El fallo puede servir para sanar resentimientos históricos y regularizar las relaciones entre los dos países, siempre que no sigan el ejemplo de Colombia en el caso del fallo frente a Nicaragua.
Un largo conflicto
El reciente dictamen sobre la demanda interpuesta por Perú ante la Corte Internacional de Justicia para definir sus límites marinos con Chile despertó enormes expectativas y colmó la agenda política y mediática de ambos países durante varios meses.
El litigio y el fallo también tienen que ver con la necesidad histórica de los peruanos de resarcir el sentir colectivo frente a lo que han considerado como una actitud desdeñosa por parte de Chile.
Dar el caso por cerrado por decisión de la más alta instancia internacional en la materia podría ser la manera de pasar la página de la Guerra del Pacífico, que a finales del siglo XIX enfrentó a Bolivia y a Perú con Chile en los mares que hasta hoy estaban en entredicho. Podría, además, propiciar un cambio en las miradas antagónicas que reiteradamente aparecen de uno y otro lado de los 169 kilómetros que separan a Chile de Perú.
Si bien el arbitraje que rindió la Corte de La Haya el pasado 27 de enero refleja la búsqueda de equidad, resultó muy favorable para Perú
Hasta la firma del Tratado de Ancón, que puso fin a la Guerra del Pacífico en 1883, estos dos países no tenían frontera común. Por cuenta de ese conflicto, Perú cedió definitivamente a Chile el departamento limítrofe de Tarapacá y dejó en administración chilena por diez años las provincias de Arica y Tacna.
Si bien esta provincia fue devuelta al Perú mediante un nuevo tratado, la derrota le ocasionó la pérdida de 158.000 kilómetros cuadrados de territorio. Para Bolivia, la cesión a Chile del Departamento del Litoral -de una extensión de 154.000 kilómetros cuadrados- cerró hasta el día de hoy su acceso soberano al mar.
El resentimiento hacia Chile se fue cimentando en la sociedad peruana a lo largo de los casi cincuenta años que transcurrieron hasta la firma del Tratado de Lima en 1929, que fijó definitivamente la frontera terrestre. La humillación infligida por la ocupación chilena de Lima -entre 1881 y 1883- y el recorte territorial acabaron por forjar identidades opuestas en ambos países. A la imagen de un Perú derrotado se superpuso un cierto sentimiento de superioridad con respecto a los vecinos bolivianos y peruanos en Chile.
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Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile |
La estrategia de Perú ante La Haya
La adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1982, que reconoce la zona económica exclusiva de las 200 millas de mar territorial, abrió las puertas a la demanda peruana. En 1986, Perú empezó la búsqueda de una solución negociada y alertó al país vecino sobre la inexistencia de una delimitación marítima.
El inicio de acercamientos por la parte peruana quedó plasmado en el llamado Memorando Bákula, nombre de quien era entonces embajador peruano en Chile y reconocido experto en temas limítrofes.
Las renovadas demandas de Perú, rechazadas por Chile por considerar que esos límites ya estaban establecidos en los tratados pesqueros de 1952 y 1954, lo llevaron a recurrir finalmente a la justicia internacional para dirimir el conflicto.
El agotamiento de las posibilidades de negociación bilateral, por la negativa chilena de reconocer el tema pendiente, funcionó, paradójicamente, como una oportunidad para que Perú construyera una política de Estado de defensa del interés nacional. La demanda, que acabaría siendo oficializada en enero de 2008, fue precedida por actuaciones certeras de la diplomacia que despejaron el camino hacia La Haya y dieron solidez a su posición.
El agotamiento de las posibilidades de negociación bilateral, por la negativa chilena de reconocer el tema pendiente, funcionó, paradójicamente, como una oportunidad para que Perú construyera una política de Estado de defensa del interés nacional.
En el manejo peruano de la controversia es notable el respaldo de todas las fuerzas políticas a la posición del Estado durante los tres Gobiernos sucesivos a los cuales desde 2004 correspondió tramitar el caso. Otro factor clave en el desenlace favorable para Perú fue la calidad del equipo jurídico encargado de la defensa ante la CIJ, liderado por dos ex ministros de Relaciones Exteriores de los Gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, y la incorporación, en 2011, de quien fuera canciller cuando en nota diplomática se dieron por terminadas las negociaciones directas.
La decisión de la Corte
Si bien el arbitraje que rindió la Corte de La Haya el pasado 27 de enero refleja la búsqueda de equidad, resultó muy favorable para Perú. El fallo acogió más del 70 por ciento de la demanda peruana, y amplió en cerca de 50.000 kilómetros cuadrados la extensión de su dominio marítimo, al que por ley se le dio la denominación de “Mar de Grau” en 1984, en honor del héroe peruano de la Guerra del Pacífico.
La Corte estableció que a partir del Hito 1, por donde pasa el paralelo donde se inicia la frontera marítima entre ambos países, se trazara una línea paralela de 80 millas que estaría bajo soberanía de Chile y a partir de ese punto se traza una línea equidistante hasta el límite de las 200 millas que pasa a ser zona económica exclusiva de Perú. Para tomar la decisión de las 80 millas, la Corte se basó en la evidencia de la actividad pesquera hacia 1950 cuando se firmaron los tratados de pesca entre ambas naciones.
La decisión salvaguarda los intereses económicos de Chile en el primer triangulo en disputa, que cubre cerca de 38.000 kilómetros cuadrados, de los cuales recibe más del 40 por ciento y dentro de los que se realiza la casi totalidad de la actividad pesquera de la región de Arica. Pero también reconoce la soberanía del llamado triángulo externo para Perú y que, según la posición chilena, pertenecía a las aguas internacionales.
 Encuentro entre el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, y el Presidente del Perú, Ollanta Humala. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile |
Lo que el fallo hace posible
La delimitación de esta frontera marítima no es apenas una cuestión de intereses pesqueros en una zona que cuenta con una gran riqueza. Las expectativas frente al fallo también están puestas en disfrutar de relaciones más fluidas y de mayor integración, para lo cual debían evitarse posibles interferencias del diferendo marítimo en el desarrollo de la relación bilateral.
Con ese propósito, la Cancillería peruana propuso una estrategia de acompañamiento de la resolución de la controversia por la justicia internacional conocida como la política de las “cuerdas separadas”. Esta ha permitido llevar por separado los asuntos de la delimitación y el de la integración económica y lograr una relación relativamente cordial durante los últimos años.
Un trazado marítimo definitivo permitirá fortalecer las importante y sólidas relaciones comerciales entre ambos países -Perú es el primer destino de las inversiones chilenas en la región- y probablemente tendrá efectos positivos para la comunidad peruana radicada en el país del sur, una población que, según datos del Departamento de Extranjería y Migraciones, representa el 37 por ciento de la población inmigrante en Chile.
Cerca de cinco mil personas transitan diariamente por la frontera entre los departamentos de Tacna y Arica, donde se producen intercambios significativos de bienes y servicios. Los chilenos viajan, por ejemplo, para ser atendidos en los hospitales tacneños o para conseguir mercancías más baratas, mientras que la región de Arica se beneficia con la llegada de trabajadores peruanos temporales en las aéreas de la construcción y de servicios.
El mal ejemplo colombiano
El desacato de Colombia a las reglas de juego internacionales por el fallo emitido por la CIJ sobre su diferendo con Nicaragua flotaba en el ambiente como un mal presagio de la posición que Chile podría asumir.
La argumentación colombiana, dada a conocer un año después de emitido el fallo, y que declara su inaplicabilidad pues la modificación de límites territoriales debe ser revisada por la Corte Constitucional y aprobada por el Congreso de la República, abre la vía a inéditas interpretaciones que podrían tener como objetivo detener, retrasar, o sencillamente no ejecutar decisiones internacionales de carácter vinculante e inapelable.
Dar el caso por cerrado por decisión de la más alta instancia internacional en la materia podría ser la manera de pasar la página de la Guerra del Pacífico, que a finales del siglo XIX enfrentó a Bolivia y a Perú con Chile en los mares que hasta hoy estaban en entredicho.
Probablemente Chile no llegue a retirarse del Pacto de Bogotá, con el cual aceptó la jurisdicción de La Haya, pero sí podría adoptar maniobras de dilación para la ejecución de la sentencia.
Está por verse si el nuevo Gobierno de Michelle Bachelet, al que le corresponderá la etapa de aplicación, se sumará a las voces que ya en Chile han pretendido que el fallo es negociable, que exigen la modificación de la constitución pues esta no sería consistente con lo que establece el derecho internacional del mar, o que condicionan su aplicación a la firma de la Convención del mar por parte de Perú.
La hora de La Haya también marcará el reequilibrio de las relaciones entre estas naciones. Chile tiene la oportunidad histórica de demostrar al país vecino que los 135 años de desencuentros quedaron en el pasado.
* Politóloga de la Universidad de los Andes con Máster en Derechos Humanos y en Asistencia y Observación Electoral. Trabaja como consultora en Francia.
