Un repaso sencillo y ordenado de las últimas leyes aprobadas, de los debates y episodios más notables, de las grandes controversias que se vienen y del desafío que aguarda al Congreso.
Natalia Giraldo*
La Ley de Vivienda y la iniciativa que convierte a Familias en Acción en política de Estado están enfocadas hacia la población más vulnerable. Foto: Alcaldía de Pasto.
Desprestigio agudo
El pasado período del Congreso dejó un muy mal sabor entre la opinión pública, la “luna de miel” entre el ejecutivo y el legislativo sufrió un severo resquebrajamiento, la discusión de leyes a un ritmo de maratón, la aprobación de algunas sin el estudio previo y el alto grado de ausentismo hicieron que la imagen de nuestro principal órgano colegiado esté hoy deteriorada muy seriamente.
El florero de Llorente que detonó toda esta movilización en contra del Congreso fue utilizar la instancia de conciliación de un Acto Legislativo para incluir artículos que no se habían discutido o que habían sido eliminados en debates anteriores. Para la sociedad civil y para la mayoría de los líderes de opinión, este hecho corroboró la primacía de intereses particulares sobre el interés general de la sociedad.
Cosecha socia
Sin embargo también es cierto que la legislatura fue bastante productiva y que tuvo un sello social marcado: un alto número de proyectos radicados y aprobados, muchos de ellos orientados a mejorar las condiciones de vida de los hogares de estratos medios y bajos del país.
Leyes como la de “cero intereses en créditos Icetex para estudiantes de estratos bajos pueden tener real impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos. Foto: uac.edu.co |
Merecen resaltarse proyectos como el estatuto del consumidor, la ley de “cero intereses en créditos Icetex para estudiantes de estratos bajos”, la eliminación de multas y sanciones por pago anticipado de préstamos, el acceso a créditos hipotecarios para el sector agropecuario, los cuales pueden tener real impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Principales leyes
En el pasado período se debatieron y aprobaron normas de gran importancia para el país, y entre ellas las de “implementación” del TLC con Estados Unidos, el Marco Legal para la Paz, la Ley de Vivienda y la iniciativa que convierte la Ley del Programa Familias en Acción en política de Estado.
En el frente comercial, específicamente en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, la implementación del TLC pondrá en evidencia las verdaderas ventajas competitivas del país. La reducción progresiva de aranceles sobre los principales productos agrícolas tendrá un impacto previsible, tanto para los productores como para los consumidores.
En el frente social, la Ley de Vivienda y la iniciativa que convierte a Familias en Acción en política de Estado están enfocadas hacia la población más vulnerable. Estas leyes sin embargo se prestan a distorsiones de tinte populista: una oportuna y adecuada información sobre su contenido y alcance contribuiría a reducir la manipulación y el proselitismo político.
Dar al programa de transferencia condicionadas un carácter de política de Estado y ofrecer viviendas gratis a familias en pobreza extrema, pueden ser herramientas válidas que aceleren la superación de la pobreza, siempre y cuando se cumplan las metas establecidas inicialmente en el Plan Nacional de Desarrollo (un millón de viviendas) y que los subsidios condicionados sean fiscalmente sostenibles en el tiempo.
La reforma que establece condiciones para avanzar en la justicia transicional, conocida como el Marco Jurídico para la Paz, ha seguido suscitando un debate acalorado aún después de su aprobación. Entre las causas de descontento está la posibilidad de que actores armados desmovilizados puedan inscribirse como candidatos a cargos de elección popular y el trato no judicial que podrían recibir los menos responsables de los crímenes perpetrados.
Los procesos de paz necesitan encontrar un delicado balance entre reconciliación, reparación y justicia. El perdón responsabilizante puede ser viable en la búsqueda de la paz, mientras se den las condiciones de modo, tiempo y lugar [1]. Evidentemente, en estos momentos no existe un ambiente propicio para avanzar por esta vía, cuando los grupos armados potencialmente beneficiarios del Marco para la Paz multiplican sus ataques en diferentes regiones del país.
Descentralización administrativa y financiera de entidades territoriales
En materia descentralización administrativa y financiera se aprobaron leyes como la Reforma al Sistema General de Regalías, las normas para modernizar la organización y funcionamiento de los municipios, logrando en una misma legislatura discutir temas de gran trascendencia para la descentralización de las entidades territoriales.
Sin embargo, a pesar de las buenas noticias para la gran mayoría de municipios que entran a recibir mayores ingresos debido a la nueva distribución de las regalías, también cabe preguntarse cómo se mitigan los daños causados por la explotación de los recursos no renovables, si los municipios dedicados a esta actividad económica ahora van a percibir 40% menos de lo que recibían antes de esta reforma.
Dos debates encendidos
Además de los proyectos anteriores, hubo otros que quedaron pendientes para la actual legislatura, como la reforma del fuero militar que pasó a segundo debate pese a los debates encendidos y a la polarización entre sus adeptos y sus opositores.
 Marco Jurídico para la Paz: actores armados desmovilizados podrían inscribirse como candidatos a cargos de elección popular.
Foto: Imagen tomada de TV Azteca |
Desde ya se prevé una intensa discusión acerca de si los procesos relacionados con delitos de jurisdicción del Derecho Internacional Humanitario en el ámbito de la fuerza pública de Colombia deben encargarse a la justicia penal ordinaria o a la justicia penal militar.
Por su parte, la reforma a la justicia pretendía lograr cambios significativos, como la eliminación de Consejo Superior de la Judicatura, la doble instancia para la pérdida de la investidura, la adopción de la “silla vacía”, la prohibición de que la Procuraduría investigue a los legisladores y la “privatización de la justicia” como muchos llamaron al hecho de que abogados y notarios pudieran resolver algunos casos.
Sin embargo, el acto que perturbó y sacudió a la sociedad civil fue el controversial acto de conciliación, donde se agregaron nuevos artículos y aspectos que se habían excluido del Proyecto aprobado y que contemplaban en la puesta en marcha del Acto Legislativo ciertos beneficios para Congresistas y altos funcionarios que actualmente están siendo investigados por la fiscalía.
Lo que se ve venir
Se vislumbra una dinámica legislativa marcada por el debilitamiento de las relaciones ejecutivo-legislativo, las iniciativas gubernamentales de gran relevancia como el Código Minero, la reforma tributaria, la reforma pensional, la ley de tierras y desarrollo rural y el código electoral, necesitarán del apoyo de la Unidad Nacional, sin embargo, esta situación puede trabar la aprobación de algunos proyectos, por lo cual es muy probable que alguno de estos se aplacen para el año entrante.
La percepción general sobre el balance del último período legislativo del Congreso es desalentadora, principalmente por la profunda pérdida de legitimidad de nuestro principal órgano colegiado. Por lo tanto una de las tareas más importantes para el próximo periodo legislativo será demostrar el juicio, la dedicación y la objetividad para analizar y discutir los asuntos puestos a su consideración. Pero reconstruir la confianza entre los tres poderes públicos y entre ellos y la sociedad colombiana será la tarea principal.
* Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría Olózaga. Politóloga. Especialización gobierno, gerencia y asuntos públicos Universidad Externado.
