El problema verdadero no es la forma de gestión, sino la decisión del Estado de ofrecer educación de buena calidad. En materia educativa, el alcalde está empeñado en acabar lo que funciona.
Francisco Cajiao*
Mejores resultados académicos
Los colegios en concesión en Bogotá, creados durante la administración de Enrique Peñalosa (1998-2000), siempre han sido objeto de controversia.
Hay visiones encontradas acerca de este modelo. Hace una década el diario El Tiempo hacía un balance sobre los primeros resultados de la experiencia y sintetizaba las tres posiciones acerca de ella:
“Para algunos se trata de una de las mejores alternativas para mejorar la calidad. Para otros es acercarse a la privatización. Y unos más piensan que aunque funciona, no es la solución. Los colegios en concesión -planteles oficiales administrados por instituciones privadas- cumplen tres años y con la celebración llegan los balances”.
En cuanto a los resultados, el artículo indicaba que en el año 2000 habían sido evaluados los alumnos de los grados tercero y quinto y los resultados habían estado por debajo del promedio de los planteles de la respectiva localidad. Pero estos colegios llevaban muy poco tiempo de funcionamiento.
Dos años después, en esos mismos grados, cinco colegios en concesión presentaron resultados superiores a los de otros planteles de la localidad y superaron el promedio de los de la ciudad. El modelo empezaba a dar buenos resultados.
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Alumnos del colegio distrital Débora |
Con mejor infraestructura
Por mi parte he sostenido desde entonces que el problema no radica en el modelo de administración, sino en la capacidad o incapacidad del Estado para ofrecer educación de buena calidad.
Los estudios de la época mostraban que el estado de la infraestructura escolar de la ciudad era lamentable: el 62 por ciento de las sedes representaban un peligro para la vida de estudiantes y maestros si llegaba a presentarse un sismo de mediana intensidad; el 50 por ciento estaban por debajo de los estándares mínimos de salubridad; y el 65 por ciento habían sido construidas mediante esfuerzos comunitarios antes de 1984. Para rematar, el 95 por ciento de los colegios carecía de licencias de construcción.
En esta situación, construir 25 colegios de óptimas condiciones y entregarlos a operadores privados era una declaración expresa de la incapacidad de gestión del Estado que, además, condenaba a los colegios existentes a la pobreza eterna, pues todos los recursos disponibles se estaban invirtiendo en las nuevas sedes.
No sin razón, los maestros oficiales señalaban que el Distrito le estaba entregando al sector privado los únicos colegios oficiales que contaban con una infraestructura adecuada.
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El actual secretario de educación del |
Sí se puede
Cuando Luis Eduardo Garzón fue elegido alcalde (2004-2007) dejó en claro que se mantendrían los colegios ya adjudicados en concesión, pero que aquellos construidos durante su período serían administrados directamente por la Secretaría de Educación.
Y en efecto, a partir de 2004 se inició el más ambicioso programa de infraestructura que haya llevado a cabo el Distrito Capital. A fines del 2008 se habían construido 36 nuevos mega-colegios, se habían reconstruido y ampliados otros 60, y 170 sedes escolares habían sido reforzadas y mejoradas. Durante este período se invirtieron más de 1.3 billones de pesos para la construcción de cerca de 800.000 metros cuadrados de infraestructura escolar con altos estándares arquitectónicos y educativos.
Por su parte, la Secretaría de Educación adelantó una política firme en materia de calidad con programas como “escuela–ciudad–escuela”. Esta política tuvo varios efectos positivos:
• Abrió nuevos espacios culturales para los niños de los colegios oficiales.
• Contribuyó a crear programas de formación para los docentes
• Creó programas orientados a la articulación entre universidades y colegios para mejorar el acceso a la educación superior.
• Impulsó nuevos modelos curriculares orientados a un mejor desempeño de los estudiantes de acuerdo con su desarrollo evolutivo.
Esta iniciativa hizo que la discusión de los colegios en concesión pasara a un segundo plano, pues el afán del gobierno se centró en aquello que le correspondía: mejorar la educación oficial y crear un compromiso creciente con la búsqueda de la excelencia entre directivos, funcionarios y maestros.
El avance en la infraestructura y equipamiento y la construcción de colegios con las mejores características posibles –alguno de ellos premio nacional de arquitectura- puso en pie de igualdad a los planteles bajo concesión con los administrados directamente por la Secretaría. Ahora pueden compararse en igualdad de condiciones, lo cual es bueno para ambas partes.
Da lo mismo
La experiencia de trece años en Bogotá muestra a las claras que, más allá de los discursos ideológicos sobre el neoliberalismo y la privatización de la educación básica, el problema que debe resolverse es el de la mala calidad del servicio que reciben los niños y jóvenes de los estratos más pobres.
El sistema educativo no puede seguir siendo incapaz de incidir positiva y decisivamente sobre la movilidad social.
Si un niño o niña bogotano consigue que la educación que recibe mejore sus condiciones de vida, que le dé la oportunidad de acceder a la educación superior, que le permita descubrir otros horizontes de desarrollo y que eleve las expectativas sobre su propio futuro, le dará lo mismo si ello ocurrió en un colegio manejado directamente por el Estado, en uno de concesión o en uno privado.
Mantener las concesiones
Pero en los últimos años la matrícula en los colegios distritales se ha venido reduciendo significativamente, mientras aumenta la demanda para los colegios de concesión. Las familias perciben que es mejor la educación que les ofrecen, y esta percepción no puede cambiarse haciendo desaparecer las instituciones de su preferencia.
Es más. La crítica principal contra los colegios en concesión es puramente ideológica. Salomón Kalmanovitz lo expresó de forma clara en El Espectador: “los enemigos naturales del experimento son los sindicatos de maestros porque se convierte en una amenaza para su estabilidad, que se defiende sin importar que lesione los intereses de los estudiantes y de sus familias”.
Estos colegios son gratuitos, se sostienen con recursos distritales, tienen costos similares a los de los colegios públicos y los estudiantes son asignados por la Secretaría de Educación. No es tan claro el argumento según el cual revertir los colegios a la administración oficial represente ganancia ni para el distrito, ni para las familias, ni para “lo público”.
Cosa distinta es que se cancelen los contratos de aquellos colegios que no cumplan con los objetivos de la concesión – y así lo prevé la norma-. También es claro que al concluir el contrato tendrá que abrirse una nueva convocatoria, donde tendrían que continuar los que se postulen y hayan obtenido buenos resultados.
Inventarse un nuevo problema para satisfacer a un par de concejales o a una dirección sindical no es razonable. Lo importante es resolver los múltiples problemas que tiene la educación de la ciudad.
Evaluación delicada
El problema central para la administración del alcalde Petro es asegurar que la evaluación a la cual deben someterse los colegios en concesión sea transparente y de calidad. Hasta ahora no ha sido así. A lo largo de la vigencia de los contratos se han dado muchos tumbos:
• Se han cambiado los evaluadores.
• La metodología se ha modificado cada año.
• No se utilizan sistemas rigurosos para verificar los logros estipulados en la licitación.
• Tampoco hay claridad sobre los aportes particulares hechos por cada concesionario.
• Se han presentado objeciones repetidas a los evaluadores o a las metodologías, sin que ello conduzca a buscar alguna institución verdaderamente experta en este tipo de procesos.
Esta vez es del todo indispensable que quien evalúe los contratos sea una entidad imparcial y reconocida, ojalá de carácter internacional. Si la evaluación no es adecuada será objeto de un duro debate.
Decisiones discutibles
No deja de sorprender que un gobierno asediado por toda clase de problemas se dedique a identificar lo que funciona bien para cambiarlo. En el sector de educación hay dos casos llamativos:
• Las cuatro bibliotecas que formaban la gran red de Bogotá, fueron trasladadas de la Secretaría de Educación a la de Cultura, en donde el presupuesto no alcanzó para financiar ni siquiera un año completo de funcionamiento.
No se tuvieron en cuenta los años y esfuerzos invertidos en crear un sistema de bibliotecas locales y escolares con las cuatro bibliotecas centrales. Tampoco se tuvo en cuenta que la magnitud de la inversión suponía una entidad financieramente sólida, ni que la mayor parte de los usuarios fueran estudiantes de los colegios públicos de la ciudad.
• El alcalde está empeñado en trasladar los jardines infantiles – que desde hace más de cuarenta años funcionan muy bien bajo la Secretaría de Integración Social – a la Secretaría de Educación -que no tiene herramientas para sostener la calidad del servicio-.
Esta decisión creará un conflicto severo debido a las diferencias en el régimen laboral y en los tiempos de atención a los niños – mucho mayores en los jardines actuales que en los colegios distritales-. También están en riesgo de deterioro los procesos pedagógicos, en los cuales la Secretaría de Integración se ha destacado desde hace décadas.
Estos y otros casos son preocupantes. Ojalá predomine la sensatez sobre el purismo ideológico y sigamos mejorando una experiencia que ha venido beneficiando a casi 39.000 niños que, dicho sea de paso, representan un mínimo porcentaje de la matrícula de Bogotá, que supera los 900.000 estudiantes.
* Filósofo, magister en Economía, consultor en educación, ex Secretario de Educación de Bogotá y columnista de El Tiempo.
