El hundimiento de la doble reelección, implicaciones del fallo sobre el sistema político - Razón Pública
Inicio TemasPolítica y Gobierno El hundimiento de la doble reelección, implicaciones del fallo sobre el sistema político

El hundimiento de la doble reelección, implicaciones del fallo sobre el sistema político

Escrito por Ricardo García

ricardo garciaLa sentencia de la Corte no sólo frena la tendencia a concentrar el poder bajo el pretexto del “Estado de Opinión”, sino que destierra para siempre la segunda reelección y modera el presidencialismo colombiano -lo cual debería ser acompañado de otras reformas para ampliar la democracia.

Ricardo García Duarte*

No!

El Referendo ha quedado hundido; y bien hundido. La Corte Constitucional, como si con ello quisiera preservar su propia existencia autónoma y la de los otros entes de la Justicia y del Control, cuya independencia podría verse afectada en el futuro por la prolongación de un mismo gobierno más allá de ciertos límites razonables, sepultó el proyecto de ley que quería a través de un referendo asegurar un tercer período consecutivo para el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y lo hizo del modo más categórico posible; con una votación nítida de 7 votos contra 2; sin prestarle el más mínimo crédito a los argumentos de desidia proferidos por el Procurador; y haciendo coincidir en el fallo de inexequibilidad las objeciones contra las irregularidades de forma con las que atacan los vicios de fondo.

La inconstitucionalidad del proyecto de referendo no anula ese mecanismo de la democracia participativa, sólo lo corrige con las exigencias de una mayor observancia en sus trámites. En cambio, entierra definitivamente la segunda reelección de un presidente, sea mediata o inmediata.

Dos consecuencias, de orden constitucional, se desprenden de la sentencia de inconstitucionalidad:

  • La primera tiene que ver tanto con los trámites formales en la discusión y aprobación de una ley, como con el perfeccionamiento en las condiciones que acompañan una iniciativa popular.
  • La segunda tiene que ver con el equilibrio en los poderes del Estado y con el sentido de su evolución; esto es, con la propia arquitectura dinámica del orden constitucional; particularmente, con la orientación de su identidad, si es democrático o si, para seguir la tipología de Lowenstein, es puro nominalismo bajo el que se mimetiza la esencia autoritaria.

Contra los vicios de trámite

En el caso de los trámites legislativos, la Corte se ha inclinado por el rigor y por las exigencias en el cumplimiento de los requisitos formales; pero de un modo que no la hace caer en un rigorismo extremo o en un formalismo perverso que pudiese afectar con posterioridad el ejercicio legislativo o la democracia participativa. De esta manera, los vicios de forma -trasgresiones efectivas y materiales de unos requisitos consagrados en las disposiciones legales- afectaban de ilegalidad la marcha de todo el proceso; de modo que el normal encadenamiento de pasos sucesivos y progresivos en la aprobación de una ley de referendo fue sustituido por un eslabonamiento de irregularidades que en vez de ser corregidas hacia atrás, eran soslayadas en una indebida fuga hacia adelante, para incurrir en otras irregularidades.

Al menos cuatro grandes campos de irregularidades -no subsanables- detectó la Corte, a saber: las que se cometieron en la financiación de la iniciativa popular; las del cambio en la formulación de la pregunta original; las de la convocatoria presidencial a las sesiones extraordinarias; y finalmente, las que saltaron a la vista con la votación de los cinco "tránsfugas" que emigraron del partido Cambio Radical, para depositar en el nombre de otro partido su voto por el referendo.

Se trataba, en apariencia, de errores que no viciaban de nulidad la voluntad de quienes firmaron, y tampoco la transparencia y el debido proceso en la aprobación legislativa. Algunas voces, entre ellas las de ciertos juristas y abogados litigantes (en una manifestación de extremo formalismo al revés) se dejaron escuchar para sostener que, o bien las prohibiciones legales no existían, por ejemplo las de los topes en la financiación de las firmas; o bien, las otras irregularidades no afectaban la voluntad de los congresistas que libre y mayoritariamente aprobaron la ley del referendo.

La Corte, sin embargo, conceptuó, primero, que las irregularidades existieron efectivamente; segundo, que eran insubsanables y viciaban de nulidad el proceso legislativo; y tercero, que las irregularidades formales no eran meros rituales sin contenido, sino formas indispensables para proteger y garantizar el Estado de Derecho.

La simple crítica formal podía llevar a que la argumentación sobreaguase apenas con dificultad en una fundamentación poco sostenible. Pero al mismo tiempo, los magistrados levantaban paradójicamente la idea de que sólo les cabía la facultad para estudiar los vicios de forma. En esa encrucijada, ellos optaron por el camino razonable de hacer una argumentación de sustancia sobre los vicios de forma, de modo que en lugar de que la decisión de inexequibilidad apareciese contrariando la participación popular y el Estado de Derecho, emergiese en cambio como un instrumento para garantizar que la voluntad popular se expresase libremente, sin manipulaciones; y que el segundo -el Estado de derecho- se preservase con limpieza para salvar la seguridad jurídica, necesaria en todo orden institucional.

En esa misma direccción, las irregularidades cometidas dejaban de ser errores apenas técnicos de carácter neutral frente a la sustancia del asunto. Por el contrario, pasaban a ser errores que la afectaban. La financiación, por encima de los topes, inducía y desvirtuaba potencialmente la voluntad popular; la modificación hecha por el Senado en la pregunta que se iba a formular en el referendo, rebasaba la facultad del Congreso al modificar un punto sustantivo del proyecto de ley, más allá de cualquier interpretación libre y subjetiva que pudiesen hacer los congresistas acerca de lo que la gente quiso en realidad respaldar con su firma; finalmente, el paso dado por los parlamentarios tránsfugas violaba la ley de bancadas que tiene asiento en la propia Constitución.

Al establecer un vínculo de subordinación de parte de los procedimientos y de las formalidades, con respecto a los elementos sustantivos del orden constitucional, como son la Democracia y el Estado de Derecho, la Corte, circunscribiéndose sólo a lo formal, se dirigió sin embargo a la fuente de los elementos sustantivos del orden político-institucional, para situar desde otra perspectiva el ataque a los vicios de forma, y ya no sólo desde lo puramente formal; debilidad argumentativa esta última que se las dejó a los que defendían "jurídicamente" el referendo. Con esta especie de astucia constitucional, otorgaba una legitimidad densa a su objeción contra las trasgresiones de trámite. Se trataba de desvirtuar constitucionalmente unos errores procedimentales, los mismos que afectaban una ley, por otra parte no vacía sino cargada de contenido, el de la segunda reelección consecutiva, la cual afectaba directamente el funcionamiento del régimen constitucional por lo que se convertía entonces en un tema ineludible.

Contra los males de fondo

Al acudir a los temas sustantivos de la Democracia, la Voluntad Popular y el Estado de Derecho, afectados por los vicios de forma, la Corte rozaba forzosamente las fronteras que separan dos campos relacionados con sus facultades de control constitucional, el formal que se refiere a los procedimientos de las leyes, y el de fondo que atañe al contenido de éstas.

Si estaba obligada a beber en las fuentes justificadoras del mundo sustantivo del régimen democrático, corría el peligro de contradecirse al no tocar al mismo tiempo los temas de fondo de la ley, cuando, tratándose de una reelección, era evidente que el tema del equilibrio de poderes potencialmente afectado le estallaría en las manos; pues si hay algo que debe ser objeto del control constitucional en cualquier parte del mundo es justamente dicho equilibrio de poderes.

La frontera entre el control sobre unas formas (el trámite), que afectaban la sustancia democrática, y el control sobre un contenido democrático (el referendo), que afectaba las formas del Estado de Derecho, era el Rubicón que se interponía para una crítica de mayor calado sobre una nueva reelección que significase la posibilidad de tres períodos (o más) para un gobierno dentro de un régimen presidencial como es el colombiano.

Con el solo cuestionamiento de los vicios de forma, caía el referendo concreto que buscaba la tercera reelección de Uribe Vélez, pero quizá no, el sistema de una segunda reelección.

Para prohibir claramente este último mecanismo, hacía falta cruzar el Rubicón jurídico que se interponía para que los magistrados se comprometiesen con una crítica de fondo, a propósito de esa segunda reelección.

La razón para cruzar el río Rubicón estaba a la mano: las reformas constitucionales no pueden afectar los elementos esenciales del modelo democrático vigente, cuando no se trata de una Asamblea Constituyente nacida de la voluntad popular; y si lo hacen, están sustituyendo la estructura fundamental de la Carta Magna, por lo que se justifica la vigilancia constitucional. Por cierto: la Corte que autorizó la primera reelección había advertido que una segunda rompería sin remedio el equilibrio entre los órganos de poder.

Si la ponencia negativa atacaba con fuerza los vicios de trámite, se detenía en las fronteras en las que comenzaba el contenido de la reelección, tema éste que dejaba abierto aunque en suspenso. En cambio, los debates en Sala Plena abrieron una dinámica en la que no sólo se afirmó rápidamente la crítica contra los vicios de forma, sino que además desencadenó la crítica sobre la sustancia de una segunda reelección.

La Corte cruzó el Rubicón del control constitucional sobre este mecanismo, de modo que, para sorpresa de todos, también en este terreno hubo una mayoría de magistrados, que con sus votos, eliminó la posibilidad de que la reelección se aplicara a partir de una nueva ley de referendo, aunque ésta pudiese observar bien los requisitos formales. Todo ello por la sencilla razón de que al lesionar el equilibrio de poderes, reducir las posibilidades de alternancia en el poder, y debilitar el pluralismo se dañaban, en vez de fortalecerse, las estructuras de una democracia constitucional.

En este punto no hubo una mayoría tan amplia como la que concitó la ponencia negativa original, centrada en las objeciones sobre los vicios de forma. No fue tan amplia, es cierto; pero sí claramente suficiente. Cinco magistrados -Henao, Vargas, Calle, Palacio y Mendoza- votaron mayoritariamente para poner freno definitivo a una segunda reelección presidencial y a una prolongación no razonable de un mismo gobierno en el poder.

Efectos moduladores sobre el régimen político

Con la decisión de la Corte Constitucional no sólo se impide un tercer gobierno de Álvaro Uribe Vélez; se le cierra el paso sobre todo al mecanismo de una segunda reelección, con lo que se propician ajustes de modulación en la marcha del régimen político; ajustes que probablemente neutralizan tendencias autoritarias dentro de una democracia que, como la colombiana, es antigua pero limitada; al tiempo que se permite una relativa aunque no muy exagerada concentración de influencias y decisiones en el poder presidencial.

Con la decisión de la Corte hace cinco años, en 2005, de avalar el Acto legislativo número 02 de 2004, que establecía la primera reelección inmediata; y con la decisión de ahora, proferida por la misma Corte, que prohíbe la segunda, la organización constitucional queda vertebrada en torno de un presidencialismo dotado de una sola reelección, en una suerte de aproximación más estrecha al modelo político norteamericano, donde el Presidente puede ser reelegido por una sola vez, de modo que, sometido al veredicto de las urnas, queda en condiciones de prolongar su período por cuatro años, pero sin la posibilidad de volver a la dirección del gobierno; algo que constituye una limitación provechosa a fin de evitar la excesiva concentración del poder, la personalización de éste, y la viciosa influencia del Presidente sobre otras ramas, como las Cortes o el Congreso, muchos de cuyos miembros le deben el favor personal de su respaldo.

La reelección (por una vez) acrecienta sin duda el poder presidencial, brinda una oportunidad para que el gobernante aumente la capacidad de capturar en su favor la imaginación popular, y le facilita más largamente las posibilidades de dispensar favores, como si fueran propios; pero al mismo tiempo, da la oportunidad para que el electorado apoye, si quiere, al gobernante a fin de que disponga de un período largo pero razonable de ocho años, para consolidar un proyecto de gestión.

Ahora, si bien es cierto que una sola reelección proporciona el período razonable para una gestión de gobierno, y no implica per se una perpetuación en el poder; no es menos cierto que otras características del régimen político, tales como cierta debilidad del Congreso frente al Ejecutivo, la solidez de un "empresariado político" altamente clientelizado, y un sistema de partidos aún inestable y sin identidades claramente redefinidas, connotan distorsiones en el régimen democrático, susceptible de ser manejado por coaliciones negociadas entre las distintas facciones de ese empresariado político, y que igualmente resultan negativas con períodos de ocho o aún de cuatro años.

Por lo pronto, la Corte Constitucional le cerró el paso a un modelo de régimen en el que podrían haberse articulado, como componentes, la perpetuación de un gobierno; un cierto bonapartismo en el que se impondría una autoridad nacida de los vínculos directos del "Señor Presidente" con la población (Estado de Opinión); y, finalmente, la activación de una democracia plebiscitaria, para sostener la preeminencia del poder presidencial por sobre las reglas que modulan los límites que a éste le impone el Estado de Derecho.

Estos riesgos autoritarios, encerrados en la propuesta de una segunda reelección, quedan ahora fuertemente atenuados por un reeleccionismo moderado. La asignatura que queda pendiente es la de sacar adelante un proyecto de reformas en la política, que impida la captura del Estado y de los partidos por los intereses particulares, sean éstos criminales o no; y que afiance el pluralismo en la disputa por el poder. Sólo así, dicho reeleccionismo moderado tendría efectos virtuosos en la gestión del gobierno y, al mismo tiempo, en la ampliación de la Democracia.

* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

Artículos Relacionados

Dejar un comentario

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies