¿Qué dice el drástico recorte presupuestal a las entidades encargadas de dar cumplimiento al Acuerdo sobre la realidad fiscal del país y sobre el Plan de Desarrollo de Duque?
Juan Camilo Restrepo**
Un recorte preocupante
La semana pasada se anunció que el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional le informó a la JEP y a las demás entidades encargadas de desarrollar los programas del Acuerdo de Paz que el presupuesto asignado a ellas para el 2020 tendría un recorte del treinta por ciento con relación al del 2019.
Las cabezas de las tres instituciones que conforman el sistema (JEP, Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas) expresaron su preocupación por la reducción presupuestal que consideran drástica, pues siendo entidades de carácter transicional cuentan con poco tiempo para realizar su labor. Según la presidente de la JEP, Patricia Linares, esto afectará el cumplimiento de sus tareas, sobre todo en las regiones.
La experiencia internacional muestra que —así el período de post conflicto se extiende por diez o quince años después de dar por terminado un conflicto— la fuerza política y financiera que se le imprime en los primeros años es fundamental. Por esta razón, el recorte para el año entrante es muy desafortunado. En vez de darle dinamismo, desalienta el compromiso político de adelantar un post conflicto rotundo desde los primeros años.
Un Plan de Desarrollo fantasioso
Además de las preocupaciones sobre el cumplimiento del Acuerdo, el anuncio del Ministerio de Hacienda suscita varias reflexiones.
En primer lugar, no suena lógico que cuando el programa de inversiones del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el cuatrienio 2019 – 2022 se presentó con bombos y platillos como el más ambicioso que se ha diseñado en Colombia, ahora empieza a recortársele en rubros estratégicos como el de la paz, lo que dificultará y entorpecerá la dinámica del post conflicto.
”El presupuesto para el 2020 se está elaborando de acuerdo con “las duras realidades fiscales”;
En efecto, en el Plan de Desarrollo se habían previsto —sería mejor decir que se habían “apuntado”— inversiones para el cuatrienio superiores a mil cien billones de pesos. Y para los programas atinentes al desarrollo de los acuerdos de paz, el PND contempló inversiones cuatrienales por 37 billones. Ahora, para gran sorpresa, los programas en curso no se aumentan, sino que se disminuyen drásticamente.
Esto empieza a demostrar que, mientras en el Plan de Desarrollo el programa de inversiones públicas se pensó y se escribió “con el deseo”, el presupuesto para el 2020 se está elaborando de acuerdo con “las duras realidades fiscales”; realidades que se distancian cada vez más del fantasioso programa de inversiones del PND elaborado por el gobierno de Iván Duque.
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De acuerdo con la Constitución, en Colombia no se puede gastar un solo peso que no esté autorizado en el presupuesto nacional. Es decir, en el Plan de Desarrollo se pueden apuntar cuantas cifras faraónicas se quiera, pero solo se puede ejecutar lo que el presupuesto anual autorice.
Foto: JEP |
El Gobierno parece haber caído en la trampa que él mismo construyó. De una parte, sin mayor sindéresis fiscal, fue incluyendo en el plan cuatrienal de desarrollo cuanta cosa se le ocurrió y cuanta inversión le propusieron. Esto llevó a que el Plan de Desarrollo haya resultado un abigarrado documento de más de mil páginas.
Pero las inversiones “cantadas” para el cuatrienio en el PND superan los mil cien billones de pesos. La pregunta obvia es: ¿de dónde va a salir la financiación de semejante programa de inversiones?
Aterrizando en la realidad
El recorte del treinta por ciento al presupuesto de las entidades de la justicia transicional para el 2020 empieza a dar la respuesta. Simple y llanamente el programa de inversiones del Plan de Desarrollo no se acompasa con las disponibilidades fiscales del país.
Ha servido para hacer anuncios fantásticos, pero cuando se acerca la hora de presentar el presupuesto anual de inversiones a consideración de las cámaras la desilusión empieza a ser mayúscula. Y será aún mayor a medida que se expliciten las diversas partidas del presupuesto de inversión del 2020.
En el Marco Fiscal de Mediano Plazo se dice que no habrá nuevas reformas tributarias, y que por tanto el ajuste de las cuentas fiscales se hará reduciendo los gastos del año entrante con relación a los niveles que se están ejecutando en el 2019. Ya empezó para la JEP. Pero va a seguir viéndose crudamente para otros sectores de la inversión pública.
Todo esto muestra que el Ministerio de Hacienda y la Dirección del Presupuesto van por un camino distinto del que se trazó en el Plan de Desarrollo.
Según la Carta que se divulgó para la JEP, preparada por el Ministerio de Hacienda, el recorte de presupuesto de estas entidades es necesario para alcanzar las metas de la regla fiscal. Pero se trata de un recorte gigantesco, que naturalmente nada tiene que ver con las cifras de inversión de las que se habló en el Plan de Desarrollo.
Estamos aterrizando entonces en la dura realidad: los anuncios fantasiosos de inversiones públicas para este cuatrienio están teniendo un descenso de barriga en el aeródromo del presupuesto nacional que se está preparando para el 2020.
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¿Qué sigue?
Por el momento, hay que constatar que la noticia es muy mala para la JEP, para la Comisión de la Verdad y para la entidad encargada de buscar desaparecidos, todas las cuales van a tener que desacelerar sus programas del post conflicto.
El programa de inversiones del Plan de Desarrollo no se acompasa con las disponibilidades fiscales del país.
Hay que anotar que este recorte a las entidades de la justicia transicional llega en un mal momento, justo cuando ocurren desafortunados episodios como el de Santrich, y hay sectores de la opinión pública y bancadas del Congreso que se van a apoyar en esa noticia para darle más “palo” a la JEP.
Foto: Presidencia de la República |
Y es peor el mensaje que envía la noticia del recorte del treinta por ciento. Dará pie para que quienes están acusando al gobierno de Iván Duque de no estar suficientemente comprometido con la puesta en marcha de los acuerdos de paz encuentren un nuevo y fundamentado argumento.
En los próximos días, cuando el proyecto de presupuesto de inversiones para el año entrante llegue al Congreso, habrá un crujir de dientes generalizado. Si el recorte que ahora se está anunciando para la JEP se hace extensivo a la salud y a otras inversiones de carácter social, el grito de inconformidad será generalizado y de altos decibeles.
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Ya se anuncia también un fuerte recorte de tres billones para INVIAS. Al Gobierno le va a quedar muy difícil justificar que recorta los programas de la paz en un treinta por ciento, pero que no hace lo mismo con otros sectores de la inversión pública.
*Ya escrito este artículo, luego de la reunión entre el gobierno y el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas, el gobierno informó que no se llevaría a cabo el recorte presupuestal que se había anunciado oficialmente con la carta del ministerio de hacienda dirigida a la JEP. Podríamos decir que resultó en un falso positivo bueno.
De todas formas, la tesis central de este artículo sigue siendo válida, a saber, de que hay un gran bache financiero entre los faraónicos programas del PND y las disponibilidades fiscales reales.
*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.
