El conflicto es buen negocio para muchos, y por eso se mantiene (Primera parte) - Razón Pública
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El conflicto es buen negocio para muchos, y por eso se mantiene (Primera parte)

Escrito por Medófilo Medina
Medófilo Medina

medofilo medina guerra-o-paz-1 La frágil atmósfera en torno a una eventual paz en Colombia se ha visto turbada por actores cuyo comportamiento es previsible: la guerra es un gran negocio. La intrincada red de intereses cruzados –mafia, ganaderos, terratenientes, paramilitares, militares, narcoparapolíticos– han puesto en una difícil encrucijada al gobierno*.

Medófilo Medina *

Los negocios y la patria

Zarandeados por un remolino de temor e incertidumbre, los colombianos estamos hoy más sensibles, porque en algo menos de dos años le habíamos sacado gusto a vivir dentro de un ambiente público protegido, así fuera débilmente, ante la exasperación, elevada al rango de talante oficial por el gobierno anterior.

Los motivos inmediatos de esta nueva cosecha de la ira son sobre todo tres:

  1. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una ley que en la práctica avanza con la velocidad de las tortugas, mientras la tempestad que provocó se mueve a toda marcha;
  2. El marco jurídico para la paz, que se discute en el Congreso, y
  3. El repunte ofensivo de las guerrillas.

Natalia Springer anotó en su columna del 20 de mayo de El Tiempo: “Los saboteadores abundan por donde asoma la paz”.

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La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una ley que en la práctica avanza con la velocidad de las tortugas, mientras la tempestad que provocó se mueve a toda marcha.    Foto: Presidencia

Ocurrencias como esas traen a la cabeza imágenes antiguas. El 28 de noviembre de 1902, pocos días después de que los negociadores liberales y los representantes del gobierno conservador hubieran firmado a bordo del acorazado Wisconsin, buque insignia norteamericano, el pacto de paz que puso término a la Guerra de los Mil Días, el hacendado y comerciante Ignacio de Márquez le escribió a su hermano: “La paz vino con todos sus horrores”[1].

Es la misma percepción subjetiva que hoy invade a sectores poderosos del establishment: “Estamos perdiendo la patria”, dicen ahora.

La guerra no es cuestión de unos estúpidos

El empeño en prolongar el conflicto armado interno responde a intereses múltiples de actores que proceden de manera racional.

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Drummond y Chiquita Brands: acusadas de subcontratar a los paramilitares como proveedores de seguridad.

Hace dos meses, en medio del debate sobre la Ley de Víctimas, el presidente de la Asociación de Ganaderos de Córdoba señaló cómo a mediados de los años noventa los precios de la tierra habían bajado, de manera que entonces había resultado buen negocio comprar. Para cualquiera era evidente que tal comportamiento de los precios no había sido determinado por la mano invisible de Adam Smith, sino que había sido inducido por los instrumentos eficaces del jefe contrainsurgente Carlos Castaño y asociados.

Con gran capacidad de síntesis, el jefe paramilitar Jairo Castillo, alias Pitirri, reprodujo la secuencia: “Es que ahí había un complot. Uno iba matando a la gente, otros iban atrás comprando, otros iban de terceros legalizando”[2].

Sería fácil establecer la correlación entre el número de personas desplazadas y el de hectáreas “comercializadas” gracias al despojo violento de los paramilitares y dedicadas a la expansión de la palma aceitera, la teca o la expansión de la ganadería en zonas declaradas libres de fiebre aftosa y, por supuesto, limpiadas de colonos y campesinos.

Los beneficios que produce la guerra y estimulan la inversión, con el alza consiguiente en las ganancias, no se reducen al ámbito de las empresas agrícolas o ganaderas. También se irrigan a entidades con asiento urbano y a transnacionales, como lo han demostrado investigaciones judiciales de las que fueron objeto la Drummond o Chiquita Brands que habían subcontratado a los paramilitares como proveedores de seguridad.

Los paramilitares mismos se convirtieron en maquinarias de acumulación de capital y pusieron en acción dispositivos de captación de rentas públicas, tal como lo han mostrado las investigaciones de la Fundación Arco Iris. Se trató de instituciones para diseñar y desarrollar proyectos de inversión social en Casanare, de organizaciones ramificadas para extraer rentas públicas en el Meta, o del manejo directo de Empresas Sociales del Estado para apoderarse de los recursos de la Salud en los departamentos de la Costa Atlántica[3].

En el orden macrosocial, bastaría mirar la relación entre el interés de mejorar la rentabilidad del capital y el acoso a la organización gremial de los trabajadores. Colombia presenta la tasa de sindicalización más baja en América Latina y una de las más bajas del mundo. Tan solo 4,1 de cada cien trabajadores pertenece a sindicatos como se esclareció en reciente artículo de Razón Pública[4].

 

La buena estrella de los militares

Desde el inicio de la etapa moderna de su historia, hacia 1950, las Fuerzas Armadas colombianas moldearon sus características políticas, su orientación estratégica, su configuración técnica y su ethos profesional a partir de la misión de controlar La Violencia, y después la insurgencia. Campea intrigante la pregunta: ¿cómo se imaginarán los militares a sí mismos en un escenario nacional sin insurgencia? Debe parecerles surrealista, por lo menos.

El plan de reingeniería y de modernización —diseñado y puesto en marcha desde la segunda mitad de los noventa— ha conducido al aumento del gasto militar, tanto en sí mismo como en relación con otros rubros del gasto del Estado, en particular en el decenio 2000 – 2009:

  • En ese lapso el presupuesto militar pasó del 4,6 a 6,2 por ciento del PIB.
  • El pie de fuerza pasó de 313.406 efectivos en 2002 a 453.014 en 2010.
  • El número de soldados profesionales ascendió de 21.908 a 89.918 en el mismo lapso[5].

Las cifras y proporciones anteriores constituyen también una indicación importante sobre el poder acumulado por las Fuerzas Armadas en Colombia.

Ese poder político de los militares tiene su correlato en las ventajas de orden corporativo que han conquistado en el curso del interminable conflicto interno. La guerra les ha garantizado prebendas específicas: las Fuerzas Armadas son el único sector que fija las pensiones de sus servidores a partir del salario de los tres últimos meses de trabajo, como también el único que conserva la retroactividad de las cesantías.

El ascenso de una nueva clase política

Buena parte de la clase política que ha entrado en escena durante los tres últimos lustros lo ha hecho mediante la parapolítica. El paramilitarismo se encontró con el proceso de descentralización municipal y departamental, para pervertirlo de manera notable.

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En el decenio 2000 – 2009: el presupuesto militar pasó del 4,6 a 6,2 por ciento del PIB  y el pie de fuerza de 313.406 efectivos en 2002 a 453.014 en 2010.   Foto: Ejército

Durante la campaña presidencial de 1977–1978, se habló por primera vez de sectores emergentes en la arena electoral. Por algún tiempo el tema permaneció en silencio; pero a comienzos del decenio de 1980 se hizo evidente el interés de sectores del narcotráfico por llegar a los cuerpos colegiados y por realizar directamente la acción proselitista.

Surgieron organizaciones partidistas sostenidas por el narcotráfico. En particular se conoció el Movimiento Cívico Latino Nacional (1981) de Carlos Lehder y el Civismo en Marcha (1981) de Pablo Escobar, quien llegó a la Cámara de Representantes en condición de suplente. Por su parte, Iván Duque creó su propio movimiento político en el Magdalena Medio.

El intento de ejercer la política directamente, desechando las viejas prácticas de la mafia clásica, resultó un fiasco para los narcotraficantes colombianos. Por eso algunos otros grupos de mafiosos acudieron al camino probado de las mediaciones, es decir a la penetración de la política o a la “narco política” y la “parapolítica”.

Si se atiende a las cifras que suministran los estudios sobre la narcopolítica y la parapolítica se concluye que estas han representado la fuente más significativa de reclutamiento del personal político colombiano durante los últimos quince años.

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La narco-política y la parapolítica no son fenómenos residuales, marginales ni externos al sistema político. En la imagen, el condenado parapolítico Jairo Merlano.
Foto: Congreso Visible

Un balance temprano se sacaba en abril de 2008: “Desde octubre de 2006, cuando la Corte Suprema comenzó el proceso penal, 65 congresistas han sido vinculados a esta investigación”[6]. “Del Congreso electo en 2006: el 33 por ciento del Senado y el 15 por ciento de la Cámara han sido judicializados por presuntos nexos narco paramilitares”[7].

Por supuesto un número apreciable de políticos se encuentran hoy en la cárcel por sus compromisos con las mafias y los paramilitares, pero pensar que la parapolítica ya está tras las rejas resulta una ilusión para espíritus simples. La investigadora Claudia López señalaba: “Al iniciar esta investigación, en junio de 2008, la Fiscalía reportó estar investigando a 264 funcionarios públicos, 83 de ellos congresistas por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Al cierre de esta publicación, en abril de 2010, la cifra subió a 400 políticos de elección popular, de los cuales102 son congresistas”[8].

El discurso y la acción contrainsurgente del paramilitarismo fueron funcionales a la promoción de nuevas élites y al establecimiento de alianzas con sectores de las antiguas elites políticas. Contrariamente a lo que suele decirse, la narco-política no es un fenómeno residual, marginal ni externo al sistema político mismo.

En resumen: no parece descabellado pensar que en la escala sistémica y en el acumulado histórico de la política colombiana se reproducen factores que alimentan la perpetuación del conflicto interno.

Pero los intereses y el peso de las fuerzas también pueden cambiar

Si bien del cuadro anterior no cabe extraer razones a favor de una salida política, también debe anotarse que cada uno de los intereses señalados puede cambiar y que habría necesidad de establecer el sentido de esos cambios. Para avanzar dos ejemplos:

  • Entre muchos empresarios -y más aún entre los nuevos empresarios- es evidente la voluntad de regularizar el mundo de los negocios. Frente al atractivo de la megaminería, se advierte también la atención que prestan inversionistas extranjeros a una resolución no violenta del conflicto.
  • Igualmente, la investigación del ámbito militar requiere adoptar miradas concretas para identificar posiciones diferenciadas, cosa que no es fácil en tratándose de instituciones con alto espíritu de cuerpo.

Pero además –y no menos importante– hay otras fuerzas sociales y hay otros intereses de la sociedad colombiana en su conjunto que inciden sobre el curso del conflicto y que a su tiempo podrían inclinar la balanza hacia el lado de la paz. En la próxima edición de esta revista me propongo examinar esas otras facetas del proceso.

* El presente artículo corresponde a las ideas expuestas por el autor en el acto de presentación del Anuario de Procesos de Paz que dirige Vicenç Fisas de la Escuela de Paz de Barcelona. El evento tuvo lugar el 24 de mayo de 2012 en la Alcaldía de Bogotá.

**El perfil del autor lo encuentra en este link.

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