El debate sobre las armas de fuego: entre Connecticut y Bogotá - Razón Pública
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El debate sobre las armas de fuego: entre Connecticut y Bogotá

Escrito por Ervyn Norza
Ervyn_Norza_Cespedes

Ervyn_Norza_CespedesJuliana_Coronado_NeiraReflexión bien argumentada sobre por qué la sola restricción al porte de armas no es la solución. Al comparar ambas sociedades, queda clara la necesidad de una política criminal integral, que brilla por su ausencia en Colombia.

Ervyn Norza-Céspedes* Juliana Coronado-Neira*

Otra masacre, pero allá

El pasado viernes 14 de diciembre se produjo en Estados Unidos la peor matanza en un centro de estudios desde 2007, tras la vivida en Virginia Tech, y unos pocos meses apenas desde la tragedia de Colorado. El debate en torno a la legislación sobre porte de armas en el país del Norte vuelve a dominar la agenda pública en el mundo entero.

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Parte de los resultados obtenidos por Bogotá durante 2012 en la reducción de la tasa de homicidios se atribuyen a una aplicación severa de la prohibición de porte de armas.
Foto: Ejército.

Para Colombia, por ejemplo, se han identificado variables como la desestructuración del tejido social, la ausencia de corresponsabilidad, la dificultad en la consciencia ciudadana, la impulsividad o poco control de impulsos en el colombiano, la ingestión de alcohol y de sustancias psicoactivas, las reacciones de tomarse la justicia por las vías de hecho, solo para mencionar algunas que requieren atención en el momento de reflexionar en políticas públicas para prevenir el crimen.Conviene pues no solo pensar en el arma como el detonante de una conducta violenta, sino tratar de abarcar la multiplicidad de variables que inciden sobre los hechos criminales, componentes individuales y sociales del complejo comportamiento criminal. 

En Bogotá, además de la prohibición, se han adoptado otras medidas administrativas y de policía, como el decreto 263 del 23 de junio de 2011, por el cual se adoptan medidas de policía para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana y la protección de los derechos y libertades públicas, incluyendo el expendio y consumo de licores y bebidas embriagantes.

De otra parte, sí revisamos la eficacia de las medidas restrictivas — porte de armas y ley seca — tomando como muestra la ciudad de Bogotá, encontramos que en 2010 y 2011, durante los periodos en los cuales hubo únicamente prohibición de porte de armas, no se observaron disminuciones sustanciales en homicidios. Pero durante los periodos en que además rigió la ley seca, la reducción de muertes violentas con armas de fuego se ubicó entre el 70 y el 80 por ciento.

En Colombia, las armas de fuego efectivamente son utilizadas para cometer el 80 por ciento de los homicidios, pero el disparo de proyectiles sin un objeto fijo o el uso irresponsable de las armas de fuego [6] dejan entrever un panorama crítico en el número de víctimas lesionadas y ultimadas, sin dolo aparente ni premeditación criminal [7], tal como ha ocurrido desafortunadamente en los últimos días.

Un alto porcentaje de los delitos suelen cometerse en Colombia con armas ilegales, de manera que las armas legales objeto de una restricción severa aportarían reducciones no muy significativas en las estadísticas del delito. Sin embargo, con esta medida se minimizarían posibles lesiones comunes, muertes accidentales y homicidios involuntarios.

Por otro lado, la delincuencia organizada o el delincuente común acceden con mayor facilidad a las armas clandestinas e ilegales, no solo por tener acceso a ellos a precios más bajos que los establecidos por INDUMIL, sino también, por el anonimato [8] que les garantiza el uso de armas hechizas o sin ningún tipo de control.

Para ilustrar los argumentos expuestos hasta aquí, basta con analizar las siguientes cifras oficiales: “El total de armas incautadas en 2011 por la Policía Nacional correspondió a 37.965 (82 armas por cada cien mil habitantes); de las cuales el 71 por ciento fueron ilegales y el 29 restante armas legales. En cuanto a los tipos de armas incautadas, el 53 por ciento eran de tipo revólver, 22 por ciento pistola, 21 por ciento escopeta, 2 por ciento fusiles y otro 2 por cientos una gran variedad (ametralladora, carabina, bazuca, lanza misil, mortero, punto 50, rifle, rocket y subametralladora)”.

En el último año, cerca del 55 por ciento de los homicidios en Colombia y del 62 por ciento en Bogotá provienen de un conflicto social disperso que desata la emotividad o el impulso visceral [9] del victimario: el agresor busca canalizar su agresividad en la víctima, sin medir las consecuencias de su conducta. Se convierte en homicida sin premeditar [10] la muerte de su víctima y utilizando cualquier tipo de arma accesible para cometer su ilícito.

En conclusión, si lo que busca la política pública es reducir la violencia homicida del país, lo más conveniente es acompañar la restricción del porte de armas de fuego con medidas complementarias de prevención de conductas predisponentes o de riesgo, dirigiendo estrategias de cultura ciudadana enfocadas a mitigar los efectos del conflicto social disperso con mecanismos de resolución de conflictos, medidas alternativas para dirimir problemas de convivencia y un énfasis especial en el control y regulación del consumo de licor. 

Acciones articuladas

La prohibición del porte de armas de fuego, por sí sola, puede ser una medida mediática y populista, equiparable para el caso colombiano con el populismo punitivo [11], pero que requiere ser tomada con la mayor precaución y sustentada en estudios empíricos.

Si bien, para el caso de Bogotá, las cifras corroboran la efectividad de la medida [12], es necesario tener en cuenta que ella apunta principalmente a la prevención y al control de conductas violentas, que ha sido acompañada de un cúmulo de medidas y acciones administrativas y de policía; pero que sí se hubiese aplicado como única medida, quizás no habría sido suficiente para lograr grandes avances.

Se proponen entonces las siguientes acciones que deberían ser adoptadas en el marco de una política criminal integral, sostenible en el tiempo y ajustada en función de los avances:

  • Las medidas de prohibición de armas de fuego deben acompañarse de otras orientadas al conflicto social disperso o control ciudadano del comportamiento violento, de resolución de conflictos, es decir, de todas aquellas encaminadas a consolidar el tejido social y crear una cultura de convivencia y seguridad, incluyendo la regulación de la ingesta de licor y la ubicación territorial de zonas exclusivas para el esparcimiento – POT, “rumba” y consumo — que permitan a las autoridades concentrar sus esfuerzos de control en una sola zona y no atomizarlos por toda la ciudad.
  • Respecto de las armas de fuego, la estrategia debería incluir un control más riguroso en la expedición de los permisos para porte y tenencia, donde se estudien no sólo los antecedentes penales, sino también el componente psíquico y social, que pudiera detectar sujetos con indicios de peligrosidad.
  • En el momento de renovar los permisos, es preciso volver a efectuar el proceso realizado cuando se solicitó el permiso por primera vez, para evaluar periódicamente al individuo y valorar la pertinencia de su renovación.
  • El permiso debería ser renovado semestralmente. Se debe aprovechar para efectuar un trabajo criminalístico riguroso, que garantice verificar la identificación de cada arma, su estructura, la huella en la ojiva que deja el disparo, y posibles alteraciones del cuerpo del arma, entre otros elementos.
  • Se debe actualizar permanentemente la base de datos balística que permita identificar fácilmente las vainillas u ojivas que se encuentren en la escena del crimen, y poder así ubicar el arma utilizada y a quien pertenecía, agilizando el ejercicio de las persecución judicial y penal de los responsables.
  • Fortalecer y optimizar un sistema de investigación criminal especializado en el tráfico de armas en Colombia de carácter interméstico[13], para desarticular las redes de traficantes y comercializadores de armas de fuego.
  • Esto resulta necesario, porque en el país se persiguen con mayor prioridad delitos de impacto o resonancia pública como el homicidio, el secuestro, el hurto, el terrorismo, entre otros, cuyo común denominador es el tráfico de armas de fuego. El sistema mencionado debe contar con investigadores, peritos, fiscales y jueces exclusivos para este fenómeno criminal que es transversal a todas las conductas criminales.
  • Para que las propuestas aquí mencionadas sean efectivas, deberá organizarse una mesa de coordinación y seguimiento en los planos nacional y local, que propenda por su cumplimiento y efectúe los ajustes necesarios.
  • En fin, no todas las sociedades están preparadas para el porte controlado de armas; es necesario un Estado fuerte (pero no intrusivo) capaz de ejercer un efectivo control territorial y el monopolio de la justicia. No todas las armas deben entrar en el sistema de porte controlado: las armas largas y las automáticas deben ser de uso exclusivo de la Fuerza Pública.
  • El debate público sobre la prohibición de armas de fuego requiere mucho rigor, no debe estar contaminado por coyunturas mediáticas y deben evitarse los efectos colaterales, como el crecimiento del mercado negro, que siempre debe ser monitoreado y contrarrestado [14].

Para ver las notas de pie de página, pose el mouse sobre el número sin dar click.

* Psicólogo, magister en psicología jurídica, magister en criminología, miembro honorario de la Asociación Colombiana de Criminología y representante en Colombia de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica.
twitter1-1@ErvynNorza

Politóloga con énfasis en Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Experiencia en áreas de seguridad, criminalidad, justicia transicional y desarrollo.

twitter1-1@julycoronado

 

 
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Los ciudadanos de Estados Unidos poseen alrededor de 270 millones de armas de fuego, es decir un promedio aproximado de 90 armas de fuego por cada 100 personas.
mfs-theothernews.com
 

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