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El equilibrio de poderes y la propuesta de una constituyente

Escrito por José Gregorio Hernández
Sala Plena de la Corte Constitucional.

ESPECIAL
Sala Plena de la Corte Constitucional.

Jose Gregorio Hernandez Mientras todavía se discute el proyecto de “equilibrio de poderes” apareció la propuesta de una asamblea constituyente que lo reemplace. ¿Cuál de los dos mecanismos es más apropiado para enfrentar el desajuste que vive la justicia?

José Gregorio Hernández Galindo*

El sentimiento constitucional

El jurista y filósofo alemán Karl Loewenstein (1891-1973) describió el “sentimiento constitucional” como la conciencia de la sociedad sobre la importancia de la constitución y de su imperio por encima de las coyunturas, los intereses partidistas y las tensiones sociales o políticas.

Este sentimiento es el arraigo de la constitución en la colectividad, el sentido de adhesión emocional a la norma básica y la apropiación por parte del pueblo de los valores, postulados y garantías allí consagrados.

Esto implica que, si bien una constitución requiere ajustes y cambios que la van sintonizando con las aspiraciones y prioridades sociales, estos deben producirse de manera prudente y meditada, en la medida en que sean verdaderamente necesarios, y no apenas a partir de coyunturas o de conveniencias pasajeras e intrascendentes.

En Colombia, infortunadamente, no parece existir este sentimiento constitucional, aunque debemos reconocer que el ciudadano del común (en especial a raíz de instituciones como la acción de tutela) ha establecido una relación más estrecha con la Constitución de 1991 que la que tuvo con su antecesora, la de 1886.

Si bien una constitución requiere ajustes y cambios que la van sintonizando con las aspiraciones y prioridades sociales, estos deben producirse de manera prudente y meditada.

Pero aun así, el vínculo entre la comunidad y su constitución dista mucho de corresponder a un verdadero sentimiento constitucional, entre otros motivos por la falta de pedagogía y de divulgación de los contenidos constitucionales.

¿Qué ha pasado? Que la clase política (incluyo al Congreso, al gobierno, a la Corte Constitucional y a las altas corporaciones judiciales) se ha adueñado de la Constitución y de los mecanismos de participación ciudadana (el referendo, la consulta popular o la revocatoria del mandato), que han sido manipulados por los políticos sin permitir que el pueblo participe en la toma de decisiones relativas al interés público ni en las reformas constitucionales.

En consecuencia, al no existir una clara conciencia acerca del enorme compromiso que significa reformar la Constitución, la función ha sido ejercida de manera descuidada, de suerte que desde 1991 hasta ahora (sin contar los actos legislativos que en los próximos días serán expedidos, como el alusivo al denominado “equilibrio de poderes” y el referente al fuero militar) el Congreso ha introducido treinta y siete reformas constitucionales, la mayoría de ellas aprobadas para responder a situaciones coyunturales o a objetivos políticos de corto plazo.

Una sola reforma ha sido introducida por la vía del referendo: la de 2003, incorporada como Acto Legislativo 1 de 2004, después de que solo pasara una de las quince preguntas puestas a consideración de los votantes, pues las demás no alcanzaron el umbral exigido por el Artículo 378 de la Constitución. La norma entonces aprobada se reformó a su vez mediante el Acto Legislativo 1 de 2009.

Sesión del Congreso en el Capitolio Nacional.

Sesión del Congreso en el Capitolio Nacional. 
Foto: Congreso de la República de Colombia

El mal llamado “equilibro de poderes”

En los dos últimos períodos legislativos se ha venido tramitando precisamente el proyecto de acto legislativo que, según el texto presentado por el gobierno, busca restablecer el equilibrio de poderes. Este es un término impropio, por cierto, pues el poder es uno solo (el del Estado, el poder público) y lo que tenemos en las actuales democracias son ramas y órganos (manifestaciones del poder estatal) por medio de los cuales el Estado ejerce las distintas funciones que le son propias.

El equilibrio entre quienes ejercen la función pública es algo indispensable en una democracia y un factor decisivo para que pueda hablarse de un auténtico Estado de Derecho donde, por definición, no hay órganos ni funcionarios omnipotentes ni exentos de control.

Esto significa que ninguna de las ramas u órganos del poder público puede dominar a los demás, ni evadir las reglas que fijan sus competencias y atribuciones. Todos están sujetos a la constitución y a la ley, las cuales indican la forma como los servidores acceden a sus cargos; delimitan la actividad que se les confía y establecen los deberes de cada uno; tipifican y gradúan las faltas y sanciones que les son aplicables; precisan las responsabilidades en que tales servidores pueden incurrir y prevén el órgano competente para investigarlos y juzgarlos.

Eso es perfectamente normal en cualquier Estado, y el hecho de que los órganos competentes asuman la función al respecto no tiene por qué provocar la reacción o el rechazo por parte de los titulares transitorios de las funciones objeto de vigilancia. El órgano u órganos facultados para reformar la Constitución y para expedir la ley deben  considerar todo esto dentro de un sistema armónico, funcional y operante que evite las formas de impunidad o irresponsabilidad, desde el punto de vista penal, fiscal y disciplinario.

Si bien el proyecto de acto legislativo sobre “equilibrio de poderes” toca aspectos importantes de la Constitución, este dista mucho de ser una reforma integral, y no consagra un sistema que obedezca a determinados principios que lo hagan coherente y completo.

Si lo estudiamos detenidamente, tras seis debates donde los cambios de enfoques y contenidos han sido permanentes, este proyecto carece de un hilo conductor que facilite una interpretación sistemática, al tiempo que deja en vigencia muchos puntos de la actual estructura constitucional que deberían armonizarse con las nuevas normas.

Ello se debe (y lo digo con respeto) a la improvisación que ha prevalecido durante su trámite, en particular a lo largo del segundo período de sesiones, en el cual, pensando más en recientes escándalos que en construir un sistema constitucional con vocación de permanencia, se han venido agregando elementos de fondo no tratados en primera vuelta, contra lo estatuido en el Artículo 375 de la Constitución.

Aunque el creciente desprestigio de la Corte Constitucional y el hecho de que las nuevas disposiciones afecten a sus integrantes seguramente harán que estos se declaren impedidos para resolver tales irregularidades procesales.

Palacio de Justicia de Bogotá.

Palacio de Justicia de Bogotá.
Foto: Wikimedia Commons

¿Asamblea constituyente?

En este escenario, los presidentes de las altas corporaciones judiciales y el fiscal general de la Nación han propuesto que el proyecto se hunda y se convoque en su lugar a una asamblea constituyente con el objeto específico de reforma la justicia.

La propuesta, como era previsible, ha provocado una reacción de rechazo de las propias corporaciones, del gobierno, del Congreso y de los partidos políticos, por haber sido formulada en el momento del mayor desprestigio de la Rama Judicial.  Sin embargo, esta propuesta es legítima pues es una de las posibilidades que la propia Carta ofrece para su modificación.

Es cierto que esta acción no es indispensable en este momento, ni puede creerse que sea el único camino para reestructurar el sistema. Pero tampoco se puede descalificar de antemano, ni descartarla como si se tratara de algo prohibido o indebido.

El Congreso ha introducido treinta y siete reformas constitucionales.

Esta es una posibilidad entre otras que merece ser evaluada y considerada, aunque también se debe examinar si la iniciativa resulta o no extemporánea, teniendo en cuenta que el proyecto de acto legislativo está a dos debates de ser norma constitucional.

Por eso resulta natural preguntarnos por qué los proponentes no expusieron antes su idea, sino que lo hicieron a última hora y de manera improvisada, sin un estudio previo y fundamentado.

Tal vez, ante la opinión pública, la iniciativa habría podido tener acogida si hubiese  resultado de un trabajo de los magistrados de las altas corporaciones y de la Fiscalía, desarrollado con criterio objetivo, y no hubiese dado la impresión de que se trataba de un litigio en causa propia

Convocar una asamblea constituyente es un trámite complejo y demorado que tomaría más de un año. Para ello se necesita una ley expedida por el Congreso con mayoría calificada (mitad más uno de los votos). Esa ley debe ser revisada oficiosamente por la Corte Constitucional y, una vez declarada exequible, viene la intervención del pueblo, que es el facultado para convocar la asamblea si así lo aprueba por lo menos la tercera parte de los integrantes del censo electoral.

Los miembros de la asamblea deben ser elegidos por el voto directo de los ciudadanos en acto electoral que no podrá coincidir con otro. Después vienen la posesión y actividad de la asamblea, que seguramente deberá contar con tiempo suficiente para adoptar sus resoluciones, que serán de rango constitucional.

Sea cual fuere el mecanismo o procedimiento que siga, lo que se requiere es una reforma integral y bien preparada y estudiada, que ahora brilla por su ausencia. El gobierno y el Congreso anuncian que de todas maneras se aprobará el proyecto de equilibrio de poderes, pero ojalá en estos dos últimos debates se corrijan varios aspectos de esta propuesta en búsqueda de mayor armonía y eficacia.

Sin embargo, a los colombianos nos quedan debiendo todavía las normas que solucionen los graves problemas que a diario afectan al ciudadano común, como la congestión, la morosidad, el formalismo y los focos de corrupción de nuestra justicia.

 

*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

 

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