Detrás de las protestas está también el hambre. Un repaso de las decisiones, los errores de política y las cifras históricas y actuales muestra la gravedad y el porqué de la crisis humanitaria que está viviendo nuestro principal vecino.
Carlos Machado Allison*
Un país de colas
En Venezuela se ha esfumado una forma de vida que había sido posible gracias al crecimiento acelerado de la economía entre 1950 y 1980, cuando este país era un modelo latinoamericano con la mejor infraestructura energética, una impresionante red vial y, en general, buenos servicios públicos y oportunidades de negocios de todo tipo.
Hoy sin embargo los venezolanos se despiertan cada día sin saber si encontrarán comida, medicinas o ambas. No es extraño observar personas que buscan comida entre la basura, amén de las largas filas en los alrededores de los supermercados en espera del acceso a alimentos subsidiados o con precio regulado por el gobierno de Nicolás Maduro, el heredero de la unión cívico-militar, la alianza socialista forjada por el fallecido Hugo Chávez.
No sólo se forman colas interminables para obtener alimentos, sino también medicinas, pañales, pasta de dientes y los que pueden, en busca de un pasaporte para abandonar el país.
La economía estatizada
 Filas para acceder a los supermercados en Venezuela. Foto: Wikimedia Commons |
Durante los primeros años del gobierno Chávez el discurso daba prioridad a la agricultura y el proteccionismo, creando expectativas entre los productores primarios y otros agentes económicos vinculados con la alimentación. Pero en ese discurso también había elementos de agrarismo radical, socialismo y prepotencia gubernamental, así como una amenaza permanente a los derechos de propiedad.
Los productores descubrieron que había más que un discurso a partir de 2005, cuando el gobierno, a punta de fusil, comenzó a intervenir, confiscar, rescatar o expropiar fincas ganaderas, centrales azucareras y plantas procesadoras de alimentos. También fueron estatizadas empresas de servicios como electricidad y telefonía, fábricas de cemento y vidrio, siderúrgicas, terrenos, edificios, hoteles, bancos y empresas de servicios petroleros.
En el año 2007 se hizo evidente la ruta de las políticas cuando se publica el Plan de la Patria y se proclama el objetivo del “Estado comunal”. El Plan apunta sin ambages al aumento de la participación directa del gobierno – y reducción de la correspondiente al sector privado- en prácticamente todos los ámbitos de la economía nacional.
En ese discurso había elementos de agrarismo radical, socialismo y prepotencia gubernamental.
El gobierno, por las vías legales más diversas, pero también por medios coercitivos, acumuló más de 5 millones de hectáreas privadas que sumó a 15 millones de su propio banco de tierras. Colocó parte de estos fundos en manos de cooperativas, empresas socialistas de producción o de las fuerzas armadas. La principal empresa distribuidora de insumos agrícolas también es nacionalizada. Y el fracaso fue rotundo.
Mientras tanto el gobierno se hace con cadenas de supermercados y una amplia red propia de distribución de alimentos que tampoco tiene mayor éxito. La ineficiencia y la corrupción caracterizan a las empresas en manos del gobierno. Unas dan pérdidas, otras no se sabe. Sus estados financieros son un misterio.
Control de precios y comercio exterior
Un riguroso control de precios, desde la finca hasta el consumidor final y un alocado sistema cambiario con varias tasas, determina el cierre de empresas o líneas de producción. El gobierno participa en la importación de alimentos, hasta contar en la actualidad con un monopolio casi absoluto. La escasez en los anaqueles fue el resultado final y esperado, se repetía lo observado años atrás en la Unión Soviética, China, Perú, Corea del Norte y Nicaragua.
También inútiles fueron las medidas de control equivalentes a una cartilla de racionamiento, como la compra en función del último dígito de la cédula de identidad con el apoyo de equipos capta huellas. Eso sí, surgió un lucrativo negocio de reventa ilegal de alimentos procesados que en Venezuela recibe el nombre de bachaqueo en alusión a la conducta de ciertas hormigas.
Con el boom de los precios petroleros, en su momento se dieron toda clase de proyectos fastuosos y la ayuda a los “hermanos” andinos y caribeños. Venezuela abandona el G-3 (Colombia, México y Venezuela) y el Pacto Andino, trata de incorporarse al MERCOSUR e intensifica sus relaciones comerciales con China, Rusia, Irán, Cuba, Brasil, Argentina y Nicaragua. La culpa de cualquier mal, se decía y se repite año tras año, es del capitalismo, del Imperio Yanqui, de los empresarios y sus aliados.
Miles de venezolanos han cruzado la frontera con Colombia desde el año 2014 en procura de alimentos. Algo similar ocurre en el sur con la frontera de Brasil y conozco varias personas que viajan con frecuencia y ahora en lugar de perfumes, ropa de calidad o bombones, llenan sus maletas con leche en polvo, pañales, medicinas y café instantáneo.
La destorcida del sector agropecuario
 Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Foto: Gobierno Bolivariano de Venezuela |
Venezuela nunca se distinguió como país agrícola, pero a partir de 1950 se realizó un esfuerzo importante para sustituir importaciones.
La ineficiencia y la corrupción caracterizan a las empresas en manos del gobierno.
Varios sistemas de riego, escuelas de agronomía y veterinaria, un instituto de investigaciones agrícolas y el empuje de varias agroindustrias muy modernas en su equipo, impulsaron la producción de arroz, maíz, leche, caña de azúcar, palma aceitera y otros rubros.
Aunque fue necesario mantener la importación de trigo, leche, aceite, alimentos balanceados, frutas subtropicales y otros rubros de menor importancia, para la década de 1990 el consumo interno de arroz, carne bovina y de aves, huevos, hortalizas, raíces y tubérculos, frutas tropicales, fue satisfecho por la producción nacional. Intermitentemente se importaban pequeñas cantidades de papa, cebolla y tomate en pasta para la industria, pero el gasto total de los alimentos procedentes del exterior era de 75 dólares por habitante y año, cerca del promedio mundial de acuerdo con las estadísticas de la FAO. La balanza comercial agrícola era negativa, pero exportábamos café, arroz, cacao, chocolate, cerveza, pastas alimenticias, galletería, mayonesa, ron y salsa de tomate.
La producción bruta per cápita disminuyó más del 35 por ciento entre 2007 y 2016, afectando arroz, maíz, hortalizas, carne bovina, leche, azúcar, sorgo, oleaginosas, papas, café y otros rubros. ¿Por qué se desplomó la producción?
La política económica ha estado matizada con amenazas públicas contra los opositores, acoso a las empresas y descalificación, un ejercicio populista que pagó dividendos electorales mientras el déficit en la producción era enjuagado a través de las importaciones.
En alimentos y forrajes el gasto saltó de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares en el lapso 1990-2002 a cifras cercanas a los 10.000 millones (cerca de 300 dólares por habitante y año) antes del colapso de los precios del petróleo. Entre 2015 y 2017 las importaciones han disminuido en un 70 por ciento. Según la Confederación Venezolan de Industriales (Conindustria), más de 7.000 empresas han cerrado sus puertas y los principales gremios agrícolas (Fedeagro) y ganaderos (Fedenaga) tienen varios años alertando sobre las causas de la escasez y el encogimiento de las utilidades de los productores: a veces por la competencia desleal generada por una tasa de cambio subsidiada a la que no todos tenían acceso.
Daños estructurales
A pesar de los elevados precios del petróleo, la deuda pública alcanzó magnitudes no conocidas y sin tomar en cuenta la abrupta caída en la producción, aumentó el circulante determinando una inflación desbocada. La misma según analistas internacionales alcanzará en 2017 entre 700 y 1000 por ciento, la más alta del mundo.
Más grave aún, a la crisis de producción se suma ahora la de consumo. El 82 por ciento de los venezolanos carece de dinero para comprar los alimentos necesarios, la subnutrición aumenta (11,5 por ciento según Cáritas y UNICEF) mientras emigran masivamente profesionales, investigadores y profesores por la falta de oportunidades o la existencia de sueldos miserables.
También la erosión de la capacidad tecnológica abate la producción y la productividad. La migración de talento es posiblemente el mayor daño social que sufre Venezuela.
Sin duda las políticas públicas destinadas a la formación de profesionales de alto nivel tuvieron éxito en las décadas de 1980 y 1990. No era difícil obtener recursos públicos para lograr una maestría o un doctorado en una universidad de prestigio, mientras que hoy el salario máximo de un profesor-investigador, titular, con doctorado y en el punto máximo de la escala, es de apenas 50 dólares mensuales a la tasa de cambio del mercado paralelo. En el resto de América Latina el ingreso de ese docente-investigador se ubica entre 650 y 2.000 dólares mensuales, en algunos casos hasta en 4.000 y en los países desarrollados la escala se mueve entre 45.000 y 130.000 dólares anuales.
De este modo Venezuela no sólo subsidia el petróleo en el Caribe a cambio de votos en la OEA, sino también a muchos países como España, Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Chile, Ecuador, Costa Rica y Colombia, con una transferencia masiva de recursos humanos calificados.
Hoy hice una compra de alimentos básicos, a precios del mercado paralelo y logré intercambiar algunos. Compré azúcar procedente de Brasil, arroz colombiano y permuté un paquete de arroz por uno de frijoles mexicanos y otro de azúcar por uno de harina de maíz nixtamalizada que no es adecuada para hacer arepas, pero sí para tortillas mexicanas.
* Biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ph.D. de la Universidad de Notre Dame, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y del Instituto de Estudios Superiores de Administración, miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela.
