De la promesa de erradicar la “politiquería y la corrupción” al voto “prepago”: Una nueva fase del fraude electoral en Colombia.
Armando Novoa García*
El próximo domingo catorce de marzo millones de ciudadanos y ciudadanas acudirán a las urnas con el propósito de elegir 282 congresistas, entre senadores, representantes y cinco miembros del Parlamento andino. Más de 2.400 candidatos aspiran a una de las curules del Congreso. Según el Registrador Nacional del Estado Civil se inscribieron para este certamen electoral 16 listas para el Senado con 984 candidatos y 282 para la Cámara con 1.533 candidatos. Son en total 2.750 aspirantes a alguna de las curules en juego.
Luego de ocho años de escándalos sobre los vínculos entre buena parte de la clase política, el narcotráfico y los grupos paramilitares que dejó como saldo investigaciones contra 91 congresistas y doce condenados por la justicia, las elecciones del próximo domingo deberían ser un escenario para superar ese capítulo oscuro de la democracia en Colombia y para que a través del voto libre se rescate parte de la legitimidad perdida del Congreso de la República.
Sin embargo, quien examine los informes de prensa de los últimos meses sobre la dinámica de las campañas electorales y sobre el comportamiento de los candidatos podría desencantarse rápidamente. Anulación de miles de cédulas en puestos de votación que sospechosamente registran la afluencia masivas de nuevos inscritos; cancelación de la personería jurídica a algunos partidos por irregularidades en su proceso de conformación; campañas electorales que exceden de antemano los topes fijados por el Consejo Nacional Electoral; influencia renovada de bandas armadas en algunas regiones en las que aspiran a mantener el control político militar, y presencia renovada de la "vieja política" representada en políticos encarcelados que pretenden extender su poder a través de esposas, hermanos e hijos, son solo algunos de los episodios que anteceden las elecciones al nuevo Congreso.
El riesgo del fraude electoral es pues notorio y, contrario a lo que podría esperarse luego del escándalo de la parapolítica, tiende a ser un fenómeno que no solo no se ha debilitado sino que por lo que podría interpretarse de estos antecedentes, se encuentra en proceso de reinvención.
La tradición histórica del fraude electoral
Colombia tiene, como lo ha señalado el historiador David Bushell, una larga tradición de fraudes electorales, en la que la limpieza de las elecciones siempre ha estado en cuestión. Desde el nacimiento de la república en el siglo XIX, el fraude electoral fue una práctica recurrente asociada al clientelismo político. Bushell menciona algunas de esas modalidades: irregularidades en el registro electoral, depósito de papeletas falsas, abusos en los escrutinios, control espurio de la organización electoral ("el que escruta elige"), compra de votos. Un verdadero repertorio de constreñimiento al elector. Todo esto a pesar de las leyes y normas que castigan penalmente a los responsables de esas conductas y de la infinidad de medidas que se expiden en cada evento de participación electoral con el propósito de contrarrestar la práctica del fraude.
En las elecciones de 2002 se puso en marcha una de las modalidades más repudiables de todas las conocidas: los acuerdos entre las élites políticas regionales y los grupos paramilitares que se acompañaron de asesinatos y de una variedad inusitada de acciones orientadas a impedir el voto libre.
¿Ha cambiado esta situación?
Algunos estudios indican que para las próximas elecciones el riesgo mayor no está ya tanto en la acción armada contra los electores o en la violencia, como en la "financiación ilícita de las campañas". Así lo registra la Misión de Observación Electoral, MOE, al reafirmar numerosos informes periodísticos que alertan sobre las nuevas circunstancias[1].
¿Cuáles son esas modalidades más renovadas del fraude electoral?
En primer lugar, están las prácticas ex ante, como la manipulación de la inscripción de cédulas que se expresa en el aumento inusitado de las cédulas registradas en algunas mesas de votación. Este fenómeno conocido en el lenguaje lunfardo de la política local como el "voto prepago", se promueve mediante el anticipo al elector subordinado de una suma de dinero al momento de la inscripción de su cédula en el puesto de votación. El pago se completa una vez que el candidato o sus intermediarios constaten que el elector efectivamente ha depositado su voto en los términos prometidos. Por ello, hace pocas semanas el Consejo Nacional Electoral anuló alrededor de 190.000 cédulas inscritas en algunas mesas de votación en la ciudad de Barranquilla. Esta es una modalidad reciente de la práctica del tradicional "trasteo" de votos, consistente en la zonificación de los electores en puestos retirados del lugar de su residencia.
En segundo lugar, se encuentra el uso de los recursos públicos destinados a la inversión social, como familias en acción o de la red Juntos de la Presidencia de la República que se manejan a través de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional – Acción Social- para obligar al elector a votar por determinado candidato bajo la amenaza de perder los subsidios estatales. Suspensión o aplazamiento en la entrega de las ayudas; reelaboración de las bases de datos a cargo de las oficinas regionales de Acción Social, por lo general en manos de políticos tradicionales, se han convertido en mecanismos expeditos para "amarrar" un numero previsible de votos de grupos familiares en estado de indefensión para manipular la voluntad del elector.
En tercer lugar, están las prácticas fraudulentas que se ponen en marca el día de las votaciones. Estas acciones se refieren a la manipulación de las tarjetas depositadas, como cuando los votos en blanco son "reasignados" a favor de determinados candidatos. También hace parte de esta modalidad de fraude la manipulación de las tarjetas sin marcar, las cuales son diligenciadas por los jurados de votación o aún por los funcionarios de la Registraduría para beneficio de un determinado candidato. El caso de la proliferación de votos nulos supone remarcar las tarjetas para afectar a un candidato en beneficio de otro. En uno y otro caso, el fraude es prácticamente imposible sin la complicidad de las personas que deben llevar a cabo el escrutinio inicial de la votación.
En cuarto lugar, se encuentra la adulteración o manipulación de las actas o formularios que registran los resultados de la votación. En este caso, como lo ilustran los informes de la Misión de Observación Electoral, la adulteración se dirige a sumar votos a favor de algún candidato o de restarlos para afectar a los rivales. De acuerdo con los protocolos de la Registraduría del Estado Civil, en cada puesto electoral deben diligenciarse tres formularios (el de registro de votantes, el acta de escrutinio y el que certifica el resultado del escrutinio). Con base en este tipo de irregularidades el Consejo de Estado anuló las actas de escrutinio para las elecciones de Senado correspondientes al año 2002. Las razones que invocó esa autoridad judicial es que a través de la adulteración de los formularios se cambiaron las preferencias de los electores.
En quinto lugar, están algunas modalidades sui géneris como la puesta en marcha por el Registrador Departamental de Bolívar, que se aplicó un "autosecuestro" por tres días, para eludir una explicación sobre la diferencia de datos entre los sucesivos boletines electorales y que en el argot político se asimila al gráfico de un electrocardiograma, por las alteraciones intempestivas que pueden registrar.
Reformas legales y fraude electoral
Agreguemos a lo anterior, la destreza de ciertos políticos para evitar la efectividad de sanciones como ha ocurrido con el PIN (Partido de Integración Nacional), de reciente creación, al cual concurren no pocos políticos encarcelados por sus vínculos con la parapolítica o por la manipulación de la contratación pública con fines electorales[2].
Este menú de prácticas del fraude electoral que adulteran la voluntad popular no ha logrado ser contenido a pesar de que nuestro país cuenta con una legislación detallada. El Código Penal señala varias conductas: perturbación del certamen democrático, constreñimiento al sufragante, fraude en la inscripción de cédulas, corrupción del sufragante, retención y posesión ilícita de cédulas, o fraudulento, mora en la entrega de documentos relacionados con una votación, denegación de inscripción y de una ley de garantías electorales que, salvo aspectos secundarios, es realmente inoperante para proteger el voto libre.
La reforma política de 2009 fue una oportunidad excepcional que se dejó pasar sin sanciones ejemplarizantes orientadas a desestimular el fraude electoral y el constreñimiento al elector. Por su parte, el Congreso de abstuvo de reglamentarla y, así, quedó abierta la puerta para un nuevo capítulo de la corrupción política, que solo se conocerá en sus verdaderas dimensiones una vez elegidos los nuevos senadores y representantes. El dinero de narcotráfico sigue permeando la actividad política y la corrupción política entró en una nueva fase en la cual el clientelismo se articula a las grandes contrataciones con el Estado para beneficio de unas pocas redes que controlan la asignación o distribución de los recursos públicos.
Esta es otra de las tareas pendientes que deja en deuda al Presidente Uribe con la sociedad colombiana. Transitamos pues de la promesa de luchar contra la "politiquería y la corrupción" a una nueva fase de degradación de la actividad política.
Y, a todas estas, ¿Qué proponen los candidatos presidenciales ante esta realidad?
* Abogado, ex Presidente de la Comisión Especial Legislativa creada por la Asamblea Constituyente de 1991 y Director del Centro de Estudios Constitucionales-PLURAL.
Notas de pie de página
[1] www.moe.org.co. Mapa de riesgos por anomalías e irregularidades electorales, 2010.
[2] Revista Semana, N° 1449, Edición 8-15 febrero 2010.
