El informe de Human Rights Watch: ¿en qué estamos? - Razón Pública
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El informe de Human Rights Watch: ¿en qué estamos?

Escrito por Carlos Augusto Lozano
Sindicalistas

Sindicalistas

Carlos Lozano

El informe es un instrumento respetable y útil para vigilar el respeto por los derechos humanos en Colombia, pero hay aspectos discutibles, ambigüedades y desconocimiento del contexto nacional o de la especificidad de algunos delitos. El país no avanza.

Carlos Augusto Lozano Bedoya *

Ni tanto que no lo alumbre. . .

Varias organizaciones internacionales producen periódicamente informes sobre la situación de derechos humanos en Colombia, cuyo alcance y contenido varían en función del mandato de tales organizaciones. Parte de la utilidad de estos informes radica en ayudar a comprender la situación de manera más objetiva, global y desapasionada, como resultado de una observación que toma saludable distancia geográfica, social y política.

No obstante, esa distancia también puede convertirse en una desventaja. Producto de ella, los informes tienden a perder interés frente a asuntos de vieja data que siendo realmente importantes se dejan de lado para centrar la atención sobre otros que ocupan la agenda más inmediata y, por qué no, más mediática. Igualmente tienden a asumir un nivel de generalidad —comprensible pero a veces excesivo— que les hace mantener en la penumbra expresiones particulares de ciertas violaciones de derechos humanos cuya atrocidad exigiría atención más prioritaria.

El informe señala que también son responsables de actos contrarios a los derechos humanos los grupos guerrilleros y miembros de la fuerza pública.

El capítulo sobre Colombia del último Informe de Human Rights Watch (HRW) repite aquellos rasgos.

El informe reseña e ilustra con algunos casos la incapacidad del Estado para neutralizar las nuevas manifestaciones del paramilitarismo; la lenta aplicación de la Ley 975 de 2005 (más conocida como Ley de Justicia y Paz); la adopción de normas que pueden favorecer la impunidad (como el Acto legislativo 01 de 2012, Marco Jurídico para la Paz); la reforma del Código Penal Militar; la persistencia de la crisis humanitaria causada por el desplazamiento forzado; y la violencia contra defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas.


El informe señala la responsabilidad de la fuerza
pública en violaciones a derechos humanos.
Foto: Kristin Krahl

Al pan, pan. . .

El informe señala que también son responsables de actos contrarios a los derechos humanos los grupos guerrilleros y miembros de la fuerza pública. Entre los actos imputados a los primeros se incluyen “asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y reclutamiento y uso de niños como soldados”, y entre los atribuidos a los segundos, “una cantidad alarmante de ejecuciones de civiles, especialmente entre 2004 y 2008”.

Llama la atención el modo como el informe designa estos actos: “abusos de las guerrillas” y “abusos cometidos por miembros de la fuerza pública.” ¿Por qué emplear un eufemismo almibarado para referirse a conductas que jurídicamente tienen nombre propio? ¿Desplazar forzadamente, reclutar niños y ejecutar civiles son simples abusos? No. Estas conductas, y otras similares, no son meros excesos o atropellos; son crímenes de guerra porque, según el artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, contrarían abiertamente las leyes y usos aplicables en los conflictos armados de carácter internacional o no internacional.

Los “crímenes de guerra” —y otros análogos como la violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad— son categorías estrictamente jurídicas, cuya aplicación bajo ciertas circunstancias permite determinar responsabilidades penales individuales. Este es el primer paso para prevenir y combatir la impunidad que ha caracterizado los hechos delictivos cometidos en relación con el conflicto armado no internacional que vive Colombia.

Los “crímenes de guerra” —y otros análogos como la violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad— son categorías estrictamente jurídicas.

Quizás resulte un exceso de suspicacia afirmarlo, pero no llamar con su verdadero nombre -por las razones que sean- aquellas conductas con las cuales se desconocen las obligaciones y prohibiciones que el derecho internacional humanitario impone a quienes tienen el carácter de combatientes, contribuye a crear y mantener un imaginario proclive a escamotear la verdadera gravedad e injusticia que revisten ciertos “abusos”.

Omisión de género

El informe de HRW dedica algunos renglones a la violencia de género, que consideran “un problema generalizado en Colombia”. El tratamiento de este delito es de un reduccionismo que no se compadece con su impacto cuantitativo y cualitativo.

El informe, en efecto,  se limita a señalar que las niñas y mujeres víctimas “pueden enfrentar demoras en el acceso a servicios médicos básicos” como resultado de “la falta de capacitación y la implementación deficiente de protocolos.” Esa es apenas una de las múltiples aristas que presenta la violencia contra la mujer en Colombia.

Se trata en realidad de un fenómeno que tiene múltiples expresiones, entre las cuales se encuentra la violencia sexual, ya sea cometida en el hogar, en la relación de pareja, en la comunidad o en el marco del conflicto armado. Esta última apenas merece atención del Estado y una reciente evaluación de la Procuraduría General de la Nación concluye que el problema suele subsumirse dentro de otros temas “sin una identidad propia que los haga particularmente visible y soportado con acciones y recursos a los cuales se les pueda hacer seguimiento y análisis de su impacto.”

La violencia sexual contra la mujer en el marco del conflicto armado demanda una respuesta que atienda a sus especificidades, aunque comparta algunas características con aquella cometida en otros ámbitos. Por ejemplo, la investigación del delito y la valoración de las pruebas no pueden regirse por las normas generales, toda vez que las víctimas no tienen oportunidad de acceder rápidamente a la justicia y al peritaje médico. La inobservancia de estas reglas y los numerosos obstáculos que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia han creado una situación de casi total impunidad alrededor de este crimen.


Taller de prevención y respuesta a la violencia de género.
Foto:UNCHR/ACNUR Américas

¿De segunda clase?

Las víctimas de desaparición forzada [1] en Colombia han sido históricamente relegadas a un segundo plano, aunque se trata de un delito continuado que viola múltiples derechos y constituye un ultraje a la dignidad humana, como lo proclama la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. El informe de HRW, tan preocupado por la impunidad de otros delitos, no menciona esa impunidad largamente consentida que rodea al delito de desaparecimiento forzado.

Las medidas adoptadas por el Estado para cumplir sus obligaciones, investigar las desapariciones y establecer el paradero de las víctimas no arrojan resultados ni se ejecutan de manera  apropiada. Por ejemplo -como lo estableció un diagnóstico de la Procuraduría General de la Nación, el desconocimiento sobre la naturaleza del Mecanismo de búsqueda urgente es casi generalizado entre las autoridades. Por su parte, la Comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas no ha demostrado eficacia alguna en su labor.

La protección que ahora tienen los allegados de las víctimas de la desaparición forzada no es resultado directo de normas específicamente adoptadas a su favor sino el producto de la extensión de beneficios concedidos inicialmente a las familias de otro tipo de víctimas. Tal extensión ha sido ordenada por la Corte constitucional en aplicación del principio de solidaridad y del derecho a la igualdad. Las víctimas de desaparición forzada parecen tener tratamiento de segunda clase. Quizás resultan incómodas, para algunos, y pasadas de moda, para otros.

Las víctimas de desaparición forzada [1] en Colombia han sido históricamente relegadas a un segundo plano, aunque se trata de un delito continuado que viola múltiples.

. . .Ni tanto que queme al santo

Los informes de organizaciones internacionales como Human Rights Watch indudablemente ofrecen contribuciones y ayudan a recordar las tareas que en materia de respeto y garantía de los derechos humanos el Estado ha incumplido, hecho de forma incompleta o, simplemente, ha ignorado. También ayudan a llamar la atención sobre situaciones inadvertidas que favorecen violaciones de derechos humanos o sobre circunstancias particulares que amenazan los derechos de ciertos grupos sociales.

El informe de HRW, en cuanto atañe a Colombia, acusa rutina, cansancio y cierto desmaño analítico. Un menor “exceso de perspectiva” ayudarían para que las autoridades nacionales lo tomaran con mayor seriedad. Este, como todos los informes nacionales o internacionales, debe correr el riesgo de buscar un sano equilibrio entre la perspectiva de la distancia y la distorsión de la cercanía, entre el apasionamiento y la imparcialidad.

En sus próximas versiones, el informe debe tener  la valentía de llamar cada cosa por su nombre.

 

* Sociólogo, especialista en derechos humanos, consultor y docente universitario.

 

[1] La desaparición forzada es un delito de carácter internacional. Es la privación de la libertad que responde a las siguientes características: i. participación de autoridades como perpetradores o determinadores, o de particulares actuando en conexión con aquellas; ii. ocultamiento de la víctima; iii. negación deliberada del reconocimiento de la privación de la libertad y de informar sobre el paradero de la víctima; iv.  intención de castigar a la víctima por sus actividades o por su condición social, de amedrentar a grupos sociales afines con la víctima y de asegurar la impunidad del delito.

 

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