El forzado primer paso hacia la segunda reelección - Razón Pública
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El forzado primer paso hacia la segunda reelección

Escrito por José Gregorio Hernández
jose gregorio

jose gregorioEl ex Presidente de la Corte Constitucional disecciona la carrera contra el tiempo que acaba de emprender el referendo para una nueva elección del Presidente Uribe.

José Gregorio Hernández*

Aprobado a las volandas

Este martes 1 de septiembre, a las 11:42 p.m., con una mayoría de 85 votos contra 5, y sin la participación del Partido Liberal ni del Polo Democrático, estando en contra también los indígenas, los independientes y algunos uribistas -lo que quedó de un "Cambio Radical" bombardeado desde el Ejecutivo- la Plenaria de la Cámara aprobó en su último debate el proyecto de ley que autoriza la segunda reelección del Presidente Uribe.

La aplanadora de las mayorías uribistas se hizo sentir una vez más, aunque por momentos pareció que no iba a alcanzar la mitad más uno de los votos de la Cámara. El texto, tan difícilmente conciliado, pasa ahora a sanción presidencial, a numeración de la ley y a promulgación en el Diario Oficial, para ser remitido luego a la Corte Constitucional quien hará la revisión oficiosa de constitucionalidad por aspectos formales.

Un debate sin debate

Fueron varias horas de "debate", primero para terminar de evacuar los impedimentos, que de manera recíproca se rechazaban los representantes investigados por la Corte Suprema, y después para oír las intervenciones de varios congresistas, a los que el Presidente de la Corporación les concedía el uso de la palabra con duraciones variables: unos tenían veinte minutos, otros diez, otros cinco, otros tres, no sabemos con qué criterio.

La sesión se constituyó en un formidable ejemplo de lo que en una necesaria escuela para legisladores -que no sabemos por qué no se ha abierto todavía- podría  recibir el nombre de "Cómo no debe proceder un buen Congreso". Fue, en realidad, un debate aparente.

Como lo ha dicho varias veces la Corte Constitucional, un debate consiste en la discusión de los temas objeto del proyecto o asunto del que se trata. Es la oportunidad para la formulación de ideas, tesis, conceptos, criterios, y para argumentar y contradecir con fundamentos.

En este caso, lo que vimos fue un "diálogo de sordos". Unos representantes formulaban preguntas que nadie respondía. Otros exponían problemas de carácter jurídico respecto de los cuales no había una exposición correspondiente que los dilucidara. No se resolvían las dudas o inquietudes. No se controvertían las ideas. Cada cual se limitaba a pronunciar su propio discurso, o a leerlo, ciego ante los argumentos contrarios, y sin desvirtuar nada -como lo hizo el vocero conservador, a sabiendas de la prohibición reglamentaria vigente-Además, con la constante presión del Presidente de la Cámara y los intermitentes apagones del micrófono, para que terminaran de cualquier manera sus intervenciones, interrumpidas por gritos de quienes querían que, a toda costa, se votara.

En fin, se trataba de completar los votos a como diera lugar, sin controversia real, con muchas palabras sin fondo y en un clima de crispación carente del más mínimo cuidado por cumplir la Constitución, la ley ni el reglamento. Algo lamentable y triste.

El  gesto de elegancia que no fue  

Recuerdo que en 2003, con la ley de referendo de ese año, el Congreso remitió a la Corte Constitucional el proyecto sin sancionar, y la Corte lo devolvió para que ese paso se cumpliera, y sólo entonces le dio trámite a la revisión oficiosa. Es que la Constitución habla de una revisión de la ley que convoca el referendo, y no de un simple proyecto.

En cuanto a la sanción debe decirse que en términos generales es un acto de colaboración del Gobierno con la Rama Legislativa, y que corresponde a una función presidencial con efectos normalmente institucionales, no personales. Y si el Presidente no sanciona, será porque objeta el proyecto de ley por razones de inconveniencia o por motivos de inconstitucionalidad.

De acuerdo con los preceptos legales vigentes, el servidor público -el Presidente lo es- que deba ejecutar un cierto acto, si ese acto lo beneficia, o afecta de algún modo su interés particular, debe declararse impedido y abstenerse de llevarlo a cabo. En este caso, como corresponde al "viacrucis", se ha presentado una recusación contra el Presidente para sancionar la ley que convoca el referendo, por cuanto el Jefe del Estado tiene interés en dicha norma, dado que es beneficiado con nombre propio si el referendo se aprueba. Es el único colombiano que está en la situación que prevé la norma: haber sido elegido Presidente en dos oportunidades consecutivas.

La sanción de un proyecto de ley, por regla general tiene que ver con el interés público; con la vigencia de la norma general correspondiente. En este caso, no es descabellada la opinión del recusante  -un representante a la Cámara del Polo Democrático-,  dada la circunstancia expuesta. Pero ya desde Palacio han manifestado que no será atendida ni tramitada la recusación.

Aquí es necesario decir que, pudiendo ser materialmente acertado el planteamiento del actor -como creemos que lo es-, infortunadamente no hay cómo deducir de manera positiva esa razón con efectos en el proceso. Sobre los impedimentos y recusaciones resuelven siempre el superior jerárquico o los pares del impedido o recusado -cuando se trata de una corporación, como el Congreso o las Cortes-, pero el Presidente de la República no tiene superior jerárquico, ni pares o iguales, pues ejerce un cargo unipersonal. Así que la recusación -pensamos- se quedará presentada, como un antecedente más.

Aunque, desde luego, lo más transparente podría ser que el Presidente, si no estuviera tan ansioso, se abstuviera de sancionar, y lo hiciera en su lugar el Presidente del Senado de la República, como de manera subsidiaria lo contempla la Constitución.

Los plazos en la Corte

Una vez sancionada y promulgada la ley, todo debe enviarse a la Corte Constitucional. Y  entre tirios y troyanos hay gran expectativa por lo que puede ocurrir en esta instancia, lo que me lleva a examinar en forma resumida, los tiempos de los trámites internos en esa Corporación, al tenor de la Carta Política, del Decreto 2067 de 1991 y de su reglamento. Advierto que los términos son máximos, es decir, se puede actuar desde mucho antes del vencimiento:

  • Llegado el expediente a la Corte, debe radicarse en la Secretaria General, numerarse y someterse a reparto.
  • En Sala Plena y mediante sorteo, el Presidente de la Corte reparte el asunto a uno de los magistrados: el magistrado ponente, o sustanciador, que conducirá el proceso hasta su culminación.
  • El magistrado sustanciador tiene diez días para proferir la primera providencia, mediante la cual la Corte asume el conocimiento del asunto. En esa misma providencia, el Magistrado dispone la práctica de pruebas  -que en este caso es indispensable, pues la Corte Constitucional debe conocer todo el expediente legislativo, las actas y demás documentos en que conste el trámite dado a la iniciativa- Esta práctica de pruebas se toma al menos diez días hábiles.
  • El magistrado, una vez recaudadas las pruebas, remite el expediente al Procurador General de la Nación para que emita su concepto. Treinta días hábiles.
  • Simultáneamente el magistrado decreta diez días hábiles de fijación en lista para que cualquier ciudadano impugne o defienda la ley que convoca el referendo.
  • Regresando el expediente con el concepto del Procurador, el Magistrado Ponente tiene treinta días hábiles para preparar su ponencia  -el proyecto de fallo-
  • La Sala Plena tiene sesenta días hábiles para dictar sentencia.

Más el tiempo de campaña…

Después, el Presidente de la República debe señalar la fecha de la votación popular, y la Registraduría necesita tiempo para preparar toda la infraestructura del proceso electoral correspondiente. Y seguramente, aunque el Presidente sea candidato, y quizá por eso mismo, debe haber una campaña de los distintos aspirantes, la cual debería ser suficientemente amplia en el tiempo para que los ciudadanos no voten como borregos.

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 *Miembro fundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí. 

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