El fin de las elecciones en Nicaragua o la dictadura de la amenaza fantasma

La cancelación definitiva de las elecciones se comercializa no como el zarpazo de un régimen autoritario, sino como una medida profiláctica para proteger la soberanía de una amenaza fantasma.

Hace pocos días, el presidente de Nicaragua, Daniel Oretega, declaró que ya no se harán elecciones en su país. Con esta declaración, Ortega se declara abiertamente dictador del país que gobierna desde 2007 y abandona cualquier pretensión de democracia en Nicaragua. Esto no debe realmente sorprender a nadie, ya que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ya habían tomado múltiples medidas para atornillarse de manera permanente en el poder. Siendo así, realmente las declaraciones de Ortega no son más que un reconocimiento público de algo que era de facto ya una auténtica dictadura. 

Siendo así, la importancia de las declaraciones de Ortega radica no en la materialidad de la dictadura, sino en el carácter simbólico y en algunos aspectos casi teatrales del discurso y, finalmente, en las relaciones que tendrá con otros países de la región. A pesar de su situación de pobreza y desigualdad, Nicaragua tiene una economía relativamente estable y es un país del que, curiosamente, Estados Unidos es el mayor socio comercial; por último, Ortega está terminando de aislar por completo a su país del resto de la región, pues América Latina está viviendo el final de la “ola rosa” de gobiernos de izquierda y virando casi completamente a la derecha alineada con Trump. 

Por estos motivos, en esta columna centraré mi análisis en la relativa irrelevancia estratégica de Nicaragua en la región y en el impacto limitado que creo que las declaraciones de Ortega tendrán sobre el futuro de América Latina. 

Pese a haber llegado al poder de manera legítima en 2007, la consolidación del régimen de Ortega y Murillo se ha cimentado en la erradicación sistemática de la infraestructura democrática. La eliminación de la libertad de prensa, la expulsión de organizaciones humanitarias internacionales y la criminalización de cualquier disidencia no son meros actos de represión tradicional y responden a la instauración de la posverdad como política de Estado. En esta realidad paralela fabricada desde Managua, cualquier agrupación política alternativa es, por definición ontológica, un agente del imperialismo estadounidense o un remanente del golpismo somocista. La verdad fáctica (la existencia de una oposición civil legítima) es sustituida por una lealtad incondicional a la narrativa oficial. En este marco, la cancelación definitiva de las elecciones se comercializa no como el zarpazo de un régimen autoritario, sino como una medida profiláctica para proteger la soberanía de una amenaza fantasma.

La securitización como puesta en escena

Esta invención constante del enemigo interno es el núcleo de un ejercicio de securitización de manual, aunque profundamente anómalo. Ortega enmarca su decisión en un discurso donde el establecimiento que él encabeza (y que su esposa parece controlar cada vez más) se enfrenta supuestamente a un peligro existencial inminente orquestado por Washington. Sin embargo, este acto de habla securitizador es en realidad una pantomima. El éxito de la maniobra de la dictadura radica precisamente en que se alimenta de un vacío. La amenaza existencial que invocan ya no tiene materialidad, pues han aniquilado cualquier resquicio de organización ciudadana capaz de disputarles el poder.

Es aquí donde la teoría revela la farsa del régimen. Siguiendo Sarah Bertrand y a Lene Hansen, la oposición nicaragüense ha sido empujada a un escenario donde la contrasecuritización resulta epistemológica y materialmente imposible. El control absoluto impuesto por el aparato represivo les impide definir a Ortega como lo que verdaderamente es: la auténtica amenaza para la seguridad de la población. El Estado los ha forzado a una condición extrema de silencio locucionario. La disidencia no solo carece de las plataformas y la libertad para articular verbalmente su propia inseguridad, sino que, asediada por la cárcel y el destierro, ha sido virtualmente borrada del mapa político.

Una provocación sin aliados internacionales

Eliminar las elecciones es, entonces, un acto que muestra que Ortega y su esposa realmente no tienen nada que perder ni nada que temer y, en ese sentido, debe ser leído más como suerte de provocación a Washington. Marco Rubio ya se ha pronunciado con una retórica muy dura hacia Ortega, afirmando que el régimen representa una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos y que, además, la situación no puede seguir siendo un “business as usual”. No es claro a qué refiere Rubio, sobre todo porque las medidas que en este momento pueden tomarse para debilitar el régimen tendrían poco éxito o, en el peor de los casos, el efecto de empujar a Ortega a refugiarse bajo el manto de China o de Rusia, sus otros dos posibles aliados en el sistema internacional. Sin embargo, con Rusia ocupada en una cada vez más visible derrota en su invasión a Ucrania e Irán en guerra con Estados Unidos desde hace meses, el único salvavidas posible, China, se ha mantenido en riguroso silencio sobre el asunto. Nicaragua está no solo aislado de sus opositores, sino incluso de sus aliados en otras partes del globo. Ortega está, en este sentido, más acorralado que nunca.

Funcionalidad política para la derecha regional

Hasta ahora, la política exterior estadounidense ha recurrido al uso de la fuerza armada (ilegal según el Derecho Internacional) únicamente en Irán y en Venezuela en virtud de su cercanía con China. El poco relevante apoyo chino y las pequeñas inversiones chinas en proyectos nicaragüenses no son comparables con los estrechos vínculos con los otros dos países: mientras las inversiones chinas en Irán equivalen a casi US$400.000 millones, además de que solía obtener entre el 10% y el 15% de su petróleo de Irán, y los préstamos a Venezuela superan los US$100.000 millones, los compromisos financieros con Nicaragua apenas llegan a US$1.400 millones para la reconstrucción del aeropuerto de Punta Huete. Mi hipótesis es que, al no representar un riesgo de penetración china muy alto, Nicaragua no es una prioridad para la política exterior de Estados Unidos en este momento y se limitará a acciones más indirectas.

Por otro lado, la histórica agresividad de Ortega contra los americanos es doblemente riesgosa. Si bien es cierto que Estados Unidos tiene otras preocupaciones de política exterior en estos momentos (como la transición democrática de Venezuela, la cual Rubio anunció que podría empezar en 2027, y la guerra en Irán), Nicaragua es fuertemente dependiente del comercio con Estados Unidos, que es su mayor comprador de sus dos principales productos de exportación (oro y camisetas), y también es dependiente de una enorme cantidad de remesas que provienen de la diáspora nicaragüense. Paradójicamente, el país ahora se sostiene en gran medida gracias a las remesas enviadas por los más de 800.000 nicaragüenses que viven en el exterior y que permiten la subsistencia de 1,6 millones de hogares en su país de origen.

Como consecuencia, si una reacción de Estados Unidos se materializa en Nicaragua, probablemente se trate de una presión sobre las remesas o sobre las exportaciones de oro y textiles nicaragüenses para ahogar al régimen y forzar el país a la quiebra, como está haciendo Rubio con Cuba. Es poco probable que los más clásicos aliados de Ortega en el resto de la sociedad internacional lo apoyen en virtud de los motivos que hemos esgrimido antes. Aun así, no creo que debamos esperar una escalada en las medidas estadounidenses contra Ortega. 

Ahora, quiero enfocarme brevemente en las repercusiones que las declaraciones de Ortega tendrán en la región. Como mencioné antes, América Latina está viviendo el final de la “ola rosa” y virando vertiginosamente a la derecha, algo que se hace aún más evidente con victorias como la de Abelardo de la Espriella en Colombia. Siendo así, la clausura electoral en Nicaragua realmente no se traduce en un riesgo de desestabilización continental, sino en la consolidación de un aislamiento que resulta funcional para sus vecinos. En lugar de representar un peligro inminente que deba ser contenido mediante la intervención internacional, el régimen sandinista se ha convertido en una especie de amenaza fantasma sumamente útil para la nueva hegemonía conservadora latinoamericana. Es decir, a los nuevos liderazgos de la región les resulta políticamente más rentable tener un dictador arrinconado al cual señalar para legitimar sus propios discursos de seguridad, que invertir esfuerzos diplomáticos en rescatar la democracia de un país que carece casi por completo de importancia estratégica.

En definitiva, el fin de la vía electoral en Nicaragua no debe leerse como el triunfo de un nuevo polo de poder antioccidental, sino como el estertor de un régimen periférico que carece de la relevancia estratégica de Caracas o Teherán. La dictadura sobrevive en su aislamiento, sostenida por los dólares de los exiliados y por una retórica de securitización vacía. Ortega no lidera un imperio amenazante; administra un feudo atrincherado, asustado e intrascendente.

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