El patrimonio cultural colombiano frente a un desastre para el que debimos estar mejor preparados

¿Por qué, después de décadas de experiencia internacional, formación profesional y herramientas disponibles, Colombia sigue llegando a las emergencias patrimoniales principalmente después de que ocurren?

El 10 de agosto de 2026, un sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió buena parte del occidente y el centro de Colombia. Además de la tragedia humana, el terremoto dejó una pérdida que suele quedar en segundo plano durante las emergencias: el daño al patrimonio cultural.

En los primeros días de la emergencia comenzaron a aparecer imágenes de iglesias afectadas, edificios históricos con daños estructurales, centros históricos golpeados y bienes culturales que quedaron expuestos a nuevos riesgos. Pero el terremoto también puso sobre la mesa un problema que Colombia lleva décadas aplazando: la preparación del sector cultural para enfrentar desastres.

Un país que conocía el problema

Colombia no llega a este terremoto como un país ajeno a la conservación preventiva ni a la gestión de riesgos del patrimonio. Desde hace más de treinta años, profesionales e instituciones colombianas han participado en iniciativas internacionales destinadas precisamente a fortalecer estas capacidades. A finales de los años noventa, Colombia hizo parte del Consorcio Latinoamericano de Formación en Conservación Preventiva, impulsado por el Instituto Getty de conservación. En ese proceso participaron instituciones y profesionales de varios países de la región y se desarrollaron, entre otros temas, herramientas para la preparación y atención de emergencias.

El proceso continuó posteriormente con los programas del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM) para América Latina y el Caribe (Latam) que han contribuido durante años a la formación de profesionales en conservación preventiva y gestión de riesgos del patrimonio, con varios cursos regionales en América Latina con amplia participación de profesionales colombianos. 

Desde comienzos de este siglo, además, ICCROM y el Instituto Canadiense de Conservación crearon una metodología para la gestión de riesgos del patrimonio cultural que significó un cambio importante en la manera de entender la conservación preventiva. La idea es sencilla, aunque su impacto puede ser importante: no esperar a que el daño ocurra, sino identificar previamente los riesgos, establecer prioridades y actuar para reducir las posibles pérdidas.

El llamado “Método ABC” se convirtió en una de las herramientas más reconocidas de este enfoque. Su lógica es coherente con los principios contemporáneos de gestión del riesgo y puede relacionarse con marcos como ISO 31000, que propone identificar, analizar, evaluar, tratar y monitorear los riesgos como parte de la toma de decisiones.

Por eso, el problema que hoy deja al descubierto el terremoto no parece ser la falta de conocimiento técnico. El problema está en la dificultad para convertir ese conocimiento en una política pública permanente, con recursos, responsabilidades claras y capacidad de respuesta en las regiones.

Tener herramientas no es lo mismo que estar preparado

Sería injusto afirmar que el Ministerio de las Culturas nunca ha trabajado sobre gestión del riesgo. En 2014, por ejemplo, publicó una Cartilla básica de gestión del riesgo para patrimonio material e infraestructura cultural. Además, dentro de su estructura existen funciones relacionadas con la identificación de situaciones de riesgo y la protección de los Bienes de Interés Cultural. El problema está en la distancia entre esos instrumentos y su aplicación efectiva.

Una cartilla no garantiza que un museo tenga un plan de emergencia actualizado. Una metodología no significa que todas las colecciones hayan sido evaluadas. Y que un inmueble esté registrado como Bien de Interés Cultural no quiere decir necesariamente que exista un protocolo operativo para protegerlo durante las primeras horas de una emergencia.

La diferencia es fundamental. La gestión del riesgo no consiste únicamente en producir documentos o formular metodologías. Requiere conocer las vulnerabilidades concretas, asignar responsabilidades, entrenar a quienes deberán actuar, disponer de recursos y repetir periódicamente los ejercicios hasta que los procedimientos formen parte de la capacidad cotidiana de las instituciones.

Una señal resulta particularmente significativa. Apenas ocho días después del sismo, el Ministerio expidió la Resolución 0536 de 2026, mediante la cual autorizó intervenciones de emergencia en Bienes de Interés Cultural afectados por el terremoto. La medida era necesaria y permite acelerar la atención de los bienes afectados. Pero también muestra una característica recurrente de nuestra política patrimonial: la capacidad institucional se moviliza con mucha mayor rapidez eficiencia cuando el daño ya ocurrió, que durante los años en que ese daño pudo haberse prevenido o reducido.

Las pérdidas que ya conocemos

Según el Ministerio de las Culturas, de los cuarenta Bienes de Interés Cultural de ámbito nacional ubicados en los siete departamentos más afectados y evaluados inicialmente, 22 presentaban afectación alta; trece, afectación media, y cinco, afectación baja. A estos se suman 84 bienes muebles e inmuebles sin declaratoria formal, entre ellos 39 templos e iglesias, así como doce de los quince centros históricos ubicados en la zona afectada.

El Valle del Cauca concentra buena parte de los daños. En Cali resultaron afectados edificios emblemáticos como el Palacio Nacional, la Catedral de San Pedro y el Teatro Municipal. También preocupa la situación del Paisaje Cultural Cafetero, reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial, donde algunos municipios cercanos al epicentro han registrado daños importantes.

El Ministerio ha informado además afectaciones en manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial como los saberes asociados a la partería afro del Pacífico, el Carnaval de Riosucio, Cocinas tradicionales, entre otros. 

Estos datos son importantes y muestran una afectación patrimonial considerable. Pero también revelan una limitación de la información disponible: buena parte de la información comunicada de manera oficial se ha construido alrededor del patrimonio inmueble declarado, los centros históricos y algunas manifestaciones de patrimonio inmaterial.

Un terremoto no afecta únicamente los edificios

En un museo, por ejemplo, el daño estructural puede ser apenas el comienzo del problema. Una colección puede quedar expuesta al polvo, al agua, a cambios bruscos de temperatura y humedad, a incendios o a riesgos de seguridad. Una pieza que parece intacta después del sismo puede deteriorarse en los días siguientes si no recibe las condiciones adecuadas de conservación. Algo similar ocurre con los archivos y las bibliotecas. El patrimonio documental es especialmente vulnerable durante una emergencia. El agua, el fuego, el colapso de estanterías y la manipulación inadecuada durante las labores de rescate pueden producir pérdidas irreversibles.

Sin embargo, más de una semana después del terremoto todavía no existía un consolidado público nacional que permitiera conocer con suficiente precisión la magnitud de los daños en archivos históricos, bibliotecas patrimoniales y colecciones documentales.

El Consejo Internacional de Museos ha señalado que existen museos afectados en departamentos como Valle del Cauca, Caldas, Cauca y Chocó, pero también ha advertido que la información es preliminar y que las dificultades de acceso a algunos territorios hacen difícil conocer todavía la situación real de las colecciones.

En una emergencia de esta magnitud, esa falta de información no es un problema menor. Lo que no se identifica, difícilmente puede protegerse, priorizarse o recuperarse.

La arqueología no puede quedar para después

El Icanh es la autoridad nacional en esta materia y cuenta con instrumentos que reconocen la importancia de la gestión del riesgo en la protección del patrimonio arqueológico. Sin embargo, en el momento de escribir este artículo, todavía no se conocía un balance público nacional consolidado de las afectaciones producidas por el terremoto en sitios arqueológicos y colecciones bajo su responsabilidad.

Esto merece atención especial porque los territorios afectados por el sismo tienen una importante diversidad cultural y una larga historia de ocupación humana. En ellos existen sitios y contextos arqueológicos que no siempre aparecen en los inventarios patrimoniales más visibles.

Por eso la evaluación de los daños arqueológicos debería formar parte de la respuesta inicial a una emergencia patrimonial, junto con la arquitectura, los museos, los archivos y las bibliotecas.

El territorio es el gran desafío

El terremoto también ha mostrado las dificultades que tiene una institución nacional para responder a una emergencia extendida sobre varios departamentos.

Colombia es un país geográficamente complejo, con una enorme diversidad cultural y con diferentes niveles de capacidad institucional en sus regiones. No es razonable que la protección del patrimonio durante una emergencia dependa principalmente de que un equipo especializado pueda desplazarse desde Bogotá después de ocurrido el desastre.

Los organismos de socorro necesitan saber cómo actuar cuando ingresan a un edificio que contiene bienes patrimoniales. Las alcaldías y gobernaciones necesitan información sobre los bienes culturales existentes en sus territorios. Los museos, archivos y bibliotecas necesitan protocolos propios. Las personas encargadas de custodiar colecciones necesitan saber qué puede moverse, qué debe permanecer en su lugar y cómo proteger aquello que todavía puede salvarse. Todo esto requiere preparación previa y no se puede improvisar en medio de los escombros.

Por eso el problema no consiste únicamente en fortalecer la capacidad del Ministerio en Bogotá. También implica construir capacidad permanente en las regiones y establecer redes de trabajo con las autoridades territoriales, los organismos de socorro, las universidades, los museos, los archivos, las bibliotecas y las propias comunidades.

Treinta años después, la deuda sigue pendiente

Colombia conoce desde hace décadas los riesgos naturales que enfrenta. El terremoto del Eje Cafetero de 1999 fue una advertencia de enorme magnitud. Durante estos mismos años, profesionales colombianos participaron en programas internacionales de conservación preventiva, se publicaron metodologías, se realizaron cursos y se produjeron herramientas para la gestión de riesgos.

Por eso resulta difícil entender que en 2026 el país todavía esté construyendo los mecanismos para consolidar una política nacional integral de gestión del riesgo para el patrimonio cultural. El 4 de agosto, apenas seis días antes del terremoto, el Ministerio de las Culturas informó que avanzaba en la formulación de lineamientos para un Plan Nacional de Gestión del Riesgo para el Patrimonio Cultural.

No significa que el Ministerio pudiera prever este terremoto concreto ni que una política de gestión del riesgo hubiera evitado todos los daños. Pero sí pone en evidencia una deuda institucional que viene de mucho antes de la actual emergencia.

Después de tres décadas de experiencia internacional, formación y cooperación, Colombia todavía no cuenta con un sistema suficientemente consolidado que permita identificar de manera anticipada las vulnerabilidades del patrimonio, preparar a las instituciones y responder de manera coordinada cuando ocurre una emergencia.

Una oportunidad que no deberíamos desperdiciar

Ahora la prioridad es atender a las personas, estabilizar los edificios, recuperar los bienes que puedan recuperarse y evitar nuevas pérdidas. Esa tarea debe concentrar todos los esfuerzos durante los próximos meses. Pero cuando pase la emergencia será necesario mirar más allá de la reconstrucción.

El terremoto debería llevar al Ministerio de las Culturas a revisar seriamente la estructura y el alcance de la Dirección de Patrimonio y Memoria y, especialmente su capacidad de trabajo en las regiones. Colombia necesita una política permanente de gestión de riesgos del patrimonio cultural que articule el patrimonio arquitectónico, arqueológico, mueble y documental, y que tenga en cuenta también las manifestaciones culturales que pueden verse afectadas por una emergencia.

Necesita planes de emergencia para museos, archivos y bibliotecas. Necesita inventarios de vulnerabilidad actualizados. Necesita protocolos de actuación coordinados con los organismos de socorro y las autoridades territoriales. Necesita equipos regionales capacitados para actuar durante las primeras horas. Y necesita un sistema de información que permita saber rápidamente qué patrimonio fue afectado, dónde está el daño y qué se puede hacer para evitar nuevas pérdidas.

El terremoto nos recuerda, de la manera más dolorosa, que conservar el patrimonio no consiste solamente en restaurar aquello que se ha perdido. También consiste en prepararse para que la próxima vez las pérdidas sean menores. La inversión de recursos en conservación preventiva, planes de emergencia y programas de gestión de riesgos no da gloria a los gobiernos de turno, ni se traduce en inauguraciones frente a las cámaras, pero es la única barrera real entre nuestra memoria y el olvido. Si el Ministerio de las Culturas no asume esta tragedia como un mandato ineludible para reestructurar la Dirección de Patrimonio y llevar las políticas de riesgo a cada región, el próximo sismo no solo derrumbará muros, sino que terminará por sepultar nuestra historia bajo el peso de la negligencia institucional.

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