El nuevo PND contiene algunas luces y varias sombras muy peligrosas. Pero, como siempre, la nota dominante es el desconocimiento de las implicaciones ecológicas que tendrá para los ciudadanos del común.
Julián Moreno Jiménez*
¿Conocemos el Plan?
En Colombia el ciudadano promedio se encuentra bombardeado todos los días por noticias de violencia, robos, corrupción y, en los casos más optimistas, fútbol o farándula. Pero tal vez este mismo ciudadano no se ha detenido a pensar cuál es su papel en el andamiaje de la nación o cuál es su relación con su entorno ambiental. Tal vez tampoco sepa qué es el Plan Nacional de Desarrollo (PND) porque es más importante ver los partidos del Barcelona o del Real Madrid.
Pues bien, el PND es “el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos del Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas [incluidas las ambientales] del país por un periodo de cuatro años”.
Después de esta definición tal vez el ciudadano promedio se siga preguntando cuál es su papel dentro del andamiaje de la nación o cuál es su relación con su entorno ambiental. Ahora, si dijéramos que cada actividad humana tiene directa o indirectamente un efecto social, económico y ambiental sobre el resto de su entorno, tal vez se detendría a pensar cuál es la magnitud del escenario estratégico del PND 2018-2022.
La política ambiental colombiana ha sido un fracaso técnico y operativo,
En términos generales, el PDN 2018-2022 definió tres “pactos estructurales” y veintidós “pactos adicionales” que contienen las estrategias transversales para la ejecución de las políticas públicas, con una visión territorial basada en la importancia de conectar territorios, gobiernos y poblaciones.
Si analizamos la distribución presupuestal del PND 2018-2022, al pacto que consolida la gestión ambiental del país, “Pacto IV por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo”, le fue asignada una cuantía de 12.672 millones de pesos. Por su parte, al “desarrollo minero energético con responsabilidad ambiental y social”, que hace parte del “Pacto IX por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades”, se le asignaron 12.812 millones de pesos.
Foto: Plan Departamental de Agua de Caldas |
Esta cifra no supera el 10 por ciento del total de los recursos para la ejecución del PND 2018-2022, de modo que aquí encontramos una primera “sombra” del PND, pues estos recursos son muy insuficientes para cumplir las metas de preservación, control, mitigación y recuperación ambiental del país. Hay que tener en cuenta que el PND 2018-2022 también asigna recursos adicionales para el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, cuyas referencias presupuestales tienen valores diferenciales.
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Las otras sombras del Plan
- En primer lugar, el PND 2018-2022 denota un contexto ambiguo para la introducción de ‘nuevas tecnologías’ en el sector minero-energético. Esto puede estar asociado con la adopción de técnicas, procesos y procedimientos cuyos resultados en materia ambiental aún son inciertos y desconocidos por las autoridades ambientales, por la academia y por los centros de investigación científica.
- En segundo lugar, se puede identificar una política proteccionista hacia el sector minero, basada en reducir los porcentajes de pago por regalías por explotación de oro, plata veta y carbón a cielo abierto. Adicionalmente, se abre la puerta a la autorización ambiental diferencial para la operación de plantas de procesamiento móviles de explotación de oro libre de mercurio.
Este aspecto debe prender las alarmas ambientales puesto que en la actualidad Colombia no cuenta con herramientas jurídicas ni mecanismos de control efectivos sobre las actividades impactantes que realice la industria minera. En consecuencia, el proteccionismo del sector minero puede propiciar una mayor explotación artesanal carente de técnica y protección ambiental.
- En tercer lugar, es de conocimiento público que la política ambiental colombiana desde la Ley 99 de 1993 ha sido un fracaso técnico y operativo, dadas la ineficiencia administrativa y los altos índices de corrupción que se traducen en resultados mediocres o de muy limitado impacto ecosistémico.
En este escenario y bajo el supuesto de aumentar la competitividad, se creó el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI), que articulará e integrará el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Pero es muy probable que se tate de un nuevo tiro al aire, porque el Plan no define su papel en la formulación y ejecución de las políticas ambientales existentes o de las nuevas estrategias encaminadas a mejorar las condiciones ambientales.
- La última sombra del componente ambiental del PND es el espaldarazo del gobierno nacional a megaproyectos como el Puerto Tribugá en el Chocó. Los niveles de incertidumbre, impacto y alteración ambiental de estos proyectos son indeterminados y pueden convertirse en nuevos Hidroituangos: monstruos devoradores de recursos naturales sin control efectivo del Estado.
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Las luces del Plan
Pero no todo son sombras oscuras y desconocidas. El PND tiene luces muy interesantes, a las cuales les apostaremos como ciudadanos y empresarios.
- Busca armonizar los conflictos sociales dentro de áreas de manejo ambiental especial, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y el sistema de Parques Nacionales Naturales.
- Crea el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales asociados (CONALDEF), que, si es cierta tanta maravilla, se convertirá en el bastión para controlar el peor fenómeno destructor de los recursos ambientales en Colombia.
- Autoriza la asignación de recursos para proteger el sistema ambiental amazónico.
- Integra los sectores de infraestructura y movilidad dentro de una estrategia de planes de movilidad sostenible y segura.
- Da estímulos tributarios a la inversión en investigación y desarrollo.
- Integra criterios de mejoramiento de la calidad ambiental a través de proyectos incluidos en la Ley Naranja.
- Adopta el Plan Maestro de Erosión Costera.
- Estimula el pago por servicios ambientales a las comunidades de manejo especial.
- Estimula la reforestación con árboles nativos.
- Aúna esfuerzos para la protección de animales domésticos y silvestres.
- Establece las reglas de juego en materia ambiental para las actividades de turismo.
- Asegura la atención de las necesidades básicas de agua para consumo humano y doméstico y de saneamiento básico de los asentamientos humanos de áreas urbanas de difícil gestión y en zonas rurales.
Tarea de todos
Volvamos al comienzo del artículo para preguntarnos cuál es el papel del ciudadano promedio dentro del andamiaje de la nación y cuál es su relación con su entorno ambiental.
El PND tiene luces muy interesantes, a las cuales les apostaremos como ciudadanos y empresarios.
Como se puede ver, el PND 2018-2022 tiende a proteger el sector minero-energético y esto podría conllevar el aumento de las áreas de explotación minera legal e ilegal, amparadas por la delimitación y protección de áreas de manejo especial en materia ambiental.
Foto: Agencia Nacional de Minería. |
El peligro consiste en dar acceso a la intervención de sistemas ecosistémicos vulnerables, que ya hoy no son eficientemente protegidos por el Estado colombiano. Esto sería como dejar suelta una bestia salvaje para la seguridad ambiental y social del país.
Como resultado de esta política minero-energética, no quisiéramos ver la desaparición de más ríos, la deforestación, la erosión, la reducción de especies animales silvestres, entre otros fenómenos que afectan la capacidad de renovación y estabilización de los recursos naturales.
Recordemos que los recursos ambientales son finitos y que su existencia dependerá del manejo preventivo que les demos los colombianos. De no hacerlo, contestaremos la pregunta “¿cuál es su relación con su entorno ambiental y ecosistémico?” con una gran crisis humanitaria y ambiental.
Si bien el PND 2018-2022 formula algunos mecanismos de control administrativo, su planteamiento es débil y carente de instrumentos que garanticen una mejorar calidad ambiental. Ojalá no se convierta en una autopista jurídica que dé vía libre a la consolidación progresiva del deterioro ambiental del país.
*Administrador ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con experiencia en los sectores hidrocarburos, energético, minero, construcción, alimenticio, educativo y agropecuario.
