En muchas ocasiones el Estado permite y aún promueve las economías ilegales mediante la manipulación de la aplicación de las leyes. ¿De qué depende que esto ocurra? ¿Cuáles son las consecuencias para la ciudadanía?
Javier Revelo Rebolledo*
El orden clandestino. Políticas, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en la Argentina
Matías Dewey
Katz Editores
2015
El Estado en contra de la ley
La permanencia de poderosos mercados ilegales en Colombia será sin duda uno de los retos centrales para construir una paz estable y duradera. Al problema de las drogas ilícitas se suman la minería ilegal, el contrabando, el tráfico de personas y otras muchas empresas criminales.
Estos mercados son un desafío para la construcción de paz, por ahora muy incierta, no solo porque financian a quienes trasgreden la ley, sino porque se han logrado incrustar en las entrañas mismas del Estado. Para nadie es un secreto que en algunas regiones de Colombia ha sido el Estado quien promueve los mercados de tipo ilegal.
En algunas regiones de Colombia ha sido el Estado quien promueve los mercados de tipo ilegal.
De este modo, el Estado también obstaculiza la aplicación universal de la ley, y ese es el tema que nos ayuda a comprender el libro de Matías Dewey: el orden clandestino.
El orden clandestino
 Policia Federal Argentina al margen de los delitos Foto: Wikimedia Commons |
Este libro estudia cómo el Estado argentino actúa frente a la ilegalidad y propone que, en ciertos espacios, la construcción de Estado depende de la creación y expansión de los mercados ilegales (por ejemplo, el mercado de autopartes de vehículos robados y el mercado de ropa sin requisitos). Según Dewey, el Estado configura un orden clandestino porque no solo permite los mercados ilegales, sino que los promueve.
El orden clandestino funciona como el orden mafioso porque los dos permiten enfrentar la desconfianza que existe entre personas involucradas en el mundo ilegal. Tanto el Estado como las mafias protegen los intercambios económicos de tipo ilegal a cambio de un “impuesto”. Quien no paga queda desprotegido de los otros delincuentes o de la acción estatal.
A diferencia del orden mafioso que protege contra reales o supuestas amenazas de violencia, el tipo de protección que se vende en el orden clandestino es simple y llanamente la suspensión de la aplicación del derecho. Dice Dewey que la ley se convierte en un recurso central para proteger -más que para perseguir- a los mercados ilegales. Quien viola la ley sabe que necesita protegerse del Estado, es decir, de la aplicación de las leyes que está violando. Por tanto es necesario pagarles a los agentes estatales (generalmente policías) para que no apliquen la ley y los “dejen trabajar”.
Si bien la operación del orden clandestino depende de los policías, este no podría existir sin la intervención de los políticos y de la justicia. Con el orden clandestino ganan el “cliente”, los policías y las élites. Pero el problema radica en que estas actitudes mafiosas del Estado acaban por minar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y por abrir espacios no estatales, muchas veces ilegales, de integración social.
El orden clandestino y la política
Según Dewey, el orden clandestino es posible porque las élites judiciales y políticas lo permiten y al mismo tiempo se benefician de él en tanto captan recursos para financiar sus campañas o pueden mostrar los buenos resultados de su gestión (por ejemplo, la reducción del desempleo, la disminución de la inseguridad o el aumento en los niveles de consumo). Esta idea, aunque es sugestiva y plausible, es el eslabón más débil del argumento y está poco sustentada empíricamente.
Una cosa es plantear que el orden clandestino es una forma particular de construir Estado y otra muy diferente es responsabilizar a las élites de ello. Para atribuirles responsabilidad no es suficiente afirmar que la existencia de este orden las beneficia, porque esto no necesariamente quiere decir que ellas estén detrás de él. Además, buena parte del trabajo de campo se centra en estudiar a los policías de la calle y a sus superiores. Empíricamente el libro explora poco el papel de los jueces y de las élites políticas, y por eso es poco convincente cuando afirma que ellas están detrás de la construcción del orden clandestino.
Gracias al conocimiento que tenemos sobre las relaciones entre élites e ilegales, países como Colombia y México serían más útiles que Argentina para estudiar cómo se sustenta el orden clandestino en las altas esferas de poder.
¿Un orden clandestino en Colombia?
 La llamada sub-cultura del narcotráfico Foto: Wikimedia Commons |
La idea del orden clandestino es útil para descifrar cómo actúa realmente el Estado más allá de las ideas de ausencia, debilidad, corrupción o captura estatal. Sin embargo, su alcance sigue siendo limitado porque el orden clandestino solo es posible en donde el Estado tiene cierta jerarquía en relación con los poderes sociales.
Actitudes mafiosas del Estado acaban por minar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Según Dewey, la suspensión de la aplicación del derecho -que es vendida por el mismo Estado- es un monopolio de los agentes estatales porque son ellos los únicos llamados a aplicar la ley. Por eso, un supuesto básico del orden clandestino consiste en que los agentes puedan decidir libremente si aplican o no la ley.
Dicho de otro modo: la protección que brindan los agentes estatales a los mercados ilegales depende de que la amenaza de aplicar la ley sea creíble, y esto ocurre cuando esos agentes tienen el poder suficiente para actuar y obligar a sus “clientes”. El problema así planteado es entonces un asunto de voluntad más que de capacidad.
Por ese motivo, el concepto de orden clandestino es útil para caracterizar lugares en donde, a pesar de que el Estado tiene cierto poder, los funcionarios deciden hacer poco para frenar los mercados ilegales. Este podría ser el caso de los grandes puertos marítimos (como Tumaco, Buenaventura y Turbo) y de buena parte de los municipios de la Costa Atlántica, en donde un abultado aparato estatal coexiste con economías de tipo ilegal.
Pero obviamente es muy difícil consolidar un orden clandestino en donde el Estado no tiene tal poder. No puede haber un orden clandestino en donde el poder de quienes aplican la ley es más simbólico que material. En estos contextos, a los agentes estatales les toca negociar o someterse a los poderes reales, y por eso no tienen la posibilidad de escoger entre aplicar la ley o no aplicarla.
En conclusión, la idea de un orden clandestino es útil para comprender las acciones del Estado, pero solo en regiones que han estado medianamente integradas a la vida nacional y que tienen mercados ilegales. En estos casos la construcción de Estado puede llegar a depender de la expansión de mercados ilegales, pero este Estado no es un Estado de derecho en donde la ley se aplica de forma universal.
* Candidato a doctor en Ciencia Política de la Universidad de Pennsylvania.
