El Congreso frente al ciudadano: tarea pendiente
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Evidencias sólidas confirman el comportamiento paradójico de los electores colombianos: no confían en los congresistas, pero vuelven a elegirlos. Votan, pero no se acuerdan por quién. En parte se debe a la falta de información, pero también a una cultura atávica, todavía muy lejos del republicanismo cívico.
Luis Eddy Acero Camacho *
No inspira confianza
Los Congresos, en todas partes del mundo, suelen ser instituciones desprestigiadas. A pesar de atribuirse la representación de los ciudadanos, los Congresos tienen los niveles más bajos de aprobación y de popularidad en la sociedad.
En el caso de Colombia, la falta de confianza en el Congreso y en los congresistas resulta aún más compleja, porque el accidentado diseño institucional, la inercia del pasado (clientelismo), la resistencia al cambio y la falta de accountability han agravado el problema.
Como se observa en la gráfica siguiente, el Congreso es la institución que inspira menos confianza en cuanto a la búsqueda del interés general. De hecho, entre julio de 2011 y abril de 2012, el nivel de confianza ha descendido de 32 por ciento a 25 por ciento.
En una democracia participativa, las leyes y las políticas son formuladas por los representantes electos por los ciudadanos — agrupados en bancadas de partidos — pero están sujetos al sagrado deber de rendir cuentas por sus acciones. Donde no exista información sobre las actividades legislativas, no hay rendición de cuentas posible y en consecuencia no existe democracia participativa plena.
Los representantes electos podrán ser sustituidos o remplazados en la siguiente elección siempre que los ciudadanos cuenten con la información oportuna y completa sobre el desempeño de sus representantes. Si el ciudadano no cuenta con la información que estime relevante para evaluar el trabajo del legislador en lo individual y de la legislatura en su conjunto, carecerá de las herramientas necesarias para análisis de veras la gestión.
Medición de la confianza
El pasado 29 de marzo la fundación Restrepo Barco, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) dieron a conocer los resultados del informe de la tercera medición de Capital Social en Colombia, a través del Barómetro de Capital Social (Barcas).
En el estudio se destaca, por ejemplo:
- que el 62 por ciento de las personas que votaron en las elecciones del Congreso de 2010 no recuerdan por quién lo hicieron;
- 7 de cada 10 colombianos no conocen los mecanismos de participación ciudadana;
- ni qué decir de la militancia partidista.
¿Qué se puede exigir, si no se cumple siquiera con el primer paso, el de la participación activa y consciente en la vida política? En el cuadro siguiente se presentan los porcentajes de cambio para las diez dimensiones que permiten medir el capital social, la confianza y el control indirecto de la sociedad sobre el Estado y la fe en fuentes de información no validadas, mediante la aplicación del Barcas a Colombia en tres momentos: 1997, 2005 y 2011.
Fuente: Hurtado, David. et al. :Tercera Medición del Capital Social en Colombia – Barcas 2011. Resultados finales. Versión resumida. Fundación Antonio Restrepo Barco. Bogotá, marzo 29 de 2012.
 El 62 por ciento de las personas que votaron en las elecciones del Congreso de 2010 no recuerdan por quién lo hicieron. |
Resulta francamente preocupante la reducción sostenida en participación cívica (- 49 por ciento) y en confianza institucional (-9 por ciento). Pero, justamente la caída abismal en información y transparencia entre 2005 y 2011 (-340 por ciento) aporta evidencia a la anterior hipótesis sobre la falta de confianza en el Congreso. Cabe señalar también que en términos de republicanismo cívico (- 16 por ciento) la sociedad colombiana parece haber retrocedido a un nivel inferior al que se midió en 1997. En estos últimos 14 años, los medios (-10 por ciento) parecen contribuir cada vez menos a formar ciudadanos conscientes y bien informados.
Una democracia moderna se caracteriza no sólo por las elecciones libres, por el respeto de las normas y la garantía del ejercicio de libertades políticas y civiles. Debe existir además una infraestructura ética basada sobre tres pilares: transparencia, participación ciudadana, y rendición de cuentas.
Este conjunto de elementos previenen y combaten la corrupción en los ámbitos público y privado, además de propiciar la participación de la sociedad tanto en obtener información, como en la posterior evaluación de la autoridad, deliberación de los asuntos públicos y construcción de la agenda pública.
¿El ágora ya no existe?
Si vinculamos ambos fenómenos — la escasa credibilidad del Congreso y la fragilidad de la infraestructura ética — encontraremos una explicación sobre el estancamiento de la gobernabilidad democrática, pues la ciudadanía no cuenta siquiera con los instrumentos necesarios para conocer el desempeño de su representante y evaluarlo.
Ahora bien, no es un simple problema de carencia de valores éticos de algunos representantes: el problema de fondo es la inexistencia de unas instituciones que representen el lugar central de la esfera pública para el ciudadano, como lo fue el ágora en la antigüedad.
 Los congresistas simplemente no están obligados a informar o a explicar su proceder ni a justificar su decisión. |
Pero la institución representativa por excelencia, el Congreso, es el principal obstáculo para acceder a información sobre la actividad legislativa. Esta ha sido una constante en la vida nacional a pesar de avances importantes, como la gaceta del congreso, los registros electrónicos de votación, la página web de Senado y Cámara de Representantes, o la entrada en funcionamiento del canal de Congreso. Pero poco se ha logrado en la práctica.
La información relacionada con el procedimiento legislativo o presupuestario es otra fuente de frustración para el ciudadano común, pues le resulta prácticamente imposible conocer los documentos sobre los cuales se apoyan los legisladores para adoptar una decisión o los criterios empleados para la asignación de presupuesto: los congresistas simplemente no están obligados a informar o a explicar su proceder ni a justificar su decisión.
Republicanismo cívico y ciudadanos conscientes
Por el contrario, una buena señal en este escenario pesimista puede ser que la transparencia y la rendición de cuentas sean hoy un tema central en la discusión pública, y que incluso organizaciones de la sociedad civil, gobierno y partidos políticos las incluyan en un lugar privilegiado de sus respectivas agendas.
Ahora es el momento de pasar de la discusión a la acción y de exigir integridad a los legisladores, ética parlamentaria, transparencia legislativa, participación ciudadana y una estructura de rendición de cuentas que posicione al ciudadano en el centro de las decisiones [1].
En la actualidad cursan en el Congreso de la República dos proyectos de ley que apuntan a solucionar parcialmente este problema:
- El proyecto de ley estatutaria de transparencia y acceso a la información (165 de 2011 Senado), cuyo objeto es “regular el derecho de acceso a información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información”.
- El proyecto de ley estatutaria de participación ciudadana (134 de 2001 Cámara) que apunta a “promover, proteger y garantizar modalidades del derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones que los afectan y en la vida política, administrativa, económica, social y cultural y a controlar el poder político”. Igualmente, adopta medidas que contribuirían a la organización, promoción y capacitación de las organizaciones sociales, para que se constituyan en mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias, así como de concertación, control y vigilancia de la gestión pública
La tarea pendiente es avanzar de modo activo y deliberativo en la construcción de canales y flujos de información de doble vía, relevantes para que el ciudadano, el Congreso y en general la democracia representativa y participativa se fortalezcan.
Finalmente, cabe advertir que el problema no se solucionará simplemente con la expedición de nuevas leyes: la verdadera solución es crear una cultura política participativa en torno al republicanismo cívico y a una ciudadanía consciente de sus derechos.
* Director del Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política.
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Luis Acero
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