El magisterio colombiano se moviliza
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En un contexto general de protesta social, esta semana los docentes acudieron al paro indefinido, que logró aplazarse en el último momento. Pero nada garantiza acuerdos de largo plazo, mientras no se modifique la política educativa.
Foto: OACEP Movilizaciones frente a la mundialización En toda América Latina se están dando movilizaciones contra las nuevas políticas económicas y sociales. Podría decirse que la protesta en la región no ha sido ajena, como dice Gentili, “a otra serie de procesos asociados con la profundización de la crisis económica — recesión, desocupación, pobreza, desinversión pública — y la inestabilidad política de los gobiernos, la redefinición de las condiciones internacionales y locales para el desarrollo… y los procesos de pauperización, desigualdad y exclusión social que las aquejan”[1]. Los conflictos en el campo educativo hacen parte de esta tendencia. Estudios como el de Gentili demuestran que la mayor parte de los enfrentamientos recientes han tenido como protagonistas a los trabajadores sindicalizados de los sectores público y privado. En particular, el sector educativo ha venido ocupando un lugar central en América Latina: “a través de sindicatos y organizaciones y movimientos sociales, docentes, estudiantes y otros actores educativos vienen litigando hace años con el Estado, sus funcionarios y sus cuadros técnico-administrativos”[2]. En efecto, el sistema educativo no ha sido ajeno al proceso de reestructuración capitalista ni, por tanto, al consecuente proceso de intensificación de la protesta. La raíz de las protestas En Colombia, la década de los 90 marcó el camino para consolidar el proyecto neoliberal en la educación pública. Bajo la consigna de “reformar el sistema educativo para hacerlo más eficiente”, el gobierno de Andrés Pastrana adoptó las políticas siguientes:
Estas estrategias desvertebraron el sistema educativo nacional, bajo el móvil de cambiar la educación como “derecho” por la educación como “servicio”, como “gasto público” y no como “inversión social”. La lógica anterior llevó al desmonte gradual de la educación pública y a reemplazar el proyecto educativo, emancipatorio y democrático que venía gestándose desde el movimiento pedagógico por un proyecto orientado a desarrollar competencias para la productividad, bajo los principios de eficacia y eficiencia y con el afianzamiento de la relación entre educación y empresa. Políticas que pueden resumirse así: privatización, flexibilización laboral y mercantilización[3]. En este marco se ubican la movilización estudiantil por la educación superior de los últimos años y los varios movimientos liderados por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE). Ellos han mantenido su oposición a las medidas de “racionalización del gasto público” que se traducen en desvertebrar el sector y en hacer retroceder las conquistas históricas de los educadores. Un ejemplo es la lucha por el estatuto docente único, que lleva 10 años sin avance ninguno. El paro del magisterio
En este año 2013 han abundado las movilizaciones sociales. Aludo, entre otras, a las de los cafeteros, los camioneros, los paperos, los trabajadores de la justicia. Son actores que — al ver agotadas las herramientas de la negociación — han tenido que acudir a la acción colectiva, a las vías de hecho, para presionar al gobierno. Caben aquí las palabras de Eduardo Galeano cuando afirma que “en América Latina, son una peligrosa especie en expansión: las organizaciones de los sin tierra y los sin techo, los sin trabajo, los sin; los grupos que trabajan por los derechos humanos; los pañuelos blancos de las madres y de las abuelas enemigas de la impunidad del poder; los movimientos que agrupan a los vecinos de los barrios; los frentes ciudadanos que pelean por los precios justos y productos sanos; los que luchan contra la discriminación racial y sexual, contra el machismo y contra la explotación de los niños; los ecologistas; los pacifistas, los promotores de salud y los educadores populares; los que desencadenan la creación colectiva y los que rescatan la memoria colectiva…”[4]. El sector educativo no ha sido la excepción: tras varios intentos de negociación — y ante el incumplimiento de los compromisos que el gobierno pacta cada vez que se presenta un pliego de peticiones — en esta ocasión FECODE decidió fijar un límite y acudir a otras formas de acción, amparada en los tiempos legales que se requieren para obtener respuesta. El pasado 20 de marzo, FECODE presentó al Ministerio de Educación Nacional (MEN) un pliego de peticiones. Ante la nula respuesta, la Federación denunció la falta de voluntad del MEN con estas palabras: “la mayor parte de los aspectos ha sido relegada a subcomisiones, porque la comisión negociadora del ministerio no da respuestas resolutorias”[5]. Como el período de negociaciones venció el 14 de mayo, FECODE anunció la hora cero del paro indefinido a partir del 16 de mayo. Contenido del pliego Estos son los puntos centrales del pliego, sumados a la exigencia de que el gobierno cumpla los acuerdos pactados el año anterior:
Las peticiones de FECODE se refieren entonces a cuestiones vitales, políticas y públicas: vitales, porque son necesarias para el desempeño laboral de cualquier ciudadano o empleado. Políticas, porque están en disputa asuntos donde compiten intereses y racionalidades distintas. Públicas, porque se trata de la defensa de los maestros, formadores y forjadores de sociedad, cuya labor merece el reconocimiento y el respaldo social. Conviene precisar que se trata de una acumulación de problemas. Sobre cada uno de estos puntos ya existe suficiente ilustración: se han organizado muchos debates y se han buscado soluciones. Una rápida mirada a los datos recogidos por el Observatorio de Acciones Colectivas por la Educación y la Pedagogía en Colombia (OACEP) durante los dos últimos años permite constatarlo[6]. También conviene aclarar que la movilización no resulta de una decisión primaria ni inconsulta: los docentes han acudido a ella como última instancia, al comprobar que su voz no ha sido oída, que no se les reconoce como interlocutores para definir los asuntos educativos y los tocantes a sus condiciones laborales. Aplazamiento y avance Según las últimas informaciones el paro ha sido aplazado y hay avances en las negociaciones frente a tres de los puntos anteriores. Sin embargo, FECODE ha hecho un llamado a mantenerse alerta atendiendo con eso a las lecciones aprendidas, del avance de las negociaciones y del cumplimiento de los acuerdos depende la hora cero del paro. También se seguirá en la búsqueda de alternativas y de puntos de alianza con otros actores y sectores sociales, para construir una fuerza común. Otro asunto que avanza a paso lento son las negociaciones por el Estatuto Docente Único. Si bien se creó la comisión tripartita y se han logrado algunos acuerdos, es necesario persistir en esta iniciativa: una misma profesión no puede estar regulada por dos decretos diferentes. Ni en el plano social, ni en el político ni en el jurídico resulta pertinente. * Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, integrante del grupo de investigación Educación y Cultura Política y coordinadora del Observatorio de Acciones Colectivas por la Educación y la Pedagogía en Colombia (OACEP). E-mail: mmartinez@pedagogica.edu.co. Nota: Estas reflexiones contaron con el apoyo de John Cuervo, estudiante de la UPN e integrante del OACEP.
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| María Cristina Martínez*
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María Cristina Martínez
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