El nuevo Código de Policía (o la difícil tarea de reeducar una sociedad) - Razón Pública

El nuevo Código de Policía (o la difícil tarea de reeducar una sociedad)

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Cadetes en la Escuela General Santander, en 1951​

Juan Carlos RuizEsta historia y este análisis – repartidos entre el cuadro costumbrista y la sordidez del crimen- nos obligan a pensar en el qué y el para qué del “orden” en las ciudades, en el papel de los policías, y en los alcances de la cultura – e incultura- ciudadanas.

Juan Carlos Ruiz V.*

El control de las “clases peligrosas”

Los códigos de policía no son algo nuevo en Colombia. Incluso antes de crearse la Policía Nacional en 1891, y cuando la seguridad estaba a cargo de comisarios, gobernadores militares, serenos y algunas gendarmerías efímeras, ya se expedían este tipo de compendios del buen comportamiento que en nada sirvieron para reeducar al pueblo.

Al igual que los de hoy, aquellos códigos viejos buscaban establecer el orden. Perseguían sin reato la mendicidad, el desaseo, el desorden, la vagancia y las malas costumbres morales. Igualmente controlaban pesos y medidas, velaban por el alumbrado y organizaban las plazas de mercado.

Eran tiempos cuando los artesanos eran señalados por su comportamiento bochornoso en las chicherías y sus esposas eran acusadas de llevar una vida licenciosa. Los tradicionales “gamines” de Bogotá cometían actos de sodomía en público, las prostitutas eran recogidas y recluidas en los hospitales para controlar la sífilis, y la llamada “guacherna” era mal vista por las clases acomodadas.

El proyecto es un batiburrillo de artículos que tratan de regular cuestiones que ya están consagradas en leyes existentes.

La era victoriana a la colombiana necesitaba códigos estrictos que frenaran los desafueros de las llamadas “clases peligrosas” y el país acabó por importar normas del Londres dickensiano. Pero para la aristocracia criolla -que no llegaba siquiera a equiparase con la   clase media baja europea- resultó muy difícil la tarea de imponer estas costumbres.

Pero esto no fue exclusivo de Colombia: la América Latina decimonónica conoció códigos y estatutos que buscaban, por ejemplo, controlar a los trabajadores de las plantaciones y a los esclavos manumisos en Brasil para asegurar una mano de obra barata, u ocupar como domésticas a las mujeres desempleadas que eran puestas a disposición de familias acomodadas en Argentina. En ambos casos se actuaba con la intención de instaurar el orden y el “buen” comportamiento, además de proscribir la vagancia.

El nuevo código

Siglo y medio después, el ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, ha presentado con gran entusiasmo el nuevo Código de Policía que quiere poner al día el desusado estatuto de 1970. 

Este código, que está siendo discutido por el Congreso, es, como los anteriores, bien intencionado, y pretende controlar los comportamientos antisociales que alteran la convivencia y el orden.

En sus artículos se retoman algunos aspectos del poder y las funciones de la Policía que ya estaban consagrados en el texto de 1970, pero se añaden algunos elementos nuevos. Por ejemplo, el proyecto exige el respeto a niños, adolescentes, adultos mayores, comunidad LGBTI, habitantes de la calle, animales, consumidores, recursos naturales, patrimonio cultural y bienes públicos, entre otros.

El proyecto sanciona con multas u obliga a participar en actividades pedagógicas como sanción por incurrir en una miríada de comportamientos antisociales, como son reñir, amenazar, fumar en sitios prohibidos, alterar elementos de servicios públicos, grabar o filmar a alguien sin su consentimiento, hacer ruido excesivo, alterar la tranquilidad, realizar actos obscenos en público, consumir drogas en colegios, ofrecer programas educativos sin permiso o hacer bromas al número de emergencias, para citar apenas unos muy pocos puntos de un extenso texto.

El nuevo código intenta regular una gama muy variada de actividades, que va desde cuestiones económicas hasta la integridad de las personas, pasando por la protesta o la buena práctica minera.

El proyecto es un batiburrillo de artículos que tratan de regular cuestiones que ya están consagradas en leyes existentes y en códigos como el laboral, el penal, el de tránsito, o que están dictadas por el mismo derecho administrativo.

El proyecto además adolece de los mismos vicios de otras piezas legislativas de Colombia,  que se hacen al calor de asuntos coyunturales muy sonados en los medios, como decir la comercialización de celulares robados, la exposición de información íntima, o la violencia de las barras bravas.  

El actual Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
El actual Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
Foto: Gobernación del Meta

Construir civilidad

El combate a las llamadas incivilidades ha sido una constante en los programas de seguridad ciudadana de no pocos gobiernos. Se ha creído que el “desorden” hace que los criminales piensen que pueden delinquir impunemente porque la ciudad se encuentra abandonada por las autoridades o por la misma comunidad.

Orinar en la calle, poner música estridente o destruir inmobiliario urbano pueden ser malos comportamientos menores, pero lanzan una señal inequívoca de que en ese lugar no hay control y, por ende, crímenes mayores pueden llegar con la convicción de que nunca serán sancionados.

La ya revaluada idea de las “ventanas rotas” en Estados Unidos y el “Anti-social Behaviour Order” (ASBO) de Gran Bretaña son dos ejemplos de la necesidad de controlar drásticamente las llamadas incivilidades.

– Del primero surgió todo un modelo “inmunológico” de la seguridad ciudadana que busca elevar las defensas de la comunidad, ya sea con una aproximación de “tolerancia cero” como sucedió en Nueva York durante la administración Giuliani o con el modelo de “community policing” estilo Chicago, dos casos exitosos para hacer disminuir la criminalidad. Mientras que “tolerancia cero” atacó sin temores e incluso con la cárcel conductas  como la mendicidad agresiva, la venta de perros calientes sin los mínimos sanitarios o el saltarse los torniquetes en el transporte público, el modelo de Policía comunitaria invitó a las comunidades a asociarse para proscribir todo elemento antisocial y extraño que pudiera amenazar el tejido social.

– En el caso de Gran Bretaña, la existencia de una juventud muy violenta llevó a varias administraciones, desde la de Tony Blair, a sancionar drásticamente las incivilidades, por ser germen de la criminalidad del futuro.

¿Y en Colombia?

Los códigos de policía en Colombia han tendido a convertirse en letra muerta, así las autoridades se esfuercen por publicar de tiempo en tiempo el monto de multas impuestas por infringir las normas.

Para que un código de policía se aplique debe existir un ejercicio básico de la autoridad, cosa que no se da en nuestro medio por varias razones:

– En primer lugar, por el peso cultural. La máxima de que la ley se acata pero no se cumple y la urticaria que produce la norma entre los colombianos dificultan  el respeto por los  principios básicos de convivencia que defiende un código.

– En segundo lugar está el ethos policial que aquí, como en otros países, hace que el control de incivilidades por los uniformados sea visto por estos como un asunto menor e intrascendente. Los policías de base evitan tener problemas con los ciudadanos y en lo posible tratan de no  actuar en los casos de comportamientos antisociales. Por ello, el ciudadano de a pie los ve como indolentes, desinteresados o perezosos.

Oficiales de la policía en Tumaco, Nariño.
Oficiales de la policía en Tumaco, Nariño.
Foto: Policía Nacional de los Colombianos

En un país donde el grafitismo exacerbado es arte urbano, los perros bravos tienen igual derecho que los niños de retozar en los parques, la venta ambulante es un derecho al trabajo de subsistencia, la mendicidad es un derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la movilidad, y golpear e insultar a un policía es un acto innocuo, resulta muy difícil establecer el ejercicio de la autoridad que asegura la efectividad de un código de policía.

Los códigos de policía en Colombia han tendido a convertirse en letra muerta.

No todo el mundo lo ve así. Por ejemplo, en Paris, en la casi totalidad de parques intramuros se prohíben las mascotas, quizás porque han entendido que los jardines no son inodoros para animales sino sitios de esparcimiento para niños.

Ciudades como Londres o Madrid han declarado una guerra al grafitismo, condenando a sus autores a cientos de horas de trabajo comunitario para borrar sus huellas y las de sus compañeros, y en Nueva York se ha hecho una campaña frontal contra aquellos que no pagan el metro o piden limosna en sus vagones.

La línea entre derechos y deberes es tan tenue en Colombia que aún no se ha entendido que considerar al otro, al vecino, es la mejor apuesta de una sociedad que quiere vivir mejor en comunidad.

El hecho de que un individuo respete y considere al otro es un acto de enorme egoísmo porque al hacerlo se está construyendo una sociedad mejor que a la postre lo va a beneficiar a él y le hará la vida más agradable. Sin embargo, este raciocinio es complejo y en Colombia preferimos códigos de policía que, pensamos, nos harán mejor ciudadanos.

 

* Profesor titular y director de la Maestría en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Oxford, máster en Administración Pública de la ENA (Francia), máster en administración de empresas de la Universidad Laval (Canadá), máster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

 

Acerca del autor

Juan Carlos Ruiz
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*Profesor titular de la Universidad del Rosario. PhD. en Ciencia Política de la Universidad de Oxford, máster en Administración Pública de la ENA (Francia), máster en administración de empresas de la Universidad Laval (Canadá), máster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

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Juan Carlos Ruiz

*Profesor titular de la Universidad del Rosario. PhD. en Ciencia Política de la Universidad de Oxford, máster en Administración Pública de la ENA (Francia), máster en administración de empresas de la Universidad Laval (Canadá), máster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

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