Mucho ha cambiado desde que hace quince años fue aplaudido en el recinto tras defender el heroísmo de las AUC. Esta vez habló de la JEP y de un tema incómodo para el uribismo.
Mauricio Romero Vidal*
“Unas pruebitas de democracia”
Por segunda vez en quince años le habló al Congreso el que fuera uno de los máximos dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esta vez no desde la tribuna del Salón Elíptico como en el 2004, sino desde una cárcel en Estados Unidos.
La primera vez que el exjefe paramilitar se dirigió al Congreso fue en julio del 2004, durante la primera presidencia de Álvaro Uribe. El público lo conformaban aproximadamente sesenta congresistas —quienes entre jubilosos y nerviosos aplaudían a los temidos visitantes—, además de cien periodistas y un número similar de simpatizantes y curiosos.
Mancuso estuvo acompañado de otros dos jefes paramilitares, Iván Roberto Duque y Ramón Isaza, quienes a una sola voz resaltaron el heroísmo de lo que denominaron el movimiento nacional de autodefensas en su lucha contra lo que calificaban como terrorismo guerrillero.
También le reclamaron al gobierno nuevas zonas de concentración para los combatientes rasos de sus frentes armados, adicionales a la de Santafé de Ralito, en el departamento de Córdoba, pues estaban en pleno proceso de desmovilización.
Los tres jefes de las AUC llegaron a Bogotá en un avión militar que aterrizó en la base de CATAM, anexa al aeropuerto El Dorado, y que los trajo desde Montería en un impresionante dispositivo de seguridad. El entonces presidente Uribe no afirmó ni negó que había dado autorización para el desplazamiento y la audiencia, y sólo dijo que si había buena fe no estaba mal darles “unas pruebitas de democracia”.
Un tema conflictivo
Quince años después de la primera audiencia, el 20 de junio de este año, Mancuso habló de nuevo ante el Congreso. Esta vez lo hizo a través de un video grabado en una cárcel de Estados Unidos, a donde Mancuso y otros 14 jefes paramilitares fueron extraditados por orden del presidente Uribe bajo cargos de narcotráfico en el 2008.
El video fue enviado la noche anterior a la representante María José Pizarro, quien convocó ese día, junto con los representantes John Jairo Hoyos y John Fredy Muñoz, a una audiencia pública sobre los militares, los terceros responsables y los retos de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
El tema discutido en la audiencia ha recibido muchas críticas de parte del partido Centro Democrático y del expresidente y senador Álvaro Uribe. Desde la firma de los acuerdos entre el gobierno Santos y las FARC este sector político ha tratado de eliminar cualquier tipo de incentivo para que militares, funcionarios estatales civiles o ciudadanos que estuvieron vinculados con el conflicto armado entreguen sus testimonios a la JEP o a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, CEV.
Después del proceso de paz, no se cumplieron las expectativas de Mancuso y asociados sobre un tránsito sin tropiezos de la guerra a la vida pública.
Para regocijo de ese sector político, la Corte Constitucional limitó la jurisdicción del sistema de justicia transicional que incluye a la JEP y a la CEV a los combatientes directos, y excluyó de su competencia a los funcionarios estatales no combatientes y a los terceros responsables (empresarios, personas naturales o jurídicas).
Foto: Jurisdicción Especial de Paz |
Estos pueden comparecer ante el sistema sólo si desean hacerlo, limitando las posibilidades para juzgar y conocer una parte importante de los hechos y responsables de la prolongación del conflicto y de violaciones de derechos humanos. Como argumento, la Corte sostuvo que a los civiles debe juzgarlos la justicia ordinaria y no la justicia transicional.
Lea en Razón Pública: Los paramilitares en Colombia: un retrato colectivo.
La extradición y las posibilidades de la verdad
Las tensiones sobre el esclarecimiento de las responsabilidades en las diferentes modalidades de violencia, despojo y abusos durante el conflicto armado no son nuevas. De hecho, esa fue una de las razones del deterioro de las relaciones entre los desmovilizados jefes de las AUC y el presidente Uribe en su segundo mandato.
Después del proceso de paz, no se cumplieron las expectativas de Mancuso y asociados sobre un tránsito sin tropiezos de la guerra a la vida pública. Sintieron que los políticos los habían dejado solos y advirtieron que podrían hacer públicas las pruebas sobre los pactos regionales entre paramilitares y políticos para elegir congresistas, gobernadores, alcaldes y otros cargos menores, y de paso para apoyar la elección de Álvaro Uribe en el 2002 y el 2006.
La advertencia se convirtió en un hecho, y una de las caras más turbias del uribismo—la llamada parapolítica—asomó el rostro. Pero la extradición a Estados Unidos de los quince dirigentes de las AUC impidió que el cuerpo entero quedara expuesto a la luz pública.
¿Mancuso en la JEP?
En el video presentado esta vez en la audiencia pública en el Congreso, Mancuso hizo un llamado vehemente para que se “abra la discusión sobre las responsabilidades del Estado, los militares y los terceros involucrados”, y señaló que existe un “régimen de negación para despojar al Estado de su responsabilidad en el conflicto”.
Mancuso hizo un llamado para que se “abra la discusión sobre las responsabilidades del Estado, los militares y los terceros involucrados”.
El exjefe para, quien solicitó ser aceptado en la JEP, pidió que “por favor hay que escucharnos a todos”. Su solicitud no parece obvia dado que su caso está en el marco de la ley de Justicia y Paz, además de otros procesos adelantados por la justicia ordinaria.
Foto: Histórico de la Presidencia de la República y Wikipedia |
Pero Mancuso quiere ser aceptado en la JEP en su calidad de tercero responsable, lo cual es interesante por los sucesos que pueda revelar ante ese tribunal. Sin embargo, no deja de ser contradictorio, pues reconocería de hecho que lo que ha dicho en el marco de Justica y Paz ha sido solo una versión parcial de los acontecimientos en los que ha estado vinculado.
Le recomendamos: Mancuso en la JEP.
La justicia transicional, los terceros y los paramilitares
De ser admitido en la JEP o de ser escuchado por la CEV, las revelaciones de Mancuso pueden ayudar a esclarecer la participación de políticos nacionales, empresarios y funcionarios públicos —incluidos los miembros de las fuerzas armadas— en la creación y operación y despliegue de las AUC entre 1996 y 2006.
Ya hay condenas por la participación de terceros, militares o funcionarios civiles en el despliegue territorial de los paramilitares, y por las violaciones a los derechos humanos de la población civil que se tenía por simpatizante de la guerrilla y por tanto se convirtió en blanco principal de esa federación de fuerzas armadas irregulares.
Le recomendamos: Las cinco dudas de los militares respecto de la JEP.
Uno de los casos más conocidos es el del antiguo presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, Jorge Visbal Martelo, quien además fue embajador y congresista. Este dirigente gremial y ganadero del departamento de Sucre fue condenado a nueve años de prisión por concierto para delinquir agravado. Las declaraciones de Mancuso, alias Ernesto Báez, alias ‘Don Berna’ y alias ‘El Alemán’ sirvieron como evidencia para condenarlo.
Igualmente, el general retirado del ejército Rito Alejo del Río fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de un campesino en una operación conjunta con el bloque Bananero de las AUC en 1997. Las declaraciones de Mancuso y otros paramilitares sirvieron de evidencia para la condena, que está suspendida por la participación del general en la JEP, de manera que recobró su libertad gracias el acuerdo entre el gobierno Santos y las FARC.
En cuanto a funcionarios civiles, uno de los casos más conocido es el de Jorge Noguera, exdirector del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, agencia de inteligencia adscrita a la Presidencia de la República, y antiguo jefe de campaña de candidato Álvaro Uribe en el 2002 en el departamento del Magdalena.
Las sentencias de Noguera suman más de treinta años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, escuchas telefónicas ilegales y uso ilegal de información privilegiada que llevó al asesinato y desaparición de dirigentes sindicales y del profesor universitario Alfredo Correa de Andreis. Si bien la evidencia principal fueron las declaraciones de subalternos de Noguera, los testimonios de miembros del bloque Norte de las AUC también sirvieron para incriminarlo.
Foto: Prensa Senado |
Recientemente, la fiscalía entregó un reporte a la JEP sobre 5.563 personas que habrían financiado o ayudado al despliegue de la violencia de las AUC. Ese es el número de solicitudes de investigación que los magistrados de Justica y Paz han hecho a la Fiscalía. En el reporte figuran:
- 2.311 civiles, que corresponden a empresarios o personas naturales;
- 1.835 funcionarios del Estado no combatientes; y
- 1.417 agentes del Estado combatientes.
De este grupo, los que aún no hayan solicitado ser aceptados en la JEP tienen plazo hasta el 6 de septiembre para hacerlo, de acuerdo con la ley estatutaria de la JEP ratificada por el presidente Iván Duque.
Las cifras no son pequeñas y sus declaraciones y testimonios pueden dar una visión más balanceada de lo que ha sucedido en el marco del conflicto armado. Exguerrilleros y exparamilitares no han sido los únicos responsables.
*Profesor de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Bogotá.
