocimiento explícito de responsabilidades. El destinatario no puede ser obligado a aceptar las disculpas. El discurso debe ser comunicado ampliamente y basarse en razones públicas, no personales del mandatario de turno. Uribe dijo, por ejemplo, que la reparación era un “gesto de su alma”. Esto es altamente desaconsejable y es un ejemplo de lo que no se debe hacer. El discurso debe ajustarse en los términos más rigurosos a los hechos y evitar así la revictimización.

Ahora, la reparación efectiva

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Finalmente, además de pedir perdón a los indígenas, el Estado debe asumir las consecuencias materiales de ese acto, es decir, de su reconocimiento de responsabilidad. En otras palabras, debe suministrar reparaciones. Las de 500 años de violencia pueden tener una enorme envergadura, pero no son imposibles.

No es concebible una reparación con la que los beneficiarios no estén de acuerdo. 

En primer lugar, se debe entender que compensar a los pueblos indígenas implica enfrentar distintos planos históricos de injusticia: la guerra, pero también la exclusión étnica y la consecuente desigualdad social. Las demandas permanentes de los indígenas invitan a interpretar que ellos y ellas lo entienden así. Sin la inclusión de todos esos planos, el esfuerzo siempre será parcial.

Se les debe asegurar participación sustantiva, incluyendo consentimiento informado. No es concebible una reparación con la que los beneficiarios no estén de acuerdo. Deben incluir reconocimiento de la identidad étnica, descalificación normativa de los daños y redistribución de la riqueza en su favor.

Desde el punto de vista práctico, esto supone vincular de un modo coherente las iniciativas de inversión social y de acción afirmativa con la política de atención a víctimas especializada en indígenas, sin caer en su asimilación. No son lo mismo, pero deben estar conectadas y en algunos puntos pueden interconectarse.

La continuidad del conflicto hace más complejo el camino, porque supone también que, además de lo anterior, hay que suministrar asistencia humanitaria y que el número de víctimas seguirá creciendo.

Sin embargo, las múltiples experiencias previas de atención a población indígena ofrecen lecciones aprendidas y aprovechables: la infraestructura institucional permite construir sobre lo construido, sin dejar de lado los procesos de mejoramiento de lo que ya existe.

Las demandas de los pueblos indígenas no son un capricho. Son la consecuencia de injusticias profundas, acumuladas y muy antiguas en su contra. La respuesta a esas demandas es un asunto moral. Y la calidad de esa respuesta dará cuenta de la madurez democrática de nuestro sistema político.

 

* Investigador Asociado del Grupo “Política y Legislación en Biodiversidad, Recursos Genéticos y Conocimiento Tradicional” (PLEBIO) del Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia. Fue investigador en reparaciones del ICTJ. 

 

twitter1-1 @CLozanoAcosta

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Carlos Lozano

Abogado ambientalista, asesor de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. @CLozanoAcosta

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